Al menos 200 menores malviven en locales o asentamientos en Barcelona

BarcelonaLa muerte de una familia en unos bajos ocupados de la Plaça Tetuan de Barcelona ha vuelto a poner en evidencia una situación que no es nueva ni tiene una solución inmediata: la infravivienda y los obstáculos que hay para acceder a una vivienda social. Como mínimo, 208 menores de edad sobreviven en locales o asentamientos de la ciudad, en unas condiciones de habitabilidad inadecuadas e indignas. Según el Observatorio de Derechos Sociales, se han detectado 86 asentamientos con 481 residentes, entre los cuales hay 53 niños, y 105 locales ocupados, donde malviven hasta 481 personas, de las cuales 156 son menores. En total, como mínimo son 865 personas. A este dato todavía se le tienen que sumar el millar de personas que duermen directamente en la calle y una cifra indeterminada –pero que suma más de 3.000 personas –de las que se alojan en habitaciones compartidas y hostales. 

Según ha explicado la Comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes, el dato se mantiene constante en los últimos años, a pesar de que se detecta que cada vez hay más ocupaciones de locales y menos asentamientos. Coincide con ella Raúl Martínez, subdirector de Cepaim, que constata que están desapareciendo los grandes asentamientos y naves ocupadas con decenas o incluso centenares de personas, que pasan a buscar alternativas en los locales comerciales cerrados por falta de actividad. “Esto hace que pasen más desapercibidos, que se invisibilice a estas personas” y que sea más difícil controlarlas para apoyarlas, afirma. 

Como la familia muerta, la mayoría de estas personas son extranjeros que, como no tienen la documentación en regla, quedan al margen de las ayudas básicas. Es el pez que se muerde la cola, el círculo perverso que condena a los inmigrantes sin papeles a “quedar excluidos del mercado laboral y de alquiler”, denuncia el responsable de Cepaim.

Con este panorama, los locales comerciales vacíos o las naves en desuso son, pues, “los espacios que encuentran y los únicos a los que pueden acceder”, porque sin papeles “nadie les alquila nada aunque tengan dinero para pagarlo”, subraya el responsable de esta entidad, que atiende a personas vulnerables en estas situaciones.

Por eso, el Ayuntamiento de Barcelona ha vuelto a insistir en que sin una reforma de la ley de extranjería para facilitar la residencia y arraigo de personas que ya residen en el Estado no se podrá hacer una actuación estructural. La tinenta de alcaldía de Derechos Sociales, Laura Pérez, ha insistido en que muchos extranjeros sin documentación se trasladan a Barcelona porque es uno de los pocos consistorios que cumplen con la ley de empadronar a este colectivo para que así puedan acceder a ayudas básicas y tengan la tarjeta sanitaria y una plaza escolar. Es lo que la tinenta de alcaldía ha calificado de “reconocimiento de ciudadanía”.

Pero este círculo tiene el pecado original de una ley de extranjería que está dificultando la regularización o el arraigo familiar de miles de extranjeros sin papeles, denuncian las ONG. En este sentido, Pérez ha reclamado otra vez una reforma de la norma “para dar oportunidad a los que de facto ya son vecinos”. Es un clamor compartido con entidades del tercer sector que señalan que los requisitos se endurecen hasta el punto de que solo les queda estar años en la más extrema de las marginalidades.

Ni la renta garantizada ni el ingreso mínimo vital. Sin papeles, no hay manera de poder tener estas prestaciones, creadas para ayudar a los más vulnerables. Así, personas como las cuatro víctimas mortales de Tetuan solo pueden recibir “ayudas puntuales, pero no unas que les permitan salir adelante”, señala Martínez.

Tampoco hay salida habitacional. La Mesa de Emergencia de la vivienda social, creada para dar una solución de urgencia a las familias desalojadas, es una herramienta inútil para familias como la de Tetuan. Primero, como ha explicado el Ayuntamiento, muchos de los que malviven ocupando infraviviendas se ganan la vida con la chatarra, y entrar en una vivienda significa renunciar a estos pocos ingresos o no tener un lugar donde dejar el material. Pero aunque lo quisieran tampoco podrían: el requisito exigido por el Consorcio de la Vivienda de Barcelona (formado en un 40% por el Ayuntamiento y en un 60% por la Generalitat) es que los solicitantes a un piso de alquiler social hayan perdido un contrato o una vivienda con cédula de habitabilidad. Por todo ello, la Mesa del Tercer Sector, que reúne a 3.000 entidades sociales, señala que el caso de la Plaça Tetuan es el último ejemplo de “la falta de soluciones políticas reales y efectivas” a la vulneración del derecho a una vivienda “digna, asequible y segura”.

Hoy hay 686 personas esperando una vivienda social de emergencia solo en Barcelona. Esto es solo un reflejo del enorme déficit estructural del parque de pisos sociales: solo un 2% de las viviendas lo son, frente al 15% de la media europea.

Las entidades sociales piden más compromiso a las administraciones para garantizar los derechos de la infancia

La Mesa del Tercer Sector también lamenta que el caso de este martes haga visible la realidad de la pobreza infantil. "En nuestra casa también hay niños que viven en condiciones absolutamente indignas y de mucha precariedad", subrayan. En este sentido, la Federación de Entidades de Atención a la Infancia y la Adolescencia (FEDAIA) ha reclamado más compromiso a las administraciones para evitar "casos de pobreza extrema con consecuencias dramáticas" y garantizar los derechos fundamentales de la infancia y sus familias. FEDAIA también ha remarcado que son muchas las familias que "se ven obligadas" a vivir en infraviviendas, en situaciones de pobreza extrema, "que ponen en riesgo su vida y representan una vulneración inaceptable de sus derechos fundamentales".

Esta entidad hace un año que está exigiendo a las administraciones y a los actores sociales una estrategia catalana para la erradicación de la pobreza de la infancia y la juventud en el marco del Compromiso por la Infancia, la Juventud y sus Familias. "Hoy esta exigencia se hace más vigente que nunca, desgraciadamente a partir de un hecho que no tendría que haberse producido bajo ninguna circunstancia", concluyen las entidades.