El Tribunal de Cuentas rectifica y acepta los avales del ICF por la fianza del caso de Exteriores

MadridPrimer giro de guion en la causa de Exteriores en el Tribunal de Cuentas desde que el órgano renovó sus consejeros. Este lunes la sala de justicia ha decidido aceptar los avales del Institut Català de Finances para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros, tal como ha avanzado El País y ha confirmado el ARA. Inicialmente, la delegada instructora del procedimiento rechazó este mecanismo creado por la Generalitat argumentando que no amparaba las conductas de la treintena de ex altos cargos del Govern investigados. La delegada instructora consideraba que el decreto de la Generalitat era legal, pero que no daba cobertura a aquellos casos en los que los implicados hubieran actuado con "dolo, culpa o negligencia grave".

La sala de enjuiciamiento que ha estudiado el recurso presentado por las defensas, sin embargo, ha adoptado otro criterio y avala que las fianzas se cubran con dinero público. El auto entero se dará a conocer en los próximos días. Con todo, la decisión no ha contado con la unanimidad de la sala de justicia. La presidenta de la sección, Rebeca Laliga, propuesta por el PP, ha votado en contra. En cambio, los consejeros impulsados por el PSOE, Rosario García Álvarez y Diego Íñiguez –exjefe de gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles– han decantado la balanza a favor de estimar los recursos de las defensas.

El afianzamiento se encontraba en una especie de bloqueo como consecuencia del rechazo a los avales del ICF y a fórmulas alternativas. A finales de septiembre la Abogacía del Estado respondió la consulta que, dos meses, Esperanza García le había hecho sobre la legalidad de este mecanismo. Los servicios jurídicos del gobierno español declinaron mojarse porque habían sido parte durante la fase de instrucción y la delegada instructora acabó decidiendo tumbarlos. A su vez, sin embargo, no acabó de aceptar formalmente otras vías para pagar las fianzas y lo dejó en manos de los consejeros de la sección de enjuiciamiento, que ahora han resuelto el recurso de las defensas.

Respiro hasta la sentencia

La decisión del tribunal permite respirar al expresident de la Generalitat Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs, que hubieran tenido que presentar como fianza sus propiedades. Era una de las partes del plan B si se ratificaba la negativa a los avales del ICF, después de que la semana pasada el Tribunal de Cuentas liberara los cuatro inmuebles que ya habían servido como garantía por la causa del 9-N. La Caixa de Solidaritat completó una cuantía que había pendiente sobre el proceso participativo de 2014 y la titular del departamento segundo del organismo, Elena Hernáez, levantó el embargo de las propiedades.

ERC y Junts también habían movilizado recursos económicos para afrontar la fianza y ahora podrán guardarlos mientras se celebre el juicio oral. Los avales del ICF sirven para cubrir preventivamente la responsabilidad contable de los afectados, pero si acaba habiendo condena, entonces sí, los eventualmente penados tendrán que responder con fondos privados. Para llegar a este punto todavía quedan pasos. Hernáez todavía tiene que abrir el periodo para que la Fiscalía presente demanda y habrá que ver si mantiene la acusación contra una treintena de personas o bien la reduce. Societat Civil Catalana ya lo hizo: a pesar de reclamar cinco millones y medio de euros por la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017, solo se dirige a ocho ex altos cargos. Se cubre las espaldas ante la posibilidad de que haya absoluciones y tenga que afrontar las elevadas costas del juicio.