Un 15% de las plazas de juez y magistrado en Cataluña están vacías. De las 871 plazas, 132 no están asignadas al margen de otras circunstancias como bajas médicas o permisos. Por ello, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha pedido este miércoles al ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que convoquen urgentemente oposiciones extraordinarias, más allá de las 120 plazas anuales de media que suelen ofrecerse para todo el Estado. Ante los anuncios políticos para crear más plazas judiciales –91 para Cataluña este año– la presidenta del TSJC, Mercè Caso, ha reclamado que lo que hace falta es que haya más jueces para ocupar estos puestos: "Si no, tendremos sillas, pero no suficientes jueces para llenarlas".

Durante el último año ha llegado a los juzgados una nueva especialización, centrada en investigar los delitos en los que las víctimas son niños o adolescentes. Esto ha planteado varias dudas sobre los límites de sus competencias, y todavía es motivo de discrepancia entre la judicatura y la Fiscalía. La ley que diseñó esta especialidad no concretaba, por ejemplo, si las agresiones sexuales a niñas deben recaer en estos nuevos tribunales o bien en los de violencia sobre la mujer, a los que la misma reforma judicial adjudicaba la competencia sobre todos los delitos sexuales. La reforma tampoco estipulaba quién debe hacerse cargo de las agresiones sexuales a niñas que se denuncian años después, cuando las víctimas son ya adultas, como plantea ahora una magistrada de Barcelona en un auto al que ha tenido acceso el ARA.

Hace unas semanas, el ministerio de Justicia anunció una ampliación "histórica" ​​de la plantilla de jueces para crear este año 500 plazas nuevas en todo el Estado, de las cuales 91 en Cataluña. Sin embargo, quedaba pendiente concretar cómo se distribuirían estos nuevos sitios. La propuesta inicial del gobierno español no acabó de hacer el peso ni en el departamento de Justicia ni en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ahora han presentado idénticas enmiendas. "Auguramos que estas propuestas serán atendidas por el ministerio", ha valorado el consejero de Justicia, Ramon Espadaler.

La Fiscalía espera que la mayoría de las víctimas de la macroestafa inmobilaria con más de un centenar de afectados puedan recuperar su casa. El lunes, los 17 implicados en el engaño aceptaron condenas que van hasta los cuatro años y siete meses de cárcel –las más altas, para un abogado y un notario– y durante la próxima semana se dirimirá cómo se resuelven las responsabilidades civiles del caso. En los casos en que las víctimas no puedan recuperar sus inmuebles, la Fiscalía ha pedido que se les indemnice con el valor actual de los pisos.

"El conocimiento, sin contactos, se queda en el aula". De esta forma presenta Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias el Pequeño Nicolás, su enésima peripecia: un curso online en el que ofrece a sus acólitos formación para convertirse en él. Bajo el título de Mr. Presidente, en este "programa de entrenamiento" Francisco Nicolás promete enseñarles a manipular "los hilos invisibles" del poder que se mueve en la tribuna del Bernabéu, en cenas privadas con las élites y en consejos de administración de grandes empresas. Y todo por el precio de 600 euros –560 para quienes le reservasen antes de que empezara, el 19 de enero–. Impuestos incluidos.

El juez del caso Montoro da un paso más en la investigación. El titular de la plaza número 2 del tribunal de instancia de Tarragona, que instruye a la presunta trama de favores fiscales a empresas desde el ministerio de Hacienda a cambio de beneficios económicos, ha reclamado toda una serie de documentación al exministro del PP ya las empresas bajo la lupa. En un auto con el que también prorroga la instrucción otros seis meses, el juez Rubén Rus accede a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y requiere a la policía judicial toda una serie de información, entre la que se encuentran las escrituras de constitución y disolución del régimen económico matrimonial de una serie de investigados, como el propio Montoro.

La paciente del hospital de Bellvitge con un trastorno de anorexia que denunció a un celador por abusar de ella se ha ratificado con los diversos episodios de agresiones sexuales que asegura que sufrió. Lo ha hecho este lunes, durante la primera y última sesión del juicio que se celebró en la Audiencia de Barcelona. A su vez, el celador, sentado en el banquillo, negó los hechos y dijo que nunca llegó a tener contacto físico con la paciente, ingresada en la unidad de trastornos de conducta alimentaria (TCA) de Bellvitge, un centro del Instituto Catalán de la Salud (ICS) de la Generalitat de Cataluña. Al término del juicio, la Fiscalía ha pedido una condena de nueve años de cárcel para el trabajador, una petición que la acusación particular, que representa a la denunciante, ha elevado a diez. A su vez, la defensa del acusado ha pedido su absolución. El representante del ICS también ha negado su culpabilidad.

