Las llegadas irregulares de migrantes a España por vía marítima y terrestre han disminuido un 40% en 2025, el mayor descenso desde 2019, según datos del ministerio del Interior hasta el pasado 15 de diciembre. Por el contrario, Baleares ha roto la tendencia general a la baja con un incremento del 27% de las entradas. Con un total de 7.295 personas, esta ruta se consolida como alternativa y supone una de cada cinco llegadas registradas este año.

La Generalitat ha decidido instalar tres nuevos radares meteorológicos en el Alt Pirineu para prever, con tiempo suficiente, posibles inundaciones en los campings de esta zona. Ésta es una de las principales medidas que prevé el nuevo decreto ley que el Gobierno tiene previsto aprobar este martes y que tiene como objetivo evaluar el riesgo de inundabilidad de cada camping y las medidas que estos deben tomar para garantizar la protección en caso de mal tiempo o inundaciones repentinas.

El gobierno de coalición de PSOE y Sumar afrontó una de sus mayores crisis cuando, en abril, los de Yolanda Díaz se plantaron ante la adjudicación de un contrato millonario a una empresa israelí para que suministrara munición a la Guardia Civil. A raíz del inicio de la ofensiva de Israel en Gaza, Interior había anunciado que rescindiría la puja con IMI Systems LTD, que en España está representada por Guardian Homeland Security, pero pasaron los meses y, finalmente, no lo hizo. Para calmar a los socios, el presidente español, Pedro Sánchez, prometió el pasado abril que el contrato se cancelaría, por más que esto supusiera tener que pagar una indemnización a la empresa. Ahora bien, según ha podido comprobar el ARA, esta adjudicación no es la única que ha salido adelante mientras, en Palestina, sigue el genocidio. Gobiernos de todos los niveles de la administración han suscrito contratos con Guardian Homeland Security, que es el distribuidor dentro de España de los principales fabricantes de material de seguridad y defensa de Israel.

Los Mossos d'Esquadra recibieron el jueves por la tarde un peculiar aviso. Una agente de los Mossos d'Esquadra había sido pillada por los responsables de una tienda de Zara del paseo de Gràcia de Barcelona cometiendo un hurto, según avanzó el digital El Nacional. Los portavoces del cuerpo confirman al ARA que, a su llegada, la patrulla destinada comprobó que se trataba de una agente del cuerpo. La mujer habría intentado sustraer de la tienda una chaqueta sin pagar.

Una persona que conoce muy bien a Joan Delort lo define como un hombre "precoz". de Girona. Era joven –"todos éramos jóvenes", dice una responsable política de la época–, pero tenía "cultura e ideas" sobre conceptos en ese momento tan abstractos como el despliegue de una policía propia. Para algunos, que ahora se jubile con 67 años de director de los Bomberos también es precoz. cerca, una de sus aficiones

Faltaban sólo unas horas para que ocurriera la catástrofe. Ese mismo martes 29 de octubre, prácticamente con el temporal derivado de la peor DANA del siglo arriba, el presidente de la Generalitat Valenciana, el popular Carlos Mazón, decidió cubrir el cargo de director general de Interior, que llevaba tres meses que estaba vacante.

La trifulca política por la DANA en el País Valenciano ha estallado. En paralelo a la búsqueda de los desaparecidos y el balance de daños materiales, a medida que pasan las horas se multiplican las voces que reclaman responsabilidades políticas por la tragedia, sobre todo por el hecho de que no se alertara antes a la población para evitar que fuera a trabajar o, simplemente, se expusiera a los riesgos. La Moncloa, en este sentido, ya ha apuntado en la Generalitat Valenciana, gobernada por el PP. Pedro Sánchez y Carlos Mazón han escenificado unidad y colaboración en su comparecencia conjunta este jueves por la mañana, pero por detrás se multiplican los reproches y, entre líneas, también se perciben mensajes cargados de intención.

El ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, que representa a trabajadores de seguridad privada, anunció el pasado julio un preacuerdo con Desokupa, la controvertida empresa de desempleos que ahora también realiza formaciones, para enseñar a sus afiliados diversas técnicas de autodefensa. Aunque fuentes del sindicato aseguran que no se firmó nada y que el acuerdo era verbal, entonces ADN hizo pública la colaboración y el propio Dani Esteve, líder de Desokupa, lo celebró en las redes sociales. Ahora, sin embargo, todo ha quedado en papel mojado: fuentes de ADN confirman que no han firmado ni firmarán convenio con Desokupa para que forme vigilantes de seguridad catalanes. Pero, ¿qué ha cambiado? Según las mismas fuentes, que se reunieron con el departamento de Interior y les ofrecieron ellos diversas formaciones.

