El departamento de Interior está investigando si dos bomberos, uno del parque de Badalona y otro del parque de Vic, realizaron un "uso fraudulento" de la ley trans, en palabras de la consejera de Interior, Núria Parlon. Según ha avanzado El Periódico y ha podido confirmar el ARA, ambos bomberos pidieron el cambio de sexo y constan como mujeres, pero no habrían cambiado ni su nombre ni su conducta. "Estos casos están bajo investigación y se tomarán las decisiones que se consideren oportunas", ha dicho la consellera Parlon.

Existe cierta alarma social ante la posibilidad de que los fraudes a la ley trans pongan en riesgo los derechos de las mujeres. Es un miedo legítimo, pero también infundado. Por un lado, el fraude no es sistemático ni generalizado, como confirmaron los datos del ministerio el mes pasado. Por el otro, a medida que los hombres cis que se hacen pasar por mujeres no obtengan los “privilegios” que esperan, irán desistiendo de la ocurrencia.

Maltratadores que sorprenden con un cambio de género para evitar ser juzgados por la ley de violencia machista o policías y militares que también pasan por el registro para obtener los supuestos "beneficios" reservados para sus compañeras mujeres. Son algunos de los casos que han circulado en las redes sociales y que han servido como gasolina para alimentar a los discursos contra la ley trans, especialmente por la supuesta facilidad para saltársela. Pese al revuelo y el escándalo de estos casos, de las 5.900 demandas de cambio de género en los registros civiles desde que en el 2022 entró en vigor la norma, sólo se han denegado 85.

Del esperpento y los márgenes al centro de tu opinión: en los últimos años las personas trans hemos sido el foco de una intensa polémica que ha apuntado, tanto positiva como negativamente, a los pilares de nuestra sociedad. A pesar de tanto ruido, o quizás precisamente por este ruido que cuestiona nuestra existencia, hemos crecido y hemos hecho crecer a la sociedad. En el camino hemos expandido nuestro concepto: desde la contracultura hasta los nuevos cánones, desde los fanzines hasta los formularios, de nuestro nombre a la lengua de todes.

La victoria de una supuesta corredora trans en la cronoescalada popular Na'Dalt, que cada año se organiza por el día de Sant Esteve en Sant Pere de Torelló, sorprendió a más de uno de los participantes y del público que asistía a la entrega de los trofeos . Algunos de los presentes protestaron para que la categoría femenina se lo llevara una persona con aspecto totalmente masculino, cuestionando que fuera un hombre disfrazado. De hecho, la ganadora, inscrita con nombre de mujer, tiene su perfil de redes con nombre de hombre y aparece vestido como hombre convencional.

El nombramiento de la canaria Isabel García como nueva directora del Instituto de las Mujeres del gobierno español ha levantado polvareda entre los colectivos que representan a personas trans por sus "discursos abiertamente transfóbicos y anti derechos trans" durante la tramitación de la ley trans que impulsó la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero, y que contó con eloposición frontal de parte del feminismo del PSOE, aunque finalmente dieron su apoyo en el momento de la votación, salvo la abstención de la veterana Carmen Calvo.

Un buen día te levantas y te decides. También se decide la persona conocida, no importa su género ni es necesario que la quieras, y pedís cita en el ayuntamiento o notario que elegís. Si no es sábado, que van muy buscados, y traéis el DNI y dos testigos de vuestra elección, en treinta días y quince minutos de ceremonia ya lo tenéis: os habéis casado.

Nos llenaba la esperanza aquel 4 de mayo de 2017 a la salida del registro del Congreso de los Diputados. La primera proposición de ley integral trans y LGTBI empezaba el trámite parlamentario. Como todas las demás, mi contribución, modesta, de la mano de la jurista Laia Serra, reflejaba nuestra resistencia contra los fascismos y las inercias sexistas de la sociedad. Hacía sol y nos sentíamos fuertes. Ay. Poco pensábamos que harían falta casi seis años y otras seis proposiciones para verla aprobada. Y, más sangrante aún, ¡que los peores ataques vendrían de un sector del feminismo que habría comprado el discurso del miedo!

