¿Hacia la suspensión inmediata de la presidenta del Parlament?
El reglamento obliga a la mesa a suspender a cualquier diputado a quien se le abre un juicio oral por corrupción
BarcelonaDe aquí a diez días hábiles la Fiscalía habrá decidido si acusa a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, de malversación de dinero público, prevaricación, fraude administrativo y falsedad documental por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Unos días (o semanas) después será el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) quien con toda probabilidad abrirá juicio oral contra ella. Y cuando esto pase, la patata caliente pasará al Parlament, que apenas se rehace de la crisis institucional provocada por la suspensión del diputado Pau Juvillà. El artículo 25.4 del reglamento –introducido por la mayoría independentista en 2017– es claro: "En los casos en los que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, tiene que acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata".
¿Están vinculados a la corrupción los delitos por los cuales Borràs está imputada? El Código Penal español no es explícito a la hora de determinarlo, pero la mayoría de ellos forman parte del repositorio del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sí que los incluye en esta categoría. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción del 2003 va en la misma línea y en cuanto a los 32 delitos previstos en las órdenes de entrega automática entre países de la Unión Europea se vuelve a usar el genérico corrupción sin detallarla: este hecho comportó, por ejemplo, que Bélgica rechazara la entrega automática de Carles Puigdemont y el resto de exiliados cuando el Tribunal Supremo reclamó su extradición (entre otros, por malversación).
En todo caso, el mismo reglamento del Parlament prevé una vía para resolver esta pregunta: "Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, será necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados". Lo que habrá en cualquier caso será un debate intenso cuando llegue el momento, teniendo en cuenta que la presidenta del Parlament ha negado todas las acusaciones y su grupo es partidario de reformar el reglamento para eliminar el artículo que prevé la suspensión de los derechos y deberes antes de una sentencia.
La reforma del reglamento
El 4 de marzo se constituyó la ponencia que trabaja en la reforma del reglamento, pero sobre la mesa, al menos de momento, no está la modificación del artículo 25.4, básicamente porque solo hay un grupo que lo reivindica. Borràs y JxCat consideran que su imputación es uno más de los ejemplos de represión contra el independentismo, pero ERC y la CUP tienen una posición diferente. Los republicanos cerraron filas con el 25.4 el octubre pasado como uno de "los instrumentos que sirven para luchar contra la corrupción" y la CUP ni siquiera votó por Borràs como presidenta de la cámara como consecuencia de su imputación.
La posición de JxCat se nutre de un informe de los letrados del Parlament del octubre pasado, que concluye que suspender a un diputado antes de que sea condenado va en contra de la presunción de inocencia y, por lo tanto, podría ser inconstitucional. El artículo en cuestión está en vigor desde el 2017 y no ha sido hasta el caso de Borràs que se ha empezado a plantear su eliminación. Además de Borràs, también podrían ser suspendidos de forma inminente otras diputados, como Lluís Salvadó y Josep Maria Jové, los dos de Esquerra, que están a la espera de que se les abra juicio oral por malversación, en su caso por la organización del referéndum del 1-O.
La ponencia conjunta que se constituyó el 4 de marzo todavía no se ha vuelto a reunir formalmente y fuentes de los diferentes grupos parlamentarios explican que hay trabajo para meses porque la intención es poner el reglamento al día en cuestiones como la paridad y el teletrabajo. Es decir, que incluso en el improbable caso de que la supresión del artículo 25.4 acabara generando consenso, no llegarían a tiempo antes de que se abriera juicio contra Borràs.
¿Una presidenta en funciones?
¿Y qué pasaría si la presidenta fuera suspendida como diputada? Una vez más, se tendrían que buscar soluciones imaginativas. La apertura del juicio oral en ningún caso presupondría su culpabilidad, pero en caso de suspensión perdería, entre otros, el derecho de voto, el de asistir a las sesiones parlamentarias, el de percibir el sueldo a final de mes e incluso su rango protocolario de muy honorable. ¿Y quién ejercería de presidenta en funciones mientras Borràs estuviera suspensa? La vicepresidenta primera de la cámara es la exconsellera de Salud Alba Vergés (ERC), pero el pacto entre los dos socios de Govern es que JxCat ejercerá la presidencia de la cámara. Las incógnitas se tendrán que resolver bien pronto sin que se haya cerrado ningún acuerdo al respeto, a pesar de que la situación era previsible que acabara llegando desde el primer minuto de la legislatura.