Con un retraso considerable y una negociación salpimentada de giros de guion, España se ha dotado de una nueva ley del audiovisual. Los debates sobre la norma se han seguido con especial interés en Catalunya, puesto que el articulado tiene derivadas que afectan a la presencia de las lenguas cooficiales en los operadores globales y también a aspectos como la independencia de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) o la capacidad normativa del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). Estas son las principales claves, en formato pregunta respuesta.

El PSOE ha dado este jueves un paso que compromete seriamente la cohesión del bloque que le facilitó la investidura a Pedro Sánchez y con el que ha aprobado la mayoría de las leyes. Y no, no nos referimos tanto a la falta de explicaciones sobre el caso Pegasus, que ya era previsible, sino al hecho de que haya decidido aprobar la ley audiovisual con el PP y Cs antes de que con sus socios de investidura. Sin embargo, no se trata de un simple cambio de alianzas puntual del PSOE, porque por el camino rompe el pacto que permitió que ERC le aprobara los presupuestos, en virtud del cual se comprometía a sacar adelante la ley con el apoyo de los republicanos y no con otros. Recapitulemos los hechos.

La ley audiovisual, que incluye cuotas para el catalán, el gallego y el vasco y que sirvió para que ERC apoyara los últimos presupuestos, se continúa negociando a contrarreloj de cara a la votación de este jueves por la tarde en el Congreso. El motivo es la definición de productor independiente que el PSOE cambió durante la tramitación (y que se aprobó en ponencia con los votos de ERC y Unidas Podemos) y que ha puesto en pie de guerra el sector del cine, que este miércoles ha apelado directamente al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. El cambio introducido por los socialistas abría la puerta a que una parte de las subvenciones que Europa marca que tienen que ser para productores independientes pudieran ir a manos de las grandes corporaciones de televisión, como Atresmedia o Mediaset.

El acuerdo de Esquerra con el gobierno español por la ley del audiovisual ha llegado en paralelo a una reunión de entidades en defensa del catalán, el euskera y el gallego con los partidos soberanistas y nacionalistas del Congreso. Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Escola Valenciana, Obra Cultural Balear, Plataforma per la Llengua, Mesa Pola Normalización y Kontseilua han reclamado a estas formaciones que hagan "un buen uso de la aritmética parlamentaria". El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha explicado en rueda de prensa que es "imprescindible" que la normativa incluya la cuota del 6% de producciones en lenguas cooficiales en los catálogos de todas las plataformas, también las que no tienen la sede en el Estado, y se ha mostrado convencido de que los partidos "recogerán las reivindicaciones" y las llevarán a las negociaciones.

De la crisis entre Esquerra y Junts para aprobar los presupuestos con los 'comuns' ya hace más de quince días, pero sus efectos todavía están por determinar. El vicepresidente del Govern y más alto dirigente de JxCat dentro del ejecutivo, Jordi Puigneró, ha alertado este domingo en una entrevista a El Punt Avui que la estabilidad de la legislatura está "en riesgo". ¿Por qué? Según Puigneró, el "socio preferente" del mandato tendría que ser la CUP, pero después del no de los anticapitalistas a los presupuestos se tiene que ver cómo se sostiene la legislatura. Y, si con socios como los comuns, es posible el cumplimiento del pacto ERC-JxCat que habla, por ejemplo, de preparar un "embate democrático" si la mesa de diálogo no da frutos.

La negociación de la ley audiovisual para proteger el catalán continúa en marcha entre Esquerra y el PSOE. Las conversaciones se reabrieron ahora hace diez días, cuando la Moncloa hizo público que la cuota del 6% del catálogo de producción en catalán no incluía las grandes empresas con sede fuera del Estado, es decir, ni Netflix ni HBO. Los republicanos, que habían apoyado los presupuestos del Estado a cambio de la cuota, advirtieron que si el PSOE no rectificaba podría poner en riesgo las cuentas en la tramitación que queda en el Senado y el Congreso , y ahora mismo tiene presentadas enmiendas parciales como herramienta de presión. Ahora bien, si en un principio parecía imprescindible para Esquerra que la cuota del 6% también afectara las plataformas internacionales, ahora ya no lo es: la negociación está explorando caminos alternativos.

