Los tiempos judiciales quisieron que la última sesión del juicio contra los policías nacionales que vaciaron el ojo de el activista Roger Español se celebrara un 1 de octubre, siete años después del día del referéndum en el que el activista independentista fue mutilado. La sesión ha comenzado con demora: se ha suspendido hasta la una del mediodía porque el inspector imputado había alegado "un problema de salud" y se ha reanudado cuando ha vuelto del hospital. Todo ello ha provocado que el juicio tenga que acabar finalmente el viernes. La jornada de este jueves ha contado con las declaraciones del inspector responsable del operativo, de dos subinspectores y del escopetero que disparó a Español. Unas declaraciones, sin embargo, han quedado eclipsadas por el discurso final de la defensa de Español, que incluso ha recurrido a una sentencia de Manuel Marchena y a otra que se dictó por el caso de Esther Quintana, para desmontar la versión policial del 1-O.

"Era la una de la madrugada cuando me sonó el teléfono. Uno sin internet que compré solo para aquello". Así recuerda el sabadellense Salvador Cardona el momento en que asumió ser uno de los engranajes clandestinos que hicieron posible el referéndum del 1 de octubre. En la oscuridad de la noche, estuvo más de una hora y media separando sobres electorales desordenados junto a su barbacoa. La víspera del referéndum todavía no tenían papeletas. "Lo teníamos todo preparado para el domingo, pero las papeletas todavía no estaban. Teníamos un facsímil en PDF que nos habían enviado y un par de guillotinas localizadas y algunas fotocopiadoras preparadas fuera del ayuntamiento", explica al ARA nueve años después, todavía con la adrenalina intacta.

La recta final del juicio a cuatro policías por vaciar un ojo a Roger Español durante el 1-O ha comenzado con un objetivo: aclarar el máximo de detalles sobre cómo fue el disparo que realizó el escopetero de los antidisturbios de la Policía Nacional que ahora se sienta en el banquillo de los acusados con tres mandos. Este miércoles los especialistas de la Unidad de Fotografía y Audiovisuales de la Policía Científica de los Mossos d'Esquadra han explicado al tribunal sus conclusiones después de ver todas las imágenes del día. Los agentes han explicado que un fotograma de las imágenes muestra que el escopetero no apuntó directamente a Español, sino que habría disparado hacia el suelo. En las imágenes también se ve una "mancha negra", la pelota, que rebota contra el suelo antes de impactar en la cara de Roger Español.

Desde el referéndum del 1 de octubre de 2017, en el que una gran victoria popular terminó en fracaso político, se han buscado todo tipo de culpables. Así, se han considerado desde las amenazas, la guerra sucia y la represión del Estado, hasta los supuestos miedos, cobardías y traiciones propias. Y mientras la gravedad de las agresiones externas al derecho a la autodeterminación han sido progresivamente relativizadas, si no olvidadas incluso, las debilidades propias se han ido exagerando hasta crear un clima irrespirable de autoflagelación colectiva.

Roger Español (Tarragona, 1974) fue uno de los miles de activistas que el 1 de octubre de 2017 defendieron las urnas y los colegios electorales donde se celebraba el referéndum de independencia. Él se llevó la peor parte, cuando una de las balas de goma que la Policía Nacional disparó en Barcelona le vació el ojo derecho. Hoy, nueve años después, todavía busca que se haga justicia y ha hecho sentar en el banquillo de los acusados a cuatro de los policías que participaron en aquellas cargas, entre ellos el escopetero que le disparó. Serán los únicos agentes juzgados por la violencia policial del 1-O.

Los mandos y los policías que actúan como testigos en el juicio por la pérdida de un ojo de Roger Español el 1-O han blindado la actuación de los cuatro policías nacionales que se sientan en el banquillo de los acusados, los únicos que llegarán a juicio por las cargas de hace ahora siete años. Los compañeros de los acusados han insistido en la "violencia" y "agresividad" de los manifestantes con declaraciones que en muchos puntos eran calcadas unas de otras, y que el tribunal no ha permitido contraponer en el momento con los vídeos de aquel día. En la segunda jornada del juicio, un superior de los antidisturbios también ha quitado hierro a la posibilidad de que el escopetero disparara directamente al cuerpo, con el arma en paralelo al suelo, y ha asegurado que el dispositivo era similar al de otras actuaciones: "No difería en nada a una final de la Champions o de la Copa Libertadores, una visita del Papa o ir a ayudar con la dana o cualquier otra catástrofe".

Nueve años después de las cargas policiales del 1-O, Roger Español ha explicado ante un tribunal cómo y cuándo una bala de goma le vació un ojo. Su testimonio ha abierto el juicio a los únicos cuatro policías que serán juzgados por las cargas del 1-O. Un escopetero y tres mandos se exponen a 13 años de prisión por una actuación que el jefe de los antidisturbios ha descrito como "absolutamente perfecta", mientras que varios testigos han explicado que los agentes disparaban directamente al cuerpo de las personas, no al suelo para que las pelotas de goma rebotaran. Español cree que el disparo fue "una represalia" por haber lanzado una valla cuando un agente le había golpeado con la porra.

