Una de las canciones de la etapa final de los Beatles fue The long and winding road (El largo y sinuoso camino), en el disco Let it be, el último publicado, aunque se grabó antes de Abbey Road. Seguro que a la consejería de Economía de Alícia Romero le vienen a la cabeza el título y partes de la letra: "Me dejaste aquí plantado. Hace mucho, mucho tiempo. No me dejes esperando. Guíame hacia tu puerta". No solo por las dificultades que tiene para aprobar los primeros presupuestos de la legislatura de Salvador Illa, que también, sino por las trabas para conseguir otro objetivo perseguido por los diferentes gobiernos catalanes, que es hacer del Institut Català de Finances (ICF) un verdadero banco público para cubrir espacios a los que las entidades financieras privadas no llegan, o a duras penas.

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF) ha destinado 8 millones de euros a la nueva planta del grupo de calderas industriales Attsu, en Riudellots de la Selva. La empresa está especializada en el diseño, fabricación y comercialización de calderas de vapor, aceite térmico y otros recipientes a presión.

El Institut Català de Finances (ICF), la banca pública de la Generalitat, ha concedido hasta el día de hoy 846 préstamos a jóvenes de 18 a 35 años para obtener la entrada para un piso. La media otorgada es de 36.332 euros y un precio medio de la vivienda de 189.908 euros con una media de edad de los beneficiarios de 29,4 años, según los datos presentados por el secretario general de Economía y presidente de la junta de gobierno del ICF, Juli Fernández y la consejera delegada de la entidad Vanessa Servera.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) han suscrito este viernes un préstamo de 50 millones de euros que permitirá crear unas 7.500 plazas asistenciales para personas mayores y con discapacidad en Cataluña. El préstamo del BEI, que canalizará a la banca pública de promoción de la Generalitat, servirá, en concreto, para financiar la construcción, compra y rehabilitación de residencias, centros de día y viviendas asistidas para los colectivos más vulnerables.

Nueva estrategia. El Institut Català de Finances (ICF) incrementará hasta los 645 millones de euros los recursos destinados a inversiones en capital riesgo para apoyar "proyectos empresariales transformadores y que contribuyan al liderazgo económico de Catalunya".

Hace más de una década que la Generalitat intenta que el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) se convierta en la banca pública de Catalunya. El gran batacazo llegó en el 2022 cuando el Banco de España —entonces gobernado por Pablo Hernández de Cos— tumbó la ficha bancaria solicitada por el ente por motivos técnicos y por falta de un informe favorable de la Comisión Europea. En mayo, Esquerra rescató esta propuesta del cajón y la puso sobre la mesa del Gobierno de Salvador Illa para aprobar el tercer suplemento de crédito, la herramienta que permite al Govern inyectar nuevos recursos a la economía a falta de presupuestos. Los socialistas aceptaron y este martes han llevado al consejo ejecutivo un primer paso para darle cumplimiento.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) -las bancas públicas de la Unión Europea y la Generalitat, respectivamente- han firmado un primer préstamo de 100 millones de euros destinado a promover las inversiones en sostenibilidad y adaptación al cambio climático de pequeñas y medianas empresas catalanas. Este crédito es un primer tramo de un programa de 200 millones, según informaron en un comunicado conjunto las dos instituciones financieras.

El Institut Català de Finances (ICF), banca pública de la Generalitat, aumentará su plantilla en 29 personas para hacer frente a su plan de destinar 600 millones anuales a financiar viviendas sociales. La novedad es que la entidad podrá por primera vez atender a particulares. En concreto, a jóvenes de hasta treinta y cinco años que pidan el 20% de la entrada de su primera vivienda, en el marco del llamado fondo de emancipación, dotado con 100 millones anuales. En la actualidad, el ICF cuenta con 108 profesionales.

La entrada en primavera llega plácida en lo que respecta a los nuevos fichajes. Desde el ministerio de Economía ya empiezan a plantearse nombres para suceder al gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato termina en junio de este año, pero el proceso va con calma. "Tenemos todavía tres meses y no hay nada rápido para nominar al sucesor o sucesora del actual gobernador", señalaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en una entrevista en el programa En el rojo vivo hace unos días. Cuerpo aseguraba que tiene "varios" candidatos en la cabeza, "incluidas mujeres". Mientras, en el ICF contarán con el economista Carme Hortalà como nueva vocal independiente, la EPFL tendrá una nueva rectora catalana y Nextil ficha en Ezentis a su consejero delegado.

El Instituto Catalán de Finanzas (ICF), el banco de promoción empresarial de la Generalitat, incrementó en 2023 el total de dinero prestado y, sobre todo, el número de compañías a las que dejó fondos, en buena parte gracias al impulso de una nueva línea de ayuda para el sector agrícola.

