Banca
Economía 20/07/2021

Los bancos rehúyen hacer frente a los avales por miedo a la justicia

La creciente politización de los tribunales ha extendido la percepción de que el fondo que proponía Economía no pasaría el filtro

3 min
Las sedes de CaixaBank y el Banco Sabadell en Barcelona.

Barcelona“Se está haciendo política a golpe de sentencia”. Con esta contundencia explica una fuente financiera por qué ningún banco está firmando un aval que pararía el proceso de embargo a 34 responsables políticos catalanes. El argumentario se repite entre los diferentes bancos: “Hay dudas sobre la validez jurídica de la operación”, dicen, en referencia al hecho de que la misma Generalitat, que aparece en el caso como perjudicada, sea quien presenta las garantías de cara al hecho de que los bancos puedan dar los avales. 

Lo que es cierto es que ninguna entidad ha querido dar hasta este martes un aval para hacer frente a las fianzas de 5,4 millones de euros impuestas por el Tribunal de Cuentas y que pueden derivar en el embargo de bienes de los ex presidentes de la Generalitat Artur Mas y Carles Puigdemont, el ex vicepresidente Oriol Junqueras y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell, entre otros.

Una voz del sector explica que hay un factor que juega a favor de los encausados, que es el recibimiento favorable al fondo ideado por la conselleria de Economía para evitar los embargos que dio el PSOE. El mismo Salvador Illa, líder de los socialistas catalanes, afirmó públicamente que creía que la fórmula “se ajustaba a la legalidad”. “Pero –añade esta voz– allá también está el PP, Ciudadanos y Vox, y con las sentencias que estamos viendo, con cosas como el estado de alarma, el fondo nos genera muchas dudas”. 

Los bancos entienden que aunque un dictamen considerara que el contraaval público para poder avalar las finanzas es legal, “la decisión sería recurrible”. “Y si hay recurso, automáticamente el Banco Central Europeo te obliga a provisionar el dinero, a anotarlos como pérdida”, explica una voz del sector. “Y si finalmente consideran que es ilegal, como banco nos quedamos colgados, nos quedamos sin garantías”. Esta posibilidad es especialmente difícil de asumir para los bancos en un momento de rentabilidades bajo mínimos, precios de la acción a la baja y conflictos laborales por los ERE abiertos. 

El debate reputacional, en segundo término

Las tres entidades financieras con sede operativa en Catalunya (CaixaBank, Banco Sabadell y Caixa d'Enginyers) han atendido al ARA para explicar su posición. A pesar de que todos puntualizan que no hablan de operaciones concretas, fuentes próximas a CaixaBank explicaban que el riesgo legal les ha hecho declinar la operación. En cuanto al Sabadell, hablaban en la misma línea. Fuentes de la cooperativa Caixa d'Enginyers evitaban comentar la cuestión en ningún sentido. 

Detrás la incomodidad con la que viven los bancos las cuestiones relacionadas con el Procés hay una realidad palmaria: CaixaBank y el Sabadell tienen fuera de Catalunya aproximadamente dos tercios de sus clientes y saben que se exponen a posibles boicots. A pesar de esto, las fuentes financieras consultadas aseguran que “en esta ocasión” los riesgos reputacionales no se han valorado. “No hemos llegado. Habría sido un problema, pero nos hemos quedado en el problema legal”, dicen fuentes próximas al Sabadell. 

El precedente de Rato

Estas voces recuerdan que el banco que preside Josep Oliu es en este sentido “más lanzado y agresivo y hace negocio siempre que no haya riesgo jurídico, porque mira menos el tema reputacional”. Como ejemplo, citaban el hecho de que en 2014 concedieron un aval a Rodrigo Rato para que pudiera hacer frente a la fianza que le impuso el juez en el caso de las tarjetas black, por el cual acabaría cumpliendo pena de prisión. En aquel caso, un primo de Rato fue el contraavalista.

Las dudas jurídicas de los bancos, pues, han sido decisivas. Y son dudas similares a las que se han vivido en los últimos días en la conselleria de Economía. La decisión de no permitir que el ICF haga el aval ha venido motivada por la percepción que desde determinados ámbitos de la derecha española se actuaría legalmente contra los funcionarios. 

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