Un chico de 15 años ha muerto esta noche en el barrio de la Sagrera, en el distrito de Sant Andreu, en Barcelona, cuando le han disparado con un arma de fuego en el Parc de la Pegaso. Según la consellera Parlon, los primeros indicios apuntan a una venganza entre bandas.Tenemos un problema grave, que no teníamos, con las armas de fuego. En Barcelona ya ha habido este año siete personas muertas por las balas. Una al mes. Las bandas de narcotraficantes hacen de las ciudades sus centros de distribución, hay mucho dinero circulando, muchas armas circulando (recuerden que tenemos una guerra en Europa, en Ucrania, concretamente), y sus crímenes tienen como escenario cualquier barrio, desde Balmes/Travessera hasta el Parc de la Pegaso. Ya no están instalados en Barcelona, sino que viven en Barcelona, y allí matan, tanto da que sea el día que viene el Papa como el que se presenta el Tour de Francia. Y compran otros negocios y tienen capacidad, si la policía y la justicia no les hacen frente, de convertirnos en una narcosociedad.Esta semana he dicho aquí que alrededor de 300.000 personas habrían pedido papeles en Cataluña (a la vista de la cifra total española), y han acabado siendo un poco menos, 257.000 solicitudes, del total de un millón ciento setenta mil en toda España. Y eso que al principio el gobierno español hablaba de medio millón en total. Más de la mitad ya están admitidas a trámite. En Madrid las solicitudes han acabado siendo 200.000, y en el País Valenciano 167.000. En estas dos páginas hay el detalle de qué edades tienen los nuevos ciudadanos, de qué países vienen, de qué sectores van a trabajar. No repasaremos ahora el reto que supone integrar a todas estas personas en todos los sentidos. La inmigración permite que la economía no se detenga, pero hacen falta servicios. ¿Pagaran impuestos, y, al mismo tiempo, cómo pagaremos todo esto? Y aquí es donde entran los presupuestos que ayer aprobó el Parlament. Es una buena noticia, que llega en julio (!), y aún gracias, porque ahora íbamos con los presupuestos prorrogados del 2023. De hecho, tener presupuestos debería ser una obligación, porque como hemos dicho aquí muchas veces no son sus dinero, son nuestro dinero. Ahora bien, Cataluña siempre irá justa, con presupuestos o sin ellos, mientras no pueda disponer de su esfuerzo fiscal. Por eso hace falta un nuevo y mucho mejor sistema de financiación. Y hablando de todo esto: ya están al tanto de la denuncia del despido de una trabajadora de la empresa Aticco por haber hablado en catalán. La empresa dice que no fue exactamente así, que la decisión “responde exclusivamente a motivos profesionales”, pero la trabajadora lo niega. De hecho, de las causas de despido que le dieron, dos tenían que ver con el uso del catalán. El consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha ordenado a la Oficina de Protección de los Derechos Lingüísticos que abra una investigación y adopte las medidas oportunas.

El estallido de la guerra en Irán y el consiguiente incremento de los precios, en particular de los energéticos, abocó al gobierno de Pedro Sánchez a aprobar un paquete de medidas para paliar los efectos económicos sobre las empresas y los ciudadanos. Cuatro meses después del inicio del conflicto, la inflación ha descendido, pero no lo suficiente para retirar todas las medidas. De esta manera, el ejecutivo español ha decidido mantener algunas de ellas activas durante tres meses más. Es decir, hasta el 30 de septiembre. Una vez aprobadas en consejo de ministros, deben ser convalidadas por el Congreso.

El rector de la Universidad de Barcelona, Joan Guàrdia, se emociona al explicar el honoris causa que acaba de entregar a la directora médica de BioNTech: “Están a un paso de poder encontrar una vacuna para el cáncer. ¿Sabéis qué significa, esto?” Nos lo dice al grupo de miembros del Consejo Social de la UB, reunidos una fría mañana de marzo. La alemana Özlem Türeci, efectivamente, ha predicho que de aquí a diez años tratar el cáncer con vacunas de ARN será habitual. Esta es una de las “cosas maravillosas”, como dice el rector, que pasan en nuestras universidades cotidianamente y que no siempre reciben la atención que merecen.

Si han ido siguiendo la historia de cómo el Gobierno retiró a última hora el proyecto de presupuestos que había presentado en el Parlament, no les extrañará que hoy comencemos remarcando que las elecciones en Andalucía tienen ya fecha: el 17 de mayo.

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó presupuestos para forzar los tiempos de negociación con ERC y la apuesta no le salió bien. La primera lección de esta crisis política, que le ha llevado a retirar el proyecto de presupuestos, es que el gobierno no puede actuar como si tuviera una mayoría que no tiene. El acuerdo de investidura condujo a Isla a la presidencia de la Generalitat, pero necesita negociar y cumplir los acuerdos para seguir avanzando en la legislatura.

