Hace unos días el rey Juan Carlos, el emérito, fue aplaudido y vitoreado por el público de una plaza de toros, que le pedía, entre muestras de entusiasmo, que volviera. Que volviera a España, se entiende, pero también que volviera al lugar de poder y preeminencia que, según estas personas, le corresponde. Juan Carlos I, conviene recordarlo, es un jefe de estado no electo que a lo largo de cuarenta años de reinado defraudó miles de millones a la Hacienda del mismo estado sobre el cual reinaba, y que utilizó, también, las instituciones y los poderes del Estado (y, naturalmente, el erario público) para sus intereses particulares, que iban desde las aventuras eróticas hasta los negocios con los jeques petroleros que finalmente lo han acabado acogiendo bajo los auspicios de una dictadura. Pero todavía son muchos los partidarios de Juan Carlos convencidos de que el monarca vive en un exilio forzoso, víctima del entendimiento traidor de su hijo Felipe con los enemigos de la patria, etc.Esto viene a cuento porque, en España, la corrupción está tan fuertemente arraigada dentro de la arquitectura misma del Estado que forma parte indisoluble de él. Del rey para abajo, literalmente: la magistratura, el ejército, los cuerpos policiales. Por supuesto, también los gobiernos electos, ya sean centrales, autonómicos o municipales. Y los partidos políticos, naturalmente. No se debería olvidar nunca la selva frondosa de los corruptores, dentro de la cual hay desde empresas constructoras, energéticas y tecnológicas hasta medios de comunicación, pasando, cómo no, por la banca.Ahora el PP y el PSOE afrontan, en paralelo, juicios por casos de corrupción: la corrosiva trama Kitchen, por lo que respecta a los populares, y el casposo caso de las mascarillas, o caso Koldo, o Ábalos o Cerdán (se dice de todas estas maneras), por lo que respecta a los socialistas. La coincidencia de estos dos procesos judiciales se puede considerar el inicio de la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Así pues, veremos y oiremos a los dirigentes, y a los periodistas y medios afines, intercambiando insultos y reproches en el tono infantil y envenenado que hace tiempo que ha cogido la política española, en un espectáculo que solo se puede soportar los días de mejor humor.Ahora bien, no deberíamos equivocarnos. Incluso en la corrupción hay clases, y en el estado español quien manda en esta cuestión es y será siempre el Partido Popular. Las corruptelas de los socialistas y de otros partidos pueden llegar a formar lodazales de mucha consideración, pero ningún otro partido que no sea el PP, ni siquiera el PSOE, se puede permitir el lujo de organizar policías patrióticas o de reventar bancos en Andorra solo para destruir enemigos políticos, tanto externos como internos. Esto es por un motivo: como en la película Amanece, que no es poco, los otros partidos son contingentes, mientras que el PP es necesario. Necesario para la continuidad de la patria, tal como la entienden las instituciones y empresas antes mencionadas. Necesario para mantener equilibrado el poder en España, tal como entienden el poder, por ejemplo, todos estos que aplaudían a Juan Carlos en la plaza de toros.

"Yo no he tenido ninguna relación nunca con Plus Ultra, ni nadie me pidió nada. No hice nada ni me interesé por el rescate". José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido durante cuatro horas en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado, convocada por el PP al inicio de la campaña electoral de Castilla y León, para hablar, fundamentalmente, sobre el rescate de Plus Ultra. Un caso que está bajo investigación por presunto blanqueo de capitales –se cuestiona si parte del rescate podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de corrupción en Venezuela– y al que hace tiempo que los populares dan máxima credibilidad.

Investigado por presunta corrupción en el Tribunal Supremo, Santos Cerdán ha llevado este miércoles su estrategia de defensa en el Senado. En plena crisis del gobierno español por casos que se acumulan en los tribunales, y un mes después de salir en libertad provisional de la cárcel, el ex número tres del PSOE ha comparecido en la comisión del caso Koldo en la cámara alta para reivindicar una vez más su inocencia. Aunque se acogió a su derecho a no declarar sobre los hechos concretos por los que está encausado, aseguró que es víctima de una "persecución propia de la Inquisición" y vinculó su investigación a su papel en el acuerdo de la ley de amnistía.

La legislatura de Pedro Sánchez está cada vez más pendiente de los tribunales. La angustia se esparce entre las filas socialistas especialmente después de una semana que ha dejado dos novedades: cinco detenciones que han hecho emerger dos nuevas causas –que siguen secretas– y un informe de la Guardia Civil que vuelve a salpicar a José Luis Ábalos. Son investigaciones en curso, precisamente, sobre temas que golpean el corazón de la hoja de ruta política del presidente español y la génesis de su llegada a la Moncloa. De los cinco detenidos, la Audiencia Nacional ha dejado en libertad al exmilitante socialista Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI, y al empresario vasco Antxon Alonso, propietario de la mercantil Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ex secretario de organización del PSOE. Todos ellos han salido a la calle con medidas cautelares (retirada de pasaporte y comparecencias periódicas) después de que la fiscalía no haya reclamado su ingreso en prisión.

