La semana pasada, la detención de los tripulantes de la Flotilla que estaba llegando a Gaza con ayuda humanitaria por parte del gobierno israelí, fue la chispa que encendió todas las hogueras. En toda Europa, donde desde hacía semanas había muestras de rechazo al genocidio cometido por el gobierno de Netanyahu, la gente salió a la calle siguiendo el impulso que nace dentro de cada uno, y es así como suelen generarse las grandes manifestaciones colectivas.

El octavo aniversario del 1 de Octubre ha pasado entre la sordina normalizadora socialista, la convalecencia crónica de los partidos independentistas protagonistas del 2017, la nostalgia de lo que éramos, el malestar de la ocasión perdida y la realidad de un mundo en guerra que ahora relativiza todos aquellos años.

Desde Cornellà del Terri, donde el expresidente Carles Puigdemont votó el 1-O, Junts ha celebrado este martes por la noche su acto para conmemorar el octavo aniversario del referéndum del 1 de Octubre. Bajo el lema "Comprometidos con el 1-O", los junteros han reivindicado "la vigencia del mandato del referendo" después de que el independentismo haya perdido la mayoría en el Parlament y se han emplazado a "acabar el trabajo". Para ello, Puigdemont ha pedido "cuidar" la fórmula que hizo posible el 1-O y ha reivindicado tres "ingredientes" que a su juicio son los que le hicieron posible: unidad, transversalidad -sin mirar "qué piensa, qué origen tiene o qué religión profesa lo que tenemos a nuestro lado"- y mirada de futuro. Un mensaje que Puigdemont ha repetido este miércoles en un mensaje en X: "Es imperioso que preservemos la fórmula del 1 de octubre, porque es la de la victoria". Puigdemont ha defendido el 1-O como un "patrimonio histórico" y la "piedra fundacional de la construcción del futuro de libertad".

Los casos del Banco Sabadell, la Fundación la Caixa y su holding Criteria, la cementera Molins o Laboratorios Ordes, que han devuelto la sede social a Catalunya después de que se marcharan a raíz del referéndum del 1-O no son puntuales, ha habido más movimientos. Por primera vez se tienen datos concretos: ya han vuelto 681 de las empresas que trasladaron su social fuera de Cataluña a finales de 2017 y durante 2018. Así se desprende del último informe sobre movimientos de sedes sociales de la compañía Informa BD, del grupo Cesce, correspondiente al primer trimestre de 2025. ~BK_SLT_L~ también el retorno de empresas catalanas que se marcharon a consecuencia del 1-O. Cierto es que entre las que no han vuelto todavía hay algunas que forman parte del Ibex 35, como CaixaBank –si bien en este caso ha vuelto a su primer accionista, Criteria–, Colonial o Naturgy. De hecho, las 681 empresas que han regresado a Catalunya son un 7,39% de las 9.221 que se fueron desde el cuarto trimestre de 2017, dice Informa.

Òmnium Cultural, el ANC e Irídia mueven ficha para anular la amnistía concedida a los 46 policías nacionales procesados ​​por la violencia contra los votantes del 1-O en Barcelona. Las entidades han anunciado este jueves la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo para que retire la medida de gracia a los agentes, avalada por el juzgado número 7 de Barcelona y confirmada, más adelante, por la Audiencia de Barcelona. Los escritos en el alto tribunal acusan a los policías de torturas y tratos inhumanos y degradantes y recuerdan que se trata de delitos que no pueden ser amparados por la ley de amnistía.

La represión en el 1-O ha tenido muchas víctimas, pero algunas que no han sufrido ni la cárcel ni el exilio han pasado más desapercibidas. Entre ellas se encuentran los nueve profesores del Instituto El Palacio de San Andrés de la Barca al que se señaló y acusó de vejar a los hijos de guardias civiles en los días posteriores al referéndum. La acusación no se aguantaba y el caso quedó archivado, pero su nombre sigue manchado. Si se les busca en Google, aparecen las noticias sobre las acusaciones en su contra y una pieza deEl Mundo –que salió a portada– donde se les señalaba con nombre y apellidos, la asignatura que impartían y la fotografía de su cara. La causa judicial no fue a ninguna parte, pero las acusaciones públicas todavía están en internet, accesibles a todo el mundo con un par de clics en Google. Ahora reclaman que se borre el rastro digital de la causa archivada, que se repare el daño que se les ha hecho y que se prepare un plan para proteger a los profesores de persecuciones por lo que dicen en el aula.

