Como un eterno retorno, persistente migraña democrática, vuelven las grabaciones pornográficas, el hedor del alcantarillado, las triangulaciones del fango del subsuelo y el dinero sucio de comisiones. Pasa, sin embargo, que en aguas turbias, llenas de sedimentos tóxicos acumulados, siempre se mezcla todo a la vez, una cosa y la contraria: legitimidad e ilegitimidad, legalidad e ilegalidad, ingenuidad y fanfarronería. Porque, en puridad, parece del todo legítimo –atendiendo la cronología de los hechos– que si un partido y un gobierno se sienten víctimas de las profundidades de un estado que ya acreditaba sobradamente sus oscuridades y miserias, pues intente averiguar actores, dinámicas y arterias. Para denunciarlas públicamente, para anularlas políticamente y para enjuiciarlas criminalmente, claro. No para lo contrario. Porque no es que parezca ilegítimo, es que lo es, radicalmente, pretender que el combate por una pretendida regeneración democrática se haga con idéntica guerra sucia, equipos salvapatrias torpes y, hasta, empleando actores estructurales –Villarejo, de nuevo– de la trama que pretendían desmantelar. Reír para no llorar. Decía Felipe González que "el estado de derecho también se defiende en las cloacas", y podríamos decir, con esfuerzo, que el bipartidismo también se revuelca por aquellos lares. ¿Qué estaríamos diciendo si esto salpicara al PP.A estas alturas de la degradación democrática, ya las hemos visto de tantos colores como para saber que este tipo de conjuras siempre acaban repletas de personajes bien curiosos, poco cuidadosos y bastante bocazas, que tan a menudo pregonan de relaciones, informaciones y contactos que a menudo nunca han existido. Incluso, ingenuos del todo, piensan que saldrán de rositas y nunca dudan de si no acabarán hundiendo a quien pretendían rescatar. Es decir, que desconocen a fondo la alta tecnoestructura policial y militar del Estado. De este Estado dentro del Estado, que siempre ha visto el independentismo como una amenaza, vio en Podemos un riesgo sistémico y piensa que la actual mayoría legislativa es una anomalía a corregir. De otro modo, en otras latitudes de noche y niebla, la opacidad de las estructuras paralelas es recurrente y habitual, y suelen ser muy periféricas –intentando no dejar ni restos, ni rastros ni rostros–. Ni el PP con la Kitchen ni el PSOE con el caso Leire se han esforzado mucho. Otra ingenuidad burda que nos desvela de dónde somos, pero no todavía qué factura pagaremos.La paradoja, en todo caso, es que si todo fuera mentira se entiende la respuesta del PSOE, pero que si todo es verdad, también. Dice el PSOE que los implicados eran "farsantes, oportunistas y resentidos". ¿Seguro? Porque son dos antiguos secretarios de organización –Ábalos y Santos Cerdán– que Sánchez nombró. Entonces, ¿dónde está la trampa? ¿Hasta dónde llega la mancha de aceite? ¿Cuán profundo es el cráter? Sólo hay que remover la hemeroteca para comprobar que volvemos al punto de partida. Ver a Grande-Marlaska cambiar, en menos de una semana, tres veces la versión sobre las conversaciones finalmente confirmadas de Leire Díez con la directora de la Guardia Civil es simplemente demoledor: de negar-las a reconocer-las. Un día, una cosa, y al día siguiente, la contraria. No será por paradojas. La cadena trófica de todo esto es que el último atacado –el PSOE de Pegasus y los infiltrados policiales, ¡vaya por Dios!– se piensa que es el primero. Lo cree ahora el PSOE –que miraba a otra parte cuando las hostias caían sobre Podemos–, lo decía Podemos hace unos años –como si la dureza contra el independentismo no existiera antes– y lo decía el independentismo catalán en 2017 –olvidándose de los años de excepción antijurídica en el País Vasco y de un ciclo largo de represión contra los movimientos sociales catalanes y los nuevos sospechosos criminales, de Julia García-Valdecasas a Núria Pórtulas, o de los Tres de Gràcia a los Once del Raval–. Si nos ponemos a rebobinar, ya sabemos a las claras a dónde llegaremos: a los ángulos ciegos de la Transición. A aquello que anidaba en el corazón del Estado.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no tendrá que comparecer en el pleno de esta semana para dar explicaciones sobre los escándalos del PSOE porque ERC reculó y se alió con Comuns para votar el martes en contra de su comparecencia. De lo que no se ha salvado el jefe del ejecutivo este miércoles, sin embargo, es de los ataques de la oposición y de los reproches de sus socios en una sesión de control al Govern más que tensa.

El expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero ha encontrado un nuevo aliado para defenderlo ante las cámaras. Luis Arroyo (Madrid, 1969), sociólogo, politólogo y actor secundario en algunas películas y series españolas, es, últimamente, un habitual en los platós de las tertulias españolas. Ahora, a sus 57 años, ha aparcado su vida profesional para salir a defender al expresidente. "No hablo por boca de Zapatero", ha destacado en diversas entrevistas esta semana. "Expreso de manera autorizada las conversaciones que he tenido con él", ha dicho. La situación no es nueva, porque, según fuentes cercanas a él mismo consultadas por el ARA, es "muy de la confianza de Zapatero".

La intensidad del terremoto político que ha causado en las filas de la izquierda la imputación de Zapatero está pendiente de toda una serie de interrogantes jurídicos. En medio de la avalancha de informaciones, gran parte del público con dificultad consigue hacerse una idea de qué está pasando ni formarse un criterio sobre la integridad del expresidente. Hoy por hoy conocemos el sumario y la interlocutoria de imputación. Es decir, todas las investigaciones realizadas hasta ahora y las conclusiones que el juez extrae. Se le acusa de dos delitos: tráfico de influencias y blanqueo de capital. Lo relevante es el primero porque solo es delictivo lavar dinero si proceden de una actividad ilícita previa.

Los cambios de gobierno en España pasan por procesos de demolición. Parecen cambios de régimen, y hasta a veces lo son. No hablo de la virulencia del enfrentamiento político. Las luchas intestinas dentro y fuera de los partidos no convierten España en una singularidad. No, lo que hace singular España es una arquitectura territorial inacabada que amenaza siempre con ser demolida o reconfigurada. Es esta cuestión no resuelta y la expresión sanguínea de la diferencia ideológica lo que convierte la política en un campo de batalla. 

En estos momentos la vida política española se parece mucho a las imágenes congeladas que a veces se quedan así, fijas, en la pantalla del televisor o de algún otro dispositivo. Esperamos el siguiente paso, algo tiene que pasar, pero nadie toma la iniciativa. La imputación del expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha provocado todo tipo de hipótesis y comentarios de preocupación pero no ha traído cambios sustanciales en las relaciones entre las fuerzas políticas.

En qué momento Pedro Sánchez se convirtió en el enemigo número 1 de este triunvirato que conforman la derecha española, el deep state y el establishment madrileño? Este punto de no retorno lo podemos situar en mayo de 2021, cuando el presidente del gobierno anunció su intención de indultar a los presos políticos catalanes. Aquello fue el turning point, el punto de inflexión. Sánchez ya no era de los suyos.

Lo único que ha dicho José Luis Rodríguez Zapatero desde que el martes 19 de mayo trascendió su imputación en la Audiencia Nacionalha sido a través de un vídeo de un minuto y medio. Justo al acabar el martes la rueda de prensa semanal del gobierno, en la que salió del paso como pudo a las preguntas de los periodistas, el expresidente español quiso defenderse de la imputación aseverando que su actividad pública y privada se ha desarrollado dentro de la legalidad y negó cualquier "gestión" ante el sector público con relación al rescate de Plus Ultra, una de las principales patas de la causa que le afecta. Se conjuraba, de esta manera, a ejercer su derecho a la defensa "con firmeza" y añadía que "en los próximos días atendería a los medios de comunicación". Diez días después no lo ha hecho, ni lo hará antes de someterse al interrogatorio previsto para los días 18 y 19 de junio ante el magistrado, ya que es el consejo también que le ha dado su abogado Víctor Moreno Catena.

