Sale de la tienda de campaña que, alrededor del mediodía ya debe ser un horno en el interior. “No problems, no policia”, dice mientras mira a uno y otro lado. Desde la decena de tiendas que hay en este rincón de la ronda del Litoral, entre L'Hospitalet y Barcelona, nadie saca la cabeza al oír una voz extraña. En la puerta de cada una hay zapatillas y chanclas de piscina que delatan que los propietarios han preferido continuar ajenos a lo que pasa fuera y evitar problemas. Les da miedo que hacerse visibles les obligue a trasladarse otra vez. Este grupo se ha instalado en un descampado entre carreteras, provenientes de los desalojos del aeropuerto, la Ciutadella y la Zona Franca. “Buscan la periferia”, ilustran desde las entidades, que apuntan que optan por pasar más desapercibidos ante la policía y también de los vecinos.

Entre Girona y Salt, en una masía a medio construir, malviven una veintena de chicos africanos, originarios de países como Gambia, Senegal, Mauritania y Mali. La casa no tiene luz ni agua. Tampoco puertas ni ventanas en las aberturas y, en el interior, solo está la estructura de las paredes maestras. Los jóvenes han improvisado compartimentos con cartones y telas donde duermen con colchones, mantas y tiendas de campaña. En medio del edificio hay una escalera sin paredes ni barandilla, con una caída al vacío muy peligrosa, sobre todo por la noche. Cocinan en una sala con fuego de leña en el suelo o con hornillos de gas, se duchan con garrafas de la fuente y no tienen lavabos.

Manuel Heredia se levanta cada día a las 5 de la mañana para ir al trabajo. Se lava la cara y los dientes, se recoge el pelo, coge el tren y a las 6.20 horas ya entra por la puerta de la empresa. Ocho horas después, se ducha y hace el camino a la inversa. Hasta el día siguiente. Es la misma rutina de tantos y tantos trabajadores, pero la particularidad de Heredia es que vive en la calle, una excepcionalidad cada vez más normalizada, alertan las entidades sociales. El informe FOESSA de Càritas estima que en Cataluña 1,4 millones de trabajadores son pobres.

Ya han pasado más de cuatro años de la muerte de Munir y Jéssica en el barrio de barracas de Montcada i Reixac. En este tiempo, sin embargo, la situación del asentamiento no ha cambiado en absoluto y sus habitantes continúan malviviendo entre el río Besòs y la carretera BV-5001, invisibles a ojos de las administraciones a pesar de la tragedia. Aquel día de enero de 2022 hacía frío, la pareja encendió un fuego para calentarse y murieron asfixiados dentro de su infravivienda, dejando tres criaturas huérfanas. La llegada de un nuevo verano no mejora la perspectiva de los vecinos, ya que con el aumento de las temperaturas deben buscar refugio fuera de la barraca —construida con chapa o materiales poco resistentes— cuando el sol aprieta más y hace que el ambiente en el interior sea irrespirable. Es el caso de un hombre que descansa a la sombra sin camiseta. No quiere decir su nombre, ni que le hagan fotografías y le entrevisten, está cansado de denunciar la situación y enfadado por la falta de ayuda que han recibido: "Murieron allí al lado y todo sigue igual; no quiero hablar con vosotros porque no servirá de nada".

El Ayuntamiento de Badalona ha instalado una veintena de bloques de hormigón bajo el puente de la autopista C-31, justo donde hasta hace pocos días malvivían en tiendas de campaña decenas de personas sin hogar, la mayoría provenientes de el antiguo Instituto B9. El 24 de marzo el consistorio que dirige el popular Xavier García Albiol ordenó el desalojo del asentamiento con la justificación de que era una medida temporal por la necesidad de limpiar y sanear el espacio, ocupado desde finales del mes de diciembre del año pasado. Dijo, sin embargo, que una vez pasado el efecto tóxico de los productos utilizados permitiría que se volviera a ocupar. Ahora, sin embargo, una brigada municipal ha bloqueado totalmente el acceso al lugar, que vigila una patrulla de la Guardia Urbana, según informa la ACN.

Un tosco, el susurro de dos voces o un hilo de música por la noche, en horas en las que el edificio es un desierto, pone en alerta a los vecinos. La sorpresa llegará a plena luz del día, cuando suba los escalones que van del quinto al sexto y último piso de la escalera. Allí justo frente a la puerta blindada de acceso a la azotea hay un minúsculo colchón encajonado y una pequeña mochila que los residentes esporádicos de la noche anterior han dejado antes de salir cuando aún reina el silencio en la finca. Por la noche, volverán sin hacer ruido e intentando pasar desapercibidos. La escena está en una comunidad del barrio barcelonés de Sants que ha decidido en asamblea cerrar el tramo final de la escalera con una verja.

