"Me sorprendió mucho la integridad, la determinación de Pablo Hasél. Insistié en que me dijera en qué podía ayudarle a título personal, qué carencias tenía en prisión, pero su preocupación era sólo por el colectivo, por la erosión de las libertades. Según él, no sólo por parte de la derecha sino también de la izquierda que es cómplice de la ley mordaza, Porque no lo ha derogado cómo se había comprometido. Estaba más preocupado por las libertades civiles que por su libertad personal", explica Dominic Keown, profesor de Cambridge y presidente vitalicio del Anglo-Catalan Society. Catalanistas, integradas sobre todo por académicos implicados en la promoción del catalán en el ámbito universitario. Lo acompañaron Henry Ettinghausen, también del Anglo-Catalan Society, y Toni Strubell, del ANC. Transición. El tribunal consideró delictivo el contenido de 64 tuits y el vídeo de la canción. Juan Carlos el Bobón que Hasél había colgado en YouTube. "Me impactó su altruismo y me recordó el caso de Oscar Wilde", explica Keown. El poeta irlandés estuvo encerrado por homosexual y sus cartas también expresan una gran preocupación por los demás.

"La gracia es que para el juez mi mutilación es justa porque me expuse. ¿No es seguro manifestarse?". Éste es un fragmento de una carta de la chica que perdió un ojo por el impacto de una bala de foamde los Mossos d'Esquadra en las protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél y que su padre ha hecho pública por denunciar el archivo del caso decidido por el juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona. El 8 de mayo el magistrado cerró la investigación contra un sargento y dos escopeteros alegando que los agentes actuaron "en defensa propia", ya que estaban rodeados de "manifestantes violentos", y dando por válido que fue la víctima quien se puso "en peligro". De hecho, en la resolución, avanzada por El Periódico, Aguirre concluye que la chica (de 19 años en el momento de los hechos) "formaba parte" del grupo que tiraba objetos contundentes contra la policía, a la que compara con la kale borroka. "Si estos hechos hubieran ocurrido en el País Vasco antes de la tregua con ETA habrían sido calificados de actos terroristas", dice.

"La amnistía que hace falta es total y no parcial como la que nos venden, que deja fuera a muchas personas que hemos luchado por derechos y libertades", defendió Pablo Hasél en Catalunya Ràdio pocos días antes de que se registrara el texto de la ley. El rapero, que lleva casi tres años en prisión, criticó que la medida sólo se vincule al Procés. Sin embargo, la causa de Hasél no sólo le afecta a él, sino a todas las personas encausadas en las protestas por su encarcelamiento. Y dos jóvenes ya han sido condenados a prisión. A diferencia de los siete jóvenes sentenciados por distintas movilizaciones independentistas, a los dos no les salvará la ley de amnistía.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha desestimado este jueves el recurso que el rapero Pablo Hasél interpuso por su condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona, que le llevaron a prisión en febrero del 2021. En la sentencia, el tribunal con sede en Estrasburgo considera que la condena dictada por los tribunales españoles no fue "desproporcionada" y que el recurso del rapero "carece de fundamentos".

Después de ocho meses en prisión provisional, un juzgado ha fijado una fianza de 40.000 euros para que puedan quedar en libertad los seis detenidos que todavía están recluidos acusados de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro, en una manifestación en contra del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, el pasado 27 de febrero.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opone a la petición de la Acadèmia Catalana de la Música para que se conceda el indulto a Pablo Hasél. El ministerio público argumenta que Hasél está condenado “por múltiples hechos delictivos” y subraya que en algunos casos, “como el delito de enaltecimiento del terrorismo, hay reincidencia”. Para justificar su posición –que es preceptiva, pero no vinculante, si bien en general marca la decisión que suele tomar el consejo de ministros cuando otorga la medida de gracia–, la Fiscalía también se ampara en un informe de conducta del Centre Penitenciari de Ponent, donde está encarcelado Hasél. El texto explica que desde que el rapero entró en la prisión no se le ha abierto ningún expediente disciplinario y "siempre ha mostrado una actitud correcta y de adaptación a la normativa". Dado el buen comportamiento, el centro penitenciario le propuso iniciar un programa individual de tratamiento (PIT), pero Hasél se ha opuesto, cosa que la Fiscalía utiliza para argumentar también en contra del indulto.

