Tres acuerdos de gobierno con la extrema derecha contra el catalán

BarcelonaEl cuestionamiento de la violencia machista, de los derechos del colectivo LGTBI y de los inmigrantes, de la memoria histórica, de la escuela y el marcado carácter españolista y antiindependentista han quedado bien impregnados en la retahíla de acuerdos que el PP ha ido firmando en los últimos meses con Vox. El último ejemplo, el de Aragón de la semana pasada, que ha terminado con ocho años de gobierno socialista en la comunidad. La coalición entre la derecha y la extrema derecha gobernará tres de los cuatro territorios donde se habla catalán en España y precisamente allí han adaptado los pactos para combatir la lengua catalana. Esto es lo que han acordado PP y Vox en Aragón, en la Comunidad Valenciana y en Baleares.

¿Cuál es la cesión más importante del PP a Vox en el pacto de gobernabilidad de Baleares? No hay demasiadas dudas al respecto: la libertad de elección por parte de los padres de la lengua de escolarización de sus hijos. El presidente de Vox en persona, Santiago Abascal, definió "de histórica" ​​esta decisión, la más celebrada por la extrema derecha. ¿Qué significa en la práctica? No se han dado demasiados detalles desde el gobierno que preside la popular Marga Prohens, pero cuando aún no ha cicatrizado el fracaso del decreto del trilingüismo impulsado por el anterior presidente del PP, José Ramón Bauzá, han empezado a aparecer todos los fantasmas del pasado.

De momento, el PP ya ha advertido que no se podrá aplicar en el curso que comienza a partir de septiembre y que, cuando se implante, se empezará por la educación primaria. El compromiso con Vox es que también se traslade a la secundaria antes de terminar la legislatura. Las leyes actuales impiden la segregación de los alumnos por cuestión de lengua, pero es evidente que esto va a cambiar, teniendo en cuenta que ahora se exigen un 50% de clases en catalán.

Y más allá de la escuela, el catalán también dejará de ser un requisito en la administración: "Modificaremos las normas que supongan una imposición lingüística, asumiendo que en la comunidad existen dos lenguas oficiales". Por si no quedaba claro, en el documento añaden que "el desconocimiento del catalán no penalizará en el acceso a la función pública". Por contra, PP y Vox explican que "continuarán garantizando el derecho a que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración Pública en las dos lenguas oficiales y sea respondido en la lengua que desee". ¿Cómo se garantiza esto si saber hablar catalán no es un requisito para el acceso a la función pública? En una entrevista reciente en el ARA Baleares, Prohens negaba que estas decisiones sean, "de ninguna manera, un retroceso para el catalán".

El Govern Balear también eliminará la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos, a la que relaciona con "la exclusión del castellano y la imposición lingüística y creará una Oficina de Garantía de la Libertad Lingüística.

La libre elección de lengua es, como en Baleares, uno de los puntos destacados del pacto en la Comunidad Valenciana. PP y Vox lo definen como la garantía de "la libertad de educación". La consecuencia, de nuevo, podría ser la segregación escolar por motivos de lengua, con dos modelos educativos diferenciados. Hasta ahora se exigía un mínimo del 25% de valenciano en todas las aulas. También tienen en común la sombra de sospecha que introducen en las escuelas, cuando aseguran que reforzarán la inspección educativa "para sacar la ideología de las aulas y permitir que los padres elijan la educación de sus hijos".

El nuevo presidente valenciano, Carlos Mazón, sí ha incorporado a Vox al Gobierno (fue muy comentada la elección de un extorero que exalta el franquismocomo vicepresidente). Y, aunque no salga al acuerdo que han firmado ambos partidos, ya ha anunciado que el catalán dejará de ser vehicularen todo el País Valenciano recurriendo a una ley de 1983 que reconoce esta posibilidad en las ocho comarcas donde históricamente el catalán no ha estado presente o residualmente. Otra de las decisiones polémicas ha sido el anuncio de la eliminación de las subvenciones a las entidadesque promuevan los Països Catalans.

PP y Vox también suprimirán el requisito lingüístico para acceder a la Administración, y no será necesario acreditar el conocimiento del valenciano, sin tener en cuenta, tal y como explicaba un estudio reciente de Plataforma por la Lengua, que la mayoría de los ciudadanos valencianos y baleares están de acuerdo.

El viernes PP y Vox firmaban lo que hasta ahora es el último acuerdo de gobierno y también le tenían reservado un capítulo al catalán. Curiosamente, en Aragón no introducirán la libertad de elección de lengua de los padres, asumiendo que como el castellano ya es la lengua vehicular, no es necesario dar este estatus al catalán o al aragonés, tampoco en los municipios y comarcas de donde es propio.

Sí que se revisará la ley que protege las lenguas propias de Aragón "con el objetivo de prevenir que las interpretaciones interesadas perviertan su verdadero espíritu" y "se eliminarán las ayudas a entidades sin ánimo de lucro" en materia de política lingüística" que otorgó el anterior gobierno, presidido por Javier Lambán. El importe de estas ayudas se destinará a empresas turísticas y culturales que promuevan las fiestas locales y las ferias artesanales.