El TSJC deja a Laura Borràs a un paso del juicio por "abusar" de su cargo en la ILC

BarcelonaDespués de nueve meses de investigación, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado por cerrada la investigación a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). El magistrado que llevaba el caso concluye que hay indicios de que Borràs "abusara" del cargo al frente de la institución, por la presunta adjudicación irregular de contratos a un amigo, a quien hacía años que conocía y junto a quien había trabajado. La decisión implica dejar a Borràs y al resto de investigados a un paso del juicio por los delitos de prevaricación, malversación de dinero público, fraude administrativo y falsedad documental. De hecho, el juez, Jordi Seguí, ha dado diez días a la Fiscalía para que diga si quiere acusar a Borràs y al resto de encausados. Las defensas también tienen el mismo periodo de tiempo para presentar alegaciones. La presidenta del Parlament siempre ha negado las irregularidades.

Según el magistrado, Borràs se aprovechó del cargo como directora de la ILC para "dictar resoluciones injustas" y "favorecer" a Isaías Herrero en la adjudicación de dieciocho contratos menores para programar y mantener la página web de la institución, una página dedicada al Año Vinyoli, la plataforma virtual Què Llegeixes y la web del Año Literario Ramon Llull, a pesar de ser "plenamente consciente" de que "entraba en contradicción" con las normas de contratación pública y con su obligación de "defender los intereses generales". A pesar de esto, el juez asegura que Borràs influyó para que estos proyectos se adjudicaran de manera "arbitraria" a su amigo, que acabó cobrando más de 300.000 euros de la institución por trabajos que no se habrían realizado y que él habría facturado directamente o en nombre otras empresas, de las cuales era socio.

"Podríamos hacer que tú te presentas a los cuatro y solo ganas uno"

El juez se basa sobre todo en la correspondencia electrónica entre la ahora presidenta del Parlament y el empresario, a quien Borràs conocía desde hacía años y con quien había colaborado en el máster que Borràs dirigía en la Universitat de Barcelona. El magistrado concluye que estos correos prueban que los dos se pusieron de acuerdo para "defraudar" dinero de la ILC. Por ejemplo, el juez cita uno de los mensajes en los que los investigadores sospechan que Borràs le propone la fórmula para disimular las presuntas adjudicaciones a dedo: "Yo había pensado que podríamos hacer que tú te presentas a los cuatro y solo ganas uno, el más económico de la serie, la cooperativa ídem, APM gestión ídem y el otro ídem. El resto se podría hacer con la empresa y la cooperativa de Madrid", le escribe Borràs.

En otro correo, el empresario confiesa a Borràs que se le hace "extraño y complicado tener que hacer este trapi", en referencia a la supuesta manipulación de las facturas: "Ya sé que es lo que hay, pero ponte en mi lugar, ¡tener que liar a varias personas para que me hagan facturas de 3 kilos!", le dice el empresario, que también pregunta a Borràs si sabe alguna "manera más estilosa de hacerlo". Ella le contesta en otro correo que "la cuestión es fraccionar" los trabajos.

En otro correo del 2017 intervenido al empresario, el hombre expresa su preocupación a uno de sus trabajadores –también investigado– por que con la intervención de la Generalitat, en virtud del artículo 155, no haya "una comisión económica que empiece a mirar" todos los gastos de la ILC: "Porque yo tengo una de marrones, ufff, hombre claro, porque yo con la Borràs, con la jefa, yo facturo con la cooperativa, yo facturo unos trapis por allá [...]".

El otro indicio que lleva al juez a dejar a Borràs y al resto de investigados a las puertas del juicio son las facturas que se hicieron para cobrar los trabajos. Los investigadores sospechan que eran falsas y que el empresario las "confeccionó" utilizando datos de terceras personas que durante la investigación "negaron su participación" en los trabajos. De hecho, el amigo de Borràs escribió un correo a uno de sus trabajadores –también investigado– instándolo a elaborar algunas de las facturas y advirtiéndole que "no hiciera caso" de los conceptos y cantidades, porque eran "totalmente inventados". La mayoría de presupuestos estaban guardados en una carpeta del ordenador del empresario que llevaba por nombre "Pressupostos LAURA".

Según el magistrado, Borràs intervino directamente en la adjudicación de los dieciocho contratos "proponiendo la contratación, acordando la adjudicación, aprobando el gasto, certificando la ejecución del servicio, conformando la factura y autorizando finalmente el pago", excepto en uno de los casos, que no se llegó a pagar, "porque no se presentó ninguna factura". Seis de los encargos bajo sospecha –por valor de 112.503,50 euros– se adjudicaron directamente al empresario amigo de Borràs, mientras que los otros doce fueron a parar a empresas de las cuales el hombre era socio. En total, los contratos suman 330.442,65 euros, y la institución pagó 309.176,90.

El juez asegura también que la mayor parte de los ingresos que percibió el empresario investigado entre 2013 y 2017 provenían de los trabajos cobrados de la ILC. Además de Borràs y Herrero, el juez ha dejado a un paso de juicio a un trabajador de la ILC que habría participado en las adjudicaciones y a un trabajador investigado por prestar sus datos fiscales al empresario para que supuestamente pudiera disimular el cobro de los trabajos.