Una década pactando que el ICF sea el banco público de Catalunya

BarcelonaLas elecciones del 2012 propiciaron un cambio de alianzas en el Parlament. ERC se convirtió en el socio estable de CiU después de un acuerdo de investidura que incluía, entre otros, una consulta sobre la independencia (acabaría siendo el 9-N) y también la creación de una banca pública. “Impulsar la transformación del Institut Català de Finances (ICF) en el banco público de Catalunya”, decía el punto 3 del documento. Desde entonces y de forma invariable todos los pactos de investidura han planteado lo mismo, pero casi diez años después la situación continúa encallada. La variante por la cual han optado ahora ERC y la CUP es la de fijar que el proyecto se materialice “a corto plazo”. Y, a pesar de que de momento JxCat no hace suyo el acuerdo de investidura, este punto también formaba parte de su programa electoral.

El ICF ya es una institución financiera, pero no una entidad de crédito –adscrita a la consejería de Economía – que se encarga de financiar empresas (un 97% pequeñas y medias), habitualmente en proyectos a largo plazo y de retorno social, en los cuales la banca privada no acostumbra a estar interesada. ¿Qué es lo que ERC y la CUP han pactado hacer a partir de ahora? Básicamente lo mismo que en todos los pactos anteriores: conseguir la ficha bancaria (la consideración de que puede operar como un banco) para que pueda acceder al crédito en mejores condiciones, por ejemplo en el Banco Central Europeo y para que pueda recibir depósitos, básicamente de instituciones públicas y de algunas empresas. Fuentes de Economía explican al ARA que nunca se ha hecho la petición formal al Banco de España (BdE) para obtener esta ficha y que el trámite se hará en los próximos meses. El expediente está listo desde hace tiempo, a la espera del momento adecuado.

Los contactos con el BdE y el intercambio de documentación empezaron hace muchos años. “Lo que habíamos buscado históricamente era una calificación como la del ICO”, recuerda Carme García, ex directora general del ICF (2006-2011), donde había trabajado desde el 1989. Ella lamenta que después tampoco se hayan conseguido y lo atribuye a la “carencia de voluntad política” del Estado: “Reconocer una banca pública de Catalunya indirectamente significa reconocer que el gobierno catalán opera como si fuera el de un país”.

Reticencias políticas

Los requisitos para acceder a la ficha bancaria son técnicos. No obstante, Albert Carreras, secretario de Economía y Finanzas de la Generalitat entre 2011 y el 2016, coincide en que “siempre ha sido el Banco de España quien se ha negado por motivos políticos que después revestía de razones técnicas”. El economista Guillem López Casasnovas fue consejero del BdE entre 2005 y el 2017 y recuerda cómo el gobierno presidido por Artur Mas inició el procedimiento para adquirir la ficha bancaria: “El subgobernador del momento me dijo que el expediente era correcto pero que esperarían a saber como evolucionaban las reformas legislativas planteadas por el Parlament”. Y es que en octubre de 2013 la cámara catalana, a petición de ERC (y con los votos de CiU, PSC, ICV-EUiA y CUP), había enviado al Congreso de Diputados una proposición de ley para adaptar la ICF al resto de bancos, cajas de ahorro, cooperativas de crédito y el Instituto de Crédito Oficial (ICO). No se llegó ni a debatir en Madrid. Fue el actual candidato a la investidura, Pere Aragonès, quién defendió la ley negando, para vencer reticencias políticas, que se tratara de la primera piedra de un Banco Central Catalán. Desde la Unión Bancaria Europea es el Banco Central Europeo (BCE) quien autoriza las fichas bancarias (previo informe preceptivo del Banco de España).

En paralelo, la Generalitat hizo un decreto para adaptar el ICF al resto de entidades de crédito y aspirar a obtener la ficha bancaria, pero lo retiró ante los problemas que detectó el Consejo de Garantías Estatutarias. Una ley del 2011, modificada en 2014 y en 2015, define los requisitos del Institut (que nació en 1985) para cumplir los requisitos para operar como un banco. Entre otros, certificar su “plena independencia de las administraciones públicas”. “Lo que hicimos durante el mandato del presidente Mas fue mirar de limpiar los estatutos de ICF para conseguir eliminar cualquier injerencia pública”, recuerda Carreras.

Esto significa reducir de la junta de gobierno el peso de los cargos de la Generalitat. “El número de vocales independientes tendrá que ser mayoritario”, dice la ley, a pesar de que el nombramiento lo hace el Govern, hecho que ha criticado la Sindicatura de Cuentas. El presidente actual es el secretario de Economía, Albert Castellanos; el consejero delegado es Víctor Guardiola, y seis de los nueve vocales son independientes.

El ICF es una “entidad de lucro ” y está enfocada a ser viable económicamente. No presta dinero a la Generalitat ni financia operaciones a fondo perdido. Se especializa en pymes, entre otras razones por sus dimensiones reducidas: sus activos representan poco más de 2.000 millones de euros, aproximadamente la mitad que los de la Caixa d'Enginyers y muy por debajo de los 660.000 millones de CaixaBank.

Una entidad sin depósitos de particulares

Durante la legislatura del referéndum, la banca pública también fue uno de los elementos de debate. Incluso se constituyó un grupo de trabajo en el Parlament en el que participaron todas las fuerzas políticas. Con la aplicación del 155, sin embargo, las conclusiones nunca se llegaron a votar. Las presentaron JxSí y también la CUP y en los dos casos se abría la puerta a que el banco público no solo fuera de inversión sino también de depósitos. “No tendría que ser un problema la captación de depósitos si lo que se quiere es canalizar el ahorro de los ciudadanos hacia proyectos que se consideren adecuados”, exponían desde JxSí (ERC+CDC).

Ahora, sin embargo, esto no es lo que se plantea hacer con el ICF. “Actualmente el ICF está enfocado a empresas y nosotros defendemos que también sea una banca comercial donde la ciudadanía pueda tener depósitos”, reivindica la cupaire Eulàlia Reguant, que también considera que, bajo los criterios de la banca ética, los préstamos tendrían que llegar a “más sectores económicos y no solo los de la economía clásica”. Para la CUP, la ICF es, hoy por hoy, un banco “muy poco transparente”.

La última crisis financiera acabó con las cajas de ahorro catalanas (y estatales). En Alemania, en cambio, mantienen casi 400. “Tienen una cuota de mercado superior al 40%”, explica el economista Marcel Coderch, presidente de la Autoridad Catalana de la Competencia. “Las cajas nacieron con una vocación de servicio a la comunidad local y así funcionaron durante mucho tiempo”, recuerda. Él es partidario de que, como hacían las cajas, un banco público capte depósitos de los ciudadanos: “Todo el mundo, también los particulares, tendrían que poder tener una cuenta en el BCE”. “Hoy solo los bancos tienen su dinero 100% asegurado”, lamenta. Carme García, en cambio, es contraria a introducir la ICF en los depósitos. “Tienen sentido cuando les darás un rendimiento por encima del mercado”, subraya. Y, para hacerlo, opina que la banca pública tendría que arriesgar más de la cuenta.

Sea como fuere, esta no es una opción pactada en el “corto plazo” del que hablan ERC y la CUP en la cuarta investidura consecutiva con la banca pública como protagonista colateral.