Movimiento de fichas en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil instigado por el gobierno español. El consejo de ministros aprobará mañana el ascenso del coronel Rafael Yuste Arenes a general de brigada, lo que conllevará su salida como jefe de la UCO, según avanzó Eldiario.es y confirman fuentes gubernamentales al ARA. La UCO es la unidad especializada que, entre otras cosas, está participando en la investigación de las causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez –por ejemplo, elaboró ​​el informe que desembocó en la imputación de Santos Cerdán o acreditó que el fiscal general del Estado borró los mensajes de su móvil el día en que el Supremo le imputó–. Rafael Yuste llevaba dos años y medio al frente de la UCO –llegó en junio del 2023 sustituyendo a Alfonso López Malo– y ahora ha conseguido el ascenso después de superar el curso y de quedar el número uno de su promoción en la evaluación.

Los 180 metros que separan al Tribunal Supremo de la Audiencia Nacional nunca habían sido tan cortos. El pasado jueves, mientras José Luis Ábalos se exponía a que Leopoldo Puente le enviara a la cárcel por la causa sobre la compra de mascarillas –como acabó pasando–, Víctor de Aldama declaraba ante Ismael Moreno sobre los contratos del gobierno canario durante la pandemia; una presunta trama de corrupción que ha derivado en múltiples investigaciones paralelas que tienen vasos comunicantes. Tanto es así, que incluso los abogados personados no acaban de tener clara la cantidad de piezas que están en marcha y su alcance. Vamos a palmos.

Ha vuelto a ocurrir algo que nunca había pasado, que es que un diputado en ejercicio entre en prisión.

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha citado al exministro José Luis Ábalos ya su exasesor Koldo García para el jueves 27 de noviembre para decidir si los mantiene en libertad o los ingresa en prisión. El magistrado revisará las medidas cautelares que mantiene para el exministro del PSOE y su asesor en la causa por la presunta trama de compra de mascarillas durante la pandemia, después de que las acusaciones populares y el fiscal hayan pedido una vista para que se les prive la libertad.

La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel y una multa de casi 4 millones de euros para José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes y ex secretario de organización del PSOE, en la causa sobre la compra de mascarillas durante la pandemia, que está a un paso del juicio. En un escrito de 21 páginas, Alejandro Luzón le acusa de cinco delitos: pertenencia a organización criminal, cohecho, malversación, tráfico de influencias y uso de información privilegiada. En un tuit en X, Ábalos ha denunciado que "no sólo han sido rechazadas todas y cada una de las pruebas que he solicitado o acceder al material de la causa", sino que "ahora, en una estrategia premeditada de presión, se me hace una exagerada reclamación de delitos y penas".

Tras 142 días en Soto del Real, Santos Cerdán ha salido en libertad provisional por orden del juez del Tribunal Supremo que le investiga por presunta corrupción. Al salir el ex número tres del PSOE ha denunciado las "mentiras" y "manipulaciones" que, dice, se están difundiendo sobre él. "Confío en que la verdad se imponga y se haga justicia", remachó a las puertas de la cárcel este miércoles por la noche. Sin embargo, la decisión del magistrado Leopoldo Puente no responde a una mejora de la situación judicial de Cerdán, sino todo lo contrario. El instructor del caso de supuestas comisiones ilegales en adjudicaciones de obra pública, que hasta ahora había justificado mantenerlo encarcelado por riesgo de destrucción de pruebas, consideró este miércoles que ha logrado recopilar suficientes indicios para que la puesta en libertad del ex número tres del PSOE ya no pueda comprometer la investigación. La decisión llega justamente al día siguiente que saliera a relucir un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el que los investigadores sitúan a Cerdán como "el enlace" entre el gobierno español y Acciona, la constructora que está en el epicentro de la presunta trama.

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha decidido abrir una pieza separada para investigar los pagos en metálico efectuados al ex ministro de Transportes José Luis Ábalos y su asesor Koldo García por parte del PSOE. La decisión llega después de que el juez haya recibido el auto del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, en el que pedía a la Audiencia Nacional que indague en esos pagos que, según el partido, servían para liquidar gastos justificados.

El PP hace ya tiempo que decidió sacrificar el valor del Senado como cámara de representación territorial y de segunda lectura para convertirla en una caja de resonancia de su oposición a Pedro Sánchez. Por eso pensaron que era una buena idea citar a declarar al presidente del gobierno español a una comisión sobre el caso Koldo en un cuarto que controlan completamente. Pero una vez más, y ya van varias, el PP ha vuelto a fracasar y Pedro Sánchez ha salido muy vivo del espectáculo lamentable que se ha vivido en el Senado.

