En la política no todo deben ser proclamas y gestualidad. También hace falta pragmatismo. En resumen, ser prácticos para que los ciudadanos, los administrados, tengan la sensación de que no se les deja a un lado cuando van mal dados. Y ésta parece ser la vía que ha emprendido el gobierno español con el paquete de medidas destinado a paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio. El conflicto, cuyo final se vislumbra lejano, ha disparado los precios del gas y del petróleo y, por tanto, de todo lo que se deriva, como los carburantes y las tarifas de la luz. Por eso las medidas anunciadas por Pedro Sánchez supondrán unos 5.000 millones de euros, lejos de los más de 20.000 millones movilizados en el 2022 a raíz de la invasión de Ucrania –pero todavía estamos en los inicios e ignoramos cuánto puede durar la guerra.

Aún no se sabe qué papel tendrá Yolanda Díaz en las próximas elecciones estatales. Queda claro, sin embargo, que tras renunciar a liderar el espacio a la izquierda del PSOE, dejará un legado de siete años al frente del ministerio de Trabajo, si las generales se celebran en el 2027. Una voz sindical trabajada de cerca no duda en calificar la agenda de reformas y medidas impulsadas desde su cartera como un "punto de inflejo" 2021.

Yolanda Díaz ha renunciado a encabezar el espacio a la izquierda del PSOE sin que haya un relevo claro. Después de las tensiones internas que generó el personalismo de Sumar en 2023, la estrategia de cara a las elecciones previstas para 2027 se ha dado la vuelta. La prioridad son ahora las alianzas entre los partidos y, en último término, llegará el nombre del cabeza de lista. De momento, Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han anunciado que irán en coalición –sin concretar todavía cómo y con qué caras– con el objetivo de que se les unan otras formaciones como Podemos, Compromís, Chunta Aragonesista o Més per Mallorca. El paso al lado de Díaz deja vía libre a desplegar nuevos liderazgos en un proyecto que se presenta como más coral. ¿Quién podría relevarla?

Era un secreto a voces y solo faltaba ponerle fecha: este miércoles, justo después de participar en la sesión de control al gobierno español, ha sido el día que ha elegido Yolanda Díaz para anunciar que no volverá a ser candidata a las elecciones generales. Seguirá como vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo, pero ya no tendrá un papel protagonista en una coalición de izquierdas estatal, que justo ahora ha empezado a presentar los frutos de meses de negociaciones. En una carta publicada en sus redes sociales, Díaz subraya que “el espacio que Sumar puso en pie sigue con fuerza” y también destaca propuestas “ambiciosas” como la que defiende Gabriel Rufián para ampliar este espacio a los partidos nacionalistas e independentistas de izquierdas. Antes de hacer pública la carta, Díaz ya había comunicado su decisión “a sus seres queridos, al conjunto de su espacio político y al presidente del gobierno español”.

Julio Iglesias ha decidido llevar a Yolanda Díaz a los tribunales. La demanda, presentada con el apoyo del abogado José Antonio Choclán, solicita un acto de conciliación en el que Díaz "reconozca el daño causado" y rectifique las declaraciones hechas tanto en las redes sociales como en medios de comunicación. La vicepresidenta española condenó en TVE lasagresiones sexuales por las que se investiga al cantante y pidió "contundencia": se mostró partidaria de retirar las medallas a Iglesias porque aseguraba que su comportamiento "requiere una actuación ejemplarizante". "Una cosa es la responsabilidad penal y otra la responsabilidad de carácter ético", justificó, y avanzó que pronto el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tomaría una decisión sobre la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Yolanda Díaz no se cansó de repetir, antes de lanzar Sumar en el 2023, que el proyecto que quería liderar no iba ni de siglas ni de personas, que quería ser una plataforma ciudadana en la que los partidos tuvieran un rol secundario para no perderse en las batallas partidistas que muchas veces han caracterizado a la izquierda. De hecho, la actual vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo protagonizó una gira –lo que llamó “proceso de escucha”– por todo el Estado para presentar y acercar su proyecto a la ciudadanía. Nada salió como había prometido: ya desde el inicio, Sumar se convirtió en una plataforma que giraba en torno a Yolanda Díaz y la guerra con Podemos acaparó las negociaciones para configurar lo que acabó siendo una tradicional coalición electoral. Ahora, buena parte de los protagonistas de Sumar de hace tres años se han propuesto reeditar un proyecto común –bajo el título provisional de Un Pas Endavant– y no caer en los errores de hace tres años. ¿Es posible?

