El TSJC acepta la querella contra Roger Torrent y lo cita a declarar como investigado el 15 de septiembre

BarcelonaSerá el 15 de septiembre cuando la magistrada y ex presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) Maria Eugènia Alegret tome declaración al ex presidente del Parlament y actual conseller de Empresa y Trabajo, Roger Torrent, y el resto de miembros independentistas de su mesa, Josep Costa, Eusebi Campdepadrós y Adriana Delgado. El TSJC ha admitido a trámite la querella presentada por la Fiscalía y ha rechazado los recursos de la defensa, hecho que inicia las diligencias previas contra los cuatro por haber permitido el debate y la votación en la cámara catalana de varias iniciativas relacionadas con la monarquía y la autodeterminación. El tribunal también ha aceptado que Vox ejerza la acusación popular y le ha dado cinco días para que deposite 10.000 euros de fianza.

La resolución que motivó la querella de la Fiscalía (presentada en las postrimerías de la legislatura, un año y medio después de que se votara en el Parlament) es la de respuesta a la sentencia que condenó a entre 9 y 13 años de prisión a los líderes del Procés. En aquel texto, pactado entre Junts, ERC y la CUP después de muchas tensiones internas, se defendía el derecho a la autodeterminación de Catalunya y se reafirmaba la reprobación de Felipe VI, a pesar de las advertencias que el Tribunal Constitucional había hecho en estas dos materias. Torrent garantizó entonces que asumiría "todas las consecuencias" por permitir que aquellas cuestiones pudieran ser tratadas en un pleno del Parlament.

“[El Parlament] reitera y reiterará tantas veces como lo quieran los diputados y las diputadas la reprobación de la monarquía, la defensa del derecho a la autodeterminación y la reivindicación de la soberanía del pueblo de Catalunya para decidir su futuro político”, expresaba uno de los puntos de la resolución aprobada por la mayoría absoluta independentista y que los letrados de la cámara ya advirtieron que podría traer cola. A pesar de que se votó el 26 de noviembre del 2019, no fue hasta el 1 de marzo del 2021, instada por el Tribunal Constitucional, que la Fiscalía se querelló contra los miembros soberanistas de la mesa, apenas doce días antes de que fueran relevados del cargo fruto del inicio de la nueva legislatura.

"La maquinaria represiva continúa en marcha para limitar y perseguir la libertad de expresión. El Parlament es el templo de la palabra y del debate, intentar censurarlo es un grave error que va en contra de la democracia", ha reaccionado este lunes Torrent al conocer la decisión del TSJC. La Fiscalía se querelló por un presunto delito de desobediencia (a las resoluciones del TC), por lo cual los cuatro investigados se enfrentan a penas de inhabilitación como las que tuvieron que afrontar por cuestiones similares sus predecesores en la mesa del Parlament: Anna Simó, Lluís Corominas, Ramona Barrufet, Lluís Guinó y Joan Josep Nuet ya fueron inhabilitados. El castigo contra Carme Forcadell, presidenta del Parlament entre el 2015 y el 2017, fue de once años y medio de prisión por sedición.