Siete años después del 1-O cuatro policías nacionales se sientan este miércoles en el banquillo de los acusados por la pelota de goma que mutiló un ojo a Roger Español. Son los únicos agentes que serán juzgados por las cargas de una jornada con un millar de heridos. La Fiscalía ha pedido absolverles porque cree que estaban cumpliendo con su trabajo y la Abogacía del Estado les defiende. Aun así, la denuncia de Español y las acusaciones populares de Irídia, la ANC y Òmnium han hecho que el caso llegue hasta el juicio que comienza este miércoles, en el que los agentes se exponen a condenas de hasta 13 años de prisión e inhabilitación por los delitos de tortura y lesiones con pérdida de un órgano.

En octubre de 2017, miles de jóvenes que entonces tenían entre 18 y 22 años vivieron su gran bautismo vital y político defendiendo las urnas en la calle. Hoy, la "Generación 1-O", nacida entre 1995 y 1999, llega a la treintena, ha abandonado el refugio estudiantil y ha empezado a toparse con la crudeza de la precariedad laboral y la grave crisis de la vivienda. Pero, ¿cómo ha evolucionado su mirada en esta década?

El Supremo continúa aplicando la ley de amnistía con cuentagotas y después de muchos meses de espera. El alto tribunal la ha aplicado ahora a la primera consejera del gobierno del 1-O: Meritxell Serret, que fue condenada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a un año de inhabilitación y 12.000 euros de multa por su participación en la organización del referéndum del 1 de octubre. En 2017, Serret era consejera de Agricultura. Después fue consejera de Acción Exterior con el gobierno de Pere Aragonès y, más tarde, fue delegada del Govern en Bruselas mientras estuvo exiliada. Volvió a Cataluña en marzo de 2021. “Esta sala ha decidido que se declaran amnistiados los actos por los que ha sido acusada”, concluye la interlocutoria del Supremo a la que ha tenido acceso el ARA. De esta manera, la exconsejera queda exenta de todas las responsabilidades penales que se le atribuían.

La cineasta tarraconense Anna M. Bofarull estrenó el 11 de junio en el Festival Internacional de Cinema en Català (FIC-CAT) de Roda de Berà su última película, Rebel, un documental con el 1-O de telón de fondo y con Marta Torrecillas como protagonista. Torrecillas fue una de las agredidas por la policía española y se hicieron virales las imágenes de ella arrastrada por los agentes por la escalera del instituto Pau Claris de Barcelona y su denuncia de que le habían roto uno a uno los dedos de una mano.

La semana pasada, la detención de los tripulantes de la Flotilla que estaba llegando a Gaza con ayuda humanitaria por parte del gobierno israelí, fue la chispa que encendió todas las hogueras. En toda Europa, donde desde hacía semanas había muestras de rechazo al genocidio cometido por el gobierno de Netanyahu, la gente salió a la calle siguiendo el impulso que nace dentro de cada uno, y es así como suelen generarse las grandes manifestaciones colectivas.

El octavo aniversario del 1 de Octubre ha pasado entre la sordina normalizadora socialista, la convalecencia crónica de los partidos independentistas protagonistas del 2017, la nostalgia de lo que éramos, el malestar de la ocasión perdida y la realidad de un mundo en guerra que ahora relativiza todos aquellos años.

Desde Cornellà del Terri, donde el expresidente Carles Puigdemont votó el 1-O, Junts ha celebrado este martes por la noche su acto para conmemorar el octavo aniversario del referéndum del 1 de Octubre. Bajo el lema "Comprometidos con el 1-O", los junteros han reivindicado "la vigencia del mandato del referendo" después de que el independentismo haya perdido la mayoría en el Parlament y se han emplazado a "acabar el trabajo". Para ello, Puigdemont ha pedido "cuidar" la fórmula que hizo posible el 1-O y ha reivindicado tres "ingredientes" que a su juicio son los que le hicieron posible: unidad, transversalidad -sin mirar "qué piensa, qué origen tiene o qué religión profesa lo que tenemos a nuestro lado"- y mirada de futuro. Un mensaje que Puigdemont ha repetido este miércoles en un mensaje en X: "Es imperioso que preservemos la fórmula del 1 de octubre, porque es la de la victoria". Puigdemont ha defendido el 1-O como un "patrimonio histórico" y la "piedra fundacional de la construcción del futuro de libertad".

