Tercera condena al PP por corrupción: tendrá que pagar 204.200 euros por la Gürtel en Boadilla
La Audiencia Nacional impone 36 años de prisión al exalcalde de la localidad madrileña
MadridAlberto Núñez Feijóo ya tiene su condena por corrupción como presidente del PP. La de la primera época de la Gürtel acabó con el gobierno de Mariano Rajoy, la de la caja B estalló durante el liderazgo de Pablo Casado y ahora llega la derivada de la Gürtel en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, donde las adjudicaciones de contratos públicos al grupo empresarial de Francisco Correa a cambio de comisiones para cargos del partido se estableció como modus operandi entre 2001 y 2009. El principal condenado es el exalcalde, Arturo González Panero, a 36 años y 11 meses de prisión, pero el PP tendrá que pagar 204.198 euros como responsable a título lucrativo.
La sentencia, que ha sido adoptada por unanimidad por los magistrados José Antonio Mora, José Ricardo de Prada y María Dolores Hernández, considera acreditado que la formación conservadora se vio beneficiada de fondos obtenidos ilícitamente por parte del grupo de Correa. Se dedicaron a eventos de precampaña y campaña de las elecciones municipales de los años 2003 y 2007. La resolución judicial recoge que la actividad delictiva parte de la dinámica ya reflejada en la sentencia de la Gürtel Época I, confirmada por el Tribunal Supremo. "Correa negociaba personalmente la adjudicación de contratos públicos contraviniendo las normas que rigen la contratación pública con el fin de que se adjudicaran a las empresas seleccionadas por el grupo a cambio del pago de una 'comisión', o para sus propias empresas, y remuneraba los cargos públicos, con competencia o capacidad de influencia en las contrataciones", dicen los magistrados en los hechos probados.
El líder del entramado ha sido condenado a 13 años y medio de prisión, como su número 2, Pablo Crespo, por los delitos de soborno, fraude a la administración, falsedad documental, tráfico de influencias, prevaricación, contra la hacienda pública y blanqueo. La Fiscalía ya solicitaba atenuantes de confesión y cooperación en la recuperación del dinero y el tribunal así lo ha estimado. En cambio, sobre González Panero los jueces sostienen que no ha hecho ningún "esfuerzo" para hacer frente al daño causado. Hay un total de 23 personas condenadas, entre las que hay exconcejales y excargos de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla, a través de la que se vehiculó buena parte del entramado corrupto.
Un ejemplo de tantos que recoge la sentencia es el siguiente: el EMVS adjudicó en 2003 tres obras de remodelación urbana. En primer lugar, el Ayuntamiento cede las parcelas a la EMSV y el acusado Tomás Martín Morales, exgerente de la empresa municipal, aprueba los pliegues de condiciones y bases de los tres expedientes. Las características son que se da poca importancia a la oferta económica y mucha al plazo de ejecución. Conocedor de esto, el acusado Alfonso García Pozuelo presenta una propuesta en este sentido y Martín Morales, sin motivación ni tampoco aprobación del órgano competente. Los importes son de 587.064, 247.812 y 261.289 euros. A cambio de la intermediación de Correa, García Pozuelo le entrega 288.485 euros, que reparte a Crespo, al exconcejal del PP José Galeote, al exalcalde González Panero, al propio Martín Morales y 30.050 euros para la campaña del partido de aquel año. La sentencia describe tres casos más en los que el PP obtuvo donativos: uno de 24.901 euros, uno de 120.000 y otro de 29.247.
Beneficio "evidente" del PP
Este juicio se caracterizó por el alud de confesiones de los acusados. Ya existía el precedente de la sentencia de la primera época de la Gürtel y, entre las pruebas, documentos tan poco disimulados como uno titulado Pufos Boadilla. La mayoría de los condenados se han visto beneficiados con la rebaja de penas, excepto el PP, que no reconoció su lucro. Además, había alegado que los hechos estarían prescritos, lo que no comparte el tribunal. La defensa de la formación también alegaba que tenía que quedar acreditado el supuesto beneficio del partido y la sentencia es contundente: "El beneficio para el PP es evidente y deriva precisamente del pago por parte de un tercero del importe de los pagos ya descritos y destinados al mantenimiento de la propia organización y que supone correlativamente un menor gasto para el partido". La sentencia se puede recurrir primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo.
A la espera de la reacción de Feijóo, la vicepresidenta primera del Gobierno español, Nadia Calviño, se ha mostrado esperanzada en que el político gallego imprima un cambio en la gestión pública del PP. "Será positivo que con el nuevo liderazgo en el PP encuentren la manera de dejar atrás la estría marcada por la corrupción y se abra un nuevo tiempo en el que la gestión honesta y limpia de los recursos públicos sea la guía principal de un partido que tiene que ser referente para los ciudadanos", ha afirmado. Aun así, la formación conservadora tiene en Madrid un foco judicial importante marcado por los contratos sanitarios durante la pandemia que asedian a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida.