El abogado general del TJUE da la razón a Llarena sobre las euroórdenes de los exiliados

BarcelonaPrimera respuesta negativa para los exiliados al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la espera de la sentencia definitiva. Este jueves el abogado general del tribunal ha emitido su opinión -que no es vinculante, pero marca la tendencia de la causa- sobre las prejudiciales que interpuso el juez del Tribunal Supremo a Pablo Llarena y, de entrada, le da la razón. El objetivo del magistrado era enmendar el rechazo de la extradición de Lluís Puig de la justicia belga y reducir el margen de los Estados europeos de rechazar una euroorden. De momento ha convencido al abogado general del TJUE: Richard de la Tour dice que Bélgica no puede rechazar una euroorden por el riesgo de vulnerar la presunción de inocencia -como hizo en el caso del exconseller Lluís Puig- si no se ha demostrado las "deficiencias sistémicas y generalizadas" del sistema judicial basándose en "datos objetivos, fiables, precisos y debidamente actualizados".

Y añade que, si se quisiera comprobar por parte de Bélgica (o cualquiera otro Estado) cuando no existen estas "deficiencias sistémicas o generalizadas", sería una "expresión de una desconfianza hacia los tribunales" del Estado miembro que emite la euroorden. Afirma, así, que "el principio de confianza mutua entre los Estados miembros, que tiene una importancia capital porque permite la creación y el mantenimiento de un espacio sin fronteras interiores, tiene que aplicarse plenamente, de forma que puedan conseguir los objetivos de aceleración y simplificación de la cooperación judicial y el objetivo de luchar contra la impunidad".

A la vez el abogado general cree que los Estados tampoco pueden pronunciarse sobre la competencia de quien emite la euroorden porque vulnera la "autonomía procesal" de los Estados y también el "principio de reconocimiento mutuo" necesario, dice, en el sistema de "cooperación judicial" europea. Dos tesis que van en la línea de lo que defiende el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, y contradicen la resolución belga.

También asegura que Llarena puede volver a emitir euroórdenes contra una misma persona en un mismo Estado aunque el Estado ya haya rechazado la extradición si se ha hecho "contraviniendo el derecho de la UE". Lo argumenta así: "Imponer un límite al número de euroórdenes que pueden emitirse supondría poner en entredicho la efectividad del sistema de cooperación judicial y debilitar los esfuerzos encaminados a sancionar de manera efectiva las infracciones dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia". En este sentido, si el tribunal abonara también esta tesis, el Supremo podría volver a abrir el melón de las euroórdenes ya rechazadas para intentar tumbarlas.

Las conclusiones del abogado general son el paso previo a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el caso de las prejudiciales, que pidió el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para poner en entredicho el rechazo de Bélgica a la entrega de Lluís Puig. Hay que ver, pues, si el tribunal sigue esta misma línea o se desmarca. La estrategia de Llarena en esta causa pasa para conseguir una resolución que diga que Bélgica se ha excedido en sus funciones a la hora de rechazar las euroórdenes y fijar así un terreno de juego reducido a los exiliados para que sea más fácil que los otros Estados los entreguen en España.

En este sentido, todavía está pendiente de resolver la del expresidente Carles Puigdemont, a quien las autoridades italianas aparcaron su caso cuando fue detenido en Cerdenya a la espera que se pronunciara el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Una vez salga la sentencia (si coincide con la opinión del abogado general), se puede retomar la euroorden contra el expresidente con la duda de si se hará en Italia o en Bélgica, que es donde reside.

El caso de la inmunidad, pendiente

Pero todavía faltará un caso clave para valorar si la justicia europea se alinea con el Supremo o allana el terreno por un regreso de los exiliados sin detenciones: la inmunidad. Los eurodiputados Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí recurrieron la decisión del Parlamento Europeo de aprobar el suplicatorio emitido por el Tribunal Supremo y, si Luxemburgo les diera la razón, podrían moverse libremente por toda la Unión Europea con el aval de la justicia, incluido España. En caso de que no, dejarían de poderse mover por los Estados europeos sin riesgo de ser detenidos. Para esta causa, sin embargo, todavía no hay fecha de resolución.