Las administraciones públicas tienen deuda con el 39% de las entidades sociales de Cataluña, es decir, cuatro de cada diez acumulan retrasos en los pagos acordados a cambio de la prestación de servicios o actividades. Esta situación provoca tensiones en la tesorería. Es uno de los datos que recoge El Anuario de la Ocupación del Tercer Sector Social de Cataluña 2025 que elabora la Confederación, la patronal de estas organizaciones sin ánimo de lucro, que se ha presentado este miércoles en Barcelona.

De tener un cochecito para niños totalmente gratis a pasar por delante de los ciudadanos autóctonos para recibir una atención sanitaria o una prestación social. Son los rumores que alimentan los discursos de odio contra los migrantes, que sin base alguna se esparcen entre una sociedad que ha visto cómo, a pesar de las mejoras macroeconómicas, hay mucha precariedad social. La decana del Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña, Laura Morro, ha advertido que las profesionales de los servicios sociales municipales básicos intentan desmentir que haya un trato favorable hacia el vecino de origen extranjero al tiempo que solucionan los problemas que plantean los usuarios.

Laura Morro tomó en abril el relevo en Conxita Peña como decana del Colegio de Trabajo Social de Cataluña, cargo que compagina con el trabajo como responsable de trabajo social del Consorci Mar Parc de Salut. Afirma que se ha propuesto que sociedad y políticos reconozcan el valor de las profesionales.

A raíz de la pandemia, la Generalitat ha aumentado la inversión en políticas sociales para hacer frente a la crisis social derivada de las medidas restrictivas, pero lo ha hecho 10 puntos por debajo de la media española. De hecho, Cataluña se mantiene en la cola de las comunidades en cuanto al incremento del gasto social entre 2019 y 2024, con un 14,9%, ligeramente por debajo de los gobiernos de Madrid y Murcia (15 y 16,4%). Son datos del último informe de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales publicado este lunes, que denuncia que el crecimiento presupuestario general en este quinquenio poscovido no se ha reflejado en los capítulos de sanidad, educación y servicios sociales. La recuperación en los presupuestos sociales en Catalunya supone un incremento de 383 euros per cápita, sólo superando por la mínima de un euro al Madrid de la popular Isabel Díaz Ayuso, mientras que la media española se sitúa en torno a los 660 euros.

Entre la residencia o el domicilio, la abrumadora mayoría de los catalanes (93%) querría recibir los cuidados en su domicilio, según la última encuesta Òmnibus. Más enfermedades crónicas, neurodegenerativas, oncológicas o de movilidad que se asocian con el envejecimiento, más soledad y más precariedad económica –sumadas a unas predicciones demográficas que apuntan a que en menos de una década uno de cada cuatro habitantes en el país tendrá más de 65 años– ponen sobre la mesa la obligación. de recursos sanitarios y sociales.

Si la situación no cambia, pronto la familia de Nadira [nombre ficticio, como el del resto de testigos] cumplirá un año en el albergue privado Sant Màrius, derivada por sus servicios sociales. Nadira encontrara la fuerza para dejarlo, para convertirlo en su ex. en establecimientos turísticos, unas tres mil personas vulnerables como ellas, el 41% son familias monoparentales, con un 92% de mujeres como referentes adultos.

Madres con criaturas grandes dependientes que deben dejar de trabajar. Hijas o esposas que cuidan en casa a los padres o parejas. "Las familias, básicamente mujeres, se ven obligadas a inmolarse, a hacer grandes sacrificios de su vida", resume Gustavo García, coordinador del Índice DESC 2024, con el que anualmente la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales cuenta con cifras oficiales el estado de los servicios sociales públicos. La frase sirve para ilustrar hasta qué punto los nuevos modelos de cuidado a domicilio que propugnan todos los gobiernos (el ministerio tiene en marcha una estrategia de desinstitucionalización) fracasan al chocar con la realidad de los hogares que deben hacer manos y mangas para cuidar al familiar dependiente con las pocas ayudas públicas que reciben.

La década de los setenta fue una época de muchos cambios en la sociedad catalana. En ese contexto de liberación política y social, una de las revoluciones más silenciosas fue la de aquellas familias que tenían un niño con alguna discapacidad psíquica. Subnormales, retrasados, disminuidos, tarados, incapacitados, inválidos y minusválidos. Eran tiempos en los que no existían eufemismos para describir una carga familiar, no sólo física, sino también emocional. Eran tiempos en que todos aquellos con alguna discapacidad psíquica estaban escondidos en sus casas, alejados de las miradas y de los prejuicios de una sociedad todavía muy inmadura.

