Los trenes y la irresponsabilidad política
MadridEl accidente ferroviario de Adamuz obligará a un considerable trabajo de revisión del estado de las vías para garantizar en lo posible la seguridad de la red de alta velocidad. Son 3.000 kilómetros, utilizados por más de 40 millones de pasajeros el pasado año. Lo mismo debe hacerse con Cercanías, teniendo en cuenta en ambos casos que conviene restablecer los servicios con plena normalidad lo antes posible y con las debidas garantías. Es una cuestión de responsabilidad. Por un lado, el buen funcionamiento del transporte –alta velocidad incluida– es una necesidad, no un lujo, y por otro, deben reducirse en lo posible los riesgos. Aparte de establecer las causas de los accidentes –que en el caso de Gelida son especialmente más claras que en el de Adamuz–, lo que hay que garantizar es que se realiza una buena labor de mantenimiento de la red.
Temo mucho que en este aspecto no se haya hecho todo el esfuerzo conveniente, vistas las quejas y denuncias de los maquinistas. Por otra parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, no escogió bien las palabras cuando manifestó el deseo de que las peticiones para asegurar el buen estado de las vías bajen de tono cuando ocurra "el suflé emocional". No se puede menospreciar la angustia de la gente después de las historias que hemos conocido sobre las experiencias de las víctimas y sus familiares, ni la preocupación que dejan las imágenes de los trenes siniestrados. La revisión de instalaciones, y singularmente de las vías, será permanente, con la periodicidad necesaria, sin escatimar los recursos necesarios.
Lo más positivo de los últimos días ha sido la cooperación entre administraciones, sobre todo entre el gobierno español y la Junta de Andalucía. Pero, de hecho, nunca hubo una tregua. El mismo lunes, cuando aún no habían transcurrido veinticuatro horas de la catástrofe, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, empezó a quejarse de que ni desde la presidencia del ejecutivo, ni desde el ministerio de Transportes había recibido ninguna información sobre el accidente. Nos encontramos, por tanto, una vez más ante otro foco de tensión política, que esta vez se ha extendido incluso a la polémica sobre cómo homenajear a las víctimas.
La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha buscado su espacio propagandístico impulsando un funeral en la catedral de la Almudena, ubicada junto al palacio real y construida sobre los restos de una mezquita. Escribió proponiendo esta convocatoria al arzobispado de Madrid y ha obtenido una respuesta rápida, al día siguiente, que ponía fecha para el acto religioso, fijado ya para el día 29. En cambio, el funeral de estado convocado por medio de un acuerdo entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchilla, y el de la junta andaluza, Juan Manuel horas más tarde. Es lamentable que deba registrarse una suerte de carrera entre administraciones públicas para organizar actos de solidaridad con las víctimas. Ayuso no le hace ningún favor a la Iglesia tomando una iniciativa tan interesada. Algo distinto habría sido que el propio arzobispado hubiera hecho la propuesta o que la hubiera realizado algún colectivo afectado directamente por la tragedia.
Ojalá alguna vez las secuelas de una catástrofe fueran incompatibles con actos de mezquindad. El PP salió muy perjudicado por su estrategia en cuanto a la dana de octubre de 2024 y ha establecido ahora comparaciones insostenibles entre lo ocurrido en Valencia y la gestión del accidente de Adamuz. La gran diferencia es que en el primer caso se puso de manifiesto la ineptitud de un presidente autonómico, Carlos Mazón, insensible frente al sufrimiento de su pueblo, mientras que ahora se han comprobado los beneficios de una reacción inmediata y de la colaboración entre instituciones. En todo caso, la oposición hará su trabajo si, después de una primera semana en la que la prioridad absoluta debía ser la atención a las víctimas, ejerce toda la presión necesaria en el gobierno para que podamos conocer con exactitud las causas del accidente de Adamuz y las posibles responsabilidades que se deriven. En cuanto a Cercanías, ya es suficiente. Es necesaria una actuación decidida para dotar a Cataluña de unos servicios ferroviarios a la altura de la necesidad y la demanda de la población. La política no puede ser obstáculo. Es todo lo contrario. Lo que se espera de las administraciones y las empresas es resolución y eficacia.
Partidismo con el accidente
Sería muy conveniente que Sánchez y Feijóo se vieran pronto. La entrevista que tenían programada el pasado lunes tuvo que suspenderse por el accidente de Adamuz. Este encuentro debería servir para tratar de iniciar una etapa distinta. Sé que es imposible esperar a cooperación entre los dos grandes partidos estatales. La lucha por el poder resulta para el PP y para el PSOE una prioridad irrenunciable. Pero deberían actuar con mayor responsabilidad. La inestabilidad se paga. Hoy asumen el coste los socialistas, y quizá en un futuro no tan lejano tendrán que hacerlo los populares. Si la relación del PSOE con Sumar resulta compleja, y más aún con Podemos y otros grupos de la izquierda, habrá que ver qué saca el PP de las alianzas con Vox. El papel de la extrema derecha sobre el accidente de Adamuz ha sido lamentable. "La corrupción mata", decía Santiago Abascal, como si el choque de ambos trenes estuviera directamente relacionado con otros hechos de la legislatura, con voluntad de mezclarlo todo y fomentar confusión y sentimientos irracionales.
Ya vimos un capítulo de esta estrategia en Paiporta, durante los días posteriores a la dana. "Solo el pueblo salva al pueblo", se decía para fomentar el desprecio y el rechazo hacia la política y las instituciones. El Estado, el poder público, es el pueblo organizado. PP y PSOE no sacarán gran cosa de desangrarse. A la política le conviene lo mismo que en la red ferroviaria. Le conviene –necesita– recuperar confianza. Sánchez y Feijóo tienen una agenda compleja por abordar. La respuesta de España a las amenazas de Trump debería ser una política de estado, pactada. Y lo mismo con la financiación autonómica. No tiene sentido que las comunidades del PP se nieguen a obtener más recursos porque la reforma del modelo se acordó antes con Junqueras e Isla. No podemos convertir en dogma que el ruido y el círculo permanente del adversario son más rentables que los acuerdos en favor de la ciudadanía.