El Tribunal de Cuentas se revuelve contra Sánchez por las críticas al control que tiene del ente el PP
El presidente español ha recordado los últimos dos días que "una exministra de Aznar decidirá sobre las multas" de 34 ex cargos del Govern
MadridNo es el poder judicial, pero se comporta de una manera similar. Del mismo modo que, durante tiempo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) lanzó todo tipo de comunicados contra el exvicepresidente segundo y ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, por haber cuestionado las decisiones judiciales, el Tribunal de Cuentas ha querido decir la suya este jueves en contra de las críticas constantes en los medios por la politización de sus consejeros, a las que se ha sumado los últimos dos días el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionando directamente el rol de Margarita Mariscal de Gante, que juzgará la acción exterior del Govern de 2011 a 2017 y que fue exministra de Justícia de José María Aznar y es hija de un ex juez del Tribunal de Orden Público (TOP) franquista.
El ente fiscalizador se revuelve en una nota aclaratoria contra el gobierno español en plena campaña para que el PP permita la renovación del tribunal y asegura que sus doce consejeros, escogidos por tres quintas partes del Congreso y del Senado, son "independientes e inamovibles conforme a la Constitución". "El personal está integrado por profesionales altamente cualificados que han accedido al Tribunal por los procedimientos de ingreso en la función pública previstos en las leyes", añade, después de que los últimos días haya trascendido de nuevo una investigación de El País de 2014 que señalaba que los lazos de parentesco en el órgano llegaban a 100 de los 700 trabajadores –incluyendo a Manuel Aznar, que es consejero del tribunal y hermano del expresidente español– y que solo dos presidentes del comité de empresa acumulaban hasta 17 familiares dentro del ente.
El comunicado llega solo horas después de que el presidente español criticara el miércoles en el Congreso la politización del tribunal y de que este jueves haya ido un paso más allá en una entrevista en La Sexta y haya tildado de "anacronismo" algunas de las situaciones que se dan en el ente fiscalizador. "Habla de despolitización, pero ¿cómo es posible que una exministra de Aznar sea la que resuelva los expedientes? Pero si es su representante en el Tribunal de Cuentas", dijo Sánchez desde el hemiciclo al líder del PP, Pablo Casado, que acusó al gobierno español de maniobrar para intentar desactivar las causas contra el independentismo en el Tribunal de Cuentas, las cuales ya acumulan hasta 15 millones de euros en conceptos de multas y fianzas. La última, la de la acción exterior del Govern, se eleva a 5,4 millones de euros y afecta a un total de 34 ex cargos de los gobiernos de Artur Mas y Carles Puigdemont. El miércoles se cerró la instrucción a través del acta de liquidación provisional y pronto estará en manos justamente de Mariscal de Gante –que ya impuso 4,9 millones de euros de multa por el 9-N.
El rol de la Abogacía del Estado
Para que la causa salga adelante, hace falta que la Fiscalía o al menos la acción popular, representada por Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución, presenten una demanda que el tribunal acepte. A última hora, la Abogacía del Estado ha decidido apartarse de la causa. Pero no se trata de un gesto especial de Sánchez hacia el independentismo, como ha apuntado la triple derecha, sino que la representación del gobierno español no tenía alternativa. Según explican al ARA fuentes del mismo tribunal y del ministerio de Justicia, la causa es para recuperar dinero presuntamente malgastado de la Generalitat y, como no afecta a las arcas del Estado, la Abogacía ha perdido toda "legitimidad". Ya pasó con la causa del 9-N, cuando se vio obligada a retirarse.
En la nota aclaratoria del Tribunal de Cuentas también subraya que la función fiscalizadora del ente tanto de partidos como de instituciones no se puede recurrir. Y es que Sánchez lleva insistiendo desde el lunes en que la decisión sobre la acción exterior se puede recurrir a la justicia. Ahora lo que hace el tribunal es puntualizar solo en qué casos es posible, después de que el Tribunal Supremo haya desestimado finalmente este jueves –después de más de dos años de espera– el recurso de Artur Mas, Joana Ortega y Francesc Homs por la multa del 9-N.
El no a un referéndum
En la entrevista en La Sexta, el presidente español ha cerrado la puerta una vez más a un referéndum de autodeterminación, después de que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, pusiera en entredicho las palabras de Sánchez el miércoles en el Congreso. Ha negado la posibilidad de un cambio de opinión sobre el tema dentro del PSOE como ha pasado con los indultos porque el derecho a decidir "no existe". De hecho, ha pedido no hablar de lo "absurdo" sobre el tema ni hacer "interpretaciones" sobre las palabras de sus ministros, después de que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, diera a entender que se podría producir una votación en el conjunto del Estado. "Si vivimos juntos, decidimos juntos", ha dicho el presidente español después de que de buena mañana el ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, defendiera en una entrevista a Catalunya Ràdio que la única solución es "más autonomismo".
Después del portazo de nuevo de Sánchez, Aragonès ha reconocido que las posiciones con la Moncloa están "muy alejadas", pero ha incidido en el hecho de que persistirá para conseguir un referéndum. Desde Vilanova i la Geltrú ha recordado que la negociación apenas ha empezado y que hay que ir buscando "caminos". Lo que está claro es que tanto la Moncloa como el Govern, especialmente ERC, ahora mismo quieren tiempo para aterrizar en la nueva situación de desbloqueo. Una muestra es que la próxima reunión de la mesa de diálogo no sea hasta la tercera semana de septiembre: entonces será a las puertas de la presentación de los presupuestos generales del Estado para el 2021, que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confía en aprobar con la misma ecuación que en 2021, es decir, con ERC. Y más después de los indultos. Sánchez ha asegurado este jueves que la intención es que los presupuestos se presenten en "tiempo y forma", es decir, como muy tarde a principios de octubre, pero para ir bien tendría que ser a finales de septiembre, justo después de reactivar la mesa de diálogo.