El Gobierno está ultimando la creación de un fondo inversor para entrar en el capital de empresas consideradas estratégicas e influir para que mantengan su arraigo en Catalunya. Así lo han explicado al ARA fuentes conocedoras de esta iniciativa, que debería aprobarse por el consell executiu durante este otoño. En el diseño de este vehículo inversor están trabajando la consejería de Economía y el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

"El ICF no necesita obtener la ficha bancaria". El nuevo consejero delegado del Instituto Catalán de Finanzas, Jordi Òliva, ha asegurado que esta entidad no volverá a intentar obtener la licencia que permitiría a Cataluña tener un banco público. Este cambio se produce después de que el año pasado el ICF intentara conseguirla presentando la solicitud correspondiente al Banco Central Europeo y el Banco de España.

El Tribunal de Cuentas ha hecho públicos este viernes los argumentos que lo llevaron a aceptar los avales del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) de la Generalitat para hacer frente a la fianza de la causa de Exteriores, que subía hasta los 5,4 millones de euros. En una resolución de 31 páginas, explicita que la acción del Govern –presentar los avales en nombre de la treintena de ex altos cargos encausados– está amparada legalmente, a pesar de que fue rechazada de entrada por parte de la delegada instructora del Tribunal de Cuentas. Una decisión que fue objeto de recurso por parte de la Generalitat y que ahora avala la sala de justicia del Tribunal de Cuentas.

El nuevo Tribunal de Cuentas retoma este lunes su actividad y formaliza la renovación con la celebración del primer pleno ordinario. En una institución acostumbrada al enclaustramento, las cámaras podrán entrar para grabar y fotografiar el encuentro de los doce consejeros escogidos hace unas semanas por el Congreso y el Senado. Los nuevos miembros asumirán sus nuevas carteras después de que ya se oficializara quién integra la comisión de gobierno: Enriqueta Chicano, como presidenta de la institución; María Dolores Genaro, presidenta de la sección de fiscalización, y Rebeca Laliga, presidenta de la de enjuiciamiento. Esta sección, que ejerce las funciones jurisdiccionales, tiene sobre la mesa una cuestión que tiene que resolver con una cierta celeridad: aceptar o no los avales del Institut Català de Finances (ICF) para la causa de Exteriores. La delegada instructora los rechazó, pero las defensas han presentado recurso.

Después de solo nueve meses en el cargo, el conseller delegado del Institut Català de Finances (ICF), Víctor Guardiola, será relevado por Jordi Òliva, hasta ahora director de negocio institucional de CaixaBank, según ha podido saber el ARA. El Govern aprobará este mismo martes el nombramiento de Òliva.

Avalar a los encausados por el Tribunal de Cuentas por la actividad exterior de la Generalitat fue la primera decisión crítica del nuevo Govern. La determinación de hacerlo a través del Institut Català de Finances (ICF) estuvo rodeada de dimisiones y miedo a las posibles consecuencias judiciales. El temor a la judicialización constante no era infundado. A pesar del aval del Consell de Garanties Estatutàries a la decisión de la Generalitat, la Fiscalía ha puesto en marcha la investigación contra el ICF y, según ha podido saber el ARA, ha citado a declarar a los miembros independientes de la junta de gobierno que participaron en la reunión para conceder los avales.

El vicepresidente del Govern y conseller de Políticas Digitales y Territorio, Jordi Puigneró, ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a "mojarse" a través del informe de la Abogacía del Estado a favor del aval de la Generalitat para los 34 ex altos cargos encausados por el Tribunal de Cuentas por la acción exterior. "Un informe desfavorable de la Abogacía del Estado sería totalmente incompatible con la «agenda del reencuentro» de Pedro Sánchez", ha alertado Puigneró en declaraciones a la agencia Efe.

El Tribunal de Cuentas ha pedido un informe a la Abogacía del Estado ante las dudas sobre los avales presentados a través del Institut Català de Finances (ICF) para pagar las fianzas por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Según detallan fuentes del ente fiscalizador, la delegada instructora tiene dudas sobre la "suficiencia y legalidad" de los avales sobre "si pueden o no amparar posibles responsabilidades contables por culpa grave", puesto que el objetivo de la causa es recuperar dinero presuntamente malgastado de la Generalitat y a través de los avales se pretende que sea "la misma administración autonómica perjudicada" la que pague la fianza. En concreto, la delegada instructora ha pedido a la presidencia de la sección de enjuiciamiento un informe de la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas.

Després de que el Instituto Catalán de Finanzas aprobara, dividido, los avales para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros por la causa de Exteriores, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido la legalidad de este mecanismo y ha asegurado que no hay motivos para que no sea aceptado por parte del Tribunal de Cuentas. En una visita a Terrassa, recogida por la ACN, ha afirmado que el aval tiene "solidez jurídica" y que no hay "ninguna opción" para que sea rechazado: "Son plenamente legales, de acuerdo con un decreto ley del que todo el mundo reconoce la solidez jurídica".

Después de días de idas y venidas en el Govern sobre los avales de las fianzas del Tribunal de Cuentas, el ente fiscalizador español tiene finalmente sobre la mesa tomar una decisión sobre si acepta que el Institut Català de Finances (ICF) actúe de avalador de los 5,4 millones de euros de fianza para la mayoría de 34 ex altos cargos de la Generalitat acusados de presunta responsabilidad contable por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017. Ahora bien, no aclara si tomará una decisión este jueves mismo o lo dejará para más adelante. Sea como fuere, ya lo está estudiando.