El sinhogarismo se extiende hacia la periferia
Miles de personas malviven en tiendas, asentamientos y edificios en ruinas a la espera de la ley que obligue a las administraciones a ofrecer servicios ante la emergencia
BarcelonaSale de la tienda de campaña que, alrededor del mediodía ya debe ser un horno en el interior. “No problems, no policia”, dice mientras mira a ambos lados. Desde la decena de tiendas que hay en este rincón de la ronda del Litoral, entre L'Hospitalet y Barcelona, nadie saca la cabeza al oír una voz extraña. En la puerta de cada una hay zapatillas y chanclas de piscina que delatan que los propietarios han preferido seguir ajenos a lo que pasa fuera y evitar problemas. Les da miedo que hacerse visibles les obligue a trasladarse otra vez. Este grupo se ha instalado en un descampado entre carreteras, procedentes de los desalojos del aeropuerto, la Ciutadella y la Zona Franca. “Buscan la periferia”, ilustran desde las entidades, que apuntan que optan por pasar más desapercibidos ante la policía y también de los vecinos.
construcción y la presión de los ayuntamientos para construcción y la presión de los ayuntamientos para limpiar solares o edificios abandonados que provocan la desaparición de refugios para quienes no podían optar a un techo digno. Amics del Quart Món conocen bien esta situación y buena parte de las familias que atendían y que vivían en naves del Poblenou y la Verneda se han desplazado hacia el Vallès. Explica el director de esta entidad, David Espinós, que para poder continuar con el negocio de la chatarra tienen que buscar solares entre polígonos industriales, junto a ríos. Una de las familias que acompañan se ha mudado a un nuevo asentamiento y cada día llevan a los hijos menores de edad a la escuela del distrito de Sant Martí de Barcelona, donde están matriculados. La chatarra –ilustra Espinós– “necesita espacios amplios como almacenes”, por eso no es un colectivo que busque mayoritariamente un piso o unos antiguos locales comerciales.
la exclusión habitacional, un nuevo concepto para referirse a la pobrezala exclusión habitacional, un nuevo concepto para referirse a la pobreza.
También cambia el perfil, y ya no son solo vagabundos sino que es una población rejuvenecida, jóvenes migrantes que no han podido encontrar una oportunidad para regularizar su situación, personas con trastornos mentales, pero el sinhogarismo afecta incluso a trabajadores con empleo fijo. Además, cada vez hay más mujeres, que a menudo huyen de violencia machista. “Normalmente es gradual. Primero pierden el piso, luego la habitación, algún conocido los aloja en su casa, van a un servicio de acogida temporal y si no se han recuperado acaban en la calle”, señala Bea Fernández, directora de Arrels Fundació, entidad referente del sinhogarismo.
El último recuento de Arrels confirma esta tendencia de dispersión al constatar por primera vez en la serie histórica que Ciutat Vella ya no es el distrito con más población sin hogar y, en cambio, se ha localizado en barrios de la periferia geográfica que hasta ahora no los había. Rita hace años que vive en una barraca de Montjuïc y relata cómo en los últimos tiempos no han hecho más que crecer los que se están instalando, buscando cierta intimidad. “Aquí no molestábamos y nos echan igual”, se quejaba hace poco Ayoub, al lado de la tienda de campaña plantada en un solar de la Zona Franca. En los últimos meses, en Barcelona ha habido varios desalojos en nombre de la higiene y la seguridad que han obligado a cientos de personas a dispersarse. En el barrio del Fort Pienc un grupo de jóvenes se sienta en un banco: “Si nos echan de aquí ya no sabemos adónde ir”.
A otra escala, pasa lo mismo en municipios metropolitanos y de la segunda corona. La ciudad de Barcelona invierte 51 millones de euros en la atención al sinhogarismo, pero en este mandato municipal aplica restricciones en el padrón municipal para los que no tienen domicilio fijo que han hecho que deje de ser un polo de atracción de personas sin hogar, apunta la educadora social Judit Franco, responsable del proyecto Espacio Abierto de La Viña de L'Hospitalet. ¿Cuántas personas han dejado Barcelona? No se sabe, pero sí que se detecta que como la capital es más estricta, hay más desplazamientos hacia otros lugares menos concurridos, aunque también es cierto que con menos servicios.
Los servicios sociales municipales también han sufrido un aumento de usuarios (exclusión social, dependencia, inmigración, etc.) y las plantillas tienen que dedicar mucho tiempo a burocracia. “Paramos golpes más que hacemos prevención porque no podemos”, advierten las trabajadoras sociales. Sin ayuda ni redes sociales, la caída a la pobreza es sinónimo de una exclusión cronificada que cuesta mucho superar.
