El Poder Judicial considera que la ley trans discrimina a "las mujeres no transexuales"

MADRIDEl informe sobre la ley trans que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tendrá que estudiar el próximo 20 de abril se muestra contrario a algunas de las partes de la normativa, que ya provocó tensiones dentro del Gobierno español, y considera que algunas disposiciones contradicen el "derecho fundamental a la igualdad". El texto, elaborado por los vocales Ángeles Carmona, Clara Martínea de Careaga y Wenceslao Olea, apunta que hay artículos de la ley que quiere impulsar el Gobierno español, bajo la batuta del ministerio de Igualdad, que implican una "discriminación indirecta de aquellas personas no contempladas en el ámbito de aplicación [de la ley], especialmente significativa hacia las mujeres no transexuales", según el borrador del informe.

Los vocales que han elaborado la propuesta –que no es vinculante– ponen de ejemplo el deporte como una de las situaciones en las que se daría una supuesta discriminación hacia las "mujeres no transexuales". Por eso, el CGPJ considera "indispensable introducir las cautelas necesarias para evitar que la práctica de actividades deportivas pueda suponer la discriminación de mujeres deportistas no transexuales", teniendo en cuenta la "realidad" de la "diferencia de las condiciones físicas existentes y la superioridad física de la mujer transexual ante la que no lo es".

Para revertir esto, el informe pide una redacción más precisa y clara del artículo 40. A ojos de los vocales, esta parte de la normativa "no resuelve las consecuencias derivadas de la regla general según la cual las personas [transexuales] podrán ejercer todos los derechos inherentes en su nueva condición después de cambiar su sexo legal", puesto que para los magistrados esto puede conducir a situaciones "de discriminación de las mujeres y, por lo tanto, contrarias a la igualdad", recoge la propuesta.

Más controles a los menores

La propuesta de los tres vocales también pone la lupa sobre los menores. A ojos de los ponentes, que "no cuestionan el derecho a la identidad sexual", no es suficiente que los menores entre 14 y 16 años puedan cambiar el sexo en el Registro Civil solo con el consentimiento de sus representantes legales y piden más controles. Según la opinión de los magistrados, "esto no cumple con el principio de protección especial de los menores de edad, especialmente en casos en los que los jóvenes no tengan un grado suficiente de madurez o la situación de transexualidad de los cuales no esté estabilizada". En el anteproyecto, estas dos condiciones sí que se exigen a través de unos informes a los menores de entre 12 y 14 años que quieran cambiar de sexo en el Registro Civil, y los tres ponentes del CGPJ consideran que también se tendrían que exigir a los menores de 14 a 16 años.

El informe también cuestiona que una ley de carácter "integral y transversal" sea la herramienta "adecuada, necesaria y proporcionada para proteger a las personas trans y LGTBI", a pesar de que para el colectivo es una reivindicación histórica. Los tres vocales consideran que el uso "reiterado" de esta técnica dota de un "régimen privilegiado de protección determinados colectivos con notable detrimento del derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica".

El camino hacia la ley trans no ha sido precisamente fácil. El anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans, que forma parte del acuerdo de coalición firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, se aprobó en junio del año pasado después de un tira y afloja entre los dos socios del Gobierno español. Entre los cambios principales incluye la autodeterminación de género para mayores de 16 años, es decir, les permite modificar su sexo legal sin necesidad de pasar por un tratamiento médico ni presentar informes psicológicos, como se exige actualmente.

Aun así, el informe que se ha conocido este viernes se votará en el próximo pleno extraordinario del 20 de marzo. Podría ser que ese día otros vocales del CGPJ presenten una propuesta diferente que acabe recibiendo más apoyo y decaiga, así, esta propuesta inicial, como pasó recientemente con la ley de vivienda.

Después de conocer el informe, que ha llegado con tres meses de retraso, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado que las personas trans "no merecen un nuevo cuestionamiento de sus derechos y menos de las instituciones". Montero también ha recordado otras normativas que el propio organismo criticó en su día, como la ley del matrimonio homosexual, la de violencia de género o la ley del solo sí es sí.

En su día, Montero, de Unidas Podemos, se enfrentó dentro del consejo de ministros a la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, del PSOE, que cuestionó la viabilidad de la iniciativa por la falta de consenso político y de “seguridad jurídica” del texto para que con la “simple voluntad o deseo” se pueda elegir el género. El debate también generó mucha división en el movimiento feminista.