Julio Martínez Martínez llegaba esta mañana a la Audiencia Nacional cuando faltaban quince minutos para las nueve y menos de 24 horas después de haber enviado un escrito de seis páginas, al que tuvo acceso el ARA, asegurando que José Luis Rodríguez Zapatero fue quien “marcaba los pasos a seguir” en el rescate de Plus Ultra. Ante el juez, ha ratificado la confesión que ha puesto en cuestión la estrategia de defensa del expresidente español, pero ha dicho que no sabe en quién influyó o con quién habló para que la aerolínea consiguiera la ayuda pública. Fuentes presentes en la declaración explican al ARA que él se limitaba a transmitir a Zapatero lo que le decían los clientes y que no entraba en las gestiones que él hacía. Tampoco ha concretado qué porcentaje de la comisión del 1% –cifrada en 530.000 euros– se quedó él y cuál se embolsó el expresidente. Hace un mes, el expresidente español aseguró que no tuvo “ninguna intervención” en la ayuda pública y que no ejerció “ni la más mínima” influencia: “No hablé con ninguna autoridad política [...] y esto es una verdad incuestionable, no habrá nadie que pueda decir lo contrario”.

"El estado de derecho debe premiar con los instrumentos previstos en la legislación aquellos comportamientos relevantes que inciden en el descubrimiento y acreditación de delitos de la gravedad para el sistema democrático". Este fragmento de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a 24 años de prisión a José Luis Ábalos era mucho más que una rebaja del castigo a Víctor Aldama por la colaboración con la justicia. Era toda una llamada a encausados que pudieran encontrarse en una situación similar a "cantar La traviata"; a hablar en favor de la investigación a cambio de la pieza mayor.

Cuando el Tribunal Supremo dictó sentencia por el caso Koldo, a finales de junio, en que condenaba a fuertes penas de prisión al exministro y exsecretario de organización del PSOE José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García pero beneficiaba al principal beneficiario de la trama de las mascarillas, Víctor de Aldama, ya aparecieron voces de alarma. La suspensión de la pena de cuatro años y medio de prisión para el corruptor, sustituida por servicios comunitarios, se justificaba por la colaboración del empresario a la hora de destapar la trama, que, según el tribunal, había sido capital para demostrar las acusaciones. Sin embargo, este premio al corruptor a cambio de delatar a sus socios fue polémico, primero porque no todo el mundo lo veía justificado dentro del mismo marco jurídico, y segundo porque se interpretó como una vía libre para que otros cogieran el mismo camino. Esto es, precisamente, lo que parece que está empezando a pasar.

José Luis Rodríguez Zapatero negó hace un mes, ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, haber ejercido "ni la más mínima influencia" en el rescate público de Plus Ultra. La versión que ha expuesto, a menos de un día de declarar ante el mismo magistrado como investigado, el empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores el "lugarteniente" del expresidente español en la trama, pone en entredicho al exlíder socialista. En un escrito enviado a la Audiencia Nacional, Martínez Martínez afirma que Plus Ultra abonó el 1% del importe del rescate, que ascendió a 53 millones de euros, como "honorarios" por el hecho de que Zapatero "hiciera de mediador en la obtención de la ayuda pública". Unos dineros que se canalizaron a través de un entramado empresarial a nombre de Martínez. "En su faceta de consultor, era el señor Rodríguez Zapatero quien marcaba los pasos a seguir", asegura sobre el rol del exlíder socialista en el rescate.

