El TSJC asume la causa contra Borràs y designa instructor

BarcelonaEl Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ya ha asumido oficialmente el caso que afecta a la presidenta del Parlament, Laura Borràs. Este jueves el tribunal ha emitido un comunicado en el que explica que se ha declarado competente para investigar el asunto de la Institució de les Lletres Catalanes, en el que se instruye el rol de Borràs por haber fraccionado presuntamente la contratación pública. Para hacerlo, el TSJC ha designado al magistrado Jordi Seguí Puntas, que será el encargado de investigar el caso, que empezó en un juzgado de instrucción y después pasó al Tribunal Supremo cuando Borràs encabezó la lista de Junts per Catalunya en Madrid.

Según el comunicado del TSJC, Seguí seguirá las diligencias previas que ya había iniciado el Supremo sobre los presuntos delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

El movimiento de la causa ya estaba previsto: una vez Borràs dejó el escaño en el Congreso de Diputados para ser diputada en el Parlament, el siguiente paso era trasladar su causa a Catalunya. De hecho, así lo acordó el Supremo el 12 de abril. Hasta ahora el magistrado del Supremo que llevaba el caso, Eduardo Porres, ya había dado algunos pasos: llamó a declarar a Borràs el verano del año pasado, pero la actual presidenta de la cámara se negó a hacerlo. Borràs considera que su caso es una "persecución política" y que el procedimiento no ha cumplido todas las garantías fijadas por ley.

¿Efectos en el Parlament?

Hoy por hoy el caso se encuentra en fase de instrucción y Borràs todavía no ha sido procesada ni se le ha abierto juicio oral. De este modo, podrá ejercer sus actuales responsabilidades como hasta ahora. Ahora bien, si la causa avanza puede tener efectos directos en su presidencia de la cámara, puesto que en algunos casos el reglamento del Parlament prevé la suspensión de parlamentarios.

En concreto, el artículo 25.4 del reglamento prevé que si hay un auto de procesamiento y apertura de juicio oral por presuntos delitos sobre corrupción, la mesa tendrá que acordar la suspensión de los derechos y deberes del parlamentario afectado. En caso de dudas sobre los delitos, se prevé un dictamen en la comisión del Estatuto del Diputado.

Borràs ha defendido por activa y por pasiva que su caso no estaba vinculado a la corrupción y que forma parte del lawfare del estado español. Aun así, el tratamiento de su causa en el TSJC dependerá de los miembros de la mesa y, en última instancia del Estatuto del Diputado: tendrán que determinar, como dice el reglamento, de qué naturaleza son los delitos que se le atribuyen y si Borràs entra en el supuesto que prevé el artículo 25.4 de la norma que rige la cámara. La mayoría en los dos casos está en manos de los partidos independentistas.

Borràs se mostró partidaria en una entrevista al ARA de reformar el reglamento del Parlament para eliminar la posibilidad de suspender a los diputados sin sentencia firme. "La presunción de inocencia es un derecho fundamental", aseguró. Hasta ahora, sin embargo, como mínimo la CUP, clave para forjar la mayoría absoluta independentista, ya ha dicho que no participará. De hecho, fueron precisamente los cuperos los que la legislatura de 2017 aceptaron apoyar la última reforma del reglamento impulsada por JxSí para tramitar de manera expresa las leyes de desconexión a cambio de incluir la suspensión de los diputados en los casos vinculados a la corrupción antes del juicio.