Puigdemont le gana un nuevo pulso a Llarena

SassariEl equipo jurídico de Carles Puigdemont llegaba optimista a Cerdeña, pero el tribunal de Sassari podía derivar en diferentes escenarios que condicionaban de pleno el futuro del ex president exiliado. ¿Habría decisión inmediata? ¿Prevalecería la inmunidad para desplazarse como eurodiputado? ¿Se tendrían en cuenta los casos abiertos en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea? ¿Qué incidencia tendría el Tribunal Supremo? Finalmente, Sassari ha optado por la prudencia: ha dejado en suspenso el proceso de Puigdemont a la espera de que Luxemburgo decida, y deja libre al ex president sin ninguna limitación de movimiento. "Ya basta", ha espetado contundente el también eurodiputado dirigiéndose a España en la rueda de prensa posterior a la comparecencia de la justicia, "no funciona", ha añadido, poniendo de manifiesto que el estado español ha fracasado en sus intentos de devolverlo a España en varias jurisdicciones europeas durante cuatro años.

Cerdeña, y por lo tanto, Italia se suma así a la lista de frustraciones del juez instructor del Procés, Pablo Llarena, que ya acumula derrotas judiciales en Alemania, Bélgica y el Reino Unido a la hora de intentar juzgar a los exiliados. Desde la detención de Puigdemont la noche del 23 de septiembre, el magistrado ha desautorizado a la Abogacía del Estado –que había defendido que las euroórdenes estaban suspendidas– y ha insistido por todos los frentes para conseguir la entrega de Puigdemont. Cuando la policía italiana arrestó al ex president en el aeropuerto se afanó en remitir toda la documentación del caso a la jueza sarda, mientras que esta semana ha reiterado su posición ante la Corte de Apelación de Sassari que tenía que tomar la decisión.

Según le han explicado los abogados de Puigdemont, Gonzalo Boye y el italiano Agostinangelo Marras, el proceso queda en suspensión hasta que, por un lado, el Tribunal General de la Unión Europea decida sobre la inmunidad del eurodiputado de Junts y, por la otra, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre las cuestiones prejudiciales que hizo llegar el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre el alcance de las euroórdenes . Es decir, hasta que no se cierren las dos carpetas que afectan a Puigdemont en esta instancia. Esto quiere decir que la decisión en Italia se puede aplazar hasta muy entrado el año que viene: Boye ha situado las decisiones en la primavera del 2022, a pesar de que también ha admitido que solo el tribunal controla sus tempos. Lo que sí que llegará pronto será la resolución de las medidas cautelares que pidió la defensa al Tribunal General de la UE después del episodio de la detención para que se devuelva la inmunidad a los eurodiputados de Junts: se tiene que pronunciar la Eurocámara y la Abogacía del Estado y después lo harán los magistrados de la UE.

La otra carpeta son las cuestiones prejudiciales que planteó el mismo Llarena al Tribunal de Justicia de la UE después del revés en Bélgica por el caso del ex conseller Lluís Puig. La justicia belga no solo rechazó la extradición, sino que apuntó que podía haber riesgo de vulneración de derechos fundamentales y cuestionó la competencia del Tribunal Supremo. Llarena quiere saber si, de acuerdo con el derecho europeo, Bélgica puede llegar hasta este punto de cuestionarlo. El abogado de Puigdemont, precisamente, ha hecho referencia a esta cuestión: ha afirmado que los magistrados italianos quieren conocer la opinión de Luxemburgo sobre la competencia del alto tribunal y que, por eso, han optado por esperarse. Quieren saber, ha añadido, si la euroorden contra el ex president tenía que venir del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.

El tribunal de Sassari, pues, protagonista en los últimos días en la política catalana por la detención y la liberación de Puigdemont, dejará de ser noticia en los próximos meses y será un obstáculo judicial más de Llarena que el ex president habrá driblado en el periplo de su exilio por Europa.

La fiscalía y defiende, posiciones similares

Una de las peculiaridades del caso es que tanto la defensa como la fiscalía han defendido más o menos el mismo posicionamiento –según los abogados– dentro de la vista: situar la pelota en el tejado de Luxemburgo. En lugar de justificar la extradición inmediata de Puigdemont, como quería el Tribunal Supremo, el ministerio público italiano ha optado por esta vía, que sitúa la resolución del caso en los tribunales de la Unión Europea y aparta del foco, al menos por ahora, el de Cerdeña. "La fiscalía italiana ha defendido la legalidad", ha argumentado Boye en rueda de prensa, apuntando que es España quien va en "dirección contraria".

Como ejemplo gráfico de esto y de "ceguera" –en sus propias palabras– del Tribunal Supremo, el abogado ha explicado que durante la vista han recibido un correo electrónico en el que se les informaba que Llarena había notificado a las autoridades italianas de que pesaba una euroorden contra los ex consellers Toni Comín y Clara Ponsatí.

Los dos eurodiputados de Junts llegaron el domingo y, a diferencia de Puigdemont, no fueron detenidos en el aeropuerto. La policía sí que los identificó –a Clara Ponsatí la víspera de la declaración en su hotel–, pero no se limitaron sus movimientos ni se ha tramitado ningún proceso en la justicia italiana. De hecho, mientras saltaba la noticia en los medios del nuevo escrito que Llarena hacía llegar a la justicia italiana, Ponsatí y Comín estaban aprovechando la espera de la declaración de Puigdemont en un bar junto a las dependencias judiciales. Cuando el ex president ha salido de declarar en los juzgados, se ha situado a su lado para reconocer el "riesgo" que ha asegurado que han corrido para ir a Cerdeña.

El eurodiputado de Junts se ha pasado toda la mañana en los juzgados: ha llegado cuando pasaban pocos minutos de las once de la mañana y no ha salido hasta pasadas las tres de la tarde. Mientras tanto, las delegaciones de Junts, Esquerra y la CUP lo han esperado de pie afuera y han expresado su apoyo reclamando a España que acabe con la "persecución judicial". Les han apoyado partidos independentistas sardos y corsos que se han desplazado hasta Sassari por la ocasión. ANC y Òmnium, también en Cerdeña, les han querido agradecer su movilización, puesto que ya estuvieron el día 24 de septiembre ante la prisión de Bancali donde estaba encerrado Puigdemont.

¿Regreso en España?

"Trabajamos desde el primer día por nuestro regreso, pero como personas libres", ha declarado Puigdemont, apuntando que si vuelve lo hará después de una solución construida en el "marco de derecho europeo". Es decir, a través de las resoluciones que puedan venir del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no por una solución interna en el Estado o forzando su detención en territorio español.

Después del capítulo de Cerdeña, a Puigdemont todavía le quedan episodios por escribir en los tribunales europeos.