El 19 de mayo a primera hora, una noticia estalló como un obús inesperado: un juez de la Audiencia Nacional imputaba a José Luis Rodríguez Zapatero como presunto líder de una trama de tráfico de influencias. Un mes más tarde, quien en los últimos años ha sido fiel escudero y celador de Pedro Sánchez declaraba ante José Luis Calama durante casi tres horas y negaba de raíz todas las sospechas. Pero se dejaba un tema en el tintero: las joyas con valor de 1,3 millones de euros que la policía española encontró en la caja fuerte de su despacho. Una semana más tarde, la UDEF abrió una nueva vía y apuntó que Zapatero cobró 200.000 euros por influir en Bolivia a favor de una empresa peruana. Desde entonces, las filtraciones y las quejas de la defensa del expresidente español han sido las únicas novedades de una causa sobre la que todavía planean muchas incógnitas. Desde aquel momento, y a pesar de los interrogantes que permanecen abiertos, la Moncloa mantiene el apoyo cerrado al expresidente español y Pedro Sánchez reitera la “confianza” en él.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama no es el único que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero. La Agencia Tributaria también. Una comunicación que ha remitido la Hacienda española al magistrado revela que hace menos de un mes abrió una investigación fiscal contra el expresidente español y su familia. Concretamente, la Agencia Tributaria inició la inspección contra Zapatero el 15 de junio de este año, cuando ya estaba imputado en la Audiencia Nacional por tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental y pocos días después de que abriera una pieza separada por las joyas encontradas en su despacho. El mismo día se abrió otra investigación fiscal contra su mujer, Sonsoles Espinosa.

1. Nadie debería leer lo que se decían Zapatero y su secretaria a través de WhatsApp. Nadie debería saber cómo Koldo pagaba los servicios sexuales de Ábalos. Nadie debería haber mirado el mensaje en el que Rajoy le decía a Bárcenas “aguanta, Luis”. Nadie debería haber oído al ministro Fernández Díaz asegurándole al director de Antifraude el “esto te lo afina la Fiscalía”. Nadie debería haber oído qué tramaban Victoria Álvarez y Alícia Sánchez-Camacho en La Camarga. Nadie tenía que hacer nada, en la operación Volhov, si Puigdemont se creía o no que vendrían 10.000 soldados rusos a ayudarnos en las horas graves. Nadie podía imaginarse que Cospedal ordenaría investigar lo que fuera sobre el hermano de Junqueras. Nadie debería haber visto el vídeo-trampa de Exuperancia Rapú con Pedro Jota. Nadie tenía que haber oído cómo Florentino Pérez menospreciaba a Mourinho en una conversación de hace un montón de años. Nadie tenía derecho a leer qué se decían Rubiales y Piqué en la concesión árabe de la Supercopa. Nadie tiene nada que decir sobre las enfermedades venéreas que Bill Gates ocultaba a su mujer. Nadie tenía por qué saber los criterios de otorgamiento de cargos según Lluís Salvadó. Nadie debería haber visto Estefania de Mónaco haciendo el amor al lado de la piscina. Nadie necesitaba saber que Zapatero –de nuevo Zapatero– le confesaba a Oriol Mitjà que el ministro Illa estaba fracasando en la gestión de la pandemia. Nadie debería escuchar la llamada de Jonathan Andic al 112 para avisar que su padre había caído por un acantilado. Nadie debería saber qué se decían los Andic con la presunta terapeuta, y menos ahora que hemos sabido que no estaba ni colegiada como psicóloga pero, en cambio, se dedicaba a ordenar emocionalmente la vida de diferentes ricos del país, a cambio de un ojo de la cara.

Los últimos días José Luis Rodríguez Zapatero ha desplegado su estrategia de defensa en múltiples frentes: cuatro escritos en cuatro días. El último paso que ha dado el expresidente español ha sido arremeter con mucha dureza contra la UDEF, a quien responsabiliza de que sus agendas y las conversaciones con su secretaria hayan acabado esparcidas en los medios de comunicación. Denuncia que es un “auténtico disparate”, una “difusión indiscriminada” con un “resultado desolador” y “el atentado más grave que puede hacerse” contra los derechos al honor, a la intimidad, a la propia imagen y al secreto de las comunicaciones. Esta última petición, a la cual ha tenido acceso el ARA, se suma a los otros movimientos que ha hecho recientemente para intentar invalidar los chats que lo incriminan. Son todas conversaciones entre terceros que hablan de él y que fueron la base de su imputación. Hasta ahora, su hoja de ruta se centra en atacar el origen y legitimidad de las pruebas.

