Más de 660 personas con un alto grado de discapacidad se quedan sin monitores de apoyo por falta de fondos: "¿Y ahora qué hacemos?"

BarcelonaUna vez terminado el 2025, también se ha terminado el presupuesto del Plan que daba "aire" a las familias con personas con un alto grado de discapacidad. "¿Ahora qué debemos hacer?", se preguntan, exhaustas, por la escasez de los llamados respiros, programas de estancias temporales en residencias para las personas con discapacidad para que las familias descansen. Además, son familias empobrecidas a la fuerza para que la dependencia o la discapacidad supone un sobrecoste económico en terapias, prótesis y cuidadoras que no siempre cubre la administración pública.

Desde el 31 de diciembre de 2025, los monitores y educadores que, gracias al Plan de Apoyo a las Familias, ofrecían atención a criaturas y adultos mayores dependientes durante algunas horas ya no lo hacen porque el contrato con el departamento de Derechos Sociales e Inclusión se ha extinguido. El servicio no se reanudará hasta que se apruebe una nueva partida. La parada deja a las familias desatendidas y les obliga a reorganizarse ya contratar de su bolsillo monitores especializados que puedan llenar el vacío: "Olvídate de tener un momento de descanso", denuncia Marina Frank, madre de una criatura mayor dependiente.

El final abrupto de un servicio por falta de dinero no es una anécdota en el sector social, que, a diferencia del educativo y el sanitario, se rige por contratos y subvenciones a entidades y fundaciones que a menudo siguen trabajando para que avancen sus gastos, de endeudarse. Un dato ilustra el encaje que necesita el engranaje de la prestación de servicios sociales, muchos de los cuales no están integrados en el catálogo protegido por ley: "Hay 18 convenios con Derechos Sociales", subraya Jordi Corominas, coordinador técnico de Dincat. incluir 665 familias con una bolsa de 62.000 horas de atención. La mayoría de estos beneficiarios se han quedado sin esta prestación.

Sin monitores que cuiden a estas personas que necesitan una atención constante, las familias "se ahogan", señala Mari Tavira, que tiene un hijo menor con autismo. Recalca que este paréntesis de cuidados profesionales y externos en el núcleo permiten "vivir". Por ejemplo, en su caso, señala que las dos horas diarias (de lunes a viernes) en las que contaba con ayuda las utilizaba para cosas tan domésticas y "normales" para la gran mayoría de la población como ir de compras, ducharse, socializar o leer.

Frank y Tavira son miembros del Sindicato de Madres en la Diversidad Funcional, un colectivo en el que también hay representación de hermanas y que critica que entidades como Dincat no siempre "luchen lo suficiente" para conseguir esos derechos que reclaman. "No puedo dejar a mi hijo con un vecino; siempre debemos estar yo o mi marido" por si sufre alguna crisis u otras circunstancias que hay que saber gestionar con mano izquierda, relata Frank, quien denuncia que la finalización del proyecto público ha obligado a la pareja a "cambiar la logística familiar" para que el menor no se quede solo en ningún momento. Tavira describe que ducharse estando sola con la criatura es "imposible" porque siempre debe estar alerta de que no tome daño.

Corominas muestra "comprensión" por las quejas de las familias, pero insiste en subrayar que el sector social está sometido a la negociación y renovación de la convocatoria ordinaria de subvenciones a proyectos y entidades –conocida como la COSPE– con las administraciones para poder dar continuidad a programas y actividades, y pagar a los profesionales y el material que aportan las entidades. El plan de apoyo a las familias para este 2026 se convocará –de eso nadie duda–, pero hoy por hoy Derechos Sociales no ha planteado ningún calendario. En algunos casos, las entidades mantienen el servicio adelantando el dinero de las nóminas de los educadores porque confían en que tarde o temprano llegará el presupuesto público. Dincat es la entidad que gestiona el programapero finalmente son las entidades que prestan los servicios las que ejecutan el plan. Estas entidades son las que deciden, partiendo de baremos previamente fijados, las horas de apoyo que cada beneficiario requiere en función de sus necesidades.

El programa se estrenó en el 2016 en sólo seis comarcas y 178 familias, y aunque ha triplicado beneficiarios todavía sigue abarcando sólo 24 de las 42 comarcas de Catalunya. Existe una clara desigualdad territorial, admite Corominas, quien argumenta que poco a poco las entidades van entrando en el programa. La gran reivindicación tanto de familias como de organizaciones es que se actualice la cartera de servicios sociales, la guía que garantiza las prestaciones y los servicios [como ocurre con la de la Seguridad Social o la educación obligatoria], que no ha cambiado desde 2010, para adaptarse a las necesidades de la población.