Se cumplen cinco años de las grandes manifestaciones del 8-M con las que los feminismos irrumpieron en las agendas políticas. Aquella primavera de 2018 el empujón del Me Too, con el cual las actrices de Hollywood denunciaban haber sido víctimas de violencias sexuales, cargó de razones las conciencias de muchas mujeres, sobre todo las más jóvenes, que salieron a la calle –y secundaron masivamente una huelga global– para decir basta. La lista de reclamaciones de los feminismos –en plural, para subrayar las diferencias– es larga para exigir el fin de discriminaciones históricas, desde la brecha salarial o el sobrecoste de productos de higiene femenina, hasta la erradicación de las violencias machistas. Semanas después, en abril de aquel 2018, la sentencia de la Manada de Pamplona que dejaba la violación en grupo a una mujer en un delito de abuso sexual (después lo modificó el Tribunal Supremo) dio más argumentos al movimiento.

El parto no ha sido ni fácil ni precisamente plácido, pero esta semana el Congreso de los Diputados validará finalmente la ley trans. Se trata de la normativa que permite por primera vez el cambio de sexo sin necesidad de un informe médico; es decir, recoge la autodeterminación de género, un concepto que todavía divide al feminismo y también al PSOE y Unidas Podemos. Las divergencias entre los dos socios del gobierno español, de hecho, se han hecho notar hasta el final de la tramitación (por la vía de urgencia) de la norma en la cámara baja, en la que el choque se ha acabado personalizando entre la ex vicepresidenta española Carmen Calvo y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Carla Antonelli (Güímar, Tenerife, 1959) ha dedicado gran parte de su vida a luchar por los derechos de las personas LGTBI y en 2011 se convirtió en la primera diputada trans de todo el Estado.

La ley trans tuvo un parto difícil en el seno del gobierno de coalición por la división entre los dos socios. Especialmente, por la posición de la ex vicepresidenta socialista Carmen Calvo, que se oponía al texto que preparaba el ministerio de Igualdad de Irene Montero. El consejo de ministros, sin embargo, aprobó la ley antes de las vacaciones de verano y con la reanudación del curso político empezó su tramitación parlamentaria por la vía de urgencia. El ministerio de Igualdad contaba tenerla aprobada definitivamente en la cámara baja antes de que acabe el año, pero el PSOE ha dado señales de intentar dilatar esta tramitación. Los socialistas han vuelto a pedir esta semana que se amplíe el periodo para presentar enmiendas y se han aliado con el PP para que la petición saliera adelante. Esto ha sido la gota que ha colmado el vaso para que la diputada socialista trans, Carla Antonelli, haya roto el carné del partido.

Lo más importante de la ley trans es su existencia por lo que tiene de reconocimiento de los derechos de un colectivo que hasta ahora quedaba a los márgenes de la legalidad. Los transexuales por fin podrán sentirse ciudadanos como el resto. En el contexto mundial de involución conservadora (solo hay que ver qué está pasando en EE.UU. con el derecho al aborto), esta ley es un paso adelante que hay que valorar. En España, el ascenso de Vox no ha hecho sino dar alas a la fobia contra todo aquello que no sea heteronormativo, una realidad presente en la actualidad y que genera mucha inseguridad a miles de personas. Por lo tanto, proteger a los transexuales es absolutamente necesario, igual que lo ha sido históricamente reconocer y proteger la homosexualidad. Socialmente, sin duda, todavía queda mucho camino por recorrer en el reconocimiento de las identidades de género y en la lucha contra la intolerancia.