El caso Zapatero ha abierto un debate paralelo: ¿a qué se dedican los expresidentes? ¿Tienen algún límite en el sector privado? Uno de los argumentos que usan desde el entorno del PSOE para responder a la interlocutoria del juez José Luis Calama es que Zapatero –presidente desde 2004 a 2011– ha hecho uso de su agenda de contactos para llevar a cabo tareas de consultoría o lobismo como han hecho otros expresidentes españoles. Cosa que, remarcan, es legal, aunque los expertos consultados alertan de que hay un vacío legal en torno a las actividades que pueden llevar a cabo los exjefes del ejecutivo del Estado y que tampoco hay una regulación ad hoc del lobismo porque está encallada en el Congreso.

Estos últimos días, el caso que afecta al expresidente Rodríguez Zapatero está provocando un gran revuelo político y mediático. Todavía desconocemos cómo irá la evolución judicial del caso y qué consecuencias políticas se derivarán, y por tanto hay que ser prudentes, y cuidadosos, con las valoraciones que se hagan a estas alturas. Sin embargo, ya se dispone de suficiente información para hacernos unas primeras preguntas y aventurar unas primeras respuestas.

La decisión de investigar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a raíz del caso Plus Ultra ha abierto diversos debates en torno a la necesidad de regular los lobis o de clarificar el estatuto de los expresidentes, en especial sus actividades profesionales para prevenir enojosos conflictos de intereses, pero también para prevenir la comisión de ilícitos penales como el tráfico de influencias. Esta es precisamente una de las imputaciones que se hacen al exmandatario de resultas de los trabajos de consultoría hechos para la empresa Análisis Relevante.Antes de nada, sería deseable que se desbloqueara el proyecto de ley estatal de grupos de interés que entró en el Congreso en enero de 2025. Pero no hay que olvidar que la regulación del lobby ya es una realidad en Cataluña –pionera en crear un Registro en 2014, hoy con más de 7.000 inscritos, más de 400 en el Parlament–, Asturias, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Madrid, Navarra o Aragón, y también en las instituciones de la UE –se estima que en Bruselas hay 30.000 lobistas por 35.000 funcionarios de la Comisión– y en estados como Lituania, Polonia, Irlanda, Francia, Eslovenia, los Países Bajos, Austria, Bélgica o en Alemania.Se trata de regulaciones que deben situarse en el contexto del gran cambio cultural operado en la "casa administrativa" en la última década: la transparencia; el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, el estatuto de los altos cargos, incluyendo las incompatibilidades, conflictos de intereses y "puertas giratorias"; la financiación –esencialmente pública– de los partidos políticos; los alertadores de casos de corrupción, o la tipificación penal de un abanico de delitos relacionados con la corrupción. El vacío, pues, está residenciado con relación a los lobbies que se relacionan con los poderes del Estado, y no porque no haya habido iniciativas al respecto, incluso durante el debate constituyente cuando lo planteó Manuel Fraga desde su experiencia en el Reino Unido. Sin olvidar otra omisión: el estatuto de los expresidentes, actualmente en el limbo, más allá de las cuestiones protocolarias o relativas a su oficina previstas en un decreto de 1993. El auto del juez que investiga a Zapatero constata "la existencia de una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto los contactos personales y la capacidad de acceso a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables". Además, la influencia "no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y el desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia".Una actividad legal y transparente