"No se puede llevar un arma blanca encima sin justificación". Esta frase de la consejera de Interior, Núria Parlon, resume el espíritu del nuevo plan de los Mossos d'Esquadra para luchar contra las navajas: las armas blancas de más de 11 centímetros están prohibidas, pero todo el mundo que lleve una, sea del tamaño que sea, en el espacio público y no pueda justificarlo será multado. Las sanciones parten de los 600 euros, pero pueden llegar a miles. Los Mossos comprarán también más detectores de metales (ya les han pedido) e intensificarán los controles en las calles, sobre todo en puntos críticos como son el transporte público, los entornos escolares y las grandes aglomeraciones. El director general de la Policía, Josep Lluís Trapero, ha pedido paciencia a la gente porque ahora será más frecuente chocar con uno de estos controles. Pero lo ve un peaje necesario. Admitió que las armas blancas están "alarmando a la sociedad" y eso también "alarma a las autoridades".

Desde octubre de 2017, ha habido siete relevos al frente de los Mossos d'Esquadra. La vuelta de Miquel Esquius (Súria, 1963) al cargo de comisario jefe del cuerpo, dice Interior, debe dejar paso a una etapa de estabilidad en la dirección de la policía catalana. Diplomado en ciencias religiosas, de ahí le viene el apodo de cura, que gente que le ha conocido asegura que es en sentido positivo: "Tiene un talante reflexivo, humanista". Su carácter tranquilo es lo que todo el mundo le valora, y también que es muy difícil verle enojado. Sin embargo, no se pasa el día encerrado en un despacho, aunque lleva años asumiendo cargos de gestión.

Técnicamente, se llama 4/2015, pero todo el mundo la conoce como la ley mordaza. Ya hace nueve años que el gobierno popular de Mariano Rajoy la impulsó y, pese a las críticas constantes que ha recibido para poder sancionar con demasiada discrecionalidad, sigue vigente. Ha habido intentos de reformarla, pero todas las policías del Estado pueden seguir utilizándola. El departamento de Interior de la Generalitat no puede hacer nada por no aplicarla, pero en julio del 2022 impulsó un nuevo protocolo para intentar esquivar sus efectos. Principalmente, querían evitar que la policía multara fácilmente a manifestantes o activistas que querían frenar desahucios. En los diez primeros meses de vigencia, el nuevo protocolo logró reducir un 38% las sanciones en este ámbito. Sin embargo, este lunes el sindicato mayoritario de los Mossos, Fepol, ha denunciado que el nuevo protocolo también ha tenido efectos adversos para la policía.

El escritorio, prácticamente vacío. En los archivos sólo quedan algunos pocos documentos como metáfora que ya no queda trabajo por hacer. Al menos a Joan Ignasi Elena, hasta este lunes consejero de Interior. Sólo queda sacar algunos libros de encima de la cómoda, varios bolis de un bote y redecorar cuadros y alfombras. Esto ya será decisión de la nueva consejera, Núria Parlon. Pero uno tendrá que cambiarlo obligatoriamente: el retrato del presidente saliente, Pere Aragonès, que aún corona el despacho. Justo debajo, como símbolo de la transición, hay tres diarios, el ARA, La Vanguardia y El Periódico, que anuncian en portada el nuevo gobierno de Salvador Isla.

Incertidumbre. Es la palabra, repetida por varias fuentes, que mejor define la situación actual de la nueva plaza de mayor de los Mossos d'Esquadra, el máximo rango de la policía catalana. Este lunes se hizo público que la titular del juzgado de lo contencioso administrativo número 8 de Barcelona suspendió el proceso de selección de un nuevo mayor cuando el director general de la policía, Pere Ferrer, ya había escogido al comisario Eduard Sallent, actual jefe del cuerpo, por serlo. Sallent ha sido elegido, pero todavía no ha sido nombrado. La suspensión judicial es una consecuencia automática de que la jueza aceptara las medidas cautelares solicitadas por el sindicato policial SAP-Fepol. La gran pregunta que se están haciendo los servicios jurídicos del departamento de Interior, sin embargo, es dónde empieza y dónde termina esta suspensión.

El Govern ha aceptado indemnizar con 69.218 euros a una mujer que resultó herida durante las protestas en Barcelona contra la sentencia del Proceso, en octubre del 2019, por el impacto de un proyectil de foam de los Mossos d'Esquadra. Según ha avanzado El País y ha confirmado el ARA, el departamento de Interior ha asumido el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora, el órgano consultivo de la Generalitat, que concluyó que el cuerpo policial actuó de forma "desproporcionada". El informe de la comisión señalaba que muy probablemente uno de los proyectiles disparados impactó al jefe de la joven en una zona donde no se producían disturbios y descartó que la joven actuara con "imprudencia", por lo que se propuso una indemnización de cerca de 70.000 euros.

