El gobierno español rectifica y plantea ahora residencias de 90 plazas y no de 50

BarcelonaEl gobierno español se autocorrige y propone ahora que las futuras residencias tengan un máximo de 90 plazas y no de 50, como había planteado anteriormente en la mesa de diálogo social para diseñar cómo tienen que ser los geriátricos del futuro. Es la última de las propuestas del ministerio de Derechos Sociales que negocia, separadamente, con patronales y sindicatos, por un lado, y con entidades y familiares, por el otro, cuáles tienen que ser los criterios mínimos que se tienen que exigir para autorizar los nuevos centros. 

En el último borrador, al que ha tenido acceso el ARA, el ministerio rebaja las pretensiones iniciales de empequeñecer las residencias para eliminar los macrogeriátricos actuales: a pesar de que en un principio había aceptado limitar a 50 las plazas permitidas, ahora casi se dobla el aforo y pasa a un máximo de 90. La propuesta no gusta a las entidades que representan a las familias, que lo atribuyen a la presión de las patronales. Para los centros ya construidos todavía falta decidir el calendario de adaptación, que en principio consistirá en dividirlo para crear “unidades funcionales independientes entre sí” con capacidad inferior a los 90 usuarios.

Por el contrario, para la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas y la patronal catalana ACRA, Cinta Pascual, los aforos actuales son más óptimos para poder redimensionar las residencias que ya están abiertas para adaptarse al nuevo modelo, y valora que se opte por el llamado modelo nórdico, a pesar de que cuestiona que el ministerio se centre solo en la definición de criterios sin adjuntar una memoria económica que calcule su coste. "El papel todo lo aguanta, pero se hacen propuestas de 5.000 euros por plaza, mientras que ahora la Generalitat paga 1.948".

Intimidad y baños

El texto señala que al menos un 65% de las habitaciones de los nuevos geriátricos tendrán que ser individuales y, en cuanto a los viejos, un 35%. Y en todas hará falta un acceso directo a un baño adaptado. El objetivo es reforzar el concepto de que las residencias son los hogares de los usuarios a todos los efectos y, así, el espacio se distribuirá con unidades de convivencia de solo 15 personas, con espacios comunes (cocina, jardín, comedor, sala de estar, etc.) e individuales y con más intimidad. Familiares y residentes podrán participar, se asegura, en el diseño de las habitaciones.

Pero el aspecto que más “ha indignado” a las entidades de las familias organizadas son las ratios fijadas para los trabajadores, porque, según su parecer, “no se resuelve la falta endémica de personal” que se ha evidenciado como nunca durante los dos años de pandemia, denuncia la presidenta de la Coordinadora 5+1 y miembro de La Plataforma, María José Carcelén, para quien los “adelantos” que recoge el nuevo borrador quedan eclipsados porque “no se garantiza una atención digna” a los usuarios.

Según el plan, se mejoran las ratios de personal respecto a borradores anteriores, pero como se ha introducido en el articulado que el número de profesionales de primera atención —básicamente gerocultores— se calculará “hasta el límite del 80% de las plazas acreditadas”, las familias temen que esto represente en la práctica contar con menos trabajadores para cuidar a los residentes. Así, según Carcelén, no se llegaría a dos horas diarias de atención directa, lejos de las cinco que se ofrecen en Alemania y que se admiten como insuficientes. Para Pascual, en cambio, sí hay incremento de plantillas porque se pasa del 0,36 del borrador previo al actual 0,41. Si así fuera, en Catalunya no habría que tocar nada porque la ratio es ahora del 0,42

Aprobación en marzo

También en este borrador desaparece la mención a los registros con el nivel y grado de dependencia acreditados de cada residente. Esto, advierten las familias, puede facilitar que los centros reduzcan las ratios de personal con “la excusa” de que sus usuarios solo requieren una atención moderada. Es una manera de abaratar costes, en un momento en el que a las residencias solo llegan las personas con gran dependencia y que no se pueden mantener en casa.

El ministerio insiste en que son borradores de trabajo y que todavía hay tiempo para introducir más cambios antes de que se traslade a lo largo de marzo al consejo territorial, donde están presentes las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias y las que tendrán que trasladar los acuerdos para adaptarlos a su realidad. De momento, las entidades de familiares no ven claro dar el sí si no se atienden sus demandas, y califican el proceso de diálogo de “maquillaje” del gobierno español, al que acusan de utilizarlos para “blanquear” sus decisiones.