Esto no es hacer lobby. El lobbying es una actividad legal, transparente y clasificada entre las de participación ciudadana, ejercida por un grupo de interés que aporta información técnica a los cargos, funcionarios o diputados para mejorar las políticas públicas y que influye en el proceso de toma de decisión de políticas públicas o de normas. La huella de su actuación queda registrada en informes y en la agenda pública del lobby y de los políticos. Por el contrario, el tráfico de influencias es un delito –que solo existe en España– que consiste en influir en un funcionario o autoridad pública prevaliéndose de una posición de poder para conseguir un beneficio económico para él mismo o para un tercero mediante una resolución.¿Cómo evitar las confusiones? Para evitar que el lobby caiga en el delito, la actividad debe ser totalmente transparente. Solo hay lobby cuando la actividad de influencia la realizan grupos organizados, que constan en un registro público –normalmente obligatorio, donde figuran todos los datos organizativos y económicos– y que intentan influir técnicamente a través de informes o propuestas. Como no hay una posición de poder, el decisor público acaba actuando discrecionalmente. El lobista, además, es un profesional retribuido –esto excluye ONGs, sindicatos y patronales–, suscribe un código ético y goza de un sistema de incentivos: preferencia en las comunicaciones, acceso a dependencias públicas, organización de actos conjuntos, etc. En el tráfico de influencias, la influencia es espuria, no se hace en igualdad de condiciones: quien comete el delito se aprovecha de la relación personal o de poder para hacer un tipo de presión, que además es opaca, y que mira de influir para que el cargo público se vea obligado a resolver inexorablemente en el sentido que se le pide.

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Durante los años de la transición democrática, tuvimos miedo a las tentaciones golpistas de un ejército de raíz y cultura franquistas. Era lógico y no íbamos desencaminados cuando se produjo la farsa del 23-F, con el desfile de tanques en Valencia y el asalto al Congreso de los Diputados por parte del coronel Tejero. Una noche extraña, en que se inventó el mito de un monarca que nos había salvado la democracia haciendo volver a los militares a los cuarteles. Seguro que la realidad no fue tan sencilla y aún menos nítida. Pero vino el ministerio de Defensa socialista de Narcís Serra, que con el aumento de salarios, las condecoraciones y los ramos de flores consiguió desactivar el ardor guerrero de unos “milicos” todavía muy rancios. En cambio, no se hizo la transición a fondo en un poder judicial formado por franquistas y sus discípulos, esperando que la biología y la renovación generacional hicieran una función modernizadora que nunca llegó.En el ámbito judicial, ha habido más bien una transición inversa de cara a hacer política y ejercer roles de poder. Es un mundo demasiado endogámico, clasista y retrógrado para que se pueda airear, al menos en los niveles altos de la carrera. Otra cosa son los jueces rasos, privados de medios para poder hacer de manera eficiente su importante función. En las altas esferas hay un mundo de favores, de linajes rancios y de espíritu extremadamente corporativo, y, por qué no decirlo, con ganas de actuar políticamente. No solo estamos donde estábamos, sino que con la ola reaccionaria y postdemocrática general, este poder ha recuperado su versión más antigua. En España, los jueces son los que mejor comprendieron la enigmática frase de José María Aznar de hace un par de años: “El que pueda hacer, que haga”.La judicatura es hoy el auténtico caballo de Troya contra las instituciones y la cultura democrática. La élite judicial ya no se conforma con ejercer su papel de tercer poder del estado, sino que establece una supremacía y control sobre los demás. Y no solo eso: se convierte en el aliado necesario de la derecha extrema creando las condiciones para que esta llegue al poder. Judicializa la vida política interviniendo de manera interesada y arbitraria, levanta casos increíbles, hace condenas sin ninguna base ni prueba, y sobresee y retrasa lo que podría afectar a los acólitos políticos. La prevaricación ya no parece comportamiento excepcional sino más bien la norma. Los medios afines ya harán el trabajo justificativo correspondiente. Recuerdo que hace unos años, en una conferencia en Buenos Aires, el antiguo vicepresidente de Bolivia y teórico de la izquierda de América Latina Álvaro García Linera alertaba que los golpes de estado actuales los hace la judicatura y no el ejército: los militares latinoamericanos ya no hacen estancias formativas en las academias americanas, sino que son los jueces los que hacen inmersiones, con la misma función, en algunas universidades norteamericanas.

