Anoche, Carles Puigdemont se cobró una factura importante. Tal y como les explicamos ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea le dio la razón (a él, a Comín ya Ponsatí) y estableció que el Parlamento Europeo les dejó sin la inmunidad parlamentaria con manifiesta parcialidad. El fallo establece que el ponente encargado de instruir el suplicatorio del Supremo fue un eurodiputado búlgaro del mismo grupo político que Vox, partido que fue acusación particular en el juicio del Proceso. Este personaje participó en un acto bajo el título Cataluña es España en el que se llamó "Puigdemont en prisión". Lo ocurrido ayer no ocurre muy a menudo, porque el tribunal ha enmendado la llanura en el Parlamento Europeo y en el Tribunal General de la Unión Europea y les ha dicho que hagan el favor de hacer las cosas correctamente. El presidente en el exilio lo celebró así:

El martes les dije que el Estado debe compensar los perjuicios que Renfe y Adif, como brazos no ejecutores del ministerio de Transportes, estaban causando en la economía catalana. Decíamos que las obras de Cercanías no son rápidas, vale, pero las compensaciones económicas extraordinarias sí podían ser rápidas. Pues bien, hoy es noticia que el Gobierno reclamará al Estado que pague la factura del caos ferroviario. ¿Qué factura? Pues algunas partidas son muy claras: la gratuidad del servicio de Cercanías decretada hasta final de mes, o el coste del levantamiento de las barreras de los peajes de la C-32, o el coste de la contratación de informadores en las estaciones o de autobuses y conductores de las líneas de Cercanías que ahora deben ir en bus.

Es una magnífica noticia de que el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya avalado la ley de amnistía. El final de los exilios y las inhabilitaciones es un paso más cerca. Pero todavía no será el último, porque en materia del independentismo catalán, lo que pueda aprobar el Congreso, lo que valide el Tribunal Constitucional o lo que apruebe la UE es una simple opinión a oídos de un tribunal sentenciador que vive en modoa miedo ellos!ylo que pueda hacer, que haga.

La opinión del abogado general de la Unión Europea no implica ninguna decisión definitiva, pero sí que es un buen indicador para el gobierno español y los independentistas de cara a una resolución favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pese a no ser vinculante, el hecho de que el letrado considere que la extinción de la responsabilidad penal no afecta a los intereses financieros del club comunitario y que es posible también amnistiar al terrorismo es un aval a la labor que ha realizado la mayoría plurinacional en el Congreso. Pero vamos a palmos, ¿cómo se concreta esto en cada caso? ¿Cómo afecta al expresidente Carles Puigdemont? ¿Y a los expresos políticos encabezados por Oriol Junqueras?

Satisfacción en la Moncloa con el pronunciamiento del abogado general de la UE sobre la amnistía. Pocos minutos después de que se haya conocido el dictamen que avala gran parte de la ley, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, lo celebró en los pasillos del Congreso como una "victoria rotunda", ya que el informe, apuntó, "dice con toda claridad" que la norma "es conforme al derecho europeo". Por contra, para el PP el pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) "advierte de la vulneración del estado de derecho", según la vicesecretaria de Relaciones Institucionales conservadora, Cuca Gamarra. Desde Junts, el expresidente Carles Puigdemont, que sigue pendiente de que se le aplique la amnistía, aseguró que el pronunciamiento deja "en evidencia" la estrategia para "bloquear la aplicación de la ley", y el secretario general, Jordi Turull, pidió al TC que fuerce su aplicación. Asimismo, en ERC, el presidente de la formación, Oriol Junqueras, también pendiente de la plena aplicación de la norma, celebró la decisión a la espera del pronunciamiento definitivo del TJUE.

