En 2023, Túnez se convirtió en un quebradero de cabeza para los políticos europeos, sobre todo para el gobierno italiano de extrema derecha de Giorgia Meloni. Ese año unas 140.000 personas zarparon de las playas tunecinas rumbo a Europa, y un 70% pudieron llegar. Las cifras contrastaban con las de su vecino, Argelia. Con una población casi cuatro veces superior, en 2023 se registró la salida de poco más de 2.200 personas. Dos años después, los papeles se han invertido, en la llamada ruta del Mediterráneo central: Túnez ha sellado casi por completo sus playas, mientras que en Argelia se ha disparado la salida de pateras.

Israel no ha esperado ni 24 horas después de bombardear la capital de Qatar para atacar a la capital de Yemen. Sus aviones han lanzado un ataque contra el ministerio de Defensa yemení en Saná este miércoles y contra otras áreas residenciales de la ciudad, como represalia por el ataque con drones que los houthis lanzaron al aeropuerto internacional Ramon, en el sur de Israel. Al menos 35 personas murieron y otras 131 resultaron heridas en la ola de ataques en Saná y en la región de Al Jawf, según datos del ministerio de Salud de Yemen.

La ciudad de Gafsa, situada en la línea imaginaria que delimita el sur de Túnez con el norte, está considerada el gran nudo de comunicaciones que articula estos dos espacios geográficos tan dispares. La ciudad es también una parada obligatoria después de nueve horas de tren desde la capital, Túnez, para penetrar en esa zona del país; el cuerpo merece una tregua.

El régimen de Kaïs Saïed ha ido un paso más allá en su campaña de criminalizar la solidaridad hacia refugiados y migrantes, a la vez que colabora de forma más estrecha con la UE en el control de los flujos migratorios. La semana pasada las autoridades arrestaron a Abdallah Said, responsable de una ONG afincada en el sur de Túnez que se dedica a ayudar a migrantes, y que tras un interrogatorio pasó a disposición de un Tribunal Antiterrorista. Su detención es la última de una ola de represión de activistas y asociaciones humanitarias especializadas en la misma labor que empezó en mayo.

El régimen de Kaïs Saïed ha ido un paso más allá en su campaña de criminalizar la solidaridad hacia refugiados y migrantes, a la vez que colabora de forma más estrecha con la UE en el control de los flujos migratorios. La semana pasada las autoridades arrestaron a Abdallah Said, responsable de una ONG afincada en el sur de Túnez que se dedica a ayudar a migrantes, y que tras un interrogatorio pasó a disposición de un Tribunal Antiterrorista. Su detención es la última de una ola de represión de activistas y asociaciones humanitarias especializadas en la misma labor que empezó en mayo.

Las autoridades tunecinas arrestaron el lunes a Ayachi Zammel, uno de los pocos aspirantes presidenciales que habían pasado el filtro de la Junta Electoral. La noticia no causó sorpresa en Túnez. Zammel es el último de un total de nueve aspirantes a las elecciones presidenciales del 6 de octubre que han sido condenados o arrestados en las últimas semanas. Es evidente que el presidente, Kaïs Saïed, que se otorgó poderes absolutos después de un “autogolpe” en el 2021, no quiere ningún rival de peso en los próximos comicios. Ahora bien, para ello ha tenido que forzar la máquina y ha provocado un conflicto institucional que ha erosionado su maltrecha legitimidad.

La boxeadora argelina Imane Khelif, ganadora de una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París, ha interpuesto una denuncia a la justicia francesa por “ciberacoso agravado” contra varias personalidades, entre ellas el expresidente de EEUU Donald Trump, el multimillonario propietario de Tesla Elon Musk y la célebre escritora JK Rowling, autora de la estirpe de Harry Potter. Khelif fue objeto de una campaña de odio impulsada sobre todo por personajes de extrema derecha, que cuestionaron su derecho a competir en la categoría femenina de boxeo, e incluso su condición de mujer y con la que nació.

