La secretaria general del Parlament aparta al letrado mayor después de un informe que avalaba revocar las licencias por edad ya concedidas

BarcelonaEl Parlament decidió revocar las licencias por edad después de que el ARA destapara que pagaba 1,7 millones anuales a 21 funcionarios que ya no trabajaban y, por lo tanto, ningún funcionario actual de la cámara podrá acceder a ellas. Ahora bien, quedó en standby una decisión también importante: qué hacer con estas prejubilaciones ya concedidas. Por un lado, los 21 funcionarios que ya están disfrutando desde casa cobrando en algunos casos alrededor de 10.000 euros al mes y, de la otra, las doce personas a las cuales la secretaria general, Esther Andreu, autorizó estas licencias durante el 2021 pero que todavía no habían entrado en funcionamiento. Sobre esto, la mesa del Parlament encargó un informe a los servicios jurídicos que ha generado un choque sin precedentes en el cuerpo de letrados de la cámara. Según varias fuentes consultadas por el ARA, el letrado mayor, Miquel Palomares, estaba pilotando el informe junto con otros letrados a lo largo de las últimas semanas y, entre sus conclusiones, no solo avalaba la posibilidad de revocar las 12 licencias por edad concedidas –pero no ejecutadas– durante el 2021, sino que también preveía la opción que se revocaran las 21 que actualmente son vigentes. ¿Con qué argumento? Principalmente porque están en una situación de servicio activo como funcionarios y por eso las licencias por edad no se pueden considerar un derecho ya consolidado. También añadía que la eliminación de las licencias, después de varias modificaciones y de la alarma social que generaron, no era imprevisible para los trabajadores de la cámara.

Esta posibilidad levantó suspicacias dentro la administración parlamentaria, sobre todo entre los funcionarios a quienes a lo largo del año pasado se les autorizó las licencias por edad diferidas en el tiempo (hasta 12) y entre los 21 trabajadores que ya las están disfrutando. Esta tensión se trasladó adentro del cuerpo de letrados –deciden sobre cuestiones que afectan a otros funcionarios–, donde hay división de opiniones sobre las posibilidades de revocar estas licencias.

Entre los que no estaban convencidos del informe pilotado por Palomares –que no estaba acabado– estaba la misma secretaria general, Esther Andreu, que decidió la semana pasada encargar a otro letrado, Ferran Domínguez, otro informe. Según fuentes de la presidencia del Parlament, esto se hizo para intentar compilar las diferentes opiniones, y aseguran que no hay ningún informe definitivo todavía. Ahora bien, solo hay uno oficial: ayer martes entró en el registro del Parlament el nuevo informe de Ferran Domínguez y, según varias fuentes consultadas, deja en segundo plano las 21 licencias ya concedidas y pone el foco en las 12 licencias que se concedieron durante el año pasado. Pone más pegas a la hora de revocarlas: considera que la supresión exprés que ha hecho la mesa del Parlament puede haber afectado a la seguridad jurídica de los trabajadores.

Esta tensión dentro del cuerpo jurídico afloró ayer martes en la reunión de la mesa del Parlament, puesto que oficialmente no se entregó ninguno de los informes a los miembros de los grupos parlamentarios. El hecho de que se registrara el informe de Ferran Domínguez y no se entregara a los miembros de la mesa generó quejas de todos los representantes políticos y fue en este contexto que el letrado mayor también lamentó que se le hubiera relevado del mando de este estudio sobre las licencias por edad. Una situación que generó un choque sin precedentes dentro de la mesa con la secretaria general de la cámara. A raíz de esto, la mesa decidió que la semana que viene vería todas las opiniones, también la de Palomares, y que quería tener todas las opciones de revocación de las licencias por edad sobre la mesa. Por lo tanto, la partida todavía no se ha acabado.

Retirada de competencias a Palomares y Bayona

Después de la reunión de la mesa, ayer al por la tarde Esther Andreu firmó una resolución en la que retiraba de la dirección de los servicios jurídicos al letrado mayor del Parlament y también dejaba sin efectos la facultad de asesoramiento que tenía otorgada el ex letrado mayor de la cámara Antoni Bayona, que también había colaborado con Palomares en la elaboración del informe sobre las licencias por edad. Tal como ha avanzado la ACN, el Butlletí Oficial del Parlament publica la resolución este martes que cancela el reparto de competencias que hizo cuando llegó al cargo el verano del año pasado. Los servicios jurídicos están integrados por ocho letrados y al principio del mandato la secretaría general hace un reparto de las competencias.

Este no es el único desencuentro entre Bayona y Andreu: el letrado avaló entregar los datos sobre las licencias por edad que solicitó el ARA como miembro del órgano de transparencia del Parlament, mientras que la secretaria general se resistió a darlas. Esto les generó un enfrentamiento público.

Paradójicamente, Andreu y Palomares fueron escogidos por la mesa del Parlament a propuesta de la presidenta de la cámara, Laura Borràs, el verano del año pasado como un tándem que tenía que pilotar los servicios parlamentarios. Ahora bien, a lo largo de los últimos meses han crecido las desavenencias entre ellos: la diferencia de criterio sobre las licencias por edad es solo el último episodio.