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El alcalde Jaume Collboni (Barcelona, 1969) recibe a el ARA cuando falta justo un año para las elecciones municipales. Hablamos de vivienda –el principal problema de los barceloneses–, turismo, seguridad y también de la situación del PSOE en medio de la tormenta Zapatero.

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Ante la crisis que planea con fuerza sobre el PSOE por el caso Zapatero, el presidente español, Pedro Sánchez, ha reiterado su apoyo al expresidente socialista, imputado por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. El día que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado en la sede del partido en la calle Ferraz de Madrid, Sánchez ha asegurado desde Roma que se ha leído la interlocutoria del juez y se ha informado del sumario a través de los medios y que "se reafirma" en su opinión: "Toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. No hay motivos para cambiar esta posición".

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La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha entrado esta mañana en la sede del PSOE a requerir información. Están buscando una presunta red de financiación ilegal del partido. A ver, una entrada policial refuerza la sensación de culpabilidad del investigado, lo cual, en la era del relato por encima de los hechos, es ideal para los que desean el mal del sospechoso. Pero si en algún lugar sabemos qué efecto tiene la administración interesada de la instrucción judicial y la investigación policial con una determinada intención es en Cataluña.

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El nombre de Delcy Rodríguez saltó a primera línea en la política española mucho antes de la intervención de Donald Trump en Venezuela y de que deviniera la nueva líder del país a raíz de la detención y encarcelamiento de Nicolás Maduro. Fue en enero de 2020, cuando aterrizó en el aeropuerto de Barajas y mantuvo un encuentro (formal o informal, según las versiones) con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ahora en prisión preventiva por el caso Koldo. Aquel contacto fue muy polémico, ya que Rodríguez tenía prohibido entrar en territorio de la Unión Europea como parte de las sanciones acordadas por Bruselas contra el gobierno de Maduro. Ahora, el llamado Delcygate vuelve a situarse en primera línea: hay un hilo que conecta aquellos hechos con el sumario del caso Zapatero, que ha sacudido la política española. Este hilo tiene un nombre y es el comisario Jesús María Gómez Martín.

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Las imágenes de las joyas que la UDEF encontró dentro de la caja fuerte de Zapatero estimularon la audacia humorística de los magacines matinales y los informativos españoles. Nada como la desmesura y la sorpresa en medio del tedio de las causas judiciales para que las estrellas televisivas exhiban su ingenio. Las fotografías de piezas exuberantes rebozadas de diamantes, rubíes y zafiros, capturados bajo la frialdad de los flashes de las cámaras policiales, activaron la creatividad de los guionistas. Susanna Griso, en Espejo público, fue la menos afilada: “Si esto fuera una película de intriga, la podríamos titular El tesoro de Zapatero”. Se podía haber esforzado más, también, a la hora de valorar todo aquel muestrario, que se limitó a considerar “digno de una emperatriz”. En el ranking de las argucias periodísticas, Griso fue más bien anodina. La presentadora se mueve mejor en el terreno de la especulación, que es donde marca la diferencia con indirectas sibilinas. Cuando entrevistaba al secretario general del Gremio de Joyeros de Madrid le preguntaba si, a juzgar por el diseño de aquellas piezas, podía deducir si se habían fabricado en los Emiratos Árabes o podían provenir de una familia de mucho dinero de Latinoamérica. El olfato periodístico de la presentadora deslumbra como un Swarovski en un escaparate. En Antena 3 noticias, Sandra Golpe abrió el informativo con las imágenes de las joyas amenizadas por la banda sonora de la película Desayuno con diamantes. Los clásicos nunca fallan. Y lo remató recuperando una frase de un mitin de Zapatero: “Ser socialista es tener muy poco y estar dispuesto a dar mucho”. En el juego de la calculadora matinal, Golpe encontró un tasador que aproximó el valor total del tesoro en diez millones de euros.Pero el premio a la analista corrosiva del día lo mereció Ana Rosa Quintana, convertida en humorista revelación. Un diamante en bruto del stand-up comedy. Sus monólogos matinales son vitaminas contra la indiferencia. “De la rosa al Rolex”, sentenciaba nada más empezar el programa, apelando al símbolo socialista. “Cuenta la leyenda que cuando el arqueólogo Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón no se sorprendió tanto como los agentes de la UDEF cuando abrieron la caja fuerte de Zapatero”. Se imaginaba cómo se deslumbraron ante aquel “tesoro digno del conde de Montecristo”. Quintana hurgaba en la herida: “Resulta que la lucha obrera era un catálogo de Cartier”, remató con un sarcasmo digno de un rapero reaccionario. La presentadora hizo un trabajo de prospección buscando imágenes de archivo de Sonsoles Espinosa para ver qué tipo de bisutería solía llevar: “La mayoría era bisutería, que le pega mucho con su estilo”, espetó Quintana en una exhibición de crueldad subliminar propia de una reunión de nuevos ricos.El resplandor de la joyería afila la sorna. Desayunar con diamantes y bañarse con zafiros. A la espera del veredicto de los expertos sobre la pureza de toda la pedrería, siempre nos quedarán las perlas de las estrellas matutinas.