Cada septiembre desde hace siete años, los nueve profesores del Instituto El Palacio de San Andrés de la Barca que fueron señalados el 1-O reviven el calvario judicial que sufrieron cuando se les acusó de haber vejado a los hijos de guardias civiles. ¿La razón? Si los nuevos alumnos los buscan en Google, los primeros resultados que aparecen son los de la causa judicial contra ellos, que quedó archivada. También el artículo donde El Mundo publicó su nombre, apellidos y fotografías y que terminó en una portada que la entonces líder de Cs, Albert Rivera, utilizó para señalarlos como "maestros separatistas". En noviembre de 2024 se cerró la última carpeta judicial abierta contra los docentes, que lamentan el "desgaste personal" y "sufrimiento enorme" a lo largo de estos años, donde se han sentido solos y sin el apoyo ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento. Ahora quieren que se haga justicia en dos flancos: por un lado, borrando la huella digital "infame" de las acusaciones contra ellos en internet y, por otra, logrando una reparación moral del daño que incluya un plan para proteger a los profesores de persecuciones por lo que expresan en las aulas.

¿Alguien sabe qué nos pasó? ¿Alguien sabe exactamente qué ocurrió en los meses anteriores al 1-O y los inmediatamente posteriores? No es que carezcan de relatos en los que se describan con poca o mucha precisión los hechos materiales más obvios, más visibles, más incontrovertibles. Tampoco faltan las lecturas simplificadoras, las aproximaciones conspiranoicas y las versiones malévolamente sesgadas y autoexculpatorias. Pero, de todo, en la memoria –y en la desmemoria– colectiva lo que ha quedado es un espejo roto de interpretaciones. Un estropicio que no sólo ha fragmentado su recuerdo, sino que está hecho de piezas que ni siquiera encajan unas con otras. La reconstrucción, por ahora, parece imposible.

La Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio a los cuatro agentes de la Policía Nacional procesados ​​por un delito de lesiones en el operativo del 1-O en el que Roger Español perdió un ojo por el impacto de un balón de goma. El tribunal ha concluido que las lesiones durante las cargas en la Escola Ramon Llull de Barcelona no están amparadas por la ley de amnistía y, en cambio, sí la aplica a Español, que estaba acusado de un delito de atentado contra los agentes.

Hasta 45 agentes de la Guardia Civil de una manchada eran amnistiados el pasado 15 de octubre. Los beneficiados por la aplicación en bloque de la ley de amnistía eran los antidisturbios que cargaron sin contemplaciones contra los vecinos de Dosrius que defendían la escuela el 1-O. Los afectados llegaron a presentar 27 denuncias por lesiones, daños y atentado de la autoridad, pero todas fueron archivadas. Los vecinos agredidos, entre ellos el entonces alcalde, Marc Bosch, que también fue amnistiado, presentaron recurso contra la amnistía. También lo ha hecho Òmnium, que se había personado en la causa.

Martes, 3 de diciembre. Un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) da una de las informaciones más esperadas de los últimos años en Cataluña. Molins, el gigante del cemento y la construcción catalán, vuelve a llevar a Catalunya la sede social, que se llevó a Madrid en el 2017 en plena efervescencia del Proceso.

