Una treintena de alcaldes de Ponent, en pie de guerra contra la mayor planta de biogás del sur de Europa

BarcelonaDespués de tres años de trámites, el plan urbanístico para construir una macroplanta de biogás en la Sentiu de Sió (Noguera) ha recibido la luz verde de la Comisión de Urbanismo de Barcelona. Es la instalación de este tipo más grande del sur de Europa –procesará alrededor de 500.000 toneladas anuales– y podría ser la primera de una ola de factorías de biogás en Ponent, en el marco del despliegue de la Estrategia Catalana de Biogás 2024-2030. Sin embargo, tanto la aprobación del plan urbanístico como la posibilidad de que más proliferen han encendido una treintena de alcaldes del territorio, que se plantan ante el proyecto y avanzan que lo impugnarán ante los tribunales. Pese al silencio de la Generalitat, los alcaldes advierten que la factoría no podrá funcionar solo con purines locales y que, en la práctica, es un agujero negro para que el fondo de inversión danés que la lidera –Copenhagen Infrastructure Partners– pueda hacer negocio con residuos que vendrán o bien de Aragón o de la provincia de Barcelona. Residuos que incluyen restos animales y restos de mataderos, y no sólo purines.

De la mano de la Plataforma Pueblos Vivos, que coordina la oposición al proyecto, 27 alcaldes de municipios como Artesa de Segre, Agramunt, Linyola, Tàrrega, Bellpuig, Les Borges Blanques, Torres de Segre o Torrelameu pidieron por carta a la consejera de Territorio, Sílvia Pane de Urbanismo. Sin embargo, la Generalitat optó por tirar por el derecho con la infraestructura, declarada proyecto estratégico por el anterior Govern de ERC pese a las quejas por su impacto ambiental (y el de los 21.000 camiones que se prevé que circulen por este pequeño pueblo de la Noguera para llevar los residuos). Paradójicamente, la mayor parte de alcaldes en contra son de ERC, que también rechaza el proyecto desde su sección local –también hay de la CUP, de Junts y de listas locales–. El manifiesto de Plataforma Pueblos Vivos contra el proyecto también tiene el aval de una veintena de entidades, como Ecologistas en Acción o la Assemblea Pagesa de Catalunya.

"No es de proximidad"

"Se vende como una necesidad del territorio y no lo es, y tampoco será una planta de proximidad", argumenta el alcalde de Tornabous, David Vilaró, quien avisa de que este modelo de gestión de las deyecciones pone las cosas fáciles a las macrogranjas mientras que aboca a la ruina a los pequeños ganaderos. Desde Torres de Segre, el alcalde Àxel Curcó lamenta los problemas que se han encontrado campesinos de la zona para impulsar proyectos similares a pequeña escala (por ejemplo, en Alcarràs) frente a la "alfombra roja" a este fondo de inversión. En Bell-lloc d'Urgell, el alcalde Carles Palau critica que no se haya abordado una regulación general sobre dónde se pueden ubicar las plantas y que se utilicen los purines como "excusa" para que un fondo de inversión pueda especular con la tierra. Todos ellos firman también el manifiesto de Pueblos Vivos.

La plataforma y los alcaldes intentaron, sin éxito, que se paralizara la tramitación hasta que, al menos, se aclararan dos de los puntos más conflictivos. En primer lugar que, según un informe pericial encargado por ellos, la planta de la Sentiu está a menos de 500 metros de una granja, por lo que incumple la distancia mínima que establece la ley. Este hallazgo contradice lo recogido en un informe del departamento de Agricultura –que ha subvencionado con 4,5 millones el proyecto–. A preguntas de este diario, fuentes de Agricultura matizan que, aunque efectivamente existe una granja bovina a menos de 500 metros, de acuerdo con los criterios interpretativos del departamento los elementos que pueden suponer un riesgo para su proximidad están fuera de ese radio de distancia. Por eso el informe fue favorable.

En segundo lugar, según los contrarios, la vía urbanística seguida para autorizar la planta es incorrecta: "Habría que cambiar el POUM, porque es una actividad industrial. No se puede realizar una actividad así en suelo agrario protegido", recalca el portavoz de Pueblos Vivos y campesino, Gerard Batalla. En cambio, Territori considera que es suficiente con un plan especial urbanístico, que trata la actividad de la planta como una instalación de producción de combustible (y no industrial). Es un caso similar al que ya suscitó polémica en la planta de biogás que se desea instalar en Moià, también con oposición vecinal.

Una sesión polémica

La polémica impactó de lleno en la sesión de la Comisión de Urbanismo el pasado martes, en la que el Gobierno acabó forzando la votación del punto del orden del día pese a que varios miembros presentes expresaron dudas sobre la regularidad del proyecto y, sobre todo, quejas por la imposibilidad de haber accedido a la documentación con tiempo suficiente (48). Así lo trasladan al ARA fuentes presentes en la sesión, que detallan que, además, el Govern se negó a votar sobre si aplazar la decisión para desvanecer las dudas. La discusión duró más de una hora y terminó en una votación cuando, habitualmente, las decisiones en la Comisión se toman por asentimiento. No es algo inédito, pero sí infrecuente, explican fuentes conocedoras.

Previamente a la sesión del martes, 24 horas antes el departamento de Territori había intentado convencer a los alcaldes de las virtudes del proyecto en una reunión telemática que, también, se convocó a última hora del domingo. Allí, la consejera Paneque también rechazó la posibilidad de revisar las supuestas irregularidades del proyecto. En la misma línea, fuentes de Territori subrayan que la tramitación se ha hecho "escrupulosamente bien y con todas las garantías", y alargan la mano en el territorio para abordar con "diálogo" las diferencias que mantienen.