Tres miembros del ICF dimitieron antes de la votación sobre los avales por las fianzas de Exteriores

contra BarcelonaTres miembros independientes del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) dimitieron dos días antes de la votación sobre los avales por las fianzas de Exteriores. Según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado el ARA, trasladaron al ejecutivo que no estaban dispuestos a hacer que el ICF actuara ante el Tribunal de Cuentas y dejaron de formar parte del ente este mismo lunes. El resto de miembros independientes de la junta de gobierno, que sí que participaron en la decisión tomada miércoles por la tarde, se posicionaron en contra de avalar la fianza de 5,4 millones de euros que tenían que depositar los investigados excargos de la Generalitat. Solo los designados como representantes de la administración votaron a favor de la medida: Meritxell Masó (JxCat), Matilde Villarroya (JxCat) y Albert Castellanos (ERC), que, como presidente de la junta de gobierno, tuvo que depositar el voto de calidad para que saliera adelante. El consejero delegado del ente, Víctor Guardiola, se abstuvo y Lluís Juncà (ERC) no participó en la reunión porque la ley establece que para que una votación sea válida tenía que haber más miembros independientes que cargos políticos.

La dimisión de los tres miembros del ICF es una demostración de la inquietud que generó en esta institución pública sacar hacia delante los avales. Tanto es así que los tres miembros dimitidos lunes este jueves ya no aparecen ni en la página web del Instituto Catalán de Finanzas. Han desaparecido. Se trata de Francesc Casas, Virgínia Verger y Mercedes Domingo. El resto de miembros que quedaron en la junta de gobierno (cuatro independientes contando al consejero delegado, Víctor Guardiola, y tres representantes de la administración) protagonizaron una reunión tensa a lo largo del miércoles por la tarde, tal como explicó ayer el ARA, hasta conseguir activar los avales que se han presentado este viernes en el Tribunal de Cuentas.

La cúpula actual de la ICF fue nombrada durante la etapa de Oriol Junqueras como vicepresident y del actual president, Pere Aragonès, como responsable de Economía. Se tenían que renovar próximamente –ahora pilota el departamento Jaume Giró–, de forma que han tenido que tomar la decisión más controvertida al final del mandato. Esto ha añadido presión a la situación, puesto que se han tenido que mojar poco tiempo antes de que caducaran del cargo.

Giro de última hora

El decreto aprobado por el Govern el 6 de julio pasado establecía, por primera vez, un mecanismo para dar cobertura a trabajadores públicos ante posibles responsabilidades judiciales mientras no haya sentencia firme. La idea era que un banco actuara de avalador en estos casos y la Generalitat de contraavalador, pero el Govern no consiguió a tiempo –el 21 de julio se acababa el plazo por la causa de Exteriores– que ningún banco se prestara por el miedo a la presión judicial. El mismo decreto, sin embargo, introducía una solución: la disposición transitoria habilitaba que otro ente, el Instituto Catalán de Finanzas, pudiera hacer de avalador de manera provisional. Pero la presión dentro del organismo –con las dimisiones lunes– hizo que el conseller, Jaume Giró, descartara martes en rueda de prensa activar la ICF para proteger los trabajadores públicos.

Ahora bien, esta decisión no fue definitiva. Durante la noche de martes a miércoles proliferó el tira y afloja entre Esquerra y Junts por el relato que se estaba haciendo en los medios de comunicación sobre cuál era la causa para no implicar en la operación al Instituto Catalán de Finanzas. En este contexto, a pesar de las dimisiones y las reticencias de varios miembros (no solo independientes sino también políticos), Giró y Aragonès decidieron seguir adelante. Ahora solo queda esperar si el Tribunal de Cuentas acepta o no el aval público. En función de la decisión, el independentismo todavía tendrá que poner en marcha otro plan B.