Menos trámites, nuevas oposiciones y directivos blindados: ¿qué hace el Govern para reformar la administración?

BarcelonaReformar la administración es, reconocen desde el Govern, un proceso "enormemente lento". Por eso el PSC se puso poco después de desembarcar en el Palau de Generalitat: en octubre de 2024 creó un grupo de expertos —la Cetra— que tenía el encargo del presidente, Salvador Illa, de estudiar qué cambios es necesario impulsar al sector público para modernizarlo y hacerlo más eficiente. Ahora, los 68 expertos de la Cetra han terminado su trabajo y su presidente, Carles Ramió, ha entregado este lunes a Isla un informe con 50 propuestas para poner las pilas en la administración. Su objetivo es mejorar la calidad de los servicios públicos, pero también asegurar su viabilidad en una Catalunya que, en el 2040, tendrá ya nueve millones de habitantes y una población más envejecida, según sus cálculos.

Las medidas van desde la simplificación de trámites administrativos hasta una nueva propuesta de regulación de la dirección pública profesional. La entrega del informe final se ha oficializado en un acto en el Palau de la Generalitat con Illa y el presidente del Parlament, Josep Rull. "No se trata de desregular, sino de simplificar. Una sociedad madura y moderna como la nuestra requiere reglas", ha subrayado Isla, y Rull ha hecho hincapié en la necesidad de legislar a mejor ritmo para ofrecer a la sociedad las herramientas que necesita para gestionar los retos del presente. La mejora de la calidad normativa es un objetivo que une tanto al Parlament como al Govern, que recientemente ha depurado del ordenamiento jurídico catalán 800 disposiciones que todavía figuraban en él a pesar de haber sido derogadas.

El ejecutivo ha querido dejar claro que el punto de partida de esta reforma nada tiene que ver con la ofensiva contra el sector público que han emprendido Donald Trump, en Estados Unidos, o Javier Milei, en Argentina. En este sentido, el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, ha advertido de que el objetivo es que el sector público gane "en eficiencia y eficacia", pero no promover una emancipación de la administración de la ciudadanía. Son los representantes políticos democráticamente escogidos quienes deben dictar la hoja de ruta de ese poder público, ha subrayado.

Plan de choque y largo plazo

La reforma avanza a varias velocidades: hay medidas que son más sencillas y ya han empezado a implementarse a partir de un plan de choque aprobado hace un año, mientras que otras se prevén a largo plazo. A medida que el Govern estudie las propuestas, irá concretando cuáles requieren cambios legislativos y cuáles puede aprobar por su cuenta, vía decreto. Se ha creado ya una dirección general de IA para acelerar la transformación digital y se están aplicando procesos de headhunting para seleccionar cargos de máxima responsabilidad en la administración. A finales de año, el Ejecutivo aprobará dos decretos para agilizar y simplificar las convocatorias de oposiciones, y este noviembre dará luz verde a una nueva guía para favorecer una comunicación "clara" por parte de la Generalitat.

En diálogo con patronatos, sindicatos y entidades, se han identificado 31 trámites prioritarios a rediseñar para hacerlos más sencillos y se ampliará la red de oficinas de atención ciudadana, garantizando que toda petición reciba respuesta con independencia de si se ha utilizado o no el canal correcto. Además, y desde enero, el 012 atenderá a los fines de semana entre 9 y 20 h. También se creará una nueva unidad competente en colaboración público-privada, porque otro de los objetivos de la reforma, ha dicho Illa, es acompañar a las empresas en la generación de "prosperidad".

Directivos públicos

Ahora bien, medidas como el derecho a la atención sin cita previa o potenciar la interoperabilidad de datos en poder de la administración sí requieren modificaciones legislativas que deben pasar por el Parlamento. También el reconocimiento del derecho al error, presente en ordenamientos jurídicos como el francés o el polaco, que da la oportunidad a ciudadanos y funcionarios de subsanar errores durante los procedimientos administrativos sin represalias, siempre que hayan sido de buena fe. Un primer paquete legislativo con esta y otras medidas llega esta semana al Parlament, con el debate final de la proposición de ley sobre una adecuada y buena administración.

Otro punto en el que Dalmau tiene puesta la mira desde que llegó a la conselleria es la profesionalización de la cúpula de la Generalitat: la idea es poder fichar a los directivos públicos —directores generales, máximos responsables de empresas públicas y subdirectores— a partir de un proceso de selección (y no a dedo) que acabará con tres posibles candidatos. El escogido firmará un contrato de cinco años -renovable por un máximo de tres o cinco años, en función del rango-, lo que le blindará ante ceses si llega un gobierno de otro color político. Según el ejecutivo, los ceses deberían ser por causas "objetivables" (por ejemplo, por no alcanzar los objetivos mínimos, aunque la insubordinación al nuevo consejero o consejera también se admitiría como motivo válido). Además, se introducirá una retribución variable que podrá alcanzar el 20% del salario bruto si se cumple el 100% de los objetivos.

Renovación generacional

Por otro lado, el Govern pretende abordar una modificación del sistema actual de oposiciones para incidir en la renovación generacional que se producirá en los próximos años en la administración catalana: de sus 250.000 trabajadores públicos, un 24% se jubilarán antes de 2030. Tanto el grupo de expertos como el ejecutivo consideran que, tal y como están peso a otras competencias importantes para personas que deben trabajar en el sector público. En marzo el Ejecutivo quiere ultimar el proyecto de ley de empleo público con estos cambios, que deberá tramitar el Parlamento.

En paralelo, se plantea mejorar el control sobre el cumplimiento de los objetivos de los funcionarios, reforzar la evaluación de las políticas públicas a través de Ivalua e incorporar consultores internos a la Generalitat para reducir las auditorías externas. Entre las recomendaciones de la Cetra, además, se encuentra la adopción de una instrucción por parte de la secretaría de administración y función pública, que ya tuvo un encontronazo con los funcionarios por la eliminación del teletrabajo para los altos cargos, para "equilibrar las retribuciones en las funciones desarrolladas efectivamente". Esto busca "evitar que profesionales de la organización opten por quedarse en una zona de confort de la administración minimizando su compromiso con el servicio", recoge el resumen ejecutivo del grupo. Cetra ha terminado ya el trabajo, pero este martes se creará el Consejo Asesor de la Reforma (CARE) para realizar el seguimiento del plan completo, de más de 700 páginas. "Fueron diez meses totalmente trepidantes", dijo Ramió.