Después de un largo y tortuoso camino, la ley trans ha visto este lunes, finalmente, la luz. Justo en la vigilia del día que se celebra el Orgullo LGTBI, el consejo de ministros ha aprobado la normativa impulsada por el ministerio de Igualdad que pilota Irene Montero y que permitirá, entre otros, cambiar de sexo a partir de los 16 años sin que haga falta un informe médico o tener que pasar por un tratamiento hormonal, cosa que supone una "despatologización", según ha dicho la propia Montero en rueda de prensa. La ley reconoce, así, la libre determinación de género, no sin que haya generado división entre el movimiento feminista y entre los mismos socios del gobierno de coalición, el PSOE y Unidas Podemos. "Les personas trans podrán ser reconocidas por las administraciones por lo que son, sin miedo y sin culpa", ha defendido Montero.

Las agresiones violentas contra el colectivo LGTBI aumentaron un 50% en Catalunya durante el año pasado. El Observatori contra l'Homofòbia (OCH) contabilizó, en total, 284 incidencias entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021 en Catalunya. De estas, una tercera parte acabaron en denuncia. Así lo recoge el último informe de esta organización, titulado El estado de la LGTBIfòbia en Catalunya 2021, que se ha presentado este lunes en Barcelona. En el documento, el Observatori alerta que el mes de julio es el momento del año que se registraron más casos, 48, y que la mayoría de las agresiones se produjeron en fin de semana.

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por unanimidad un informe preceptivo, pero no vinculante (no es de obligado cumplimiento), muy crítico con el anteproyecto de la ley trans que impulsa el ministerio de Igualdad. El texto considera que la normativa que quiere tirar adelante el ejecutivo español discrimina a "las mujeres no transexuales ". El CGPJ se reunía de manera extraordinaria este miércoles para estudiar el documento que elaboraron tres de los vocales (Ángeles Carmona, Clara Martínea de Careaga y Wenceslao Olea) a principios de abril y que se muestra contrario a algunas de las partes de la ley. Finalmente, los miembros del Poder Judicial han abrazado el informe que considera que algunas disposiciones contradicen el "derecho fundamental a la igualdad" y se posiciona así en contra de algunos de los elementos de la normativa.

El informe sobre la ley trans que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que estudiar el próximo 20 de abril se muestra contrario a algunas de las partes de la normativa, que ya provocó tensiones dentro del Gobierno español, y considera que algunas disposiciones contradicen el "derecho fundamental a la igualdad". El texto, elaborado por los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínea de Careaga y Wenceslao Olea, apunta que hay artículos de la ley que quiere impulsar el Gobierno español, bajo la batuta del ministerio de Igualdad, que implican una "discriminación indirecta de aquellas personas no contempladas en el ámbito de aplicación [de la ley], especialmente significativa hacia las mujeres no transexuales", según el borrador del informe.

Querría empezar con una reflexión sobre los recientes ataques de LGTBIfobia y sobre todo qué se puede hacer al respecto desde la conselleria de Igualdad.

El consejo de ministros ha aprobado este martes la nueva ley trans y de derechos LGTBI, una norma que permitirá a cualquier persona pedir el cambio de sexo en el Registro a partir de los 14 años sin la necesidad de un informe médico ni de contar con testigos. El anteproyecto legislativo no se ha salvado de la polémica: el borrador del texto generó las primeras grietas entre el gobierno de coalición del PSOE y Podemos porque los socialistas –como algunas organizaciones feministas– consideraban que la normativa podía poner en peligro la lucha por la igualdad de las mujeres. Aún así, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha calificado el trámite ejecutivo de este martes de "día histórico".

La ley trans y por la igualdad del colectivo LGTBIQ se aprobará mañana martes en el consejo de ministros ordinario, que tiene que cerrar años de reivindicaciones y meses de negociaciones entre los dos socios del gobierno español. La norma reconoce lo que ya reconocen algunas leyes autonómicas: la libre determinación del género. Es decir, oficializa que la transexualidad no es una enfermedad mental y a partir de ahora solo se requerirá un trámite administrativo en las oficinas del Registro Civil. También los menores de edad, de los 14 a los 18 años, tendrán los mismos requisitos pero siempre que los acompañen los progenitores o tutores legales.