Ximo Puig, el nuevo gran enemigo del centralismo español

ValenciaHa sido acusado de "madrileñofóbico" por el consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, de victimista que quiere "disimular sus propios errores" por el portavoz del ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, Enrique Ossorio, y de fomentar "agravios insensatos", según palabras de la misma presidenta madrileña. El presidente valenciano, Ximo Puig, se ha convertido en el nuevo gran enemigo del centralismo español, especialmente molesto por su propuesta de crear un impuesto específico –u otra "herramienta" equivalente– que grabe las rentas altas de la Comunidad de Madrid y que compense los beneficios que tiene la capitalidad respecto a otros territorios.

Protagonista de un debate que también confronta dos modelos de gestión, el madrileño –basado en la desregulación económica y la defensa de la unidad de España en el aspecto ideológico–, y el valenciano, centrado en el fortalecimiento del sistema público y el impulso de un modelo federal basado en la "cogobernanza", las críticas a Puig han situado al dirigente socialista en el epicentro de una batalla política de la que puede salir debilitado o convertido en el gran símbolo de la España reformista. Es como si el País Valenciano se hubiera añadido a Catalunya y Euskadi en el club de los "enemigos de la patria", usando palabras del presidente de Vox, Santiago Abascal.

A pesar la presión recibida, uno de los principales colaboradores de Ximo Puig confirma al ARA que la consigna del jefe del Consell es no retroceder y continuar reclamando la transformación del actual estado autonómico en uno federal y la actualización del modelo de la financiación. "Nosotros defendemos los intereses de los valencianos y en esto no vamos a parar", insiste el alto cargo de la Generalitat Valenciana.

A pesar de que el debate lo ha desatado la reciente propuesta de Puig sobre la aprobación de alguna medida que compense los beneficios que tiene Madrid por ser capital del Estado, las iniciativas regeneradoras del ejecutivo valenciano no son nuevas. El mejor ejemplo es la propuesta de reforma de la Constitución que el Consell elaboró en 2018. Se trata del único texto redactado por un ejecutivo autonómico con este objetivo, a pesar de que, tal y como se quejan desde el ejecutivo, pasó desapercibido "como todo lo que no ocurre o es dicho en Barcelona y Madrid".

A pesar de que Puig sea la cabeza visible, la enmienda al centralismo español es una estrategia compartida por el conjunto del gobierno valenciano, especialmente por Comprmís. En este sentido, hay que destacar las críticas de la vicepresidenta, Mónica Oltra, que ha calificado Madrid de "agujero negro en medio de España que empobrece al resto". No se ha quedado atrás Puig, que ha acusado a la Comunidad de Madrid de ser "una aspiradora que absorbe recursos, población, funcionarios estatales y redes de influencia". Para construir este argumentario, el Consell se basa en los datos publicados por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), según los que el 87% de la contratación pública en el Estado lo hacen organismos de Madrid y el 64% de los contratos de esta índole se hacen a empresas que tienen sede en la capital española.

Francina Armengol, ¿la gran aliada?

En el largo camino de la reivindicación federal, y atendida la inhibición de un gobierno catalán centrado en pactar con el Estado la celebración de un referéndum de autodeterminación, el Consell cuenta con un importante compañero de viaje: el ejecutivo balear, que encabeza Francina Armengol. De hecho, el político de Morella y la dirigente de Inca son los dos únicos barones del PSOE que han defendido los indultos a los políticos encarcelados durante el Procés. Más reticente se ha mostrado la presidenta de les Illes a la hora de compartir las críticas al estatus político y económico de la Comunidad de Madrid, y ha evitado apoyar públicamente a Puig.

En busca de más apoyos en el plano reformista, en este caso, en la pata financiera, el presidente valenciano viajará en septiembre a Andalucía, donde se reunirá con el popular Juan Manuel Moreno Bonilla. "Se trata de impulsar una solución definitiva a la cuestión de la financiación", avanzó Puig, que se ha felicitado porque en los últimos meses el gobierno español ha asumido el criterio de población para repartir fondos y ayudas para mitigar los impactos del coronavirus. "Es un gran precedente que puede abrir un nuevo camino", reconocen desde el Palau de la Generalitat, donde se felicitan porque el jefe del Consell ha sabido reconducir su distante relación inicial con el presidente español, Pedro Sánchez, después de que el valenciano apoyara a Susana Díaz en las primarias socialistas.

Complicidades y sintonías a parte, el factor que explica más bien los movimientos de Ximo Puig es la necesidad económica de un País Valenciano que es el territorio más perjudicado por el actual sistema de financiación. Con una falta de recursos que el Consell cifra en 1.300 millones anuales y una deuda de 50.000 millones, el dirigente socialista necesita demostrar a sus socios de gobierno, particularmente a Compromís, que no suaviza el tono a pesar de que en la Moncloa haya pasado de gobernar el Partido Popular a PSOE y Unidas Podemos. Para que no se olvide de esta premisa, Mónica Oltra no se ahorra de repetir siempre que puede una consigna: "Lo que valía para Montoro [anterior ministro de Hacienda ] vale para Montero [actual ministra]". Un recordatorio que incomoda al político del PSPV, que ha recibido con esperanza el anuncio hecho por el gobierno español que en noviembre presentará una parte de la propuesta de reforma del modelo de financiación y que la actualización del sistema se basará en el criterio de la población ajustada. "Es una magnífica noticia", se felicitó un aliviado Puig, contento de recoger los primeros frutos de una estrategia reivindicativa que también le puede allanar el camino de la reelección.