El ministerio de Justicia ha anunciado este lunes que creará este año 500 plazas nuevas de juez en el Estado, de las que 91 estarán en Catalunya. Así, el incremento de plazas en toda España será de un 8,5% de media, y en Catalunya del 10,5%: de 870 jueces y magistrados se pasará a 960. El ministerio ha explicado que se trata de "la mayor ampliación de la planta judicial de la historia". En cuanto al impacto en Catalunya, el consejero de Justicia de la Generalitat, Ramon Espadaler, ha celebrado que la medida "pone fin al déficit histórico de carencia de plazas" y nivela la cifra catalana en la media estatal de jueces por habitante. Para ilustrar lo que supone este anuncio, Espadaler ha recordado que en los últimos 10 años se habían creado 65 plazas judiciales en Cataluña.

El jefe de oncología de laHospital Vall d'Hebron de Barcelona, ​​Josep Tabernero, se ha desvinculado este jueves de la creación de las sociedades que el empresario químico y mecenas Pere Mir tejió en Panamá antes de su muerte, en el 2017. El especialista ha declarado como investigado en el juzgado que instruye la causa por administración desleal y apropiación indebida y que ha asegurado que se quedó con la casa "la última voluntad de Mir". También ha remarcado que el mecenas expresó verbalmente esta decisión y que el dinero que percibió corresponde a los impuestos que tuvo que pagar por hacer efectiva esta donación.

Miembros de la plana mayor de Junts per Catalunya han desfilado este miércoles por la Ciudad de la Justicia. La cita estaba relacionada directamente con un caso que sacudió el partido hace cinco años: la formación suspendió de militancia a su diputado Eduard Pujol por dos supuestos casos de acoso sexual que afloraron. Ninguna de las dos mujeres acabó interponiendo una denuncia formal y Pujol respondió denunciándolas a ellas. Con el paso de los meses, el partido le restituyó y ahora Pujol es senador de los junteros. En paralelo, una de sus acusadoras, concejala de la formación, le pidió perdón y la causa judicial no fue a más. El caso de la segunda denunciante sí ha llegado a juicio, y ha comenzado en la Ciudad de la Justicia. La mujer está acusada de injurias y acoso y este miércoles ha declarado, junto al propio Pujol y algunos miembros destacados de Junts como Albert Batet o Jordi Sànchez.

Daniel Escribano (Palma, 1978) es doctor en sociología y traductor. Ha publicado Juicios políticos bajo la democracia militante española (Documenta Balear), en la que analiza cuatro procesos judiciales: la condena al senador de Batasuna Miguel Castells por señalar al gobierno por la guerra sucia contra ETA, el caso del asedio al Parlament en el 2011, la causa contra Valtónic y la represión judicial al Proceso.

Era un martes de febrero de 2007 y unos clientes entraron en la zapatería Acín de Sabadell. Vieron que todo estaba revuelto. En el suelo estaba extendida la dependienta ensangrentada. Estaba muerta. Dieciocho años después, los Mossos están más cerca de resolver el crimen. La Unidad Central de Homicidios, encargada de los asesinatos más difíciles de resolver, nunca ha dejado de investigar el caso y ha acabado encontrando pruebas contra un fontanero de 78 años. Este miércoles el hombre compareció ante el juzgado de instrucción número 5 de Sabadell, quedando en libertad con cargos –la edad fue importante a la hora de tomar la decisión–, pero se le retiró el pasaporte y deberá presentarse cada semana en el juzgado. Se lo investiga por un delito de asesinato con alevosía.

Bibiana Palomar lleva años moviéndose entre papeles. Antes entre cajas y archivadores, ahora más a menudo frente a pantallas. Lidera un equipo que se encarga de un trabajo imprescindible, pero poco conocido, del ámbito judicial: adecentar la multitud de documentos que genera la administración de justicia, no sólo papeles, sino también los efectos judiciales que se utilizan como prueba en un juicio.