Sin carné del partido y con uno de los perfiles más tecnócratas del gobierno español, Nadia Calviño ganó peso en el ejecutivo de Pedro Sánchez el pasado mes de julio cuando, con el cese de Carmen Calvo, pasó a ser la vicepresidenta primera. Antes, con el adiós de Pablo Iglesias el mes de marzo, ya había protagonizado un pulso para quedarse ella y no Yolanda Díaz la vicepresidencia segunda. Una manera de imponer jerarquia. Y una muestra del talante de una Calviño que ha estado en prácticamente todos y cada uno de los enfrentamientos entre socios desde el inicio del gobierno de coalición. Un perfil incómodo que esta última semana también ha sido protagonista de un choque con otro socio de Pedro Sánchez, en este caso Esquerra, por la letra pequeña de la ley del audiovisual.

Ni a las aulas ni en los patios. Tampoco en las redes ni en los contenidos audiovisuales. El uso del catalán entre los alumnos de 4º de ESO también cae en picado en los entornos sociales. Lo que era una sensación extendida, ahora se ha demostrado con dos datos: si en 2013 un 57% de los jóvenes se expresaban mayoritariamente en catalán en las redes, el porcentaje ha caído casi a la mitad en 2021, y solo lo usa de manera habitual el 35% del alumnado. Y en cuanto a los contenidos audiovisuales, en plena actualidad al raíz de la ley que negocian ERC y PSOE, el 22% de los estudiantes consumen películas, series o vídeos en catalán (siempre o bien igual que en castellano), cuando hace ocho años eran casi el doble (46,3%).

Al día siguiente de que el gobierno español especificara que plataformas con sede en el extranjero como Netflix y HBO quedarían al margen del establecimiento de cuotas para producciones audiovisuales en lenguas cooficiales, este miércoles ha trascendido el anteproyecto que llegó al consejo de ministros de martes. En el artículo 114 aparece lo que el gobierno español y Esquerra pactaron: "Los prestadores de servicios de comunicación audiovisual televisivo a petición -es decir, las plataformas de pago- reservarán a obras europeas un mínimo del 30% del catálogo. Como mínimo, el 50% de esta se reservará a obras en la lengua oficial del Estado o en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas. De esta subcuota, se reservará en todo caso un mínimo del 40% a obras audiovisuales en alguna de las lenguas oficiales de las comunidades autónomas". Este es el 6% que se acordó.

El gobierno español ha demostrado que Esquerra es un aliado importante en el Congreso, de legislatura, ya que ha intentado reconstruir puentes el día después de que la relación se agrietara. El proyecto de la ley del audiovisual, que excluye las plataformas radicadas en el extranjero de las cuotas para producciones en lenguas cooficiales, le estalló a los republicanos, que no solo advirtieron que no aprobarían la medida, sino que avisaron que sus votos a los presupuestos en el Senado no estaban garantizados. Más allá de los presupuestos, era un aviso a navegantes para lo que queda de mandato, con otros proyectos de gran calado que el ejecutivo quiere sacar adelante. La reunión de esta tarde para desencallar el conflicto sobre la cuota por el catalán ha acabado sin acuerdo. pero PSOE y ERC se han emplazado a seguir negociando.

El catalán está en una situación francamente difícil. Así lo demuestran los principales indicadores y es fácilmente detectable si se tiene una mínima sensibilidad. Hay muchos factores que influyen en esta debilitación constante de la lengua, pero uno no menor es la poca presencia del catalán en las grandes plataformas de contenidos en streaming como por ejemplo Netflix o HBO. Por eso era tan importante asegurar una presencia mínima de la lengua catalana en estas plataformas a través de la ley audiovisual, y por eso el acuerdo de ERC con el gobierno español para fijar un mínimo del 6% para las lenguas cooficiales era perfectamente razonable y también daba un poco de oxígeno al sector audiovisual catalán.

No toda decisión política tiene una repercusión directa en el mundo de la cultura, pero toda manifestación cultural, sea cual sea, acaba adquiriendo una dimensión política. Con esta afirmación no queremos reducir la esfera de la cultura a la de la política, ni al revés. Simplemente subrayamos que se trata de dos ámbitos que no pueden ser escindidos de manera arbitraria. Cuando una determinada institución, sea pública o privada, decide subvencionar o apoyar a una determinada manifestación cultural, no está haciendo gestión: está haciendo política en el sentido primigenio de la palabra. Y no es lo mismo apoyar las exhibiciones de encaje de bolillos que la música barroca, por ejemplo. Ambas manifestaciones culturales son igualmente respetables, pero no culturalmente equiparables, cuanto menos desde una perspectiva política planteada a largo plazo. Elegir una o bien otra, o quizás las dos, implica tomar partido por un determinado modelo cultural que, supuestamente, se ajusta con realismo a una situación concreta. 

