¿Por qué el Supremo no hace pública la sentencia contra el fiscal general?
El tribunal adelantó la decisión, pero los magistrados todavía trabajan en el texto de la sentencia
MadridHace quince días que el Tribunal Supremo informó que inhabilitaba al fiscal general del Estado. Comunicó la decisión, pero el texto completo de la sentencia –con los motivos de la condena– quedaba para más adelante. La urgencia con la que se hizo la deliberación de los jueces, apenas una semana después de que terminara el juicio, fue una sorpresa para todos. Desde entonces, cada mañana planea el interrogante sobre si será el día que conoceremos la sentencia. Pero todavía no llega. Y esto ha incitado múltiples lecturas: fuentes del Supremo consultadas por el ARA sostienen que la tardanza "no es extraordinaria ni extraña", mientras que la Unión Progresista de Fiscales expresa una "profunda preocupación" y denuncia un "maltrato institucional". Sea como fuere, la realidad es que Álvaro García Ortiz renunció al cargo y el gobierno español inició el proceso de sustitución, lo que culminará en los próximos días con el nombramiento formal de su sustituta. Teresa Peramato, de hecho, podría tomar posesión antes de conocerse el contenido de la sentencia contra su antecesor.
¿Es habitual que se avance una decisión? Preguntadas por este medio, las propias voces del Supremo justifican que avanzar la decisión es una práctica normal en "asuntos mediáticos o trascendentes" o en causas con votos particulares –que discrepan del veredicto mayoritario–. En ese caso, las dos magistradas progresistas eran partidarias de la absolución y emitirán un voto particular. Además, recuerdan que el Tribunal Constitucional suele anunciar las decisiones antes de dar a conocer las sentencias íntegras.
Un abogado de una acusación popular contra el fiscal general del Estado sostiene al ARA que el tiempo de espera "no tiene nada especial" y niega que haya "ningún retraso". Otro letrado añade que "lo extraño sería que la sentencia fuera más rápida", porque el Supremo "debe razonar mucho" y considera que es "razonable y lógico" que primero se avance la condena y luego se redacte la sentencia. Sin embargo, el magistrado emérito del Supremo José Antonio Martín Pallín cree que "no es normal" que hayan pasado tantos días y lo ve como un "desprecio".
Desde el Supremo, ponen encima de la mesa otros ejemplos de casos en los que ha pasado un tiempo entre que se ha anticipado la decisión y que se ha emitido la sentencia: un mes y diez días en el asesinato de Asunta por parte de sus padres, cincuenta días en el caso de los ERE de Andalucía –con agosto en medio–, ocho días en la anulación de la adquisición de acciones de Bankia en su salida a bolsa y seis días en el recurso de la familia Franco contra la exhumación del dictador. Más atrás, en el 2003, el Supremo ilegalizó a Batasuna: primero lo anunció y, diez días más tarde, la sentencia quedó negro sobre blanco.
Una comparación "improcedente e inapropiada"
Los fiscales progresistas invalidan esta comparación y creen que es "claramente improcedente e inapropiada", dado que en los casos anteriores –excepto el de Batasuna– el Supremo resolvía recursos de casación –la última instancia tras las sentencias de tribunales inferiores– y, en cambio, en el caso del fiscal general del Estado debe "emitir la primera" alegan. Además, en este caso, con un fiscal general en el banquillo, reclaman "estándares reforzados de motivación, transparencia y respeto a las garantías".
En un comunicado difundido la semana pasada, la UPF denunciaba que la "falta de fundamentación jurídica" mantiene a la sociedad en un "estado de incertidumbre" que es "incompatible" con el "funcionamiento regular de la justicia en democracia". "La motivación es esencial y no puede retrasarse", subrayaba. Los fiscales progresistas esgrimían que avanzar la decisión sin detallar su motivación "rompe los estándares democráticos de transparencia y justicia", produce una "grave inseguridad jurídica" y genera un "daño institucional y personal difícilmente reparable". "Cuando la motivación se dilata durante días o semanas, se debilita la confianza pública, se enturbia el debate democrático y se alimentan sospechas que perjudican a todas las instituciones", apostillaba.
El cambio de ponente
En parte, uno de los motivos que precipitó el anuncio de la condena del fiscal general del Estado fue el cambio de poniente. Inicialmente, la encargada de redactar la sentencia era la progresista Susana Polo –conocida en Catalunya porque instruyó el caso del Tsunami Democrático contra Carles Puigdemont–. Ahora bien, al ser partidaria de la absolución y en minoría –solo la avalaba Ana Ferrer–, la ponencia acabó recayendo en el presidente de la Sala de lo Penal, Andrés Martínez Arrieta, escudado por la mayoría conservadora del tribunal: cinco a dos. Fuentes del Supremo admiten que era previsible que este cambio trascendiera y, por tanto, pudo deducirse que el veredicto sería la condena. Y el Supremo optó por oficializarlo y evitar que Álvaro García Ortiz se enterara por otras vías.
De hecho, seis días después de conocerse la decisión del Supremo, La Hora de La1 difundió un audio en el que se escuchaba a Andrés Martínez Arrieta: "Concluyo, que tengo que poner la sentencia del fiscal general", decía al término de su intervención en un curso organizado por el Centro de Estudios del Colegio de la Abogacía de Madrid –que fue una de las acusaciones populares en el juicio de García Ortiz–. Con la perspectiva del tiempo, esto podía hacer vislumbrar que si él se hacía cargo de la sentencia, sería condenatoria.