El Ayuntamiento de Arenys de Mar prepara una denuncia por estafa contra el organizador del acto Somos 1 de octubre, que el 28 de septiembre conmemoró el séptimo aniversario del referéndum. Desde entonces el impulsor del evento, Jordi Mateu, ha sido ilocalizable y hasta ahora no ha pagado miles de euros en facturas de los servicios de técnicos, artistas, empresas de montaje de escenarios y otros implicados en el acto, según ha avanzado La Vanguardia. En declaraciones al ACN, el alcalde de Arenys de Mar, Estanis Forns, ha explicado que prevé presentar la denuncia a la Fiscalía esta misma semana. Una vez hecho público el caso, el organizador ha asegurado que ha tenido un problema de salud y se ha comprometido a dar explicaciones.

Este domingo ha cumplido noventa años del 6 de Octubre de 1934, fecha de la proclamación del Estado Catalán (de la República Federal Española) por parte del presidente Companys. Esta proclamación fue la respuesta del Govern a la crispación acumulada durante los meses anteriores: en abril, el Tribunal de Garantías Constitucionales había anulado la ley de contratos de cultivo que había aprobado el Parlament, en lo que suponía una laminación en toda regla del autogobierno catalán. Casi medio año más tarde, el nombramiento de cuatro ministros de la derecha católica y pronazi de la CEDA de Gil-Robles en el gobierno del Partido Radical del populista Lerroux dio pie a la huelga general revolucionaria del 4 de octubre, a la que apoyó la Generalitat de Catalunya. La entrada de la derecha con simpatías fascistas de la CEDA en el gobierno de la República representaba un desafío definitivo en el autogobierno catalán y en el programa de reformas sociales del gobierno presidido por Companys; fue en este contexto que el presidente salió al balcón de la plaza de la República (ahora plaza Sant Jaume) a proclamar el Estado Catalán, que significa la asunción de todas las prerrogativas de gobierno. Textualmente, Companys dijo: "En esta hora solemne, en nombre del pueblo y del Parlamento, el Gobierno que presido asume todas las facultades del poder en Cataluña, proclama el Estado Catalán de la República Federal Española". Esto comportó la declaración del estado de guerra y el sofoco militar de la revuelta (comandada por el general Batet), con 74 muertos y más de 200 heridos en toda Cataluña, y el encarcelamiento y condena a treinta años de cárcel de Lluís Companys y su gobierno, que serían amnistiados con la victoria del Frente Popular de izquierdas en las elecciones del 16 febrero de 1936. También supuso la suspensión de la autonomía catalana, la derogación del Estatut de 1932 y el cierre de la Generalidad. El 1 de marzo de 1936, el presidente Companys, amnistiado y recién salido de prisión, vuelve a Barcelona entre multitudes, sube nuevamente al balcón de la Generalitat y dice aquello: “volveremos a luchar, volveremos a sufrir, volveremos a vencer ”. El 18 de julio, con el levantamiento militar y fascista, estalla la Guerra Civil.

Acabamos de conmemorar los siete años del inolvidable Primero de Octubre. Y este jueves conmemoramos la mayor movilización que haya conocido nunca el país en contra de la brutalidad policial a la que fue sometida la pulsión popular y democrática de dos días antes. (Y, claro, de la ignominia monárquica). Siete años tan intensos como decepcionantes para las expectativas que había acumulado el independentismo y en las que nos preguntamos, recordando la vieja canción de Pete Seeger, "¿Qué se ha hecho de esas flores?" Y, como en la canción, se escucha la respuesta en el viento: “Quién sabe si volverán. Quien sabe si alguna vez volverán”.

"Ya han pasado siete años del 1 de Octubre", me decía a mí mismo mientras un nuevo, rápido, limpio y funcional vagón de metro de la línea L1 me transportaba a toda velocidad de Universidad a Glòries, y como si alguien me hubiera leído el pensamiento he empezado a sentir “canta y no lloras”. La interpretación corría a cargo de un terceto formado por solista, guitarra y trompeta (una trompeta nada estridente, por cierto) que han hecho una versión tan bien encontrada delCielito lindoque, en contra de lo que suele ocurrir con la mayoría de artistas (dejémoslo así) suburbanos, he estado a punto de pedirles un bis, pero después de pasar el platillo han cambiado de vagón a toda prisa.

