Bolaños admite que la nueva ley de memoria no abre ninguna vía penal contra los crímenes del franquismo

MadridLas divergencias entre el PSOE y Esquerra sobre la memoria histórica son una constante que se repite legislatura tras legislatura. El nuevo episodio se ha producido este miércoles cuando los partidos que integran el gobierno español han anunciado una serie de enmiendas a la nueva ley de memoria democrática, de las cuales destaca una que toca la ley de amnistía de 1977. “Se interpretará y aplicará en conformidad con el derecho internacional humanitario, según el cual los crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio y tortura tienen la condición de imprescriptibles y no amnistiables”, dice el texto. Unidas Podemos la divulgó como una vía para investigar por la vía penal los crímenes del franquismo, pero este jueves el ministro de Memoria Democrática, Félix Bolaños, ya ha dejado claro en una entrevista a Onda Cero que no "cambia nada del sistema jurídico".

Esquerra, por su parte, mantiene que la única vía para juzgar los crímenes del franquismo es derogando los puntos de la norma preconstitucional que, específicamente, dejaban impunes los crímenes y faltas cometidos de autoridades, funcionarios y agentes del orden público. “Lo que dice el PSOE es una trampa y un subterfugio”, afirma al ARA el exdiputado de ERC en el Congreso Joan Tardà, que a pesar de que ya no tiene escaño es quien lidera las negociaciones sobre esta materia. Subraya que hay sentencias del Tribunal Supremo que han utilizado el mismo redactado de la ley de amnistía para impedir las acciones penales contra crímenes durante el franquismo, y acusa así al ejecutivo de “jugar con la ignorancia de la ciudadanía”.

De hecho, más allá de que la justificación de la enmienda presentada por el PSOE y Unidas Podemos sea “garantizar el derecho a la justicia de las víctimas”, los socialistas han rebajado sustancialmente la posibilidad de llegar a juzgar los crímenes del franquismo. El portavoz del PSOE en la cámara baja, Héctor Gómez, ha asegurado que la derogación de la ley de amnistía “no es la solución” ni la “panacea” y ha destacado que no se puede aplicar retroactivamente una ley que perjudique al reo. En su intervención ni siquiera se ha referido al objetivo de poder juzgar, a diferencia de lo que previamente ha expuesto el diputado de Unidas Podem Enrique Santiago, que sí ha abierto la puerta a ello.

Las propuestas y contrapropostes han abierto un debate legal. El catedrático en Derecho Constitucional de la Universitat de Barcelona Xavier Arbós se abona a la tesis de que la derogación de la ley de amnistía para juzgar los crímenes del franquismo no superaría el filtro constitucional por la aplicación retroactiva de la ley anteriormente mencionada. Tardà sostiene que el derecho internacional subraya que estos delitos son imprescriptibles y que, por lo tanto, sería posible juzgarlos, pero Arbós puntualiza que hay que diferenciar el plan del derecho internacional del del derecho interno. En el marco de la argumentación política, el senador del PP Rafael Hernando ha cuestionado si con la modificación planteada por el PSOE y Unidas Podemos se perseguirían los crímenes de ETA, Grapo y el FRAP.

La modificación del artículo 2 de la ley va acompañada de la del estatuto orgánico del ministerio fiscal. La propuesta original del gobierno español ya preveía la creación de una fiscalía de sala de derechos humanos y memoria democrática, pero no se especificaba la iniciativa de promover acciones penales. Ahora esto se corregiría, y el fiscal tendría encomendadas las funciones de practicar diligencias y ejercer la acción pública en "hechos que constituyan violaciones de derecho internacional de derechos humanos y de derecho internacional humanitario, incluyendo los que tuvieron lugar con ocasión del golpe de estado, la guerra y la dictadura". ¿Por qué se encargan estas nuevas funciones a la Fiscalía, pues? Fuentes del ejecutivo español señalan que para la recuperación de restos de víctimas puede hacer falta abrir investigaciones -no penales.

A pesar del lío sobre la vía penal, quedan pocas personas que podrían ser juzgadas por los crímenes del franquismo, tal como reconocen Santiago y Tardà. El exdiputado de ERC anota que lo "intangible" en la "victoria democrática del resarcimiento de las víctimas" pasa por que el Estado reconozca la "perversidad de la ley" y esto conlleva, "como mínimo, tenerla que modificar". El actual portavoz republicano en Madrid, Gabriel Rufián, ha afirmado que el PSOE no quiere hacerlo porque implicaría reconocer que la ley de 1977 fue un "error".

Resarcimiento económico

Además de esto, los dos partidos de gobierno también modifican en la ley la posibilidad de que las víctimas puedan ser resarcidas de los bienes confiscados y las sanciones económicas por razones políticas, ideológicas de conciencia o creencia religiosa. ERC critica que se cambie este punto y no el que habla de la “ilegitimidad” de los órganos y tribunales del régimen. Los republicanos quieren que se declare “ilegal” y que esto conlleve una responsabilidad patrimonial para el Estado a la que el ejecutivo se niega.

Los socialistas quieren aprobar la ley de memoria democrática con ERC, que sobre esta cuestión ha mantenido una posición muy ambiciosa desde que los últimos años en el Congreso se ha intentado hacer evolucionar la ley de memoria que en su día se aprobó bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes de la formación admiten que la nueva norma impulsada desde el ministerio que lidera Félix Bolaños va más allá que todos los proyectos anteriores, pero no es suficiente.

La derogación parcial de la ley de amnistía y declarar ilegal el régimen con objeto de resarcir patrimonialmente a las víctimas son los dos puntos fundamentales para ERC –y el resto de fuerzas soberanistas del Congreso– y, si no se corrigen, instarán al gobierno a aprobar la ley con Cs. La formación naranja, sin embargo, exige que se retire la enmienda sobre la ley de amnistía. Fuentes gubernamentales admiten que la modificación se impulsó para conseguir el consenso con algunos grupos -sin mencionarlo, ha dado a entender que se trata de Unidas Podemos- y, de hecho, hay ministros que ven desacertada la enmienda.

Valle de Cuelgamuros

Además, el PSOE y Unidas Podemos plantean recuperar el nombre de Valle de Cuelgamuros en lugar de Valle de los Caídos. En el marco simbólico, los partidos del gobierno español también apuestan por que retratos y representaciones artísticas de personas vinculadas a la represión franquista no se puedan mostrar en lugares representativos ni áreas de acceso al público. También se busca completar el procedimiento de revocación de las distinciones honoríficas a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como suprimir los títulos nobiliarios concedidos a 33 personajes del régimen, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo y Queipo de Llano.

Otro de los puntos que marcan el debate sobre la ley de memoria democrática es si la consideración de víctimas se limita al inicio de la etapa constitucional o bien se extiende hasta el 31 de diciembre de 1982, para cubrir a las personas represaliadas durante la Transición. En rueda de prensa, la diputada de Unidas Podemos Martina Velarde ha celebrado que con sus enmiendas "se amplía el censo de víctimas", si bien en el artículo 3, que es el que determina la consideración de víctimas, no se plantea ningún cambio. El PSOE y Unidas Podemos solo lo sitúan en una disposición adicional que prevé la creación de una comisión técnica que estudie supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha durante la etapa de la consolidación de la democracia, hasta el 31 de diciembre de 1982, y "que señale posibles vías de reconocimiento".