Un día después de la salida de prisión de Santos Cerdán, el PSOE ensancha las distancias con las que va su número tres con el objetivo de blindarse ante la presunta trama de corrupción. Así lo ha evidenciado este jueves el ministro Félix Bolaños, quien ha afirmado que el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aporta "indicios sólidos" contra el ex secretario de organización socialista. "Hay muchas cuestiones que son claras –añadió el también ministro Ángel Víctor Torres–. Si [Cerdán]afirma que hay pruebas de que son mentira, lo tendrá que demostrar", ha añadido en Catalunya Ràdio. El exnúmero tres socialista tendrá una oportunidad de explicarse en diciembre en la comisión de investigación del caso en el Senado. El PP ha aprovechado su salida de la cárcel para anunciar que le citará. "Como ahora está en libertad y tiene tiempo", ironizó la portavoz popular en la cámara. que hizo declaraciones a los medios de comunicación en el marco de un acto en Madrid esta mañana, aseguró que en Ferraz están "muy decepcionados e impactados" con las novedades sobre el caso cuando le preguntaron sobre las supuestas comisiones del 2% que, según la UCO, recibía a Cerdán a cambio de adjudicaciones de obra pública en Acciona. teníamos la información que tenemos. Si lo hubiéramos tenido, habríamos tenido otro comportamiento", remachó. Quien también se mostró "en choque" por las revelaciones sobre Cerdán es quien era su número dos en la secretaría de organización del PSOE, Juanfran Serrano. El PP también lo ha convocado en el Senado. En su caso ya ha fijado fecha y será el jueves 4 de diciembre. admitió que las últimas informaciones sobre el caso hacen "daño" al partido, pero han reivindicado la rapidez y "contundencia" en sus actuaciones en relación con la trama. no afectaba al partido, sino que era una trama de personas concretas", ha dicho Bolaños. Y ha añadido: "Estamos absolutamente seguros de que no hay ninguna financiación irregular".

Un juzgado de Barcelona ha absuelto a Paco Peral, el padre de Rosa Peral, en la causa en la que estaba acusado de mentir para encubrirla cuando se le estaba investigando por el crimen de la Guardia Urbana. La sentencia constata que el hombre mintió a los Mossos d'Esquadra que se encargaban del caso, pero descarta una condena porque el engaño no tuvo influencia alguna a la hora de determinar la culpabilidad de su hija. El exagente de la Urbana Rosa Peral cumple condena por el asesinato en el 2017 de quien era su pareja, el también agente Pedro Rodríguez, cometido junto a su amante y compañero de patrulla, Albert López.

¿Leire Díez ofrecía beneficios judiciales a cambio de trapos sucios sobre los investigadores de la Guardia Civil? Y si es así, ¿actuaba en nombre del PSOE? ¿A las órdenes de quién actuaba? Aunque tanto ella como los socialistas niegan que la periodista y ex militante trabajara para el partido, un nuevo audio apunta en dirección contraria. Según la grabación de una conversación que mantuvo con el fiscal Ignacio Stampa, y que en las últimas horas han adelantado a medios como El País y El Mundo, Díez se presentaba como "la persona que ha puesto al PSOE" y, más concretamente, como la "mano derecha" de Santos Cerdán, ex número tres del partido y ahora investigado –y en prisión preventiva– en el marco del caso Koldo.

El ADN de Ana Echaguibel, la última investigada por el asesinato de Helena Jubany en el 2001 en Sabadell, no aparece en el jersey que llevó a la víctima el día de su muerte, según ha informado la familia Jubany en un comunicado. Echaguibel ya fue investigada por este crimen en el 2003, pero la causa se acabó archivando para ella.

Oriol Pujol, hijo del expresidente de la Generalitat, ha roto el silencio después de once años y pocas semanas antes del juicio a la familia por organización criminal, que arranca el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional. "Mi padre quiere ir al juicio", ha asegurado en una entrevista en El Matí de Catalunya Ràdio. Admitió que quien fue jefe del Gobierno durante 23 años tiene problemas cognitivos, tal y como publicó El Periódico, que tiene algún "problema de habla" y que "le cuesta recordar nombres de los hijos o de los nietos". Pero dejó claro que "no es un hombre inservible o que sea necesario inhabilitar", y aclaró que su objetivo es poder participar en el juicio telemáticamente, sin necesidad de desplazarse a Madrid.

"Es difícil mantenerse al margen de los señores de la droga, siguen teniendo mucha influencia. Hay gente que se une por miedo. Son intocables. Querían que trabajara para ellos, y yo me negué". El estibador del Puerto de Barcelona Carlos L. ha declarado este martes en un juicio que él vive como víctima: cuatro hombres, dos de ellos agentes de los Mossos d'Esquadra, se sientan en el banquillo de los acusados ​​por haber puesto droga y armas en su coche en 2016 e intentarlo involucrar en un delito. Los hechos se juzgan en una sala pequeña de la Audiencia de Barcelona y Carlos L. ha hablado a menos de un metro de los cuatro acusados. "No, yo no los conocía", afirmó mientras repasaba, uno a uno, a los cuatro hombres. Uno de ellos respondió también negando con la cabeza.

La Audiencia de Barcelona ha anulado la intervención judicial de las fundaciones científicas Cellex y Mir Puig que en abril ordenó el juzgado que investiga presuntas irregularidades en la gestión del patrimonio del químico Pere Mir, creador de ambas entidades, y que a su muerte en el 2017 dejó en su testamento a tres responsables de gestionar su legado. Se trata del oncólogo Josep Tabernero, el que era presidente de los patronatos ambas fundaciones, Jordi Segarra, y el abogado Juan Francisco Capellas.