Por segundo día consecutivo, en el Tribunal Supremo se ha seguido un guión prácticamente calcado. Después de que ayer acudiera José Luis Ábalos, este jueves fue el turno de Koldo García. Tal y como hizo el exministro de Transportes, su exasesor se ha negado a declarar entre reproches al instructor del caso de presunta corrupción en el alto tribunal, Leopoldo Puente, que ha optado por dejarlo en libertad. La Fiscalía Anticorrupción, como ya ocurrió con Ábalos, no ha pedido su encarcelamiento por mucho que aprecia cierto riesgo de fuga, y las acusaciones populares, encabezadas por el PP, han vuelto a solicitar sin éxito prisión provisional sin fianza. De esta forma, Koldo también ha sorteado la cárcel y sale del Supremo con las mismas medidas cautelares que se le estaban aplicando: retirada de pasaporte y comparecencias quincenales en sede judicial. De esta forma, el ex número tres del PSOE Santos Cerdán es el único investigado de la causa que está encarcelado.

Un nuevo informe de la UCO sobre el patrimonio de José Luis Ábalos ha vuelto a encender el clima político en Madrid, pero realmente no acaba de despejar el alcance real de un caso de corrupción que, sobre el papel, podría amenazar la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez. La Guardia Civil destapa en este informe que Ábalos daba instrucciones prácticamente diarias a su asesor, Koldo García, para que sufragara desde sus cuentas bancarias gastos que en realidad eran de él. Por ejemplo, regalos para sus amantes, pensión de su hijo y viajes particulares. En total, todos estos gastos suman 95.000 euros, que la Guardia Civil sospecha que Koldo pagaba con dinero de dudosa procedencia, pero que el informe no aclara.

La exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles, ha denunciado esta noche "amenazas" que asegura que recibió de Koldo García cuando éste era asesor del exministro de Transportes. En una entrevista en Telecinco, Perles ha definido a Koldo como un "perdonavidas" y explica supuso "un antes y un después" en su vida. "Tenía un comportamiento muy hostil conmigo", afirma. El entonces asesor, ahora imputado junto a Ábalos por el supuesto cobro de comisiones ilegales, iba "enganchado" al ministro todo el día con el objetivo de "tenerlo controlado en todo momento", según el relato de la mujer, que considera que García ejercía de "topo" de Santos Cerdán, ex número tres del PSOE también investigado por el caso de presunto.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha salido vivo este miércoles del Congreso de los Diputados. Ninguno de los socios de investidura, ni siquiera Podemos, que es el más crítico, le ha pedido que convoque elecciones. Más allá de la confianza en el paquete de medidas presentado para luchar contra la corrupción, ninguno de los socios apuesta ahora por ir a unos comicios que abrirían la puerta a un gobierno PP-Vox. Así, le otorgan un margen de confianza. Eso sí, todos le reclaman que ese debate sea un punto de inflexión y que acelere en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Pedro Sánchez llega al ecuador de la legislatura en el peor momento, sitiado por casos de corrupción y sin haber aprobado unos presupuestos, y con una oposición disparada en las encuestas. En esta situación, con solo que uno de los grupos que votó su investidura pidiera elecciones o una cuestión de confianza, la legislatura estaría terminada. Pero nadie lo ha hecho. Ni siquiera Junts, que ya había utilizado el as de la cuestión de confianza para presionar al gobierno en el pasado. Por el contrario, los socios parecen haber abrazado lo que podríamos llamar la "doctrina Turull", es decir, intentar aprovechar la debilidad de Sánchez, tal y como explicitó el secretario general de Junts, para conseguir el cumplimiento de los compromisos de la legislatura. O sea, que el mensaje a Sánchez es: o acelerar o irse.

La Audiencia Nacional mueve ficha y cita como investigados a la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera y al ex director general de Carreteras Javier Herrero por el caso Koldo. Deberán declarar el 21 de julio a las 11 horas después de que el Tribunal Supremo encontrara indicios de su participación en la presunta trama de adjudicaciones irregulares, según establece el juez Ismael Moreno en un auto.

En su escrito para reclamar la puesta en libertad de Santos Cerdán, su abogado, Benet Salellas, desgrana una línea de defensa que no es la habitual en los casos de corrupción y que de hecho se asemeja mucho a la que siguieron la mayoría de condenados por el Proceso o, hilando aún más delgado, a la que siguió contra Latori Borràs, a la que siguió Laura Borràs, centrarse en presentar su caso como una persecución política. El manual que aplica Salellas, y que de momento no ha obtenido un resultado satisfactorio para su cliente, es el de denunciar que existe una "causa general" cuyo objetivo es "investigar para ver si aparece un sólido indicio que lo relacione con alguna actividad delictiva".

Alberto Núñez Feijóo aún no ha terminado de entender cómo funciona la política en Madrid. Aún no ha entendido que lo que le da oxígeno a Pedro Sánchez es la configuración de dos bloques irreconciliables. Y que la política no es solo una cuestión de aritmética parlamentaria, como él quiere vender con todo el debate sobre la moción de censura, sino que abarca otros factores como el liderazgo, el instinto o la capacidad de resistencia. Y es en la cuestión del liderazgo, especialmente importante en Madrid, donde Feijóo fracasa.