El debate sobre la unidad a la izquierda del PSOE ha resurgido con fuerza en los últimos días. La llamada a no dispersar el voto progresista hecha el miércoles por Gabriel Rufián cara a las próximas elecciones generales ha resonado este sábado en otro acto en Madrid. Comunes, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar han escenificado que volverán a concurrir juntos en los comicios previstos en el 2027 con una expectación amplificada por la propuesta del republicano. Si bien el planteamiento de estas formaciones va por un carril distinto al del portavoz de ERC en el Congreso y no hay expectativas reales de sumar a los independentistas, la nueva coalición electoral —todavía en un estadio muy inicial— ha reivindicado esta necesidad de ser lo más actores posible en una única candidatura. "No cerraremos la puerta a nadie", afirmaron. En este llamamiento sí existe la voluntad —hoy por hoy quimérica tras la traumática ruptura al inicio de la legislatura— de atraer a Podemos. También otros partidos con los que ya se han juntado anteriormente como Compromís, Més per Mallorca o la Chunta Aragonesista. De éstos, sólo los valencianistas asistieron a la presentación en la que la gran ausente fue Yolanda Díaz.

Ante 500 personas en una sala que dos horas más tarde acogería un concierto de jazz, Gabriel Rufián ha dejado un interrogante en el aire: "¿Qué sentido tiene que catorce izquierdas representando lo mismo nos presentamos en el mismo sitio compitiendo por muelles?". Tras muchos días de especulaciones y tertulias, el portavoz de ERC en el Congreso ha concretado su propuesta para articular un frente común de las izquierdas cara a las próximas elecciones generales. Su hoja de ruta consiste en establecer "tres o cuatro puntos programáticos en común" de las izquierdas y que las formaciones se presenten provincia por provincia. "Cada uno en su casa, y el antifascismo, el derecho a la autodeterminación y la dignificación de las condiciones de vida, a la de todos", solemnizó. Y ha abierto la puerta a conformar un grupo parlamentario común en el Congreso. Fue en un acto en la Sala Galileo Galiei de Madrid acompañado de Emilio Delgado, diputado autonómico de Más Madrid.

Sólo la mala fe o la más absoluta ignorancia pueden dar crédito a Vox y su propuesta de prohibir el burka y el niqab en los espacios públicos. Hablan de "nuestra cultura" como si la suya fuera la de todos. Su patriotismo rancio, su nostalgia franquista, su misoginia radical y su talante liberticida sí no es "nuestra cultura". Pero lo sorprendente no es el racismo de Vox sino la ineptitud de una izquierda que no parece verlas venir, y por pereza, por mediocridad o cobardía deja que algunos temas espinosos se vayan incubando hasta hacer eclosión en polémicas como la de estos días.

Después del abucheo interno dentro del gobierno español de coalición del PSOE y Sumar por las rebajas de impuestos a los propietarios, el ejecutivo de Pedro Sánchez busca un equilibrio en la propuesta fiscal inicial para tratar de resolver la disputa. Concretamente, los ministerios de Vivienda y Hacienda, en manos socialistas, exploran una fórmula que combine incentivos para quien aplique una rebaja del precio del alquiler cuando éste deba renovarse, y una penalización para quien la encarezca, según avanzó este viernes El País y confirman al ARA fuentes del ministerio de Vivienda. Pero el planteamiento es todavía muy incipiente y desde Sumar, el socio minoritario, no lo ven claro. Fuentes de la formación que lidera Yolanda Díaz confirman que el ala socialista ha puesto el planteamiento sobre la mesa –la negociación lleva tiempo abierta–, pero insisten en que la vía fiscal no puede ser la única solución para controlar los precios de los alquileres.

La negociación colectiva es el espacio donde los representantes de los trabajadores y las empresas se sientan para negociar todos los aspectos de las condiciones laborales; desde los salarios hasta las vacaciones pasando por los horarios. Estos acuerdos se cierran a través de los convenios colectivos, una fórmula que, precisamente, experimentó una caída del 16,89% en Catalunya en el último año. La patronal Foment del Treball ha apuntado que en 2025 se registraron en el Principado un total de 310 convenios que afectaron a 611.698 empleados y 64.153 compañías. Los datos se incluyen en su último Informe del mercado laboral y la negociación colectiva, que ha publicado este jueves.

El Ministerio de Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO, pero no las patronales, han acordado este jueves subir el salario mínimo interprofesional (SMI) a 1.221 euros brutos en 14 pagas, un 3,1% más que en 2025. Es un alza de 37 euros mensuales, según ha anunciado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Así, el Consejo de Ministros aprobará próximamente el incremento del salarial, que surtirá efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año.

Hace tiempo que la izquierda del PSOE ha puesto en marcha una operación de renovación. Sumar, el movimiento ciudadano que Yolanda Díaz impulsó en abril del 2023, se convirtió apresuradamente en una coalición electoral de cara al 23-J para cobijar a progresistas de todo el Estado. Pero casi tres años después ha perdido su empuje en un inicio. Desde la unidad de ese momento, la galaxia de Sumar ha sufrido un divorcio irreconducible con Podemos; la deserción de parte de Compromís; tres derrotas electorales en Galicia, en el País Vasco y en las europeas, y ha desprendido una polifonía en temas primordiales sin conseguir la seducción que buscaba. Ahora bien, las izquierdas no echan la toalla y se han conjurado para reflotarse. Desde hace meses, con especial énfasis en las últimas semanas, Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes –los cuatro partidos con presencia en el consejo de ministros– están manteniendo conversaciones para realizar una actualización global necesaria a la alianza de cara a las futuras elecciones generales. Ahora bien, el nuevo horizonte se dibuja después de que Podemos se haya separado de él y Compromís se haya distanciado de él, sin un liderazgo definido y con dudas profundas sobre el rol que debe tener Yolanda Díaz.

