Àlex Romaguera: "A las víctimas de los cuerpos de seguridad se les ha negado la reparación"

BarcelonaDe Merçona Puig Antich a Pili Zabala pasando por Rosa Lluch, Guillem Agulló o Pilar Manjón. El periodista Àlex Romaguera da voz a Víctimes en so de pau (Pagès Editors) a una quincena de personas que han perdido a un familiar por la violencia política en el Estado ya sea por acciones de los GAL, de ETA, del yihadismo o de la extrema derecha. A todas las une su compromiso con buscar la reconciliación para evitar más muertos.

La idea del libro surge de una conversación con Maixabel Lasa.

— Fue en 2011, cuando era directora de la Oficina Vasca de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo y estaba impulsando los encuentros restaurativos entre familiares de víctimas de ETA y los victimarios que, desde la antigua prisión de Nanclares de la Oca, querían mostrarles el arrepentimiento por el daño causado. Su testimonio me empujó a hablar de aquellos familiares que, como Lasa, se han posicionado a favor de reconocer todas las violencias y explorar el diálogo como vía para resolver los conflictos.

Ella empatizó con sus verdugos. Todos los familiares que aparecen en el libro tienen en común que su discurso supera la confrontación y apuesta por la reconciliación.

— Quiero desconstruir la mirada unívoca sobre las víctimas que ofrece la AVT, Covite y otras asociaciones de víctimas copadas por la derecha. Una posición que no se corresponde con la realidad, puesto que muchas de ellas, como las que aparecen en el libro, comparten el hecho de que han transformado su dolorosa vivencia en un estímulo para contribuir a una sociedad más justa, humana y en paz. Coinciden, pues, en reclamar respeto por todo el mundo al que se le han vulnerado los derechos y medidas para que no se repitan episodios similares.

¿Muchas denuncian que no hayan sido reparadas y reconocidas por el Estado? ¿Sobre todo las víctimas de los GAL?

— Sin duda. Mientras que las víctimas de ETA, los Grapo u otras bandas que se oponían al orden establecido han recibido la atención y el reconocimiento que les correspondía, a las provocadas por los cuerpos de seguridad se les ha negado el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. De hecho, la ley estatal de víctimas del terrorismo del 1999 –y su posterior reforma del 2011– las excluye como víctimas oficiales, de forma que no pueden acogerse a ayudas previstas de tipo psicológico o material. Todavía hay 500 asesinatos cometidos por la Policía Armada, la Guardia Civil y grupos parapoliciales que operaban en la Transición que se tienen que investigar. Y lo mismo en cuanto a los GAL, de los que algunas víctimas no han sido consideradas como tales o han quedado al margen de las compensaciones. Es el caso de los familiares de Joxi Lasa y Joxean Zabala, torturados y asesinados en 1983.

Rosa Rodero –mujer del jefe de la Ertzaintza asesinado por ETA en 1993, Joseba Goikoetxea– dice en el libro: “Solo cuando ETA empezó a asesinar a políticos nos tuvieron en cuenta”. ¿Es común esta sensación de desatención entre las víctimas?

— Todas ponen de manifiesto que, así como los políticos y altas autoridades del Estado se han tratado como víctimas de primera, otras no han tenido la misma consideración porque no ostentaban ningún cargo público o, sencillamente, por las ideas que defendían. Aquí encontraríamos a agentes policiales, población civil o activistas que se han rebelado contra el Estado, de los cuales la administración no se ha dignado a investigar la muerte ni, todavía menos, a detener y encausar a sus verdugos.

Las víctimas del Hipercor también se quejan de esta desatención y denuncian que la legislación prevé que si durante un año no has tenido un reconocimiento médico, ya no tienes derecho a ser reconocido como víctima. ¿Por qué no se ha cambiado esta ley?

— A las víctimas se las ha querido englobar como un todo y convertirlas en un arma arrojadiza para desgastar al adversario. Lo continúan haciendo la derecha y la AVT cuando tienen la ocasión, en lugar de poner los medios para que reciban la ayuda que se merecen. De aquí la creación de la Unidad de Atención y Valoración de Afectados por el Terrorismo (UAVAT), que varias víctimas crearon en 2017 a raíz de los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils con el objetivo de atender las diferentes casuísticas.

Las víctimas dicen que “para lograr la convivencia se tiene que romper con una estructura del Estado que ahora no lo permite” y que mantiene leyes como la de amnistía, la de secreto oficial o la de memoria democrática.

— Forman parte del modelo de olvido con el que se construyó la Transición. Una serie de dispositivos que, como han reiterado la ONU y Amnistía Internacional, exoneran a los criminales del franquismo y vetan la desclasificación de episodios tan graves como la ejecución de Salvador Puig Antich y otros crímenes de estado. Mientras esta arquitectura institucional no se derogue, continuaremos con un marco de impunidad que impide avanzar en el terreno de la verdad, la justicia y una reparación justa.