Un juzgado de Barcelona investiga a dos mossos d'esquadra por la chica de 19 años a la que vaciaron el ojo hace tres meses, en la primera noche de protestas por el encarcelamiento de Pablo Hasél. Son los escopeteros que dispararon balas de foam el 16 de febrero alrededor de las ocho y media de la tarde en el cruce de la calle Bosch y la Via Augusta. El juez Joaquín Aguirre, titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona, ha admitido a trámite la querella presentada por la víctima y ha citado a declarar para el próximo 14 de junio a la chica, un testigo y los dos antidisturbios -los agentes lo harán con la condición de investigados-.

El músico Pablo Hasél continuará en la prisión de Lleida por la condena por enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona por sus letras y sus tuits. La junta de tratamiento del centro penitenciario de Ponent ha propuesto pasarlo a segundo grado, lo cual implica que podrá salir unos días pero se mantendrá en un régimen cerrado, ya que seguirá durmiendo y estando las 24 horas en la prisión. El departamento de Justicia ha recordado que el equipo de la prisión tenía dos meses para elaborar esta primera propuesta de clasificación –Hasél entró el 16 de febrero–, que ahora está pendiente que la secretaría de Mesures Penals, Reinserción y Atención a la Víctima de la Generalitat lo acepte. Tiene dos meses para tomar una decisión.

La comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatovic, ha pedido por carta a España una reforma de los delitos de injurias a la Corona, enaltecimiento del terrorismo, ofensas religiosas, discurso de odio y difamación después de mostrar su preocupación por "las crecientes condenas" a prisión a artistas y activistas de los últimos años. Sin citar explícitamente el caso de Pablo Hasél, Mijatovic expresa su preocupación por las penas de prisión dictadas contra artistas por "letras controvertidas y otras actuaciones". En una carta al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, Mijatovic señala "el impacto negativo" de algunos artículos del Código Penal, que tienen un "efecto disuasorio" sobre la libertad de expresión, un derecho "de importancia crucial para un debate público libre y plural". La comisaria del Consejo de Europa, una institución con sede en Estrasburgo que vela por el estado de derecho y las libertades fundamentales, advierte de que las posibilidades de imponer restricciones a la libertad de expresión "son muy limitadas y tienen que ser proporcionadas".

El impacto de una pelota de goma disparada por un Mosso d'Esquadra provocó que Ester Quintana perdiera un ojo en la huelga general de 2012. Ella se convirtió en el símbolo para acabar con estos proyectiles y su caso marcó un punto de inflexión también en la gestión del orden público en Catalunya. El debate entró en el Parlament en 2013 a través de la “Comisión de estudio de los modelos de seguridad y orden público y del uso de material antidisturbios en acontecimientos de masas”. Un título que podría servir ahora para abordar un debate prácticamente calcado surgido después de las protestas contra la sentencia del 1-O y de los disturbios recientes como respuesta al encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

"Ya basta, centrémonos en la recuperación". Es el eslogan que más de 300 entidades empresariales han elegido este jueves para repetir a coro su rechazo a los disturbios de las últimas semanas. En un acto unitario celebrado en la Estació del Nord, patronales, gremios y representantes de diferentes sectores de la economía catalana han leído un manifiesto para hacer todavía más explícita la condena a los saqueos y actos violentos producidos durante las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél.

41.675 manifestantes, 375 contenedores quemados, 152 establecimientos con desperfectos, 25 otros daños, 27 heridos, 136 detenidos y 73 agentes lisiados. Es el balance del departamento de Interior después de las protestas y los disturbios de los últimos 15 días por el encarcelamiento de Pablo Hasél. El conseller Miquel Sàmper, sin embargo, ha definido la situación actual de un “cierto control” que ha atribuido a la tarea hecha por los Mossos d'Esquadra y las policías locales. Sàmper ha confiado que “realmente haya acabado la violencia” con la movilización del sábado en Barcelona, cuando se quemó una furgoneta de la Guardia Urbana con un agente dentro.

Totalmente organizados y dispuestos a todo. Esta es la tesis que defiende el juez que ha enviado a prisión a los ocho detenidos por los disturbios del pasado sábado, el día en el que las protestas contra el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél fueron más intensas e incluso se tiraron cócteles Molotov y se intentó quemar una furgoneta antidisturbios de la Guardia Urbana en la Rambla de Barcelona. Los ocho detenidos y enviados a prisión, según las diligencias del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, estarían detrás del ataque a la furgoneta, así como del asalto a cuatro oficinas bancarias, el Hotel NH de la Rambla de Catalunya y el Zara de la Plaça Catalunya. Los desperfectos provocados solo en este último establecimiento tendrían un coste de unos 500.000 euros, siempre según las diligencias. El juez los imputa a los ocho (siete italianos y uno con nacionalidad española) los delitos de desórdenes públicos, daños, atentado a agentes de la autoridad, manifestación o reunión ilícita, pertenencia a grupo criminal y homicidio en grado de tentativa. La suma de todos estos delitos "puede lograr en todos los casos una pena igual o superior a los dos años de prisión".