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1. Me gustaría saber a cuánto asciende, a nivel europeo, el gasto público que supone la suma de las encuestas a pie de urna que se comentan en la tele en cada elección y eleccioncita con la intención de retener al personal frente a la pantalla. La necesidad de este espectáculo absurdo, sin ningún valor informativo real, solo justificable en términos de entretenimiento, deja entrever una considerable anomalía. La presencia de determinados "expertos" añade a la ceremonia un componente grotesco adicional. En relación al caso Zapatero, hay indicios que parecen sólidos y contundentes, pero de momento no hay nada probado. Y quien dice Zapatero dice cualquier otro caso similar, sea del partido que sea. Recordemos, por poner solo un ejemplo, las cuentas en el extranjero imaginarias que hundieron la carrera política de Xavier Trias. A pesar del precio, está bien complacer al personal con especulaciones electorales mientras hace la cena. Otra cosa es entretenerlo con rumores sobre cosas muy graves. 2. La acusación contra Zapatero aparece en un momento en que los sistemas públicos de verificación –periodísticos, judiciales, policiales– se encuentran inmersos en una incertidumbre epistemológica creciente. Esto no quiere decir que la verdad haya desaparecido del mapa, sino que la capacidad colectiva de distinguirla de la falsedad es más frágil que en otros momentos. Siempre se han alterado fotografías y se han falsificado documentos; no es ninguna novedad. La noticia es la extraordinaria facilidad y rapidez actuales para hacerlo. No estoy dudando sobre lo que se ha hecho público hasta ahora; simplemente recuerdo que yo mismo, que no sé ni jota de informática, puedo generar en menos de un segundo una imagen realista donde Zapatero baila un vals con el faraón Akenatón IV. 3. La lógica de la sospecha –por decirlo de alguna manera– ha mutado en el seno de un ecosistema mediático que cada vez depende más de las redes sociales y menos del periodismo profesional (a la larga, esto tendrá consecuencias importantes). La acusación ya se considera un hecho, y circula a la misma velocidad e intensidad que las noticias referidas a cualquier otro hecho. Este nivelación hace que las imputaciones contra una figura pública relevante se conviertan en una verdadera golosina y se ubiquen a menudo en la esfera del entretenimiento, no de la información. La verosimilitud que tengan no depende tanto de la consistencia probatoria como de la predisposición emocional e ideológica de los receptores. En la nueva lógica de la sospecha, lo único importante es el efecto que provoca y los réditos que genera.

