Las residencias de mayores tienen la gran responsabilidad de garantizar una vida digna para miles de ciudadanos, muchos de los cuales llegan para pasar los años más frágiles y desvalidos de sus vidas. Su trabajo es imprescindible, tal y como reivindica el propio sector cuando denuncia la falta de recursos humanos y materiales con los que afronta esta tarea, en un país en el que, viendo que la esperanza de vida no deja de crecer, serán cada vez más necesarios estos equipamientos y servicios.

Un tribunal de Madrid sigue investigando los protocolos que estuvieron en vigor en la Comunidad de Madrid durante la pandemia para restringir la derivación de las personas mayores de las residencias a hospitales, lo que implicó que se les negara la asistencia sanitaria. Debido al coronavirus, en las residencias fallecieron 7.291 personas. Este lunes ha declarado Carlos Mur, que está investigado en la causa y era director de Coordinación Sociosanitaria en ese momento, y ha empezado a señalar hacia arriba. Para la acusación particular, en manos de Marea de Residencias, su declaración supone un avance significativo, a pesar de revelar una estrategia de elusión de responsabilidades entre los implicados en la gestión sanitaria. Tras cuatro intentos frustrados para que declarara, lo ha hecho por videoconferencia desde Andorra.

La modernización de las residencias geriátricas, para personas con discapacidad y de salud mental tendrá que esperar. La Generalitat da a los centros un año más para demostrar que sus instalaciones y servicios cumplen los estándares necesarios para poder ofrecer plazas a los beneficiarios de la ley de dependencia. En principio, este proceso de acreditación debía finalizar el mes que viene, pero el Departamento de Derechos Sociales e Inclusión ha pospuesto el plazo hasta octubre de 2026 para facilitar la subsanación de las deficiencias que actualmente les impiden obtener la aprobación y evitar su cierre.

Discapacidad y dependencia de la mano, complementariedad de ayudas y más apoyo en casa. Éstas son algunas de las novedades que presenta el proyecto para reformar las leyes de dependencia y discapacidad que el consejo de ministros ha aprobado este martes en segunda vuelta. Ahora le quedará el trámite parlamentario. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha defendido las iniciativas como las "de gran alcance" de la legislatura porque, por una parte, blinda contra la discriminación a las personas con discapacidades y, por otra, proyecta hacia el futuro el nuevo modelo de cuidados asumiendo las elevadas tasas de envejecimiento de la población en los próximos años.

Madres con criaturas grandes dependientes que deben dejar de trabajar. Hijas o esposas que cuidan en casa a los padres o parejas. "Las familias, básicamente mujeres, se ven obligadas a inmolarse, a hacer grandes sacrificios de su vida", resume Gustavo García, coordinador del Índice DESC 2024, con el que anualmente la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cuenta con cifras oficiales el estado de los servicios sociales públicos. La frase sirve para ilustrar hasta qué punto los nuevos modelos de cuidado a domicilio que propugnan todos los gobiernos (el ministerio tiene en marcha una estrategia de desinstitucionalización) fracasan al chocar con la realidad de los hogares que deben hacer manos y mangas para cuidar al familiar dependiente con las pocas ayudas públicas que reciben.

Este miércoles hemos firmado la Segunda adenda de 2025 en el acuerdo sectorial de bases para la construcción de un sistema de servicios sociales propio de Cataluña, un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y las patronales para mejorar el sector y las condiciones laborales de los profesionales y garantizar la sostenibilidad de las empresas que prestan este servicio.

Más de cinco años después la justicia empieza a ajustar cuentas por las 7.291 personas que fallecieron en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la pandemia. Por primera vez dos ex altos cargos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso tendrán que declarar como investigados en un procedimiento judicial, según informaron en un comunicado dos asociaciones de víctimas y confirman fuentes jurídicas. Durante todo este tiempo la presidenta madrileña ha evitado hacer autocrítica por la actuación de su ejecutivo durante la covid-19.

Los profesionales del sector social urgen al Gobierno ya los grupos parlamentarios a aprobar un "suplemento de crédito" que permita mejorar las condiciones laborales de las plantillas e iniciar el camino hacia la equiparación salarial de los profesionales del ámbito de la dependencia con los de la sanidad. Las organizaciones –de centros privados y del tercer sector– consideran que el incremento del 5% aprobado en diciembre pasado es "totalmente insuficiente" y por eso proponen doblar esa cantidad, hasta alcanzar el 10%. "El sector dice lo suficiente", afirman.