Carlos Parry es presidente de la Asociación Profesional de Relaciones Institucionales (APRI) y no oculta su malestar. Conversa con el ARA en una cafetería cercana al Congreso de los Diputados, del cual hace "quince años" que este sector profesional –dice– espera una regulación sobre la actividad de los lobis en el Estado. A su parecer, unas reglas claras del juego serían positivas para ambas partes: tanto para los lobistas, que sabrían cuál es su margen de actuación, como para los políticos en activo, ya que les daría seguridad jurídica a la hora de recibir o no a cualquier empresa que quiere que se tengan en cuenta sus intereses a la hora de legislar. La entrevista de este diario a Parry se ha concertado a raíz del caso Zapatero, pero la conversación va más allá y aborda una reflexión general sobre el sector.

El libro no puede ser más oportuno: el periodista y subdirector de Vozpópuli, Isaac Blasco, acaba de publicar el libro Zapatero, en la diana de Trump (2026, Última Línea). Es el primero sobre la ya controvertida figura del expresidente español a raíz de la investigación que tiene abierta en la Audiencia Nacional y versa precisamente sobre el rol que adopta Zapatero después de ser presidente y pasar esporádicamente por el Consejo de Estado. Blasco lo ha presentado este jueves en Madrid, en la librería El Halcón Maltés, que de seguida ha quedado pequeña por la afluencia de gente.

José Luis Rodríguez Zapatero tiene una secretaria de verdad. Se llama Gertrudis Alcázar. No es una secretaria falsa, como las que se inventan algunos escritores para eludir las actividades no remuneradas. Por ejemplo, permítanme decir que la señora Àfrica Witacker Casaldàliga, que no me negarán que tiene un nombre auténtico, ha hecho un servicio, últimamente, a la causa: ha rechazado amablemente la participación en una entrevista “diferente”, en lo alto de la Mola, y de carácter íntimo. No era remunerada, pero allí arriba le daban queso artesano de la marca del patrocinador. Àfrica ha escrito que a la señora X le habría hecho mucha ilusión, porque el dinero no le importa, el queso denominado “artesano” de aquel patrocinador le gusta mucho y le conviene pasarse una mañana subiendo y bajando montañas, que es hacer salud, pero desafortunadamente tiene que ir a un club de lectura en esas fechas.

Al día siguiente de que salieran a la luz las conversaciones privadas y las agendas de José Luis Rodríguez Zapatero, el juez José Luis Calama, el instructor del caso Plus Ultra en la Audiencia Nacional, ha pedido que se investiguen las filtraciones. Calama ha enviado la petición a los juzgados de Madrid, a quienes insta a identificar a los responsables de las filtraciones, que ve potencialmente delictivas. El magistrado remarca que los hechos tienen "gravedad" y podrían tener encaje en tipos penales de revelación de actuaciones reservadas. En paralelo, el expresidente español ha solicitado a Calama la nulidad general de las actuaciones de la causa por vulneración de cuatro derechos fundamentales. Según el documento, al que ha tenido acceso el ARA, Zapatero denuncia que se ha incorporado al proceso una "prueba ilícitamente analizada".

La investigación de la Audiencia Nacional sobre José Luis Rodríguez Zapatero está permitiendo conocer los movimientos del expresidente español de los últimos años. El ARA ha tenido acceso a sus agendas del 2024 y del 2025 y a las conversaciones de WhatsApp que mantuvo con su secretaria, Gertrudis Alcázar, entre abril del 2025 y el día de su imputación. "¿Anulo la salida a correr?", le preguntó aquella mañana. "Sí, claro", le contestó él inmediatamente después. Hay mensajes en los que ambos hablan directamente sobre Junts. "No puedo hacer inglés, lío con Junts", le dijo Zapatero el 21 de julio del 2025. Al día siguiente había el último pleno del Congreso del curso político y Junts votó en contra del decreto antiapagones, que descarriló también con el rechazo de Podemos, y de las entregas a cuenta, que la Moncloa salvó gracias al visto bueno del PP.