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El 23 de febrero de 2026, una jueza de Madrid envió a la Audiencia Nacional la causa que ha desembocado en la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. El caso había renacido después de que Francia y Suiza remitieran información sobre una investigación que tenían en marcha y en la cual aparecían referencias de Plus Ultra como "cliente" de una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales. La magistrada apuntó que Rodolfo Reyes –accionista mayoritario de la aerolínea y en el punto de mira de los Estados Unidos– y otros directivos de la aerolínea habrían orquestado un plan desde 2020 para "apoderarse de dinero limpio proveniente de subvenciones públicas". Como que los presuntos delitos se habrían cometido fuera de España, la Audiencia Nacional es la competente para investigarlos, y por eso es José Luis Calama quien ahora lleva la batuta de la instrucción.

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En medio de las desgracias del mundo y de la política española, aparece esta imagen de felicidad presidencial.Salvador Illa, feliz como una perdiz, haciéndose una selfie con Bad Bunny dentro de la nave principal de la Sagrada Família. Illa parece que esté a punto de cantar: “Si te quieres divertir con encanto y con primor, sólo tienes que vivir un verano en Cataluña con calidez”.Bad Bunny es lo mejor que le pasará a Illa los próximos días, porque el huracán del caso Zapatero amenaza la estabilidad del gobierno de Sánchez y, de rebote, del gobierno de la Generalitat, que está tan estrechamente ligado a él.En las últimas horas hemos sabido que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, la UDEF, ha encontrado en la oficina de Zapatero: joyas, carpetas y móviles. En fin, aquí hay tres líneas: Zapatero es víctima de lawfare porque lo que pueda hacer contra Sánchez que lo haga, Zapatero ha traspasado la fina línea entre lobista y traficante de influencias y Zapatero es un corrupto. Probablemente, aquí lo que hay es que los indicios reunidos por el juez (las fotos de las joyas son propaganda policial) podrían indicar que Zapatero ha ido más allá, temerariamente, de lo que la prudencia aconsejaba. Y hasta que él no declare y la investigación se aclare, viviremos en este debate. Ahora, que la sospecha de lawfare es verosímil lo sabe todo el mundo y es profecía.Lo que no tiene discusión es que el golpe para Sánchez es tremendo. Si ayer hablábamos del PNB diciendo que debería haber elecciones este año, hoy tenemos a Felipe González (¿quién, si no?) diciendo lo mismo.Periodista: “¿Cree que habrá elecciones? ¿Cree que no habrá elecciones?”Felipe González: “Debería haber. Es la primera vez que lo digo. Debería haber. Debería haber. Es decir, debería haber este año. También deberíamos tener respeto por la infantería. Se lo diría a García Páez. A ver, el liderazgo que yo valoro es el liderazgo no mercenario. El que no se ejerce por beneficio propio, sino que se ejerce para el beneficio de los demás”. Con amigos como González, ¿quién necesita enemigos?, debe pensar Sánchez. Porque, además, se ríe.Felipe González: “Yo no lo veo, digamos, con capacidad para montar una ingeniería financiera como la que estoy viendo. Digo, escucha, que esto no significa nada más que eso. Que Zapatero haya llegado, en su trayectoria vital, a saber qué es una sociedad offshore, pues no lo veo”.Mañana sabremos qué contesta Sánchez cuando le pregunten si adelantará las elecciones (que hasta hoy la respuesta era que no, de ninguna manera). Y se lo preguntarán en Roma, donde Sánchez será recibido en audienciá por el papa León XIV, como previa del viaje a Madrid, Barcelona y las Canarias de aquí a quince días. Cómo es la vida, Sánchez haciendo frente con el Santo Padre, justo en el momento que el Papa, un año después de su elección, ha comenzado a alzar la voz contra los mentirosos como Trump y, ayer, contra los peligros de la inteligencia artificial. 

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