La última propuesta de JxCat y ERC sobre el catalán no convence al PSC

BarcelonaRecuperar el consenso sobre el catalán en la escuela al que el pasado 24 de marzo habían llegado PSC, ERC, comunes y JxCat –y que se rompía horas después– se está convirtiendo en una misión cada vez más difícil. Casi dos meses y un ultimátum después, los partidos continúan negociando e intercambiando documentos para encontrar un texto en común que se pueda votar en el próximo pleno, pero el pesimismo imperaba a última hora de la tarde de este jueves. ERC y Junts trabajan desde el miércoles en una ley ad hoc para responder a la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que impone un 25% de castellano en las aulas. El nuevo texto, al que ha tenido acceso el ARA, recalca justamente que "en ningún caso" se tienen que establecer porcentajes para la enseñanza de las lenguas oficiales. Pero la propuesta no convence por ahora a los socialistas, que se han desmarcado a primera hora de la mañana. El tiempo se agota y las posiciones están cada vez más alejadas, pero los partidos no renuncian a seguir buscando rendijas para el acuerdo.

El día ha arrancado con la postura tajante del líder del PSC, Salvador Illa, que ha rechazado totalmente la propuesta que se les ha hecho llegar: "La última propuesta no la vemos. Ya trabajamos dos meses para llegar a un punto de consenso, aquí nos mantenemos y nos mantendremos". Los socialistas se han enrocado en la propuesta inicial, que era un acuerdo para reformar la ley de política lingüística que incluía en el redactado que el castellano también es una lengua de aprendizaje en la escuela. En cambio, la nueva ley de los partidos en el Govern establece que "la presencia de las lenguas oficiales en la enseñanza en ningún caso se tiene que basar en porcentajes", en la línea del decreto que prepara el ejecutivo a petición de Junts y que ya avanzó este diario. Elimina, además, la referencia que se hacía en el acuerdo original al derecho a recibir la enseñanza de las lenguas oficiales "y en las lenguas oficiales".

El texto de ERC y Junts fija unos criterios para decidir la proporción de clases en catalán o castellano: hay que tener en cuenta "tanto la situación sociolingüística del entorno de los centros y los objetivos de normalización lingüística como la evolución del proceso de aprendizaje lingüístico, oral y escrito". Deja claro, aun así, que "el castellano es empleado en los términos que fijan los proyectos lingüísticos de cada centro", que estos "se han de elaborar de acuerdo con los criterios fijados por el departamento" y que "han de incluir los aspectos relativos en la enseñanza y al uso de las lenguas oficiales".

Además de la oposición de los socialistas, fuentes de los comunes han explicado que también recibieron la nueva propuesta de ERC y de Junts y que, después de comprobar que "modifica unilateralmente el acuerdo" que se había logrado inicialmente, están debatiendo cuál será su posición. Por su parte, la CUP también ha recibido la nueva propuesta, aunque fuentes del partido remarcan que están fuera de las negociaciones. Las dos principales voces del Govern, el president Pere Aragonès y el vicepresidente Jordi Puigneró, han dado el mismo mensaje para intentar salvar un pacto a cuatro bandas –ERC, Junts, PSC y comunes–. El primero, de visita institucional en Bruselas, ha pedido "continuar trabajando" para intentar "un acuerdo lo más amplio posible". "Hemos de hacer lo posible para que haya el máximo consenso", ha convenido el segundo.

Las negociaciones siguen

A pesar del choque inicial, los contactos a lo largo del día de hoy se han mantenido: representantes de los cuatro grupos se han encontrado en dos reuniones en el Parlament, en las que según fuentes consultadas por el ARA ha habido contrapropuestas, y las líneas telefónicas siguen abiertas. El 31 de mayo es el límite que puso el TSJC a los partidos para aplicar el pronunciamiento, el mismo margen que tiene el Govern, que trabaja en un decreto para blindar a los directores de los centros y dejar en manos del departamento de Educación la responsabilidad de avalar los proyectos lingüísticos, y que también rechaza la aplicación de porcentajes sobre lengua. En la exposición de motivos de uno de los últimos borradores del decreto, al que ha tenido acceso el ARA, se especifica que la urgencia de aprobar el decreto responde a la necesidad de dar cumplimiento a un mandato judicial, a pesar de que no hace ninguna referencia concreta a la sentencia del 25%, y descarta la aplicación de "parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y uso de las lenguas" en su elaboración. Educación, especifica el borrador, "asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos", que tiene que validar.