Hay una comparativa entre dos jueces de moda que últimamente hace fortuna: José Luis Calama, que investiga a José Luis Rodríguez Zapatero en la Audiencia Nacional, y Juan Carlos Peinado, que ha enviado a Begoña Gómez a juicio después de una instrucción de dos años. A nadie se le escapa que la manera de pivotar las dos grandes causas mediáticas en las que están inmersos es diferente. No en vano por los pasillos del Congreso voces de alta jerarquía de la Moncloa reconocen que Calama "no es" Peinado, como muestra de que la investigación sobre el expresidente español, aún embrionaria, no tiene las extravagancias de la imputación de la mujer de Pedro Sánchez. La meridiana distancia entre ambos se ha hecho patente, especialmente, en dos cuestiones: la adopción de medidas cautelares y la imputación de personas que previamente han declarado como testigos con la obligación de decir la verdad. Vamos por partes.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española ha abierto un nuevo frente para José Luis Rodríguez Zapatero. Un informe al que ha tenido acceso el ARA revela que el expresidente español habría recibido 200.000 euros de una empresa peruana –Grupo Gloria– a cambio de "mediar o influir" en "diversos litigios millonarios" que la compañía mantenía en Bolivia. Los habría cobrado a través de un "contrato simulado" con una sociedad interpuesta –Focus Social– a través de tres facturas: una de 100.000 euros en 2024 y dos de 50.000 euros en 2025. Con esta finalidad "se habría reunido o contactado" con "altas esferas políticas" de Bolivia, como el presidente Luis Arce, los ministros de Economía y Justicia y el procurador general del estado. En el centro de la diana había una sanción de 107 millones de dólares que había recibido la filial cementera de la empresa –Soboce–.

La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero ha puesto en marcha una ofensiva para anular como prueba las conversaciones que motivaron la imputación del expresidente español por el caso Plus Ultra. Su abogado ha remitido un escrito al juez José Luis Calama en el que advierte que si las conversaciones no se intervinieron con aval judicial "deben ser excluidas del procedimiento" y que, por tanto, esto comportaría "promover un incidente de nulidad". La validez de estas pruebas se vislumbra como la gran batalla legal entre el expresidente y el juez instructor que determinará el futuro del procedimiento.

Hace semanas que Telecinco y Antena 3 están exhibiendo un menosprecio y unos prejuicios contra las hijas de Zapatero que van más allá del interés periodístico razonable por su imputación. Tanto en los magazines de mañana y tarde como en los informativos hay una obsesión por mostrar fotografías de ellas. El hecho de ser dos mujeres de treinta años que no se ajustan a los cánones hegemónicos ni estéticos ni estilísticos provoca una fijación morbosa en su imagen. No es nuevo: cuando eran menores de edad ya fueron víctimas de la burla cruel.

El 12 de junio de 2023 el PSOE comenzó a dejar atrás la sensación de derrota. Aquel día, un desacomplejado José Luis Rodríguez Zapatero fue a la Cope a defender el "espectacular" gobierno de Pedro Sánchez, se rió de las insinuaciones de pucherazo por parte del PP y sentenció que no esperaba nada más que la reedición de un gobierno liderado por el PSOE. Carlos Herrera le decía que ni los resultados de las municipales y autonómicas ni las encuestas hacían prever que fuera un escenario plausible. Zapatero comenzó la remontada.

El semanario The Economist, con un prestigio de rigor y liberalismo ganados a pulso, sobresale también –como The New Yorker o Libération– en sus portadas. Hace unos años le dedicó una al primer ministro Tony Blair, que justo acababa de llegar a Downing Street, preguntándose: "¿Es carnívoro, Bambi?”. Con los años y la guerra de Irak, el laborista británico no solo demostró que era carnívoro sino también antropófago.

Esta había de ser una “semana horribilis” para el PSOE –una más–, pero el hecho es que la ha aguantado bien. De momento, los socialistas demuestran que tienen una mala salud de hierro. Cuando quieren sentirse bien, empiezan a hablar de economía y de la buena marcha de los indicadores. Es su espejo preferido, ante el cual se ven favorecidos. Es como un resorte psicológico para situaciones de emergencia, por ejemplo en los debates en el Congreso. Se registra mucha agitación parlamentaria a su alrededor –sobre todo en el Senado, que es el paraíso del PP, donde tiene una mayoría holgada– pero los socialistas ni caen ni ponen la rodilla en tierra.