La disputa judicial sobre el catalán en la escuela ha dejado un goteo constante de resoluciones desde el 17 de diciembre de 2020, el día que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) publicó la sentencia en la que ordenaba que todas las escuelas catalanas impartieran al menos un 25% de horas lectivas en castellano. Casi cuatro años después, las escuelas de Catalunya afrontan otro inicio de curso con la enseñanza de la lengua todavía en los tribunales.

El Govern ha aprobado este martes el decreto del régimen lingüístico del sistema educativo, la norma que debe servir para blindar el catalán en la escuela. El pasado verano, ante los ataques al modelo de escuela catalana y el goteo de denuncias por reclamar un 25% de castellano en las aulas, el ejecutivo puso manos a la obra para hacer realidad esta normativa, que forma parte de la ley de educación de Catalunya y que estaba pendiente de desarrollar desde 2009. Ahora esta protección extra ha sido aprobada y, entre otras cosas, fija que los planes lingüísticos de escuelas e institutos no se pueden cambiar a medio curso –como exigían algunas de las sentencias para casos individuales de familias que pedían que sus hijos estudiaran en castellano– y que el único responsable legal de los proyectos será el departamento de Educación y no las direcciones de los centros. Además, al hablar del castellano, la nueva norma deja claro que "no pueden aplicarse porcentajes, proporciones o parámetros numéricos en la enseñanza de las lenguas".

Tras la estocada en la inmersión lingüística que supuso la sentencia del Tribunal Supremo del año 2021, el Govern y el Parlament aprobaron en 2022 dos herramientas que debían servir para blindar el catalán en la escuela: un decreto ley y una nueva ley que rechazaban los porcentajes de catalán y castellano en las aulas para hablar de competencias básicas en las dos lenguas. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) llevó estas dos normas al Tribunal Constitucional (TC) porque dudaba de su validez. Un año después y ante la incertidumbre de cuál será el dictamen del tribunal español de garantías, el departament d'Educació ha empezado a impulsar lo que quiere ser un nuevo escudo judicial del catalán en la escuela: el decreto de régimen lingüístico.

Por primera vez desde el 2015, el curso escolar empezará sin ningún centro catalán dando un 25% de las clases en castellano. "Ningún aula de Catalunya aplicará el 25%", ha dicho el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, en la tradicional rueda de prensa de inicio de curso. Si el curso pasado (y también los anteriores) estuvo marcado por "las injerencias judiciales" sobre la lengua en la escuela, el curso que empieza el lunes parece que será mucho más tranquilo en este aspecto. Ahora bien, Cambray ha insistido, que lo que hace falta es incrementar la presencia del catalán en escuelas e institutos.

Los tribunales continúan engordando la lista de escuelas catalanas que tendrán que modificar sus proyectos lingüísticos a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que obligaba a aplicar el 25% de castellano en las aulas. Esta sentencia continúa siendo firme, a pesar de que el TSJC tuvo que consultar al Tribunal Constitucional cómo aplicarla después del decreto y la ley aprobados por el Govern y el Parlament para salvar la inmersión lingüística. Por eso, mientras llega este pronunciamiento, el Tribunal Supremo ha tumbado los planes lingüísticos de dos escuelas públicas de Barcelona y Abrera.

La mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español ha dado este miércoles, en su tercera cita, unos primeros y modestos resultados. En dos campos: el de la protección y promoción del catalán, y el de la desjudicialización del conflicto. En el campo de la lengua hay algunas concreciones. En cuanto a la necesidad de poner fin a la represión, apenas se apunta un camino plausible. Naturalmente, queda mucho por hablar y por abordar sobre el problema político de fondo, el de la autodeterminación.

La estrategia legislativa de la conselleria de Educación para esquivar el cumplimiento del 25% de castellano en las aulas dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha dado fruto. Es una victoria relevante pero parcial. Con el cambio legislativo, el TSJC da por inaplicable su sentencia lingüística y se propone elevar el caso al Tribunal Constitucional (TC), donde se producirá la decisión final, esta ya sí inapelable. Todo empezó en el TC, cuando en la sentencia del 2010 introdujo la idea de hacer que el castellano fuera también lengua vehicular de la enseñanza junto al catalán, y más de una década después todo acabará en el mismo lugar. Es verdad que el TC nunca ha hablado de cuotas ni porcentajes. Está por ver hasta qué punto entrará en detalles o dejará margen de interpretación a la idea de vehicularidad lingüística compartida para garantizar el aprendizaje de catalán y castellano. Un aprendizaje, hay que recordarlo, que el sistema de inmersión siempre ha garantizado, tal como demuestran los datos de los últimos cuarenta años.