Cuando empiezan a prepararse las vacaciones, el proceso para encontrar un hotel o apartamento pasa ahora por Booking, sin depender de terceros como las agencias de viajes. Este cambio ha tenido muchos impactos en el día a día de los establecimientos. Con Booking, han ganado visibilidad y transparencia —los comentarios hacen mucho a la hora de elegir un sitio u otro—, pero también han tenido que adaptarse a unas cláusulas que consideran abusivas. El precio que ofrece Booking suele ser el más bajo porque, tal y como critican los empresarios del sector, la plataforma no les deja comercializar su habitación más barata en otras plataformas digitales, ni siquiera en su página web. Esto sin olvidar que los hoteles deben pagar una cuota por cada reserva de un 15% de media en Europa, aunque puede llegar a ser de más del 20%.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha escuchado de primera mano los argumentos a favor y en contra de la amnistía a lo largo de dos vistas dedicadas a estudiar las cuestiones prejudiciales elevadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional, contempladas en el artículo 257 del Tratado de Funcionamiento de la UE. Hemos tenido que llegar hasta aquí porque la derecha política y judicial española, a pesar de tratarse de una cuestión eminentemente interna, decidió hace tiempo trasladar su guerra particular a todas las instancias continentales posibles, como antes a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, para retrasar –más que hacer ilusoria–.

El jurista belga Koen Lenaerts (Mortsel, 1954) es el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, es decir, el juez que tiene mayor poder de Europa. Es catedrático en derecho europeo, profesor de la Universidad Católica de Lovaina y era profesor invitado en la Universidad Harvard. Este viernes ha sido investido doctor honoris causa de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Leemos en el ARA que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (este que los expertos en leyes llaman "el Tejúe") ha dictaminado que "el complemento a la pensión por hijos que va destinada especialmente a las madres discrimina a los hombres". Así es. Una madre puede cobrar un plus mensual de 35,90 euros por hijo (hasta cuatro) de forma automática, mientras que un padre tendrá que cumplir –explica la noticia– el siguiente requisito por haber tenido por ejemplo el haber sido por más, 120 días sin trabajar durante los nueve meses previos al nacimiento o durante los tres años posteriores".

El día comienza con el accidente de un helicóptero en Nueva York en el que ha muerto y el piloto y los cinco pasajeros, una familia catalana, con residencia en Barcelona, ​​los padres y tres niños menores de edad.

Anoche volvimos de la región de la Apulia, en Italia, en el talón de la bota, de un viaje de seis días con una treintena de suscriptores del ARA.

En diciembre del 2016 el conductor de un camión de recogida de residuos de la empresa ibicenca Ca Na Negreta sufrió un accidente de trabajo. Sufrió una fractura en el pie y, cuando empezó a recuperarse, el empleado pidió que le destinaran a un lugar adaptado a aquellas secuelas. La compañía aceptó la solicitud y el conductor pasó a realizar un trabajo que requería menos tiempo al volante. En paralelo, inició una disputa con el Instituto Nacional de Seguridad Social, que en un principio le denegó la incapacidad laboral permanente. No logró ese estatus hasta el 2020. Y once días más tarde, la empresa le notificó la extinción de su contrato. Estaba siendo despedido.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este viernes que las cortes españolas no habrían tenido que haber obligado Le Monde y uno de sus periodistas a pagar una elevada indemnización porque esto "tiene el riesgo de disuadir a la prensa" de hacer su trabajo y vulnera de forma "manifiesta" la libertad de prensa. "Cuando la indemnización es manifiestamente desproporcionada en relación con el deterioro de la reputación [...] tiene el riesgo de provocar un efecto disuasivo sobre la cobertura mediática de asuntos similares en el futuro", dice el dictamen de la máxima instancia de la justicia europea.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado la razón a los eurodiputados de Junts Carles Puigdemont y Toni Comín y ha pedido anular la negativa inicial de la Eurocámara a entregarles el escaño por no jurar la Constitución. También propone revocar la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), que se pone junto al Parlamento Europeo y considera que la "imposibilidad" de aceptarles la acreditación no es cosa suya, sino de "la aplicación" del derecho español". En cualquier caso, la opinión del letrado no es vinculante ni definitiva, si bien suele coincidir con la sentencia final del máximo tribunal europeo, que deberá pronunciarse en los próximos meses.