La plataforma de reparto de comida a domicilio Uber Eats ha anunciado este jueves que "dejará de colaborar con repartidores autónomos", cuatro años después de la aprobación de la ley rider. "Uber Eats reafirma su compromiso con el cumplimiento de la ley rider. Tras cuatro años en los que hemos acumulado experiencia trabajando con empresas expertas en logística, y para fomentar un modelo sostenible a largo plazo, hemos tomado la decisión de dejar de colaborar con repartidores autónomos", han declarado fuentes de la empresa. Asimismo, la compañía californiana ha detallado que los repartidores que aún utilizan la aplicación de Uber Eats como autónomos podrán continuar colaboradoras de la firma.

El escándalo de las denuncias por agresión sexual contra Julio Iglesias, ya investigadas por la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ha sacudido la política estatal. Las reacciones a las informaciones publicadas han ido desde la condena absoluta de Sumar –que reclama ya retirar medallas al cantante– hasta la defensa de Iglesias desde el ala más conservadora del PP, encabezada por Isabel Díaz Ayuso. Pero para los populares se trata de un tema incómodo y la posición no es unánime. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha apoyado las investigaciones en marcha: "Las denuncias son muy graves", ha reconocido en Telecinco.

El ministerio de Trabajo ha planteado a los agentes sociales una subida del 3,1% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026, manteniendo ese sueldo de referencia exento de tributación, lo que supondría elevarlo de 1.184 a 1.221 euros brutos mensuales en 14 pagas (37 euros más). La patronal española y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT se comprometieron a estudiar la propuesta, según explicó en rueda de prensa este miércoles el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, tras la reunión entre los agentes sociales para intentar llegar a un acuerdo.

El salario mínimo interprofesional, los nuevos permisos por defunción y cuidados paliativos y el pulso a Uber Eats. Son las tres cuestiones que marcarán la agenda de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante las primeras semanas de 2026, al menos en materia laboral. En uno de los momentos de mayor debilidad del gobierno español por presuntos casos de corrupción y acoso sexual y laboral que acorralan el entorno de Pedro Sánchez, Díaz ve en las medidas económicas y sociales la brecha a través de la que el ejecutivo puede encontrar aire. También la vía que le puede permitir marcar perfil, sobre todo ante el ciclo electoral autonómico que se abrirá –arranca con Aragón el próximo 8 de febrero.

La relación entre el PSOE y Sumar titubea en uno de los momentos más críticos de la legislatura a raíz de la proliferación de casos de presunta corrupción y acoso sexual que salpican y asedian a los socialistas. "Esta crisis puede ser la última", reconoce un diputado del grupo parlamentario de Yolanda Díaz, quien cree que o se "sale con cambios" o se entrará en una "inercia" en la que "no habrá tiempo de reacción" antes de las próximas elecciones. Sumar, en este sentido, sigue reclamando una "remodelación" del ejecutivo para encarar lo que queda de la legislatura, aunque de momento rechazan públicamente salir del ejecutivo. Sin embargo, hay debate interno y uno de los partidos que conforman este espacio, Izquierda Unida, no lo descarta: "Todos los escenarios están abiertos". Fuentes consultadas por el ARA explican que ya hay voces de este espacio que apuestan por una salida del gobierno.

El comité de expertos que asesora al gobierno español sobre el salario mínimo interprofesional (SMI) ha planteado elevarlo de cara a 2026 en 37 euros al mes (1.221 euros mensuales en 14 pagas) si se decide que continúe exento de tributación, o en 56 euros al mes (hasta los 40 euros al mes). el IRPF, según ha avanzado este jueves El País y ha podido confirmar el ARA. Actualmente, el sueldo mínimo está fijado en 1.184 euros al mes en 14 pagas.

El consejo de ministros ha aprobado este martes el desarrollo reglamentario del artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores sobre los contratos formativos, según ha explicado en la rueda de prensa posterior a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Uno de los principales cambios que implica esta modificación legal es que por primera vez el gobierno español limitará el número máximo de contratos formativos que puede haber a la vez en un centro de trabajo. Para quienes tienen hasta 10 trabajadores, el tope será de 3 contratos; para quienes tienen entre 11 y 30, será de 7, y para quienes tienen entre 31 y 50, el máximo será de 10. Los centros con más de 50 trabajadores tendrán un límite del 20% del total de la plantilla.