El deseo de pasar "desapercibidos"
una tienda de campaña que les han regalado hacia la zona de los huertos, al lado del LlobregaEn tres horas visitan los lugares habituales donde pernoctan las personas. “¡Buenas noches! ¿Qué necesitas?”, preguntan los voluntarios. Hay personas que han empezado solas en la calle, pero la inseguridad creciente les ha hecho buscar agruparse para cuidarse mutuamente y así han aparecido hileras de tiendas de campaña en rincones de parques, en zonas apartadas de servicios y en los 14 kilómetros de la ronda del Litoral. García indica que pasan el día dando vueltas por la ciudad o localidades vecinas y que al anochecer extienden el cartón en lugares un poco apartados del ojo público, pero no demasiado en un equilibrio de ser visibles pero invisibles.
En la ruta, los voluntarios se encuentran una pareja de treintañeros procedentes de Honduras y de Perú. La suya es una historia de amor en la calle que nace de la necesidad de protegerse, después de haber perdido la habitación donde vivían porque no la pudieron pagar. Esperan a los voluntarios antes de marcharse cargados con las bolsas y una tienda de campaña que les han regalado hacia la zona de los huertos, junto al Llobregaal menos 6.724 personas viven a la intemperie o en asentamientos en CataluñaEn muchas de estas localidades, las alcaldías habían negado incluso que hubiera personas sin hogar en el término municipal o las habían minimizado con la argumentación de que son transeúntes. La realidad, sin embargo, les ha hecho rectificar y, a preguntas de la síndica de agravios, Esther Giménez-Salinas, 81 de los municipios de más de 20.000 habitantes han cuantificado su población sin hogar: al menos 6.724 personas viven a la intemperie o en asentamientos en Cataluña. La cifra es, con toda seguridad, de mínimos porque hay tres municipios que no respondieron y a menudo muchas de estas poblaciones no están en los radares de los servicios sociales, no se les permite el empadronamiento o se hace difícil el cálculo por la alta movilidad y cambio de lugar donde pernoctan. Además, uno de los grandes déficits de los datos es que no se tienen en cuenta otras categorías del sinhogarismo (Ethos), como los que malviven en habitaciones compartidas, pisos ocupados, infraviviendas o quienes están en riesgo de ser desahuciados.
Una ley urgente que está parada
La comisionada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Sonia Fuertes, reclama que "la Generalitat, tanto sí como no", asuma un "liderazgo global" en políticas de sinhogarismo porque la magnitud del problema desborda el marco competencial municipal y que la planificación de servicios se haga de acuerdo con el número de habitantes. El proyecto de ley de sinhogarismo, a debate en el Parlament desde la legislatura anterior y fruto de la presión de las entidades, prevé en los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes dotarse de recursos diurnos, albergues o consignas, pero no habla de vivienda. Según los datos recogidos por la síndica, el 46% de los municipios no disponen de comedor social y el 28% no ofrecen duchas.
El hecho de no incluir la vivienda es "un error" para Fuertes, que apuesta por actuaciones transversales con Salud, Vivienda y Derechos Sociales, y para que el padrón sea un registro fiel de quién reside en el municipio. Hace años que el consistorio se queja de que Barcelona ha atendido a personas "a quienes no han dado respuesta en sus municipios", y lamenta que Barcelona "ha liderado en solitario" en este campo con "pluralidad de respuestas" y oferta de servicios diversos y especializados.
Para evitar que quienes ofrecen servicios acaben atrayendo a no empadronados, Fuertes apunta que la Generalitat tiene el arma de la financiación para presionar a los consistorios a asumir responsabilidades. Es una idea que comparte con la responsable de Arrels, que lamenta que la omisión municipal quede impune. Esta herramienta se conoce como la ficha 48, a través de la cual el departamento de Drets Socials transfiere partidas económicas a los Consells comarcals y municipios de más de 20.000 habitantes que la hayan solicitado previamente para el funcionamiento de servicios y recursos y si, pasado el plazo marcado, no se ha ejecutado el plan, se deben devolver los fondos. De las 110 áreas básicas de servicios sociales con las que se divide Cataluña (entran estas localidades de más de 20.000 habitantes, consells comarcals y entidades mancomunadas), 40 han solicitado esta partida específica para el sinhogarismo y en estos momentos se están haciendo las liquidaciones para saber el grado de cumplimiento, explica Anna Vila, directora general de Serveis Socials i Inclusió. Entre 2021 y 2026, la Generalitat ha otorgado 83 millones de euros por esta vía, además de casi 32 más para entidades.
A la espera de la ley, que nacerá sin memoria económica, la Generalitat ha prorrogado el marco de abordaje del sinhogarismo y prepara uno nuevo que incluirá financiación para la atención diurna y para la contratación de educadores de calle que hagan el seguimiento y el vínculo con la población sin hogar, avanza Vila, que insiste en que el Govern "está implicado en la lucha contra el sinhogarismo" y tiene la voluntad de "dar y buscar más recursos" para los ayuntamientos.