Pronto hará tres años que la familia de Marimar [nombre falso, como el del resto de testigos del reportaje] encadena la vida de pensión en pensión de servicios sociales. Vive con tres hijos menores y el marido desde que los echaron de la habitación que habían realquilado a un matrimonio amigo. Como ellos, los servicios sociales del Ayuntamiento de Barcelona alojan en establecimientos turísticos unas 3.000 personas vulnerables, de las que 1.300 son criaturas. En principio, se establece una estancia máxima de seis meses, pero la realidad de los usuarios y del mercado de la vivienda en la ciudad imposibilita cumplir estos plazos.

No hace ni 24 horas que Enric Morist (Igualada, 1965) sustituye a la veterana Francina Alsina al frente de la Mesa de las Entidades del Tercer Sector, una plataforma que reúne a 3.000 entidades y 37 federaciones sociales, que se dedican desde el ocio, a la salud mental o la atención a la vulnerabilidad y la discapacidad. En el currículo de Morist, que había sido expresidente de la organización, se destacan las dos décadas como responsable de Cruz Roja en Catalunya y la actual dirección de la Fundación Ayuda y Esperanza.

En una enorme sala, decenas de operadores atienden llamadas telefónicas y consultan las pantallas de los ordenadores que tienen encima de la mesa. De vez en cuando, se siente: "Florencio, ¿me siento?", "Buenos días, María, ¿cómo se encuentra?" Podría ser un call center de ventas o de reclamaciones, pero es el núcleo de la teleasistencia del Ayuntamiento de Barcelona, un servicio que se ofrece gratuitamente a todos los residentes de más de 75 años, personas dependientes y también a cuidadoras familiares. El servicio se conoce popularmente como la medalla o el botoncito, por el pulsador que los usuarios se cuelgan en el cuello mientras están en casa y que, en caso de alguna emergencia social, les conecta a una red de unos 250 profesionales que trabajan ininterrumpidamente todos los días del año. Para resumirlo, son el 061, el SEM (Servicio de Emergencias Médicas) de los servicios sociales para la gente mayor. Desde estas cuatro paredes, se solucionan cada día cientos de demandas de ayuda social: desde levantar a una persona que se ha caído y no se puede mover, hasta una higiene personal puntual, pasando por casos excepcionales, como ir a comprar la medicación urgente, explica Luisa López, responsable del centro de atención.

Casi la mitad de las 3.075 personas que viven realojadas en un hostal de Barcelona son menores de edad. En concreto, son 1.421 niños y adolescentes a los que, por haber perdido su domicilio por diversas causas, el Ayuntamiento ha buscado un techo de urgencia para que el núcleo familiar pueda reponerse. Son los alojamientos temporales de urgencia (ATU), pensados ​​para algunas semanas o meses, aunque en la práctica, la complejidad de las circunstancias familiares hace que en la mayoría de los casos las estancias se alarguen hasta más allá del medio año . El consistorio que dirige el socialista Jaume Collboni lleva un mes puesto en marcha un nuevo protocolo para limitar el tiempo a seis meses para los usuarios que entren a partir de ahora e intentar "potenciar" la ayuda económica a una plaza residencial, según el gerente del Institut Municipal de Serveis Socials, Javier Martínez. La idea es que "sólo queden en estos servicios especializados" los colectivos más vulnerables que necesitan un "acompañamiento" y "orientación" de los profesionales de los servicios sociales municipales, y que el resto puedan encontrar otra vivienda por su cuenta, si es necesario con la ayuda municipal.

Los cambios demográficos marcan nuestras vidas: cuánto viviremos, hasta cuándo trabajaremos o cuántos hijos tendremos. Pero también alteran a nuestra sociedad porque afectan a la economía y al estado del bienestar, así como a sus patas clave: los servicios sociales y sanitarios. Tenemos una población cada vez menor y que vive más tiempo. Envejecemos y nos faltan criaturas, y, sumado a las consecutivas crisis económicas, ya un mercado laboral y de la vivienda disfuncionales, esto ha hecho crecer las demandas de ayuda y apoyo de unos servicios públicos que a menudo no dan abasto.

Los juzgados tendrán que informar a los servicios sociales de la apertura de los expedientes de desahucio antes de que se ejecuten para buscar alternativas y evitar que la familia se quede sin techo. Éste es el nuevo protocolo que arrancó hace un año en pruebas en Terrassa, Manresa, el Bages y el Moianès y que los departamentos de Derechos Sociales y Justicia han extendido ya a todas las áreas básicas de servicios sociales (ABSS) que hay en Cataluña.

