La vía de Borràs para esquivar la suspensión por corrupción

BarcelonaLa presidenta del Parlament, Laura Borràs, descarta hacer ningún paso al lado por la causa judicial de presuntas irregularidades en la contratación pública. Pero no solo esto: en la comparecencia del martes también aseguró que no se siente "interpelada" por el artículo 25.4 del reglamento del Parlament, que prevé la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de los diputados a los cuales se abre juicio oral por delitos vinculados a la corrupción. Su entorno considera que no necesariamente se tiene que aplicar este artículo, sino que hay otros escenarios como el artículo 25.1. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que este segundo se refiere de forma genérica a todos los diputados a los cuales se abre juicio oral sin especificar por qué delitos. Y, además, incorpora otra derivada: requiere mayoría absoluta para suspender a un diputado. Por lo tanto, si su caso se vehiculara por este artículo, ERC o la CUP se tendrían que mojar activamente y alinearse con la oposición para suspender a la presidenta del Parlament, Laura Borràs.

Hasta ahora solo ha habido un intento de aplicarlo con el exdiputado del PSC Daniel Fernández –ved el complemento de este artículo– a pesar de que varios diputados se han encontrado en una situación similar. ¿Por qué? Porque a diferencia del artículo 25.4 –que obliga a la mesa a suspender a un diputado de forma inmediata por delitos vinculados a la corrupción–, el 25.1 plantea la decisión como opcional y lo puede pedir el mismo parlamentario afectado.

¿Por qué motivo Borràs prevé esta opción? Hay al menos tres diferencias relevantes entre los dos artículos. La primera es que no hace referencia a la corrupción y esto va ligado a que ella niega que haya cometido ninguna mala praxis en la Institució de les Lletres Catalanes. La segunda es que el 25.4 requiere mayoría simple y el 25.1 mayoría absoluta, y la tercera que la decisión no la toma la mesa del Parlament sino que se remite a la Comisión del Estatuto de los Diputados –que preside un diputado de Junts cercano a Borràs, Jaume Alonso Cuevillas– y se tiene que votar finalmente en el pleno del Parlament.

Así pues, en caso de que Junts consiguiera activar esta vía, el resto de formaciones políticas tendrían que conseguir la mayoría absoluta para suspender a Borràs en el pleno. Es decir, Esquerra y la CUP –o como mínimo los cuperos– tendrían que votar en bloque con el PSC, Vox, los comuns, Ciutadans y el PP. En caso de que los dos partidos independentistas actuaran como lo hicieron con el suplicatorio de Borràs en el Congreso de los Diputados el 2020 –no participaron en la votación–, la presidenta no sería suspendida porque los otros partidos no conseguirían la mayoría. Si, por el contrario, el caso Borràs se vehicula a través del artículo 25.4 como defienden todos los partidos excepto Junts, cuperos y republicanos podrían abstenerse o no participar en la votación para facilitar indirectamente la suspensión de Borràs.

En todo caso, los partidos independentistas tienen todavía por delante una intensa negociación sobre el tema y está previsto que se sienten a negociar, teniendo en cuenta los efectos que tendría para la mayoría en el Parlament y también para la estabilidad en el Govern el hecho de que ERC y Junts –ahora mismo alejados– no lleguen a un acuerdo sobre el caso Borràs.

Ni ERC ni los cuperos han revelado hoy por hoy cuál puede ser el sentido de su voto cuando llegue la hora, pero el margen político que tienen para marcar un perfil diferenciado de Junts –que defiende que el caso de presuntas irregularidades en la contratación pública es "represión del Estado "– y a la vez también de la oposición será diferente en función del artículo que se aplique. Fuentes cuperas mantienen que son los republicanos y Junts los que tienen que hacer una propuesta teniendo en cuenta que ellos no apoyaron a Borràs para ser presidenta del Parlament, mientras que fuentes de Esquerra exponen que no han concretado todavía ninguna vía porque "está todo abierto", pero señalan que los letrados de la cámara encuentran más garantista el 25.1 que el 25.4, puesto que el segundo habla explícitamente del delito de corrupción y este no existe en ninguna parte como tal en el Código Penal -informa Quim Bertomeu.

¿Quién decide qué artículo se aplica?

Con estos escenarios sobre la mesa, se augura de entrada una batalla jurídica para decidir a través de qué artículo del reglamento se vehicula el caso. En este punto, será clave la opinión de los letrados y lo que decida la mayoría de la mesa del Parlament ante las peticiones que probablemente se sobrepondrán. Ni siquiera está claro qué pasaría si se activan los dos artículos. El reglamento no prevé que sean incompatibles, a pesar de que la lógica llevaría a pensar que son excluyentes.

Será, pues, un choque político y también jurídico sobre cómo se tiene que aplicar el reglamento del Parlament.