Durante al menos ocho meses los 24 ancianos ingresados ​​en la residencia Santlisart, en Sant Quirze del Vallès, se alimentaban con los menús que corresponderían a dieciocho personas. Desde septiembre de 2015 hasta abril de 2016 en las cuentas del geriátrico no hay consta ningún pago por desayunos ni meriendas. El centro sólo destinaba 4,90 euros en alimentos por persona y día, la mitad de la media entre las residencias en ese momento. "Era absolutamente insuficiente, consideramos que debíamos comunicarlo a la Fiscalía", ha declarado una inspectora de la Generalitat en el juicio que ha comenzado este martes en la Audiencia de Barcelona. Las penas a las que se exponen los cuatro acusados ​​superan los cincuenta años de cárcel.

Hace cinco meses que el economista Mònica Martínez Bravo (Barcelona, ​​1982) tomó la cartera de la consejería de Derechos Sociales e Inclusión, tras asesorar al gobierno español en el despliegue del ingreso mínimo vital (IMV).Escogida mejor economista joven de España, ha centrado su carrera en el estudio de las desigualdades y la pobreza. ¿Le ha tocado dirigir la consejería hermana de los pobres?

La llegada de la generación de los baby-boomers en la vejez agravará los actuales déficits de las residencias en Cataluña, que presentan ya una carencia estructural de profesionales y una lista de 12.000 personas que esperan desde hace más de un año una plaza pública. Se calcula que el número de personas de más de 80 años (el 6% de la población catalana) se doblará de aquí al 2040, superando el medio millón. Según un estudio elaborado por la española Unión de Entidades y la patronal catalana del sector ACRA, de cara a 2030 habrá que aumentar las plantillas en 20.000 trabajadores y abrir 25.000 plazas nuevas para dar cobertura a un envejecimiento con mayor fragilidad y dependencia que una década antes. Una vez calculado qué se necesita, la pregunta que se hace el sector es de dónde se sacará tanto personal si, por ahora, hay unidades de centros que no se pueden estrenar porque no hay cuidadores suficientes.

En marzo del 2020, cuando estalló la pandemia de la covid, 230 personas mayores vivían en la residencia Ca n'Amell de Premià de Mar. En sólo dos meses, más de un tercio de los residentes (87) murieron y, como hizo en otros centros, la Generalitat asumió su gestión. Meses después, una querella de la fiscalía incentivó que una juez de Mataró investigara si, más allá de los efectos de la crisis sanitaria, podían atribuirse responsabilidades por homicidio imprudente. Ahora, familiares de estos abuelos critican que la fiscalía se haya "desdecido" en un informe en el que pide el archivo del caso. Pese a que las malas condiciones en el geriátrico quedaron constatadas, la jueza comparte que no se puede atribuir ningún delito a la dirección de la residencia y ha decidido archivar el caso. Ésta es la segunda investigación que se archiva de las tres que llegaron a la justicia por muertes en residencias de Cataluña durante la pandemia de cóvido, y de los tres Ca n'Amell es el geriátrico donde hubo más muertes durante la primera ola de la pandemia.

Los nuevos requisitos para tener abierta una residencia geriátrica dejan en la cuerda floja entre 12.000 y 16.000 plazas del sistema público, según el cálculo de Upimir, la patronal de las residencias pequeñas y medianas, y la asociación Ascad, que reúne a gerentes y directores de centros de atención a la dependencia. Se trata de las plazas que no podrán cumplir las nuevas condiciones impuestas en el decreto 69/2020 para el proceso abierto de acreditación de geriátricos colaboradores y concertados con la red de titularidad pública. Los nuevos requisitos afectan a diversos aspectos de la residencia, que pueden ir desde temas arquitectónicos, como el tamaño de una habitación o el ancho de los pasillos, hasta temas organizativos o urbanísticos.

Ya hace tiempo que las administraciones públicas y el sector de las personas mayores buscan nuevas fórmulas para atender las necesidades de una población que tiende a vivir más años y con mayor dependencia. En este contexto, y como alternativa a las residencias, el departamento de Derechos Sociales propone construir bloques de pisos independientes para 80 personas mayores con cierta autonomía y que, por distintos motivos, no pueden seguir viviendo en su domicilio.