El caso de Òscar Morros va como anillo al dedo en el relato de la violencia que denunciaron las fuerzas de seguridad el 1-O del 2017: un chico atropellaba a un agente de la Guardia Civil en Dosrius. Pero el atropello fue fortuito. Y la Guardia Civil, que ese día provocó una veintena de heridos cargando sin contemplaciones contra la gente que defendía la escuela, le agredió y le denunció posteriormente. Él fue el primero de los seis detenidos del 1-O y justo en la víspera del séptimo aniversario, acaba de ser amnistiado, según ha podido saber el ARA, tras ser condenado por un delito de atentado a la autoridad y de lesiones. De nada sirvió la pericial de un médico que concluyó que Morros tiene diagnosticado un trastorno de espectro autista que le impide mentir o cometer una agresión.

Estamos a la espera del desenlace: PSC y Esquerra no esconden su disposición al acuerdo, representada ayer al más alto nivel por la reunión entre Sánchez y Aragonès en el Palau de la Generalitat. La reunión era para solemnizar un traspaso pactado tiempo atrás, pero Aragonés pidió a Sánchez que avance en la cuestión de la financiación. Recuerden que es difícil, porque Esquerra no está pidiendo una mejora cualquiera, ni siquiera una "lluvia de millones", sino un cambio en el sistema de financiación de Catalunya, lo que en España es más difícil que aprobar la amnistía. (Es más difícil, entre otras razones, porque mientras en el País Vasco, los socialistas y los populares defienden el concierto, que no da ni un euro de solidaridad en España, los socialistas y los populares catalanes han estado hasta ahora siempre en contra de que Catalunya tenga la llave de la caja). El acuerdo debe ser bueno, porque si no Marta Rovira tendrá dificultades para que se lo acepten los militantes del partido, que estarán llamados a ratificarlo o no.

La Fiscalía General del Estado cifra en 486 las personas que pueden beneficiarse de la ley de amnistía. Desde que se inició la tramitación de la ley, el ministerio público ha recopilado las causas abiertas vinculadas al Proceso y ha identificado 82 que pueden verse afectadas por la ley. Esto no significa necesariamente que la Fiscalía sea partidaria de aplicarla en cada uno de estos casos, sino que son susceptibles de tener un impacto. Entre ellas, destacan la causa del Proceso en el Tribunal Supremo contra los exiliados, las dos de la Audiencia Nacional por terrorismo –Tsunami Democrático y CDR– y dos por malversación en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya –una contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por el 1-O y una contra el diputado de Junts David Saldoni por presuntamente desviar fondos de la Asociación Catalana de Municipios.

Ragged Glory es el título de uno de los grandes álbumes de Neil Young, en compañía de sus camaradas Crazy Horse. Es de principios de los años noventa, y Carles Puigdemont (el Muy Honorable Presidente Carles Puigdemont o MHP Puigdemont, como te corrigen sus seguidores cuando lo mencionas), como es rockero, seguro que le conoce.

Pedro Sánchez lleva seis años presidente y, desde hace sólo cinco meses, un fervoroso defensor de la amnistía. Tiempo suficiente para acordar con el independentismo la ley que acabará con los procesos judiciales derivados del 1-O (a cambio de su investidura) y, antes, para eliminar el delito de sedición o conceder los indultos (a cambio de estabilidad parlamentaria). La Moncloa defiende que su estrategia en Catalunya, que el 12-M someterá indirectamente a votación con la candidatura de Salvador Illa, ha sido clave para la "reconciliación" entre los catalanes, pero ésta no es ni mucho menos la versión que ha dado al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Las condenas (entre 9 y 13 años de cárcel por sedición, malversación y desobediencia) no fueron, según los representantes del Estado, ni desproporcionadas ni conculcaron derechos fundamentales de los acusados, ni tampoco representaron una injerencia a la libertad de expresión. De hecho, el escrito presentado el 12 de marzo en Estrasburgo, al que ha tenido acceso el ARA, defiende punto por punto la sentencia dictada por el tribunal que presidió Manuel Marchena.