2.200 millones más: así quedan las ayudas a la dependencia del gobierno español

Barcelona / Madrid2.218 millones de euros extras es la cantidad que el consejo de ministros ha aprobado este martes para reforzar el sistema de dependencia, uno de los pilares del estado del bienestar, pero muy criticado por la lentitud y la escasez de recursos 20 años después de la aprobación de la ley que ya nació infrafinanciada. "Hoy es un día histórico", ha proclamado el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que ha sido el encargado de exponer el "esfuerzo" económico del gobierno español para mejorar el cuarto pilar del estado del bienestar. "Tenemos que transformar nuestro sistema de cuidados", ha dicho, "queremos avanzar hacia la garantía de un servicio público que responda a las necesidades de la ciudadanía, tanto desde el punto de vista de quien los recibe como de los que los presta".

Con este incremento, parte de una reforma estructural del sistema, el gobierno español quiere ampliar las cantidades que transfiere a los gobiernos autonómicos, hecho que debería permitir duplicar las ayudas que reciben los ciudadanos con un nivel de cobertura mayor. Con esta aportación extra, la cantidad que el gobierno español destina a dependencia llegará a los 7.200 millones el año 2027, cosa que permitirá que la aportación llegue al 50% y se cumpla así el compromiso del ejecutivo para esta legislatura. De hecho, la ley del 2006 ya apuntaba que Estado y comunidades habían de asumir a medias los costes de los servicios y prestaciones, pero a diferencia de la salud y la educación, los beneficiarios de la dependencia han de pagar una parte.

Con la inversión extra se multiplica por cuatro el dinero que el gobierno español destina a la dependencia desde que Sánchez llegó a la Moncloa. Ha sido el mismo presidente quien ha anunciado la nueva inversión a primera hora, "para cuidar más y mejor a los que más lo necesitan". En un acto con el ministro de Derechos Sociales, Sánchez ha aprovechado la ocasión para sacar pecho de la tarea de gobierno, en un momento especialmente delicado para el ejecutivo tras la sentencia del caso Ábalos. "Este gobierno asumió la tarea de reconstruir y fortalecer un sistema que durante años fue prácticamente desmantelado por las políticas de austeridad del PP. Entre 2012 y 2020, la aportación del Estado continuó estancada en mínimos históricos. Desde entonces hemos triplicado la inversión estatal en dependencia y hemos pasado de poco más de 1.300 millones a casi 3.800 en el año 2025", ha dicho Sánchez, que ha añadido que, con la nueva aportación, "se culminará una de las transformaciones más importantes del sistema desde su creación".

disminuyendo, pasando del 32% de 2008 al 16,5% de 2021Aplicación inmediata

Bustinduy ha insistido en que el aumento de la inversión será inmediata, a través de decreto ley, cuando se publique en el BOE. Una vía que implica que dentro de un mes deba convalidarse en el Congreso de los Diputados. En este sentido, ha expresado la voluntad de que coincida con la votación de dos reformas legales más relacionadas con la dependencia y la discapacidad: "Es el mejor legado que se puede dejar en términos sociales. Es el mejor avance que podemos hacer en materia social", ha dicho el ministro, que ha aspirado a poder aprobarlo todo por unanimidad.

Así, a partir del 1 de julio, las comunidades recibirán esta mayor dotación económica para continuar reduciendo listas de espera, contratar más personal, mejorar sus condiciones, ofrecer más servicios y ampliar otros como los cuidados a domicilio, han explicado desde el ministerio de Derechos Sociales. Según los datos de la Generalitat, las aportaciones del ejecutivo español a Catalunya han ido disminuyendo, pasando del 32% de 2008 al 16,5% de 2021, es decir la mitad, mientras que la inversión del Govern y el copago de los beneficiarios ha aumentado. La ciudadanía que tiene reconocido un grado de dependencia aporta hasta el 17%, casi el triple que hace 15 años. Además, con casi 81.000 personas, Catalunya lidera las listas de espera para recibir atención, el 30% de la totalidad del Estado. La intención de Bustinduy ahora es llegar al 50% de la aportación.

Precisamente, el Govern ha comenzado a aplicar un plan de choque, el Pla Cura, en el que se compromete a pagar las prestaciones de la dependencia en 60 días. Quien no ha recibido bien el anuncio del gobierno español ha sido la Comunidad de Madrid y ha tildado de "burla" la inversión teniendo en cuenta la deuda acumulada. La respuesta del ministro de Derechos Sociales ha sido contundente: ha recordado que el gobierno de Mariano Rajoy dejó la aportación del Estado en el 16,5% y que ahora llegará a la mitad de la financiación de los costes del servicio. "Estoy seguro de que en privado se alegran", ha rematado.