Ofensiva de la triple derecha contra el Govern para que se aplique el 25% de clases en castellano en las aulas. Después de que la Generalitat haya contestado a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) con un decreto ley que rechaza los porcentajes en la enseñanza y constata la "imposibilidad legal" de aplicar la resolución judicial de acuerdo con el nuevo marco legal, Ciudadanos ha respondido este miércoles llevando al conseller de Educación, Josep González-Cambray, a la Fiscalía. A su parecer, el ejecutivo catalán está protagonizando una "desobediencia en directo" de la sentencia del 25% y está "prevaricando". "Se están violando los derechos de los catalanes, el conseller está actuando de perdonavidas con las familias y los directores de escuela", ha dicho la líder estatal, Inés Arrimadas, que ha querido aparecer en la fotografía ante la sede de la Fiscalía de Catalunya en Barcelona después de presentar el escrito. También han denunciado a Cambray Hablamos Español y Convivencia Cívica Catalana y esta tarde la Asamblea por una Escuela Bilingüe reclamará al TSJC que ejecute la sentencia del 25%.

No descubro nada nuevo, pero creo que vale la pena volverlo a subrayar: la interminable batalla legal, judicial y política alrededor de las lenguas y de la enseñanza en Catalunya no se libra sobre la realidad lingüística ni en las aulas ni en las calles, sino en un terreno que podríamos calificar de heráldico; se trata de saber qué lengua-símbolo ocupa una posición más alta, más preeminente, más hegemónica. Por decirlo a la manera de Quevedo, la batalla no es por el huevo, sino por el fuero.

A Esquerra, Junts, el PSC y a los comunes les ha costado dos meses –desde el acuerdo fallado del 24 de marzo para reformar la ley de política lingüística– llegar a un pacto para responder a la sentencia del 25% de castellano. Las cuatro formaciones políticas llegaron a tiempo para registrar la proposición de ley en el Parlament el martes por la tarde con la previsión de aprobarla el viernes, pero no lo hicieron con un plazo suficientemente amplio teniendo en cuenta la posibilidad que tenían Vox, Ciutadans y el PP de pedir un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE). Como la triple derecha decidió el jueves hacer esta petición, los planes de la mayoría sobre el catalán han quedado alterados y difícilmente la nueva iniciativa podrá salir adelante antes del 31 de mayo, el plazo que ha fijado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para aplicar la resolución judicial. El Consejo tiene siete días hábiles para dictaminar y, según varias fuentes consultadas, el informe no estará terminado antes del martes de la semana que viene.

El pasado martes tenía que haber fumata sobre el pacto por el catalán. Pero a primera hora de la mañana nadie sabía si al final sería blanca o negra. Todo el optimismo que hasta lunes impregnaba las cúpulas de Esquerra, Junts, el PSC y los comunes desaparece el martes cerca de las nueve de la mañana cuando los socialistas deciden plantarse. No tienen más margen: desde el viernes que hay contactos entre Salvador Illa y Alícia Romero (PSC) con Jordi Sànchez y Mònica Sales (JxCat) para encontrar la fórmula para definir el uso del castellano después de la sentencia del 25% del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Y no hay manera de llegar a un acuerdo: el PSC quiere usar el término “uso curricular” mientras que Junts pide que se hable de “uso” de lenguas oficiales en genérico. Los socialistas no lo ven y dan marcha atrás. El martes a primera hora vuelven a un redactado similar al pacto del 24 de marzo, del que Junts se había descolgado y al que no puede volver. Saltan todas las alarmas: hay una quincena de versiones del texto y se acaba de retroceder, prácticamente, a la primera. ¿Cómo se llega a este punto? Si tenían un acuerdo el 24 de marzo para reformar la ley de Política Lingüística, ¿cómo acaban los partidos negociando una ley ad hoc para responder a la sentencia? El ARA ha reconstruido las negociaciones que han salvado el consenso por el catalán con testimonio de todas las partes.

Vox, Cs y PP han llegado a un acuerdo para llevar la nueva ley del catalán al Consejo de Garantías Estatutarias y esto dificultará que la norma sea aprobada antes del plazo marcado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el 31 de mayo. Cuando se formalice el recurso, la mesa se tendrá que reunir para enviar el recurso al Consejo y este tendrá a partir de mañana siete días hábiles para emitir un dictamen. Si agotan el plazo, la resolución llegaría el próximo viernes y ya se habría superado el plazo marcado por el tribunal. Con este movimiento, Vox ha virado su posición, ya que hasta ahora no se había dirigido nunca al Consejo porque está en contra de los órganos autonómicos. Su líder, Ignacio Garriga, ha justificado este cambio diciendo que Salvador Illa se ha "rendido a los intereses de los separatistas" y él tenía que actuar en consecuencia como "jefe de la oposición". Según varias fuentes consultadas de los partidos, lo más probable es que la solicitud de dictamen no se presente este miércoles y que se haga el jueves o el viernes, hecho que todavía complicaría más que el órgano consultivo resolviera antes del 31 de mayo.

Dos meses después del acuerdo fallido para reformar la ley de política lingüística, finalmente Esquerra, Junts, el PSC y los comuns han conseguido un pacto a cuatro bandas para regular el uso del catalán y el castellano en la enseñanza. La fumata blanca ha llegado al límite: el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya había dado un plazo hasta el 31 de mayo para cumplir la sentencia que impone el 25% del castellano en todo el sistema educativo y la proposición de ley impulsada por las cuatro formaciones políticas –que no aplica ningún porcentaje– entrará en vigor esta semana, puesto que está previsto que se debata este miércoles en el pleno y se apruebe el viernes. ¿Cuál ha sido finalmente la solución para el acuerdo? Los grupos implicados han aparcado el pacto inicial, del cual Junts se había descolgado, para elaborar una norma ad hoc y han plasmado los criterios para el uso de las lenguas oficiales en los centros. El resultado de la negociación, finalmente, se resume en dos cuestiones clave: el castellano pasa a ser definido como lengua "curricular" y se rechaza implícitamente la fijación de porcentajes en el uso de las lenguas.