Los casos del Banco Sabadell, la Fundación la Caixa y su holding Criteria, la cementera Molins o Laboratorios Ordes, que han devuelto la sede social a Catalunya después de que se marcharan a raíz del referéndum del 1-O no son puntuales, ha habido más movimientos. Por primera vez se tienen datos concretos: ya han vuelto 681 de las empresas que trasladaron su social fuera de Cataluña a finales de 2017 y durante 2018. Así se desprende del último informe sobre movimientos de sedes sociales de la compañía Informa BD, del grupo Cesce, correspondiente al primer trimestre de 2025. ~BK_SLT_L~ también el retorno de empresas catalanas que se marcharon a consecuencia del 1-O. Cierto es que entre las que no han vuelto todavía hay algunas que forman parte del Ibex 35, como CaixaBank –si bien en este caso ha vuelto a su primer accionista, Criteria–, Colonial o Naturgy. De hecho, las 681 empresas que han regresado a Catalunya son un 7,39% de las 9.221 que se fueron desde el cuarto trimestre de 2017, dice Informa.

Òmnium Cultural, el ANC e Irídia mueven ficha para anular la amnistía concedida a los 46 policías nacionales procesados ​​por la violencia contra los votantes del 1-O en Barcelona. Las entidades han anunciado este jueves la presentación de varios recursos ante el Tribunal Supremo para que retire la medida de gracia a los agentes, avalada por el juzgado número 7 de Barcelona y confirmada, más adelante, por la Audiencia de Barcelona. Los escritos en el alto tribunal acusan a los policías de torturas y tratos inhumanos y degradantes y recuerdan que se trata de delitos que no pueden ser amparados por la ley de amnistía.

La represión en el 1-O ha tenido muchas víctimas, pero algunas que no han sufrido ni la cárcel ni el exilio han pasado más desapercibidas. Entre ellas se encuentran los nueve profesores del Instituto El Palacio de San Andrés de la Barca al que se señaló y acusó de vejar a los hijos de guardias civiles en los días posteriores al referéndum. La acusación no se aguantaba y el caso quedó archivado, pero su nombre sigue manchado. Si se les busca en Google, aparecen las noticias sobre las acusaciones en su contra y una pieza deEl Mundo –que salió a portada– donde se les señalaba con nombre y apellidos, la asignatura que impartían y la fotografía de su cara. La causa judicial no fue a ninguna parte, pero las acusaciones públicas todavía están en internet, accesibles a todo el mundo con un par de clics en Google. Ahora reclaman que se borre el rastro digital de la causa archivada, que se repare el daño que se les ha hecho y que se prepare un plan para proteger a los profesores de persecuciones por lo que dicen en el aula.

Cada septiembre desde hace siete años, los nueve profesores del Instituto El Palacio de San Andrés de la Barca que fueron señalados el 1-O reviven el calvario judicial que sufrieron cuando se les acusó de haber vejado a los hijos de guardias civiles. ¿La razón? Si los nuevos alumnos los buscan en Google, los primeros resultados que aparecen son los de la causa judicial contra ellos, que quedó archivada. También el artículo donde El Mundo publicó su nombre, apellidos y fotografías y que terminó en una portada que la entonces líder de Cs, Albert Rivera, utilizó para señalarlos como "maestros separatistas". En noviembre de 2024 se cerró la última carpeta judicial abierta contra los docentes, que lamentan el "desgaste personal" y "sufrimiento enorme" a lo largo de estos años, donde se han sentido solos y sin el apoyo ni de la Generalitat ni del Ayuntamiento. Ahora quieren que se haga justicia en dos flancos: por un lado, borrando la huella digital "infame" de las acusaciones contra ellos en internet y, por otra, logrando una reparación moral del daño que incluya un plan para proteger a los profesores de persecuciones por lo que expresan en las aulas.

¿Alguien sabe qué nos pasó? ¿Alguien sabe exactamente qué ocurrió en los meses anteriores al 1-O y los inmediatamente posteriores? No es que carezcan de relatos en los que se describan con poca o mucha precisión los hechos materiales más obvios, más visibles, más incontrovertibles. Tampoco faltan las lecturas simplificadoras, las aproximaciones conspiranoicas y las versiones malévolamente sesgadas y autoexculpatorias. Pero, de todo, en la memoria –y en la desmemoria– colectiva lo que ha quedado es un espejo roto de interpretaciones. Un estropicio que no sólo ha fragmentado su recuerdo, sino que está hecho de piezas que ni siquiera encajan unas con otras. La reconstrucción, por ahora, parece imposible.

La Audiencia de Barcelona ha enviado a juicio a los cuatro agentes de la Policía Nacional procesados ​​por un delito de lesiones en el operativo del 1-O en el que Roger Español perdió un ojo por el impacto de un balón de goma. El tribunal ha concluido que las lesiones durante las cargas en la Escola Ramon Llull de Barcelona no están amparadas por la ley de amnistía y, en cambio, sí la aplica a Español, que estaba acusado de un delito de atentado contra los agentes.