El ataque de Hamás del pasado 7 de octubre no sólo cogió por sorpresa al ejército y los servicios de inteligencia israelíes, sino también a toda la casta dirigente del mundo árabe. Durante décadas, las calles árabes han denunciado que sus respectivos gobiernos no hicieran más para apoyar la causa palestina, más allá de las palabras. Con el estallido de la Primavera Árabe pareció que la causa palestina pasaba a un segundo plano, pero la salvaje guerra de Gaza ha modificado esta ecuación: ha vuelto a poner el tema sobre la mesa y ha ensanchado el foso entre los regímenes árabes y su ciudadanía. Un foso que puede ensancharse aún más a partir de mañana, cuando comienza el ramadán, el más sagrado de los musulmanes.

Las cuatro hijas plantea dos interrogantes como punto de partida. El primero, como avanza la directora Kaouther Ben Hania en el prólogo de este documental nominado al Oscar, tiene que ver con las protagonistas del filme, las cuatro hijas de una mujer tunecina llamada Olfa y sus dilemas y conflictos en el Magreb del siglo XXI. El segundo interrogante aborda la complicada cuestión de la representación de un trauma que ya no es individual sino colectivo e íntimo: el de una familia entera desquiciada por la desgracia cuando las dos hijas mayores desaparecen “devoradas por el lobo”, es decir, reclutadas por el Daesh. La inquietud de contar la historia de Olfa y de las chicas y la de hacerlo de una manera respetuosa con su dolor confluyen, pues, en una propuesta exigente pero fascinante que aspira a hacer justicia con la complejidad de sus experiencias.

Mientras el pasado 16 de julio una delegación europea formada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Países Bajos, Mark Rutte, y de Italia, Giorgia Meloni, firmaban un acuerdo de colaboración en Túnez para la gestión migratoria, cientos de migrantes y refugiados luchaban para sobrevivir sin agua ni comida en una franja de varios kilómetros de desierto entre las fronteras libia y tunecina. Allí los habían deportado las fuerzas de seguridad tunecinas a principios de julio, y todavía quedan unas 200 personas en unas condiciones inhumanas.

"Antes era más guapa. Ahora, una mitad de mí se ha ido con mi hijo", repite Souad mientras enseña las fotos de su hijo. Después de la revolución tunisiana, el 14 de marzo del 2011, Badreddine Mselmi cogió junto con otros jóvenes un barco rumbo a Europa. Hace diez años que dejó de enviar mensajes a su madre, cuando llegó a la frontera Italia-Francia: "Mi hijo ha llegado, pero no sabemos dónde está. Lo he buscado sin cesar todos estos años". Souad ha viajado a Italia con Imed Soltani, de la organización Terre Pour Tous, para saber qué ha pasado con su hijo, reclamar la verdad junto con otras madres y pedir responsabilidades por los hijos desaparecidos.

La guerra de Ucrania ha trastornado toda la economía mundial, pero los que más lo sufren son los países que ya se enfrentaban a una situación delicada antes. Este es el caso de Túnez, un país que importaba más del 50% de su consumo de cereales de Ucrania y Rusia, y que ve como su deuda externa aumenta de forma desbocada por la inflación en los mercados internacionales de materias primas. Y no ayuda el hecho de que esté inmerso en un conflicto político creciente por la determinación del presidente Kaïs Saïed de imponer un nuevo sistema político sin contar con la oposición.  

El presidente de Túnez, Kaïs Saïed, parece disfrutar tanto ejerciendo un poder absoluto que le cuesta desprenderse de él. Lunes, cuando se cumplía el plazo de un mes que él mismo había fijado, Saïed decidió prolongar las "medidas excepcionales", decretadas por él mismo a partir de una interpretación muy forzada de un artículo de la Constitución pensado para casos de "peligro inminente" para la seguridad nacional. Entre las medidas adoptadas, figura la congelación del Parlamento y la asunción de plenos poderes ejecutivos después de haber sustituido al primer ministro, Hichem Mechichi.