El listón retributivo no se aplica a autoridades independientes del Govern. Es el caso de los organismos estatutarios, protegidos por ley de injerencias del ejecutivo, dado que tienen el encargo de fiscalizarlo. El blindaje, además, los hace autónomos a la hora de establecer sueldos. Los de sus dirigentes a menudo superan los de los consellers. En la Sindicatura de Comptes, los cinco síndicos perciben 117.835,62 euros, además de complementos, tasados en 881,86 euros mensuales para el síndico mayor. El Síndic de Greuges gana 129.373,44 euros. Los ocho miembros del Consell de Garanties Estatutàries ingresan 128.786,14 euros, más un plus anual, que es de 8.862,56 euros para el presidente. El director de la Oficina Antifrau recibe 147.990,08 euros y el director adjunto 125.925,66, y renuncian a trienios y otros pagos. El sueldo del presidente del CAC es de 117.452,94 euros. La ley dice que los criterios del tope salarial tienen que inspirar a estas instituciones. El Govern responde que se tienen que autorregular, pero añade que los máximos cargos no necesariamente tienen que cobrar menos que los consellers.
Unos veinte cargos superan el techo salarial del Govern
La congelación de sueldo de los miembros del ejecutivo eleva a 22 a las personas que cobran más que los 'consellers'
BarcelonaHace siete años que la Generalitat estipuló un tope salarial que todavía hoy no impone a todos sus directivos. CiU y ERC pactaron una nueva regla mientras negociaban entonces los presupuestos para que los máximos responsables del sector público no cobraran más que el presidente y los consellers. Aun así, el Govern ha mantenido sueldos que, año tras año, contravienen la directriz que consta en una ley en vigor desde 2014 y que consagra que las percepciones íntegras anuales fijas del personal directivo “en ningún caso pueden ser superiores a las fijadas para el cargo de conseller”.
No solo la Generalitat ha sido poco diligente a la hora de ceñirse a su norma, sino que, además, se ha ido desviando del objetivo: si en 2019 había cinco ejecutivos con una remuneración que superaba la de los miembros del Govern, desde 2020 son 22 los altos cargos y directivos que ganan más de los 115.517,04 euros anuales que ingresan los consellers, según el portal de transparencia de la Generalitat.
El número de personal de alta dirección que excede el límite ha crecido al transferirse el 2% de incremento salarial que el Estado decretó para los trabajadores públicos hace un año. En abril del año pasado, la Generalitat decidió abonar el aumento también a los altos cargos, pero a la vez optó por no extenderlo al presidente y a los consellers en plena pandemia. La combinación de la mejora retributiva a los altos cargos y la congelación de la asignación de los miembros del consejo ejecutivo ha alterado el cuadro salarial de la Generalitat. Cinco altos cargos del departamento de Presidència, cinco más de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), tres gerentes de consorcios hospitalarios, un director de un instituto de investigación y tres ejecutivos de entes dependientes de Territori han dejado atrás los titulares de los departamentos. Se suman a un dirigente de Agricultura, dos de Salut y dos más de Territori que ya obtenían mejores rentas que los consellers.
La ley de presupuestos de 2020 autorizaba la subida para los directivos previniendo que tenía que aplicarse “respetando el límite retributivo” y, por lo tanto, sin transgredir los gajes de los consellers. No obstante, la revisión a la alza ha comportado que cargos que se habían sometido a moderación salarial para cumplir el listón vuelvan a rebasarlo.
El sueldo asociado a la presidencia de la CCMA ha caído en unos 30.000 euros desde los 144.477 euros de 2015 -más de lo que cobraba entonces Artur Mas-, pero el aumento del 2% ha provocado que la presidenta en funciones reciba 1.327,75 euros anuales más de los que fija el tope. La actualización de los ingresos de los directores de Tv3 y de Catalunya Ràdio y de dos directivos más también ha provocado que ganen 521,85 euros más que los consellers. La Corporació responde que las retribuciones vienen avaladas por la Generalitat y que se avendrá a bajarlas si el Govern se lo manda. Los departamentos de Salut y de Territori sí que reducirán los ingresos a ejecutivos que incumplen el tope desde que se les subió el sueldo el año pasado.
Un “error de gestión”
Salut admite que los directores de cuatro entidades públicas sanitarias han percibido el incremento a pesar de que no tenían derecho a ello, para respetar el techo de la Generalitat. La conselleria no concreta nombres, pero coincide que los directores gerentes de los consorcios hospitalarios del Parc Taulí de Sabadell, Terrassa, Maresme y Sant Pau de Barcelona se alejan del tope entre 749,92 y 2.421,68 euros. La conselleria lo atribuye a un “error de gestión” y explica que se procede a unas “regularizaciones de haberes” para que se ajusten de nuevo a la regla. Por otro lado, Territori descontará el aumento salarial de los directores de la Autoritat del Transport Metropolità y del Institut Cartogràfic y Geològic de Catalunya.
Otro caso son los gajes más elevados que los de los consellers pero que sí que están amparados por la ley. Los superiores de los centros investigadores están exentos de restricción de sueldo máximo, como son los casos de los directores del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària y de la fundación del hospital Vall d'Hebrón. Una disposición introducida en los presupuestos desde 2017 blinda los salarios fuera de norma del presidente de Ferrocarrils de la Generalitat (117.826,80 euros) y del director general de la compañía (147.754,56 euros). Además, en 2020 se modificó la mesa salarial de los altos cargos para regularizar la subida del 2% con que el secretario del Govern y otros cuatro miembros de Presidència -la secretaria general, el director del gabinete jurídico, el director del Institut d'Estudis de l'Autogovern y el comissionat de la presidència per al desplegament de l'autogovern- han pasado a cobrar 117.452,94 euros, más que los consellers, inédito desde hace seis años.
Desde 2014 resta pendiente un decreto que detalle las escaleras retributivas de los directivos. La ley obliga que, una vez que se promulgue, se adapten todos los sueldos en tres meses. Que no esté todavía en vigor provoca que pervivan contratos que rompen el techo salarial, como los del director de la Agència de Residus y el de la gerente del Consorci Mar Parc Salut, que ocupan las plazas desde 2011, antes de instaurarse la medida. El Govern tiene un borrador de reglamento, pero se escuda en la complejidad de regular a más de 200 entes públicos y en el final de la legislatura pasada para justificar que todavía no se haya aprobado.