Dos años después, los trabajadores de los servicios sociales de Olesa de Montserrat todavía tienen muy presentes los primeros días de la pandemia, cuando el plafón con el que intentaban entender la magnitud de la tragedia se iba llenando de puntitos rojos: cada punto equivalía a una persona muerta por covid en los geriátricos. De hecho, en esta localidad del Baix Llobregat Nord, el coronavirus impactó de lleno en una residencia al cabo de pocos días del cierre de la Conca d'Òdena cuando el covid todavía no había mostrado su capacidad de muerte. "Aquellos días fueron un drama porque no sabíamos a qué nos enfrentábamos ni cuánto duraría la emergencia", dice ahora el regidor Jordi Martínez Vallmitjana. 

La situación económica empieza a mejorar después de los embates más duros de la pandemia y los confinamientos, pero la mejora todavía no llega a los sectores más vulnerables de la población. Esto se desprende del balance anual que hacen los servicios sociales de Barcelona, que muestra que en 2021 se atendió a 97.531 personas diferentes, un 10,36% más que el año anterior y un 22,56% más si se compara con las cifras del 2019 (79.575), y que muestra un dato especialmente significativo: el 24% de las personas que pidieron ayuda el año pasado lo hacían por primera vez o bien hacía más de un año que no habían requerido. El dato, eso sí, es ligeramente inferior al 32% que se detectó en 2020 y, por lo tanto, muestra una ligera estabilización.

Era una pregunta inocente: “¿Cómo estás?” Però suficiente como para hacer derramar el vaso. “Me eché a llorar y ya no pude parar. Yo creía que estaba bien, pero tuve un ataque de ansiedad. Me enviaron a casa y estuve dos meses con ayuda psicológica”, explica Marta –nombre ficticio–, enfermera de urgencias del Hospital de Bellvitge. El aumento de la carga de trabajo, la fatiga y la incertidumbre impacta en la salud mental de los sanitarios después de casi dos años de pandemia. Marta trabaja en el bloque quirúrgico de urgencias, el único de los cinco bloques que durante la pandemia ha atendido todo lo que no era covid. “Y nos hemos encontrado con más carga laboral porque al pararse quirófanos, consultas externas y pruebas diagnósticas, las patologías han tardado más a diagnosticarse y los tumores más a operarse, y esto quiere decir más probabilidades de complicaciones”, explica. Asegura que la actividad todavía no se ha recuperado al 100%. “A cada ola, cuando se necesitaban camas por covid hemos tenido que parar la actividad. Y ahora, con la sexta ola, los enfermos no pueden subir a planta porque están ocupadas con pacientes covid y se acumulan en urgencias, es un colapso”. Después de dos meses de baja ya ha vuelto a su puesto de trabajo.

El día siguiente al incendio en un local okupado en la plaza Tetuan de Barcelona, donde murió una familia con dos hijos pequeños, los trabajadores del Servei d'Intervenció Social de Families amb Menors (SISFAM) del Ayuntamiento de Barcelona, que habían atendido a las víctimas, han lanzado un grito de alerta. En un comunicado publicado en Twitter, han avisado que hay más familias con niños “en la misma situación”. También han advertido que trabajan “con recursos insuficientes” y que la mayoría de las personas que atienden “no pueden acceder a las pocas alternativas de vivienda que ofrece la administración o al mercado laboral” por la falta de un NIE. Un hecho que, según los profesionales de los servicios sociales, los “aboca a malvivir en infraviviendas”.

"Mi hija no tiene autonomía ni para comer ni para beber, no habla ni anda sola. Además, desde hace unos años Maria sufre ataques epilépticos, provocados por ruidos tan cotidianos como cerrar una puerta o toser ", explica Jordi, el padre de Maria, una niña de 9 años que sufre un 78% de discapacitdad debido al síndrome 9p. Se trata de una enfermedad minoritaria con un solo caso detectado en España y que sufren unas 100 personas en todo el mundo. Ahora Jordi busca una escuela de educación especial y una residencia para la niña, puesto que en la escuela donde va ahora no le pueden ofrecer los servicios que necesita. De momento, sin embargo, no han encontrado ninguna solución, y las pocas que le han ofrecido lo han indignado, como tener que renunciar a la tutela de la niña para que la Generalitat le adjudique una plaza en una residencia. La situación es especialmente difícil porque la niña vive en Peramola, un pequeño pueblo del Alt Urgell de menos de 400 habitantes. Si la vida en el mundo rural suele ser complicada cuando hablamos del acceso a los servicios básicos, se puede convertir en una pesadilla cuando sufres una discapacidad del 78%.

La consellera de Derechos Sociales, Violant Cervera, se ha comprometido este viernes a ganar "un mínimo de 5.000 viviendas sociales" en la próxima legislatura para intentar paliar el déficit estructural que hay en Catalunya de un parque asequible. En su primera comparecencia en comisión para presentar cuáles serán los ejes programáticos de su departamento, que incorpora la cartera de la vivienda, ha subrayado que el próximo año el presupuesto para políticas de vivienda pasará de los 200 millones actuales a mil millones de euros.