La Generalitat puso punto y final al proceso de realojamiento de los expulsados ​​del antiguo instituto del B9 de Badalona pocas horas antes de acabar en el 2025, y ha anunciado la apertura de una "nueva fase" en el dispositivo de emergencia que impulsa el departamento de Derechos Sociales e Inclusión en colaboración con las entidades sociales. A partir de ahora, según apuntan fuentes de la conselleria, serán los servicios sociales del Ayuntamiento de Badalona los encargados de garantizar el seguimiento y realizar las nuevas derivaciones de la cuarentena de personas que todavía siguen durmiendo bajo el puente de la C-31.

También en Navidad, el activista Carlos Sagués ha estado de aquí para allá, visitando a las decenas de personas que, tras ser desalojadas del B9 de Badalona, ​​siguen malviviendo bajo el puente de la autopista C-31. A su pesar, Sagués es la cara visible de Badalona Acull, el paraguas de entidades sociales de la ciudad, cuyos voluntarios ponen horas, esfuerzos físicos y emocionales para la atención de este colectivo. Todo ello sin ayudas ni subvenciones públicas. La de los ocupantes del antiguo instituto despejado por orden judicial a principios de este mes no es la única causa de Sagués, ya que lleva años brillando por evitar desahucios de los vecinos de Sant Roc.

Dos concentraciones de posiciones a favor y en contra de la acogida de los desalojados del instituto B9 de Badalona se han enfrentado este lunes por la tarde frente a las puertas del albergue municipal que se cerró, hace casi dos años, en el barrio de Montigalà. Por un lado, cientos de activistas convocados por el Sindicato Socialista de la Vivienda han defendido la atención humanitaria hacia el colectivo de jóvenes migrantes, una decena de los cuales ocupa este servicio desde que se quedaron en la calle hace una semana. Separados por un cordón de antidisturbios de los Mossos d'Esquadra, unas 300 personas han exigido con gritos racistas que se les eche de Can Bofí Vell y no se les dé techo.

La oposición de un puñado de vecinos de Badalona ha hecho descarrilar el dispositivo de emergencia para acoger a 15 de las personas desalojadas el miércoles del Instituto B9. El grupo, de unas pocas decenas de personas, ha bloqueado la entrada de la parroquia Nuestra Señora de Montserrat de Badalona para impedir que se pusiera en marcha el plan pactado entre las entidades sociales y el departamento de Derechos Sociales e Inclusión para atender a varios jóvenes especialmente vulnerables de los expulsados. Pero a falta de unos minutos para las 8 de la tarde –la hora de apertura prevista– los que protestaban se han plantado al grito de "no pasarán". Y finalmente, Cáritas y Cruz Roja han decidido detener el plan inicial y han trasladado a algunos de los jóvenes subsaharianos a otros centros de acogida para pasar la noche.

Se han levantado a una hora inusualmente tarde teniendo en cuenta que son dos jóvenes subsaharianos que sobrevivían en el antiguo Instituto B9 de Badalona, ​​desalojado el pasado miércoles. "El nuestro cuerpo ha descansado por primera vez en mucho tiempo, porque en la calle es difícil estar relajado y el frío no te deja dormir", explica Abdu Ngom, senegalés de la ciudad de Saint Louis, de 30 años, sentado en un sofá en la casa de Ángela Valeiras. Ante la "inacción de las administraciones", esta médica jubilada ha decidido pasar a la acción y, como crisis humanitaria de ver al raso a 200 jóvenes, acoge desde la noche del viernes Ngom y Serigne Babacar, otro senegalés de 24 años. "A los que me dicen que hago buenismo, yo les digo que si lo contrario es el malismo, a mí siempre me encontrarán junto a los bonos", exclama Valeiras.

Con un poco de suerte, la de este sábado será la última noche que Amadou y sus amigos pasen al raso. Toman un té caliente frente al esparcimiento de tiendas de campaña que medio centenar de expulsados ​​del antiguo instituto B9 de Badalona han plantado bajo el puente de la autopista C-31, después de que la Guardia Urbana les echara el día anterior de la calle donde se habían instalado una vez desalojados. "No sabemos lo que será de nosotros, pero eso es muy duro", se lamenta este joven.

Unas 400.000 personas del área metropolitana de Barcelona viven en hacinamiento, en habitaciones realquiladas y pisos compartidos. A partir del último informe FOESSA con datos de 2024, Cáritas Barcelona detalla que en las ciudades incluidas en esta diócesis, la precariedad social es más alta que en el conjunto de Cataluña y el Estado, aunque la mejora económica y las ayudas sociales han hecho disminuir la pobreza extrema a la mitad (6%) respecto a los datos del mismo estudio de 2018.