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Esta mañana, sobre las ocho, el Govern y Esquerra han escenificado el pacto al que llegaron anoche y que ya comentábamos ayer en el análisis y que hemos anticipado esta mañana en la edición impresa del ARA:

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Aunque la intensidad con la que se defienden depende de la posibilidad o no de aprobarlos, pocos políticos pueden cuestionar en público que sea mejor tener presupuestos que no tenerlos. Probablemente por este motivo el presidente Salvador Illa ha optado por echar por el derecho y hacer que ERC tenga que pronunciarse y, en todo caso, argumentar bien por qué está dispuesto a bloquearlos.

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De repente Pedro Sánchez ha conseguido poner el foco en el 23-F. Hasta mañana no empezaremos a saber qué dicen los documentos desclasificados y, por tanto, hasta mañana no sabremos cuál es el alcance histórico de esta nueva maniobra de distracción del presidente español. El alcance político, aparte de dirigir la conversación pública, es recordar a todo el mundo que los golpes de estado de la ultraderecha en España son posibles.

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Después de que distintos organismos supervisores hayan insuflado optimismo sobre la evolución de la economía española, este martes lo ha hecho el gobierno español. El ejecutivo de Pedro Sánchez no ha querido quedarse atrás y ha actualizado su cuadro macroeconómico. En cuanto al crecimiento del producto interior bruto (PIB, el indicador que mide la actividad económica de un territorio) este 2024, ahora el ejecutivo lo sube hasta un 2,4%, tal y como ha detallado el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa este martes después del consejo de ministros. Esto supone una revisión al alza de 4 décimas respecto a la última previsión, pero también equipararse a la previsión del Fondo Monetario Internacional. De hecho, el organismo con sede en Washington ha confirmado este martes que mantiene su pronóstico para España: un crecimiento del PIB de un 2,4% este año. De cara a 2025 el gobierno también prevé que el PIB crezca más de lo previsto: un 2,2% (tres décimas más).

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Los datos de ejecución de la inversión del Estado en Cataluña en el primer semestre de 2023 avanzadas por el diario ARA no han gustado a la Generalitat. Este lunes por la mañana, el presidente Pere Aragonès las ha tildado de "irrisorias". "Acabar con el déficit fiscal es urgente y más necesario que nunca", ha afirmado a través de la red social X. Más tarde, en la presentación en Barcelona del Fondo de Inversión y Tecnología, Aragonés ha reclamado "transparencia" al gobierno español y ha sostenido que pedirán que "publique todos los datos y que cumpla con los compromisos: que ejecute lo que se compromete".

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El gobierno español no puede elaborar unos presupuestos públicos para el 2024 mientras esté en funciones. Por eso, el Plan Presupuestario enviado a Bruselas este domingo es bastante más sobrio en comparación con el de otros años. Sin embargo, el ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto negro sobre blanco algunas cifras vinculadas a los ingresos y gastos:

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Por tercer año consecutivo el gobierno español de coalición ha acordado unos nuevos presupuestos del Estado. El consejo de ministros de este martes ha aprobado las cuentas públicas para el 2023, que, probablemente, serán las últimas de la legislatura actual y contarán con un techo de gasto "histórico" de hasta 198.221 millones de euros. Un dinero que tiene que servir, también, para afrontar las consecuencias económicas de la actual crisis de precios y crisis energética. "Con estos presupuestos seguimos avanzando hacia un país mejor y más igualitario", ha dicho la portavoz del gobierno español, Isabel Rodríguez, en rueda de prensa posterior al consejo de ministros.

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España terminó el 2021 con un déficit del 6,76% del PIB, según ha anunciado este jueves la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Es decir, 81.521 millones de euros. Es una cifra muy superior al 2,9% con la que se cerró el 2019, pero mucho mejor que la registrada en el 2020 (10,97%), el primer año de pandemia, cuando se disparó el gasto público para hacer frente a la crisis sanitaria del covid-19. Así, el déficit del Estado mejora en más de tres puntos. De este modo, el déficit se va alejando de los límites alcanzados durante las dos últimas crisis importantes –en 2010, fruto de la crisis financiera, se alcanzó un déficit del 11,2%– y también se aleja de las previsiones del propio gobierno español, que había estimado que en 2021 acabaría con un déficit del 8,4%. Esto se traduce en una mejora del déficit de hasta 19.500 millones de euros frente a la previsión del gobierno.

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Doble acuerdo presupuestario: en la Generalitat y en Barcelona. Y un solo damnificado: el grupo municipal de ERC en Barcelona y, en concreto, su líder, Ernest Maragall, que había situado en la negociación de las cuentas del Ayuntamiento el punto de inflexión de la nueva relación del partido con el gobierno municipal. El veto de ERC a los presupuestos del 2022 era la materialización de la estrategia que Maragall ya anunció en una conferencia en verano: empezaba una etapa de más confrontación con los de Colau después de unos dos primeros años de mandato en que los comunes habían presentado siempre a los republicanos como su socio preferente. Y en los que ERC había facilitado la aprobación de dos presupuestos y de proyectos estrella como la conexión del tranvía. Las cosas tenían que cambiar en la segunda mitad del mandato.

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