¿Quién se resistió a dar los datos sobre las licencias por edad?

BarcelonaMás allá del coste que suponía para el Parlament mantener prácticamente el 100% del sueldo de 21 funcionarios que ya no trabajaban en él en abril de 2021 -1,7 millones de euros-, el otro hecho relevante alrededor de los datos destapados por el ARA el lunes es la dificultad que tuvo este diario para acceder a ellos. Han hecho falta nueve meses para que la cámara catalana respondiera sobre el uso que hace de los recursos públicos. ¿Por qué motivo?¿ Qué eslabón de la cadena de transparencia ha fallado?

La unidad encargada de recibir las peticiones de acceso a la información pública es la Dirección de Estudios Parlamentarios, rebautizada como Departamento de Gestión Documental y Recursos de Información, que pilota Rosa Escrihuela. Fue esta unidad la que rechazó en primera instancia facilitar los datos sobre las retribuciones de los funcionarios que están en licencia por edad y la que se resistió después a hacerlo cuando había una resolución favorable del órgano de transparencia del Parlament. Lo hizo también al amparo de la actual secretaria general, Esther Andreu, a quien se traspasó el asunto ante la negativa de este órgano interno a dar la información sobre los salarios. Pero Andreu no hizo nada: no respondió a las múltiples quejas de este diario ni tampoco propició la entrega de la información hasta que no intervino directamente la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Durante este tira y afloja dimitió el órgano de garantía de transparencia entero: el ex letrado mayor Antoni Bayona lo hizo porque no se estaba cumpliendo con su resolución -es decir, porque el Parlament no estaba entregando la información-, mientras que Anna Casas, letrada, y Blanca Martínez, archivera, alegaron otros motivos.

Propuesta de reforma

Fuentes parlamentarias aseguran que hasta ahora este sistema había funcionado bien para resolver peticiones de los diputados respecto a otras administraciones, pero que ha fallado cuando la pregunta ha sido sobre el Parlament. Es por eso que la vicepresidenta segunda de la mesa, Assumpta Escarp, encargada de las cuestiones de transparencia, prepara una propuesta de reforma. Fuentes de los grupos explican que la idea es que quien tenga que responder las peticiones de transparencia sea una unidad más “reforzada” y “independiente” de la administración parlamentaria y alejada de la tecnoestructura, que es quien acaba llevando el día a día del Parlament. Es decir, que no necesariamente tenga que ser un funcionario de la misma administración quien tenga que decidir si dar o no datos sobre el personal.

También se plantean cambios en el sistema de recurso: si el Parlament no entrega una información, ahora se puede interponer una queja ante el órgano de garantía de transparencia -al ARA le dio la razón, a pesar de que no conseguía que se ejecutara la resolución-, pero no se descarta hacer un convenio con la Comisión de Garantía de Acceso a la Información Pública (GAIP), ente independiente al cual están adheridos tanto la Generalitat como los ayuntamientos, para que también se pueda acudir a esta en caso de que la cámara vete datos. Paralelamente, ERC, JxCat, el PSC, los comuns y la CUP han registrado una iniciativa para reformar el reglamento que, entre otras cosas , abordará la transparencia, como avanzó Efe.

¿Por qué no se quería dar la información? “Querían evitar que se conociera que había un derroche de dinero público”, valoró el viernes en Cafè d'idees el exletrado Francesc Pau, ya jubilado y no acogido a la licencia por edad: “Era público, pero no se hacía mucha publicidad para evitar que se revocara”. De hecho, algunas fuentes hablan incluso de una especie de consigna para no hacer mucho ruido cuando una persona se iba en licencia por edad: es decir, para no hacer explícito que una persona dejaba de trabajar a partir de los 60 años pero que seguía cobrando.