Ayuntamientos catalanes han lanzado un grito de socorro para que la Generalitat no los deje solos a la hora de atender a las personas que viven en la calle. Aunque no existe un censo oficial que ponga cifras al sinhogarismo, se ha constatado que es un fenómeno que ya sobrepasa la corona metropolitana y se extiende por localidades pequeñas de todo el país. Los consistorios comparten que, hoy por hoy, la problemática no cuenta con recursos económicos suficientes.

En los últimos dos años, el número de personas que duermen en las calles de Barcelona ha crecido en un 43%. Los 600 voluntarios de Arrels Fundació que la semana pasada hicieron un recuento por la ciudad han contabilizado 1.982 personas que pasaban la noche al raso sobre unos cartones o colchones en una plaza, debajo de un portal o en un rincón de un jardín. La cifra es "de mínimos", admite la directora de la entidad, Bea Fernández, ya que no se tiene en cuenta a los residentes en asentamientos cerrados, naves ocupadas ni tampoco a los que se alojaban en el centro abierto en invierno, que tiene 100 plazas. Además, en el aeropuerto de El Prat se localizaron 63 personas en torno a las terminales. "Se ha incluido sólo a las personas que hemos visto, pero no a las que no hemos visto", ha indicado la responsable, que ha reclamado "más coordinación" entre administraciones y departamentos para poder dar una mejor atención.

Con el objetivo de contar a las personas que duermen al raso en Barcelona, ​​más de 600 voluntarios de Arrels Fundació se han distribuido por todos los distritos de la ciudad este miércoles por la noche en grupos de 15, con bolígrafo, papel y un mapa de la zona que les tocaba examinar. Por cada persona localizada, una cruceta en el plano y una entrada a la aplicación que la entidad ha creado para ese día. Aunque los resultados no se conocerán hasta dentro de unos días, cuando se hayan pulido las posibles duplicaciones, en la entidad referente de la atención al sinhogarismo nadie duda de que se superará la cifra de las 1.384 personas del último recuento, hace dos años. De hecho, este año, el Ayuntamiento de Barcelona estima que son 1.500, sin contar las que tienen un techo en un centro de acogida, hostal social o albergue de emergencia. "Este año los datos serán dramáticos", augura José Luis, uno de los voluntarios.

La pérdida de la vivienda es la principal causa del sinhogarismo. Hasta un 62% de las personas que viven al raso, en infraviviendas o en hostales sociales han llegado por un problema de acceso a un techo digno, por delante de las que han llegado la falta de trabajo o por las adicciones u otras circunstancias. Son datos que este lunes ha presentado el grupo de investigadores convocados por el Comité de Expertos para la Transformación y la Innovación Social (CETIS) para intentar analizar una situación "cambiante, diversa, dinámica y con frecuencia invisible", en palabras de la vocal del grupo, el economista de la UPF Libertad González.

Al día siguiente del incendio que causó dos heridos leves, la Guardia Urbana desplegó este miércoles por la mañana un dispositivo especial para desalojar los asentamientos de barracas situados debajo del puente de Calatrava de Barcelona, ​​junto a las obras de la Sagrera. El asentamiento está ubicado en la esquina entre las calles Bac de Roda y Huelva. Hasta allí, se han desplazado varios agentes –que coordinan la actuación–, así como furgones de los Mossos d'Esquadra, camiones de los Bomberos de Barcelona, ​​personal del Centro de Urgencias y Emergencias Sociales (CUESB) y de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Barcelona.

Un recuerdo para Mouad, Evgenio, Josep Maria o Brigitte. Son algunos de los nombres de las 69 personas sin hogar que han fallecido en el último año en Barcelona y que las entidades sociales han homenajeado con un emotivo acto frente a la catedral, como cada año alrededor de la celebración de Todos los Santos. Son más de 600 las personas sin hogar –que malvivían en la calle, en pensiones u otros servicios sociales, modalidades incluidas en el sinhogarismo– que han muerto en la ciudad de Barcelona desde el 2016.

No todas las personas que tienen derecho a recibir una prestación social la cobran. Algunos ni siquiera la piden porque o bien no saben que tienen derecho a ella o ni siquiera hacen la solicitud por desconocimiento. Es el fenómeno conocido como non take-up o brecha de cobertura, dejando a miles de personas vulnerables sin protección. Se calcula que en Cataluña el 79% de las familias con hijos que podrían recibir el complemento por infancia no lo reciben; el 18% de las personas que cumplen los requisitos para la renta garantizada de ciudadanía no se benefician, y un 66% de los potenciales usuarios del ingreso mínimo vital (IMV) tampoco.