La relación entre PSOE y ERC se complica por la ley del audiovisual. El anuncio del gobierno español de que las plataformas audiovisuales radicadas en el extranjero –como Netflix y HBO– están eximidas de cumplir con la cuota del 6% para producciones en lenguas cooficiales ha provocado que el portavoz republicano, Gabriel Rufián, deje en el aire el apoyo de su partido a los proyectos del ejecutivo. El primero, la propia ley audiovisual, que se pactó que se aprobaría con los votos de ERC, y el segundo, los presupuestos del Estado. "No descartamos escenarios", ha advertido Rufián en una rueda de prensa esta tarde, después de que su triunfo para blindar el catalán quedara en papel mojado.

A partir del año próximo, cuando entre en vigor la nueva ley audiovisual, las grandes plataformas que ofrecen contenidos en streaming estarán obligadas a ofrecer un mínimo de su catálogo de producciones en catalán, gallego o vasco. En concreto el 6%, según el pacto entre ERC y el gobierno español. ¿De dónde sale este 6%? Pues es el resultado de aplicar en el Estado la directiva europea que obliga a que un mínimo del 30% de los contenidos tienen que ser de producción europea. De este porcentaje, la mitad tiene que ser en lenguas del estado español, es decir, un 15% del total. De este 15% se reserva un mínimo del 40% para las lenguas cooficiales además del castellano. Y de aquí sale el famoso 6%, mientras que el resto, hasta llegar al 15%, tendrían que ser producciones en castellano (para el cual no se fija una cuota mínima porque se considera que no es necesario). En resumen, una de cada cinco producciones europeas ofertadas en España tendrán que ser en catalán, vasco o gallego.

Después que esta semana Esquerra facilitara la tramitación de los presupuestos del Estado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha rebajado el blindaje del catalán en la ley del audiovisual. Ha afirmado en una entrevista en Efe que se adoptarán medidas de apoyo a las lenguas cooficiales en la norma, que se tiene que aprobar antes de acabar el año, pero no ha asegurado que esto pase por la fijación de una cuota concreta como reclama Esquerra.

Que ERC no haya presentado ninguna enmienda a la totalidad en los presupuestos estatales permitirá que se puedan tramitar, y es un primer paso para el entendimiento con el PSOE en una cuestión clave: conseguir blindar una cuota de presencia del catalán en las plataformas digitales de contenidos audiovisuales. Republicanos y socialistas han acordado aprobar conjuntamente la nueva ley del audiovisual y proteger las lenguas cooficiales, a pesar de que por ahora no se ha concretado ningún porcentaje.

Al final el gobierno catalán también sacará adelante una nueva ley del audiovisual propia en paralelo a la que prepara el gobierno español. El celo por la lengua, es decir, la defensa del derecho a vivir con pantallas en catalán, ha sido el detonante. Además de la escuela, el catalán, en efecto, se juega buena parte de su futuro en el entorno audiovisual. Quedarse descabalgado de esta batalla podría resultar letal.

Jordi Oliva, presidente de la Federació de Productors Audiovisuals (PROA), se ha mostrado crítico con el anteproyecto de ley audiovisual del gobierno español y ha asegurado que, si finalmente se aprueba tal como está, las plataformas no tendrán ninguna obligación de invertir en otras lenguas que no sean el castellano. En una entrevista con Antoni Bassas, Oliva ha reclamado que se establezca una inversión mínima del 10% en lenguas cooficiales. Es decir, que si la ley fija una contribución al sector del 5% de los ingresos obtenidos en España de cada plataforma, como mínimo un 10% de esta cantidad vaya a parar a obras en catalán, gallego o vasco. "Los productores independientes siempre defendemos que tenemos que poder explicar las historias que nosotros queramos explicar en la lengua que más convenga a la historia", recuerda Oliva. El presidente de PROA considera que con este anteproyecto de ley se pueden encontrar con que historias que se tendrían que explicar en catalán se acaben haciendo en castellano "solo por motivos económicos", una situación que iría contra "la creación y el mantenimiento de los valores culturales" de las otras lenguas del Estado.

Junts per Catalunya ha puesto la directa este jueves y ha presentado en solitario una proposición de ley en el Parlament sobre la producción audiovisual. "No permitiremos que la defensa de la lengua catalana quede en manos del gobierno del Estado", ha asegurado el presidente de grupo parlamentario, Albert Batet, que ha apostado por tener una legislación propia en Catalunya antes de que lo regule el gobierno español. En las últimas horas la coalición del PSOE y Unidas Podemos ha parado la norma que olvidaba la protección del catalán en el campo audiovisual, pero Junts ha afirmado que "no se fía" de las intenciones de los socialistas.