La Comisión Jurídica Asesora, órgano consultivo de la Generalitat, ha concluido que los Mossos d'Esquadra actuaron de forma "desproporcionada" el 18 de octubre de 2019, durante las protestas postsentencia, cuando uno de sus agentes de orden público supuestamente va disparar un proyectil de foam que golpeó la cabeza de Olga. Tal y como avanzó el ARA, la joven quedó gravemente herida: sufrió un traumatismo craneoencefálico y la ingresaron en la UCI. Al día siguiente fue operada de urgencia. Estuvo ingresada trece días, pero las secuelas fueron mucho más allá. En 2020 le acreditaron una pérdida de audición del 85,8% en la oreja izquierda y también sufrió una crisis epiléptica grave por lesiones cerebrales. También le ha quedado un agujero en el cráneo de 1,8 cm y una cicatriz de 23 cm.

"Al llegar a casa, mi familia me esperaba emocionada para saber cómo había ido el primer día al parque de bomberos. Me hubiera gustado poder contar otra cosa, pero lo ocurrido me hizo perder totalmente la ilusión que tenía". Cristina (nombre ficticio) necesitaba dejar por escrito todo lo que había vivido. El suyo es un diario de acosos y vejaciones que empezaron el día que entró a trabajar en el parque de bomberos de Sant Celoni (Vallès Oriental), el 26 de mayo del 2020. Casi cuatro años después, continúa de baja y la conselleria de Interior ha abierto un expediente a seis bomberos –dos de ellos cabos– por los hechos que relata. La justicia también investiga a cuatro bomberos por un delito de acoso laboral.

La dirección general de la Policía ha abierto una información reservada para investigar la manifestación de algunos sindicatos de los Mossos d'Esquadra el pasado 7 de noviembre a las puertas del Parlament de Catalunya. Según ha podido saber el ARA, el director general de la Policía, Pere Ferrer, firmó la apertura del expediente este martes y la cuestión ya está en manos de la Comisaría General de Investigación y Asuntos Disciplinarios, la antigua División de Asuntos Internos, y de la Comisaría General de Información, que está analizando todos los vídeos de la concentración. Según las fuentes consultadas por esta redacción, la información reservada busca, sobre todo, analizar la actitud de algunos manifestantes y también revisar si el dispositivo policial que los Mossos implementaron ese día en el Parque de la Ciutadella fue adecuado.

Los silbidos agudos que salían simultáneamente de los teléfonos inteligentes en la ciudad de Barcelona confirmaron esta mañana, a las 11 horas, que el simulacro del sistema de emergencias de Protección Civil había empezado. La reacción de la población en varios puntos de la ciudad, donde muchos ya esperaban el sonido de las alarmas, ha sido de poca sorpresa. No pueden decir lo mismo, por el contrario, muchos turistas que, desconcertados, caminaban por las calles del centro cuando les ha llegado –en inglés– el mensaje del Govern en las pantallas: "PRUEBA DE ALERTA DE PROTECCIÓN CIVIL DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. ES UN SIMULACRO. No llames al 112. En una emergencia real recibirías instrucciones para protegerte".

Noemí todavía digiere lo que le pasó la noche de lunes a martes mientras volvía a casa del teatro. "Circulaba con el coche por la C-58 hacia Terrassa, venía de Barcelona y un coche de los Mossos me hizo parar para multarme, porque iba conduciendo por el carril del medio", explica al ARA por teléfono. Hasta aquí todo normal. Ella indicó a los agentes que circulaba por el carril central porque hacía poco que había adelantado a una furgoneta y se había mantenido en este porque, a esas horas y sin nadie más en la autopista, se sentía "más segura". Ellos le respondieron, dice, que no se puede conducir por el carril del medio, aunque no haya más coches en la carretera y le pusieron una multa. "Cuando me la dieron en mano la cogí les dije que de acuerdo, y añadí: «Realmente, tenéis poco trabajo», y supongo que este comentario, que lo hice educadamente, les sentó fatal", relata Noemí. Eran las 23.52 h. Le ordenaron que retomara la marcha y ella volvió a incorporarse a la circulación.

Once mujeres asesinadas en diciembre y cuatro más durante los primeros ocho días de enero. Este es el trágico recuento de mujeres muertas a manos de sus parejas o ex parejas en España en las últimas semanas. El repunte de la violencia machista más extrema ha disparado todas las alarmas en los gobiernos catalán y español y también en los cuerpos policiales, que hoy se reunirán –en un encuentro que durará hasta el miércoles– para tratar esta cuestión y mejorar la prevención.