La historia de una motorista que se detuvo a abrocharle los zapatos a una anciana que iba cargada con bolsas en Barcelona ha trascendido como una historia emotiva y solidaria que pone de manifiesto la necesidad que tenemos de noticias que, en realidad, no lo son. Ciertamente, el gesto de la motorista a la que aquella señora hizo pensar en su madre, y a quien quiso evitar la probabilidad de caer, reconforta en una ciudad que cada vez tiene su ciudadanía más alienada, donde parece que si no vas a la tuya eres ingenua o directamente imbécil. Pero lo cierto es que, si no fuera por esos gestos cotidianos que se dan todos los días por todas partes, la vida sería mucho más insostenible. Se dan, afortunadamente, y la mayoría no acaban convirtiéndose en una noticia, diría que también afortunadamente, porque se les da una categoría excepcional cuando en realidad deberían formar parte de nuestra cotidianidad. Además, se cuentan con una dosis de cursilería innecesaria que quita a la anécdota parte de su encanto. Una mujer ayuda a otra sin esperar nada a cambio, la otra quiere darle las gracias, y finalmente se encuentran para que el agradecimiento se haga efectivo. Es bonito cuando nos ayudamos sin esperar convertirnos en heroínas, y es bonito agradecer a los demás todo lo que hacen para que nuestra vida sea más agradable, pero no es necesario magnificarlo ni buscar una emotividad forzada. Aunque el hambre que tenemos de gestos de buena voluntad haga que las emociones también sean exageradas, controlémonos, por favor. Porque al final solo seremos sensibles a la cursilería, y eso sí que nos volverá imbéciles a todos. Conste que lo digo con respeto, aunque no lo parezca. Y conste también que la mayoría de nosotros hemos actuado muchas veces como la motorista, quizás sin abrochar zapatos pero sí acompañando cuando la situación lo ha pedido. Porque a pesar de la sensación (?) de que el mundo se va a la mierda, todavía hay empatía y refugios, a menudo mucho menos noticiables.

Aunque muchos catalanes tienen la suerte de no saber qué son, en Catalunya hay 96 centros sociosanitarios, que no son residencias ni hospitales y ayudan a pacientes, normalmente grandes, que pasan por procesos de recuperación largos o necesitan cuidados paliativos. Son centros clave, donde debería poder ayudar a los ciudadanos que necesitan atención sanitaria pero no necesitan estar ingresados ​​en un hospital. Los hay de gestión pública (35%) y también otros privados y entidades sin ánimo de lucro, pero la gestión privada no debería significar que el Gobierno se desentienda. Si paga por cada paciente, debería controlar cómo se le atiende, lo que significa también saber qué carga de trabajo tienen los profesionales que deben encargarse.

Está congelada desde el 2012, pero aún habrá que esperar para cobrar el anunciado aumento para la PEV, la prestación económica que ayuda a las familias a pagar una plaza de residencia privada. Aunque el departamento de Derechos Sociales anunció una partida que suponía pasar de 474 a 1.238 euros a partir del 1 de noviembre de 2023, en estos momentos todavía no se está haciendo efectiva. Fuentes de la conselleria han explicado al ARA que confían en que este mes de abril se empezarán a realizar los primeros pagos y prevén que en mayo la mayoría de los beneficiados habrán recibido el incremento, así como los retrasos desde el 1 d agosto de 2023.

Casi cuatro años después, los familiares de las víctimas de la residencia Fiella de Tremp han declarado este lunes por primera vez ante el juez por la causa de homicidio imprudente por la muerte de 64 de los 142 residentes en un brote por coronavirus, en noviembre de 2020, en un caso en el que están imputadas la antigua directora del geriátrico y el exresponsable de higiene sanitaria. Los testigos describieron al centro como "la casa de los horrores" y ratificaron "el descontrol total" que ya recogen los informes de la Fiscalía y de los Mossos d'Esquadra en la investigación de la causa.

Cuatro años después de que las residencias se convirtieran en el punto crítico de la pandemia, las conclusiones del grupo de trabajo del Parlamento sobre el que falló para que de los 30.000 muertos atribuidos a la cóvide unos 9.000 fueran residentes de geriátricos, no señala responsables. A lo largo de este tiempo, los centros han ido recuperando la normalidad, pero en muchos aspectos no han terminado de corregirse las deficiencias estructurales que arrastra el sector. Lo que sí se ha reafirmado es la tendencia de que las personas que ingresan son grandes dependientes, con las facultades cognitivas muy afectadas y que ya no pueden ser cuidadas en casa, sino que requieren cuidados profesionalizados.

El problema de mentir siempre es que acaba perdiéndose el sentido de la realidad. El problema de salir siempre victorioso mintiendo es que acaba por sucumbir a la propia arrogancia. Es lo que le ocurrió el pasado jueves a Isabel Díaz-Ayuso en la Asamblea de Madrid, cuando, respondiendo preguntas de Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid, admitió implícitamente haber decidido no trasladar a los hospitales a los ancianos enfermos de las residencias geriátricas durante los meses de marzo y abril de 2020, la ola más letal de contagios por coronavirus. El PP siempre había negado que se hubieran aplicado los protocolos que llevaron a la muerte de 7.291 personas a los geriátricos de Madrid (según informaciones publicadas por el diario InfoLibre, no desmentidas por nadie). Pero el encendido alocución de Ayuso en la Asamblea de Madrid (una institución donde ya se comporta como si fuera su propiedad) dejó en evidencia que estos protocolos se aplicaron. Ayuso vivió su “por supuesto que ordené el código rojo”, la frase que gritaba, enfurecido y prepotente, Jack Nicholson en el filme Algunos hombres buenos.