El juzgado de guardia de Barcelona ha decretado prisión provisional y sin fianza para ocho de los detenidos en los disturbios del sábado en Barcelona. Son los que forman el grupo que desde la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, dedicada a la lucha antiterrorista, vinculan con el movimiento anarquista y los disturbios en la capital catalana que dejaron la imagen de una furgoneta de la Guardia Urbana quemando. Se los investiga por los delitos de pertenencia a un grupo criminal, intento de homicidio –por el incendio de la furgoneta con un agente adentro–, atentado contra los agentes de la autoridad, manifestación o reunión ilícita, desórdenes públicos y daños. Los detenidos comparecieron este martes ante el juzgado de instrucción número 17 de Barcelona y solo respondieron a las preguntas de su defensa.

La plana mayor del empresariado catalán ya hizo visible su rechazo total a los disturbios contra el encarcelamiento de Pablo Hasél en un acto unitario en Foment del Treball. Esta vez es el Cercle d'Economia quien deja claro en una nota de opinión publicada este lunes su condena a los "estallidos de violencia" de las protestas y a los "partidos políticos que, por acción o por omisión, han legitimado el vandalismo".

Los disturbios del sábado en Barcelona, que se describieron como los peores desde que empezaron las movilizaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasél, podrían tener al menos un mismo grupo detrás. La mitad de los 14 detenidos ese día son del movimiento anarquista, según el conseller de Interior, Miquel Sàmper, que este lunes los ha calificado de personas “con conducta violenta”. De los siete arrestados vinculados con el anarquismo cinco son italianos, uno es francés y otro catalán. Entre los italianos hay una mujer a quien se atribuye la acción de rociar la furgoneta de la Guardia Urbana con líquido inflamable. Los agentes de la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra, dedicados a la lucha antiterrorista, han puesto el foco en este grupo y la previsión es que este martes los detenidos pasen a disposición judicial.

Que los disturbios posteriores a las manifestaciones y protestas de estos días -que tienen el encarcelamiento de Pablo Hasél como detonante pero que incluyen una larga diversidad de reivindicaciones- estaban cogiendo un cariz preocupante ya se percibió con el asalto a la comisaría de los Mossos de Vic, el mismo 16 de febrero. Pero ya había larvas de unos niveles más altos de agresividad. Diez días antes se había lanzado un artefacto incendiario contra la sede de la Policía Local de Matadepera y la estación de tren de Vic fue gravemente vandalizada. Y todavía el 31 de octubre una manifestación en Barcelona contra las restricciones anticovid -vinculada por los Mossos a grupos de extrema derecha- ya acabó con 14 detenidos, 23 policías heridos y varios saqueos.

Las protestas y disturbios posteriores a las manifestaciones por el encarcelamiento de Pablo Hasél se retomaron ayer noche en Barcelona después de unos días de tregua. Los Mossos detuvieron a catorce personas y algunos manifestantes volvieron a protagonizar actos vandálicos y violentos, los cuales han causado la reacción del presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès; la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el conseller de Interior, Miquel Sàmper, entre otros. Condenaron, sobre todo, el incendio de una furgoneta de la Guardia Urbana en la Rambla con un agente adentro y el saqueo de diferentes locales comerciales y de entidades bancarias en el centro de la ciudad. En la misma línea, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo que "los actos de vandalismo y la violencia que está sufriendo Barcelona estos días son inaceptables" y apoyó a los diferentes cuerpos de seguridad.

Conviene ver El año del descubrimiento ahora que se acaba un mes de febrero marcado por las protestas en la calle. El documental dirigido por Luis López Carrasco muestra un punto ciego de la historia moderna de España, un episodio borrado de la memoria histórica más reciente. El año 1992 -mientras en el Estado todo giraba alrededor de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla-, la reconversión industrial -exigida como requisito para formar parte de la Unión Europea- cerraba fábricas una detrás de la otra, y en Cartagena los disturbios por el cierre de la empresa pública de construcciones navales Bazán acabó con el Parlamento murciano en llamas por el lanzamiento de cócteles molotov. Conviene ver El año del descubrimiento para tomar perspectiva ahora que el malestar recorre muchas tardes las calles de Barcelona, Vilanova i la Geltrú y Vic, pero también los de Linares y Jaén.