Los partidos mayoritarios de Catalunya ultiman este fin de semana una doble propuesta legislativa para garantizar la preeminencia del catalán en la escuela ante la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que fija la obligatoriedad de una cuota del 25% de castellano. Sin entrar en contradicción con esta sentencia, que se puede empezar a ejecutar el 31 de mayo, se trata de asegurar la autonomía pedagógica de los centros a la hora de fijar su proyecto lingüístico, de blindar la convivencia en la enseñanza ante los intentos de choque lingüístico y de garantizar que la lengua propia del país y socialmente más debilitada, el catalán, siga teniendo una protección especial, sin que esto impida –tal como ha pasado los últimos 40 años gracias al sistema de inmersión– un conocimiento correcto del castellano para todos los alumnos.

Más tiempo. Esto es lo que pide la Generalitat al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para poder adaptarse a la sentencia que impone un 25% de clases en castellano en la escuela. El Govern ha presentado un recurso contra la interlocutoria de ejecución de sentencia del 9 de mayo, que fijó un plazo máximo de 15 días para dar las órdenes internas pertinentes a todo el sistema educativo catalán. En el documento, la Generalitat subraya que no ha estado "inactiva" desde que se dictó la sentencia y, tal como ya hizo saber al TSJC, ha iniciado los trámites para aprobar una reforma de la ley de política lingüística y un decreto de despliegue del régimen lingüístico. El abogado del Govern censura que el tribunal haya actuado asumiendo que estas medidas no han provocado cambios "por ahora" y que se haya extralimitado obligando al departamento de Educación a dictar normas internas específicas.

Las entidades en defensa del catalán empiezan a activar una respuesta judicial más o menos coordinada ante la sentencia que obliga a la Generalitat a hacer un 25% de castellano en la escuela. Òmnium Cultural y Plataforma per la Llengua anunciaron la semana pasada –por separado– que intentarán personarse en la causa como parte interesada. Este lunes la ONG del catalán ha animado al resto de asociaciones y sindicatos que quieran actuar en defensa del catalán a personarse en la causa, y han asegurado que propondrán al resto de asociaciones "crear un frente judicial" para "combatir de manera coordinada la interlocutoria".

El director del Instituto de Estudios del Autogobierno (IEA), Joan Ridao, está convencido de que la reforma de la ley de Política Lingüística puede ser un dique de contención para parar la sentencia que obliga a la Generalitat a hacer un 25% de castellano en la escuela. "Si el Parlament aprueba esta ley, el Tribunal Superior de Justicia no lo podrá ignorar", afirma al ARA. De entrada, porque, a pesar de que no salgan porcentajes, la nueva ley estaría regulando el peso de las lenguas en la escuela, que Ridao recuerda que es lo que "hace años que los jueces reprochan a la administración que no esté haciendo". "Vamos a regular lo que hasta ahora han dicho que nunca se ha dejado suficientemente claro en la ley", dice.

Los equipos directivos de los centros educativos están inquietos ante la sentencia del 25%: se sienten desprotegidos por si hay familias que denuncian incumplimientos, lamentan estar en medio de una batalla judicial inacabable y reclaman instrucciones claras al departamento de Educación. "El conseller ha salido y ha dicho que no tenemos que cambiar nada, pero a nosotros no nos ha enviado ninguna instrucción sobre qué tenemos que hacer", dice Marc Hortal, director del Instituto Pablo Ruiz Picasso, en Nou Barris. Esto, dice Hortal, les genera "preocupación", porque los docentes son conscientes de que son trabajadores públicos que tienen que cumplir las sentencias y las normativas, pero a la vez no tienen una orden clara del conseller sobre qué deben hacer ahora.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha sido manifiestamente torpe en su última interlocutoria sobre el 25% de castellano en las escuelas, redactada con un texto en catalán repleto de errores lingüísticos y faltas de ortografía. La chapuza ilustra de manera gráfica la frágil situación del uso social del catalán, idioma que ni la alta judicatura del país parece respetar. Y de paso es una evidencia palmaria de la absurdidad de la sentencia del propio TSJC: porque lo que la realidad demuestra día a día –en la propia justicia, en el comercio, en los medios de comunicación, en el deporte, por todas partes– es la necesidad perentoria de reforzar el catalán, no el castellano, mucho más consolidado en todos los campos gracias a su peso demográfico y económico, y al apoyo constante e inestimable del Estado. El reducto escolar, como un espacio para muchos chicos y chicas de acceso a una lengua, la catalana, que de lo contrario les sería del todo ajena, continúa siendo plenamente necesario. ¿Cómo puede ser que ni los jueces que no saben usarlo no se den cuenta de ello?