El Supremo condena a Ábalos a 24 años de prisión por “corrupción orgánica, organizada y continuada”

El alto tribunal suspende la entrada en prisión de Víctor de Aldama, condenado a cuatro años y medio, a cambio de que haga trabajos para la comunidad durante doce meses.

José Luis Ábalos en el banquillo de los acusados en el Tribunal Supremo
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Madrid"Una corrupción orgánica, organizada y continuada desde las más altas instancias del poder político". Por unanimidad, los siete jueces del Tribunal Supremo hacen suya la petición de pena de la Fiscalía Anticorrupción y han condenado a José Luis Ábalos a 24 años de prisión en el primer juicio del caso mascarillas. Quien fue hombre fuerte de Pedro Sánchez durante tres años en el PSOE y en la Moncloa, que hace siete meses que está en Soto del Real, ha acabado condenado por pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación. Asimismo, el tribunal ha condenado a diecinueve años de prisión a Koldo García, que fue su asesor de máxima confianza, y a cuatro años y medio al empresario Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama, que no tendrá que entrar en prisión a cambio de hacer trabajos a la comunidad. "Integraban una organización criminal", concluye la sentencia, de 224 páginas. Para justificar las elevadas penas, alega que son conductas ejecutadas "desde el ejercicio del poder público y político en el más alto rango de los órganos constitucionales" y con una "conexión directa con el ejercicio de la autoridad política". Consecuentemente, tienen un "potencial desestabilizador mucho mayor". "Son actos que socavan la arquitectura democrática de nuestro Estado social y democrático de Derecho", lamenta el alto tribunal.

Argumenta que los tres "acordaron la futura comisión de delitos" con una organización que tenía una "vocación de permanencia en el tiempo" y una "cohesión" que se puso de manifiesto con la "facilitación" a Aldama de una "interlocución privilegiada" con el ministerio de Transportes, otros ministros y otras administraciones públicas. Ábalos aportaba su "autoridad" como ministro y su "influencia directa" cuando era necesaria, mientras que Aldama se aseguraba la "influencia" sobre él y sobre Koldo García a través del "pago continuado" de cantidades de dinero para conseguir la adjudicación de contratos para él o para terceros.

La sentencia también hace un duro alegato contra la corrupción: "Su gravedad radica en el hecho de que erosiona los fundamentos del Estado democrático, distorsiona la finalidad del poder público y lo convierte en un instrumento al servicio de intereses particulares", lamenta. "Su efecto más grave es el deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político. Una sociedad que percibe que quienes ocupan posiciones de poder actúan guiados por intereses privados experimenta una pérdida de legitimidad institucional que compromete la estabilidad del mismo sistema", añade.

Aldama no tendrá que entrar en prisión

Casi dos meses después de que acabara el juicio, los abogados de los tres acusados han acudido a las doce de la mañana al alto tribunal para recibir la sentencia. Aldama ha llegado media hora antes y Ábalos y Koldo han seguido la lectura por videoconferencia desde la cárcel. A la salida, Aldama ha presumido de que "colaborar con la Justicia tiene beneficios" y ha pedido que "los que vengan detrás" hagan lo mismo que él. Y su portavoz, Ramon Bermejo, ha hecho un llamamiento a seguir la misma estela: "Hay un antes y un después con la colaboración. Hay varios personajes que tienen la clave de determinadas causas [...] y serán los primeros en reflexionar", ha dicho en alusión a Julio Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero y también investigado en la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra.

El Supremo ha premiado la colaboración "especialmente decisiva" y la "contribución activa de especial relevancia" de Aldama suspendiendo su entrada en prisión, dado que ninguna de las penas supera los dos años de duración. Y le pone tres condiciones. La primera es que no delinca durante cinco años. La segunda es que comparezca cada seis meses en el Supremo para informar de su actividad profesional. Y la tercera es que haga trabajos en beneficio de la comunidad durante un año que "reparen el mal causado a la sociedad española" de manera "simbólica". La sentencia esgrime que "solo" su declaración "ha posibilitado" la investigación y la condena aportando "datos e información relevante" que han "apuntalado y contextualizado" las pruebas: "Solo él puede ofrecer detalles definitivos para su completo esclarecimiento", alega.

10.000 euros al mes durante tres años

La sentencia considera probado que, con la finalidad de "cohesionar el grupo", los tres "convinieron" una "remuneración mensual" de 10.000 euros para atender los gastos fijos del exministro, una cifra a la que "se sumarían otras cantidades". Ábalos y Koldo la recibieron entre octubre de 2019 y junio de 2022. Para acreditarlo, el tribunal se ha basado en la declaración de Aldama, sumada a una hoja de Excel que se le encontró, una nota que había en el móvil de un socio suyo y lo que explicaron dos testigos.

Dos contratos de mascarillas

El origen de la investigación fueron dos contratos de mascarillas de abril de 2020, pocas semanas después del estallido de la pandemia de coronavirus: ocho millones de unidades para Puertos del Estado y cinco millones para Adif. Alega que existe un "extenso cuadro probatorio" que acredita que, a raíz del "acuerdo anticipado" que tenían, los tres acusados "hicieron uso" de su "ascendencia" y "superioridad jerárquica" para que la empresa Soluciones de Gestión fuera la adjudicataria. Aldama se benefició con 6,6 millones de euros en comisiones, Ábalos recibió dos millones de euros y Koldo ingresó 500.000 euros. En cambio, la sentencia descarta el delito de uso de información privilegiada que pedía la Fiscalía y el delito de prevaricación que solicitaban las acusaciones populares, encabezadas por el PP.

Dos mujeres del entorno de Ábalos

También estaba en cuestión la contratación de dos mujeres próximas a Ábalos en empresas públicas. La primera fue Jessica Rodríguez, que fue pareja del entonces ministro, que "desplegó toda su influencia" para que ella fuera contratada con la finalidad de que percibiera un sueldo sin tener que trabajar. Koldo García fue el encargado de "crear las condiciones" que le permitieran no ir a trabajar y "eludir o sortear" los controles laborales. Por su parte, Claudia Montes también se valió del "hilo permanente" de la relación que tenía con Ábalos.

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