A la espera de que a finales de febrero el pleno del Congreso de los Diputados apruebe definitivamente el dictamen de la proposición de ley de amnistía y se traslade al Senado, donde se prevé que durante dos meses se libre una tan cruenta como estéril batalla para dejar -la sin efecto, la disputa sobre la futura ley tiene en estos momentos diferentes escenarios a nivel interno y europeo. A escala doméstica el contencioso político lo lideran la derecha y la ultraderecha, con la ayuda inestimable de los habituales corifeos mediáticos, y el judicial lo encabezan jueces y fiscales que no han digerido que el legislador pueda dejar en papel mojado sus excesos en forma de aceleraciones milagrosas de instrucciones o de imputaciones delirantes de terrorismo. Y es que la derecha ultramontana española, al margen de montar saraos en la calle, ha diseñado todo un plan para hacer que el itinerario de aprobación de la ley sea lo más tortuoso posible: reformas del reglamento del Senado para eludir los plazos de urgencia, peticiones de informes que ni son preceptivos ni mucho menos vinculantes, presentación de retorcidas enmiendas a la totalidad con texto alternativo, intentos por hacer decaer la propuesta por no lograr en primera instancia la mayoría absoluta...

Todas las mujeres que huyen de la violencia machista pueden obtener el status de refugiada o de protección subsidiaria en la Unión Europea. Así lo ha dictaminado este martes el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), quien considera que las mujeres en su conjunto forman parte de un grupo social que cuando, por razón de sexo, están expuestas en su país de origen a actos de violencia física o psíquica, incluso a actos de violencia sexual y doméstica, tienen derecho a recibir esa protección. "Especialmente cuando corren un peligro real de muerte o de violencia", remarca el escrito emitido por el tribunal europeo.

La principal carpeta de las negociaciones entre el PSOE y los partidos independentistas es la ley de amnistía. Y, obviamente, una de las figuras clave que podrían beneficiarse de ello es el expresidente Carles Puigdemont, el máximo protagonista del 1-O. Ahora bien, ¿podría volver inmediatamente a Cataluña? ¿De qué dependería?

Pablo Llarena no emitirá nuevas euroórdenes contra Carles Puigdemont y Toni Comín de forma inminente. Después de la petición la Fiscalía este lunes, que se sumó a la de de la acusación popular de Vox, el magistrado instructor ha emitido una providencia donde resuelve que no tomará una decisión hasta que la justicia europea se pronuncie sobre los eventuales recursos de los eurodiputados de Junts contra la retirada de su inmunidad. Teniendo en cuenta que el expresidente y el exconsejero en el exilio tienen margen hasta el 15 de septiembre para recurrir la sentencia y solicitar que se les devuelva cautelarmente la protección, previsiblemente no habrá nuevas euroórdenes durante las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha emitido este jueves su opinión sobre las prejudiciales que el Tribunal Supremo español había planteado en Luxemburgo y se ha alineado con las tesis del magistrado Pablo Llarena. A continuación os ofrecemos las preguntas y respuestas sobre las implicaciones de la última resolución europea sobre los exiliados.

Primera respuesta negativa para los exiliados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la espera de la sentencia definitiva. Este jueves el abogado general del tribunal ha emitido su opinión -que no es vinculante, pero marca la tendencia de la causa- sobre las prejudiciales que interpuso el juez del Tribunal Supremo a Pablo Llarena y, de entrada, le da la razón. El objetivo del magistrado era enmendar el rechazo de la extradición de Lluís Puig de la justicia belga y reducir el margen de los Estados europeos de rechazar una euroorden. De momento ha convencido al abogado general del TJUE: Richard de la Tour dice que Bélgica no puede rechazar una euroorden por el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia -como hizo en el caso del exconseller Lluís Puig- si no se ha demostrado las "deficiencias sistémicas y generalizadas" del sistema judicial basándose en "datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados".